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Arrecia el sainete ultra en Badajoz: militantes de VOX denuncian ser espiados por su partido con la colaboración de la policía

Ha sido presentada una denuncia por delito de revelación de secretos que implicaría el acceso a bases de datos exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Acto VOX Mérida
Acto de Vox en Mérida.

Un total de cuatro miembros de Vox de distintas localidades pacenses (algunos de ellos de la gestora provincial e incluso coordinadores locales) han formalizado una denuncia que sostiene que se ha tenido disposición o acceso a bases de datos privativas de los cuerpos policiales para, con dichas informaciones (comprometedoras desde el punto de vista personal), presionar a los denunciantes. El resultado del supuesto procedimiento, del todo irregular, habría sido el cese de algunos de ellos en sus cargos e incluso, de acuerdo con la información difundida en diferentes medios, uno de los afectados estaría de baja debido a las amenzas de muerte recibidas.

Se presume, de prosperar la denuncia, una investigación larga y delicada por implicar la supuesta participación de miembros de las FCSE  en la ya eterna ópera bufa de la extrema derecha extremeña, teniendo que ser (como queda denunciado) personas de los cuerpos de seguridad quienes habrían filtrado las informaciones pertinentes, en aparente cooperación con la dirección regional del partido ultraderechista. Ya en su momento, Alejandro Vélez, único concejal de Vox en Badajoz, en su día expulsado y obligado a ser readmitido en febrero de 2021 por sentencia del juzgado de Instrucción número 7 de Badajoz, llegó a denunciar la contratación de detectives, en este caso privados, cuyo objetivo habría sido hacer públicos aspectos de su vida privada con capacidad de anularlo políticamente.

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Desmontando al líder de Vox en Extremadura

A pesar de que pide eliminar el sueldo de diputados y otros cargos públicos, así como suprimir el propio parlamento autonómico, lleva casi toda su vida viviendo de las arcas públicas y actualmente es diputado regional. Por otro lado, pide que el personal funcionario cobre una parte según su productividad, algo que choca con los  4 minutos con 27 segundos que él ha intervenido en Pleno en los últimos tres años.

En el Ayuntamiento de Cáceres la situación es de calma chicha pues la tormenta fue breve, ya que Teófilo Amores (ex-militante de PSOE y de UGT), el único edil de Vox electo en mayo de 2019, pasó a ocupar plaza de concejal no adscrito en fecha tan temprana como octubre del mismo año.

Se presume, de prosperar la denuncia, una investigación larga y delicada por implicar la supuesta participación de miembros de las FCSE  en la ya eterna ópera bufa de la extrema derecha extremeña

Todos estos sucesos, cuyo desarrollo en sede judicial podría condicionar la elaboración de listas y la correlación de fuerzas dentro del partido ultra, se suman a la ingente nube de problemas de las gentes de Abascal para consolidar en Extremadura un proyecto que sea capaz de hacer organización de algo que no ha sido, hasta la fecha, más que una eterna sucesión de conflictos de intereses económicos y de poder. De hecho, la raíz del problema en la capital pacense era justamente la colocación a dedo, como asesores municipales, de Antonio Pozo, concejal en Guadiana y alcalde de la localidad varios años (en los que destacó en una defensa cerrada del nombre del municipio, ahora sustituido, de Guadiana del Caudillo), y Juan Antonio Morales, que fue candidato a la Junta de Extremadura pero no logró representación en la Asamblea. Ambos, en cualquier caso, caballeros de honor de la Fundación Francisco Franco. Con ellos también marcharon en el momento crítico del conflicto otros cuatro concejales de Guadiana y María Isabel Gragera, de Lobón.

Ninguno de los casos de expulsiones y abandonos de cargos de representación pública han llevado aparejada la renuncia al acta de concejal, a su remuneración o a sus prerrogativas económicas. Frente a la bullidora, inquieta y en ocasiones estrambótica cosecha local voxista, en el Congreso resiste fiel al partido Víctor Manuel Sánchez del Real, diputado electo por la circunscripción de Badajoz, de origen ceutí y cuya vinculación con Extremadura es difícil de rastrear más allá de su designación como cabeza de lista pacense en las últimas elecciones generales.

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