Opinión
Quince años después del 15M: de los “indignados” al país expulsado de sus casas

El 15 de mayo de 2011, miles de personas ocuparon plazas en todo el Estado bajo una consigna sencilla y devastadora: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Aquella frase resumía una intuición colectiva que el tiempo ha confirmado con una crudeza difícil de exagerar: la crisis no era un accidente ni un simple ciclo económico desafortunado. Era la consecuencia lógica de un modelo que había convertido derechos básicos en activos financieros y la vida cotidiana en terreno de extracción.

Quince años después, la pregunta incómoda no es si el 15M tenía razón. La pregunta es hasta qué punto nos quedamos cortos al imaginar lo que venía. Porque si en 2011 la vivienda ya era una emergencia social, hoy se ha convertido en el principal mecanismo de expulsión y disciplinamiento de buena parte de la población y la mayor fuente de desigualdad social. Una generación entera vive atrapada entre alquileres imposibles, salarios precarios, habitaciones compartidas y una sensación permanente de inestabilidad, mientras fondos de extracción, grandes tenedores, rentistas e inversores han perfeccionado el negocio.

La burbuja inmobiliaria explotó, pero el modelo nunca cayó, solo cambió de forma.

Del estallido hipotecario al negocio del alquiler

En 2011 el paisaje era el de los desahucios hipotecarios. Familias perdiendo sus viviendas por perder el empleo en plena crisis financiera. Personas avaladas por padres y madres jubilados que también perdieron sus viviendas por ello, suicidios, ejecuciones diarias y bancos rescatados con dinero público mientras miles de personas seguían arrastrando deudas de por vida con un futuro secuestrado incluso después de perder su casa.

Nacida en Barcelona en febrero de 2009, en este marco emergió con fuerza la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, convertida gracias al 15M en uno de los movimientos sociales más importantes de la Europa contemporánea. La PAH hizo algo que parecía imposible: transformar el miedo individual en organización colectiva. Donde había vergüenza, construyó comunidad. Donde había culpa, señaló responsables. Donde el sistema hablaba de morosos que habían estirado más el brazo que la manga, la PAH habló de familias expulsadas por un modelo financiero depredador.

La PAH hizo algo que parecía imposible: transformar el miedo individual en organización colectiva. Sus asambleas siguen siendo espacios de politización popular

Sus asambleas fueron, y siguen siendo, mucho más que espacios de asesoramiento, fueron lugares de politización popular. Personas que jamás habían militado aprendieron a leer cláusulas hipotecarias, negociar con bancos, parar desahucios y enfrentarse públicamente a entidades financieras. La vivienda dejó de verse como un fracaso individual para entenderse como un conflicto político.

Mientras muchos partidos seguían tratando los desahucios como daños colaterales inevitables, la PAH colocó el derecho a la vivienda en el centro del debate público. Consiguió frenar miles de expulsiones, impulsó campañas de obra social recuperando bloques vacíos de bancos y promovió una ILP histórica respaldada por más de un millón de firmas. Y, sobre todo, consiguió algo aún más difícil: romper el relato de inevitabilidad.

Sin embargo, el poder económico también aprendió. Los bancos se desprendieron de enormes paquetes inmobiliarios tóxicos vendiéndolos a fondos internacionales a precios de saldo. Viviendas rescatadas con dinero público terminaron en manos de actores financieros cuya lógica ya no era siquiera la de la promoción inmobiliaria clásica, sino la extracción máxima de rentabilidad. La economía vampírica empezaba a afilar sus dientes aunque todavía no llegaba a las cotas de depravación de hoy.

La vivienda pasó entonces de la fase hipotecaria a la fase rentista. Los desahucios no desaparecieron, mutaron

Aparecieron nombres nuevos, aunque el mecanismo seguía siendo el mismo: convertir la necesidad humana de habitar en un producto especulativo. La vivienda pasó entonces de la fase hipotecaria a la fase rentista. Los desahucios no desaparecieron, mutaron. Ya no eran solamente ejecuciones hipotecarias. empezaron a multiplicarse los desahucios de alquiler, las no renovaciones de contratos o las renovaciones abusivas, la turistificación de barrios enteros y la expulsión silenciosa de miles de familias incapaces de asumir subidas constantes. Las ciudades comenzaron a parecerse cada vez más a parques temáticos financieros.

En los barrios de nuestras ciudades el fenómeno se volvió visible hasta para quien no quería verlo: comercios históricos cerrando, vecinos marchándose, edificios convertidos en apartamentos turísticos y fondos comprando fincas enteras como quien adquiere acciones en bolsa. La lógica era brutalmente sencilla: expulsar población vulnerable para sustituirla por perfiles con mayor capacidad adquisitiva o directamente convertir las viviendas en activos turísticos. La ciudad dejó de organizarse alrededor de quienes la habitan y empezó a hacerlo alrededor de quienes la rentabilizan.

Del derecho a la vivienda al privilegio habitacional

Quizá la mayor derrota cultural de estos quince años ha sido la normalización de la precariedad habitacional. Hay jóvenes con empleo que asumen que jamás podrán emanciparse, familias que destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler, personas que viven encadenando contratos temporales y mudanzas constantes. Trabajadores pobres compartiendo piso en ciudades donde sostienen sectores enteros de la economía.

La emergencia habitacional ya no afecta únicamente a sectores históricamente excluidos. Se ha extendido hacia amplias capas de las clases trabajadoras con consecuencias políticas profundas. Porque una sociedad que no puede garantizar estabilidad material genera miedo y el miedo fragmenta, dificulta organizarse, debilita vínculos comunitarios y empuja a competir contra el vecino en lugar de mirar hacia arriba.

En ese contexto también ha crecido la extrema derecha, alimentando discursos que señalan a migrantes, personas pobres u okupaciones marginales mientras ocultan deliberadamente el verdadero núcleo del problema: la financiarización de la vivienda y la concentración de propiedad. Resulta significativo que quienes más hablan de “libertad” rara vez cuestionan que fondos de inversión puedan controlar decenas de miles de viviendas mientras millones de personas viven al borde de la expulsión.

El legado incómodo del 15M

Con el tiempo, parte del 15M fue institucionalizado. Surgieron nuevos partidos, nuevas administraciones y nuevos lenguajes políticos. Algunas conquistas llegaron: regulaciones parciales, moratorias, leyes de vivienda, ampliación del debate público… todo de mínimos e insuficiente. El núcleo económico del problema permanece prácticamente intacto y la vivienda sigue tratándose como un activo financiero antes que como un derecho. Sin embargo, el legado más profundo del 15M quizá no esté en las instituciones, sino en algo menos visible y más persistente: la creación de una cultura política de apoyo mutuo y autoorganización.

La PAH, sindicatos de inquilinas, redes vecinales y colectivos barriales han sostenido durante años conflictos que muchas veces el Estado apenas contenía. Han acompañado familias a servicios sociales, negociado alquileres sociales, frenado desahucios y documentado abusos que de otro modo habrían permanecido invisibles. Han hecho y hacen, el trabajo que deberían garantizar las administraciones públicas y eso explica por qué, quince años después, la cuestión de la vivienda sigue siendo también una disputa por el modelo de sociedad. Porque hablar de vivienda nunca fue solo hablar de ladrillos. Es hablar de quién tiene derecho a permanecer en su barrio. De quién puede construir una vida sin miedo a la próxima subida del alquiler. De si las ciudades pertenecen a quienes las habitan o a quienes las especulan. De si la democracia puede sobrevivir cuando millones de personas viven permanentemente amenazadas por la expulsión económica.

El problema está diagnosticado, lo que falta es voluntad política para enfrentarse a un modelo económico que sigue considerando la vivienda no como un derecho, sino como un negocio

Quizá una de las imágenes más simbólicas de este aniversario sea pensar en los niños y niñas que crecieron viendo a sus padres parar desahucios en la puerta de casa. Muchos de ellos hoy son adultos jóvenes y afrontan una realidad igual o más hostil que la de entonces. La diferencia es que ahora ya nadie puede decir que no sabía lo que estaba pasando. El problema está diagnosticado. Los responsables son conocidos. Los mecanismos han sido documentados durante años por movimientos sociales, investigadores y organizaciones vecinales. Lo que falta no es información. Lo que falta es voluntad política para enfrentarse a un modelo económico que sigue considerando la vivienda no como un derecho, sino como uno de los negocios más rentables del siglo XXI.

Quizá por eso el eco del 15M sigue resultando tan incómodo, porque quince años después, aquella consigna continúa describiendo con precisión el presente: No somos mercancía,  pero el mercado sigue intentando convertir nuestras vidas en ello.

Aunque sea contradictorio, quiero pensar que ahí está también la semilla de la esperanza. Porque si algo demostraron estos quince años es que incluso en el momento más oscuro, cuando parecía que los bancos eran intocables y los desahucios inevitables, hubo gente corriente capaz de cambiar el sentido común de todo un país. Vecinas que nunca habían hablado en público acabaron frenando lanzamientos frente a antidisturbios. Familias que llegaron destrozadas a una asamblea terminaron acompañando después a otras. Personas que se sentían solas descubrieron que el miedo cambia de tamaño cuando se comparte. 

Eso también empezó en el 15M y sigue vivo cada vez que alguien abre la puerta de una asamblea y escucha por primera vez aquello de “no estás sola”. Cada vez que un bloque se organiza. Cada vez que un barrio decide que sus vecinos valen más que la rentabilidad de un fondo. Cada vez que alguien deja de culpabilizarse y empieza a señalar a quienes convierten la vivienda en un negocio de expulsión. El poder financiero tiene dinero, medios y capacidad de presión, pero hay algo que nunca ha conseguido comprar del todo: la capacidad de la gente de cuidarse, organizarse y defenderse colectivamente.

La crisis de vivienda sigue ahí, pero también existe algo que en 2011 apenas comenzaba a despertar: una conciencia colectiva que ya no acepta ciertas violencias como inevitables

Quince años después, la crisis de vivienda sigue ahí. Más sofisticada, más normalizada y más agresiva. Pero también existe algo que en 2011 apenas comenzaba a despertar: una conciencia colectiva que ya no acepta ciertas violencias como inevitables. Porque quienes crecieron viendo parar desahucios aprendieron algo importante: que los derechos no caen del cielo, que ningún avance fue regalado y que incluso cuando parece imposible, hay momentos en que la historia cambia de dirección porque miles de personas deciden dejar de agachar la cabeza al mismo tiempo. Quizá esa sea la verdadera herencia del 15M. No una plaza llena de tiendas de campaña, sino la certeza de que la resignación también puede romperse. Por eso súmate a las movilizaciones de estas semanas, ya hay 24 convocadas y alzate para que la vivienda deje de costarnos la vida y sigue el camino hacía una vaga general que ya se está orquestando con la vivienda por bandera.