Abusos a la infancia
“Me acusan de secuestrar a mi hija pero yo solo la estoy protegiendo de abusos sexuales”

Comienza la grabación. Al otro lado del cristal Camila, de tan solo seis años, aparece rodeada por dos mujeres que le hacen preguntas. Es el 17 de febrero de 2021 y está declarando por segunda vez en sede judicial, sometida a una prueba pericial conocida como cámara Gesell, en el área de asesoramiento técnico penal de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Las peritos comienzan a preguntar a Camila por su familia. Le preguntan por su papá y la niña afirma que no le gusta estar con él “porque le hace cosas malas”. Entonces se muestra temerosa de que su progenitor se encuentre del otro lado del cristal. “Ayer me dijo que está detrás de ese espejo, se enfada todo el rato si cuento la verdad”. Y, aunque le cuesta, finalmente relata con pelos y señales supuestos abusos sexuales. “Papá me toca con sus manos y con su cosa”, explica. También describe cómo, tumbada en la cama junto a su progenitor, se ve obligada a ver películas porno mientras este eyacula en un vaso.

“La niña cuenta todo y luego la dejan marchar con él. Al día siguiente me tocaba recogerla y tenía un ojo morado con puñetazos por las piernas. El médico forense dice que no se puede saber de dónde vienen los golpes. El juez dice que es un episodio aislado”, explica la madre de Camila

Tras la declaración la espera su padre, quien ha visto todo lo sucedido tras el cristal, como temía Camila. “La niña cuenta todo y luego la dejan marchar con él. Al día siguiente me tocaba recogerla y tenía un ojo morado con puñetazos por las piernas. La llevo al médico y luego al juzgado. El médico forense dice que no se puede saber de dónde vienen los golpes. El juez dice que es un episodio aislado por lo que no hay peligro”, explica con indignación Daria Sidorkevich, la madre de Camila, quien lleva batallando para que su hija sea protegida de su supuesto maltratador desde 2019. Ella arrastra una carpeta de informes y autos judiciales que comparte con El Salto, después de que el padre de Camila haya difundido su versión en diversos medios, acusándola de secuestro.

Antes de la prueba pericial en la cámara Gesell, el 9 de febrero, Camila llega a casa de Sidorkevich con un eritema perianal (inflamación en la zona del ano y perineo), según cuenta esta madre. “La llevé al hospital y abrieron protocolo por abuso sexual infantil. Denunciamos y con ese informe y tras la prueba de la cámara Gessel abrieron vista”, explica quien lleva denunciando abusos sexuales desde el 19 de mayo de 2020. El 4 de marzo de 2021, el juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona dicta una orden de alejamiento contra el padre de Camila, quien recurre esta decisión y consigue que esta orden quede sin efecto el pasado 4 de septiembre, tal y como reflejan los autos.

Mientras Camila se encuentra de vacaciones en Rusia, el país de su madre, el padre denuncia su desaparición ante la Guardia Civil. Comienza a declarar en medios, cuenta que su mujer ha secuestrado a su hija. En un reportaje en El Español asegura que el 31 de agosto fue a buscarla a Caldes de Montbui, donde vive la niña con su madre, y que no había nadie en casa. Daria Sidorkevich denuncia que ese día la orden de alejamiento seguía vigente. “Ha quebrantado la orden y nadie ha hecho nada”, se queja.

“El 30 de agosto me fui a Rusia a buscar a la niña, que llevaba unas semanas allí de vacaciones. Tenía pasajes de regreso”, explica Sidorkevich, quien asegura que no fue notificada del fin de la orden de alejamiento hasta el 10 de septiembre. “El 7 de septiembre me informan desde comisaría que estoy denunciada por sustracción de menores. Me acusan de secuestro. Me tendré que quedar en Rusia. No hay vuelta atrás”, explica a El Salto.

Divorcio, malos tratos y custodia compartida

Los padres de Camila se separaron en agosto de 2017, tras una denuncia de malos tratos. “Me gritaba, me maltrataba psicológicamente, me amenazaba con llevarse a la niña. Un día me pegó y yo le denuncié”, cuenta Sidorkevich. Camila apenas tenía dos años. “Cuando fui a la policía, él se asustó, me pidió arreglar las cosas pacíficamente, nos divorciamos y yo retiré la denuncia”, prosigue.

El convenio regulador que firmaron establecía que los dos primeros años Camila debería estar con su madre, con una o dos pernoctas semanales en casa de su padre. Después la custodia pasaría a ser compartida. Mientras tanto, la niña estuvo siendo tratada en un centro de atención psicológica para menores y fue diagnosticada con un trastorno emocional grave. “Con cinco años le dieron el alta y propusieron derivarla a un Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ). El padre se negó. Yo moría de miedo. No entendía que él se opusiera a que su hija fuera vista por un psicólogo. Yo ya había solicitado en el juzgado un nuevo régimen de visitas para reducir los encuentros con el padre, mi hija me contaba que su padre la encerraba en la terraza si se hacía pis”, explica Sidorkevich.

El 14 de marzo empezó el confinamiento y Camila vivió estos meses con su madre con continuas visitas del padre: 23 en tres meses de confinamiento. “Venía con la policía, me gritaba en la cara en presencia de la niña. Era como una guerra”, relata mientras añade que la niña “tenía miedo de hablar con el padre por teléfono. Se escondía. Lloraba”.

Ante este comportamiento, Sidorkevich explica que el 13 de mayo de 2020 llevó a la menor a una psicóloga forense y, tras la visita, la niña, por primera vez, relató abusos sexuales por parte del padre. El 19 de mayo puso una denuncia ante el juzgado de lo penal con el informe de la psicóloga como prueba, pidiendo medidas cautelares y orden de alejamiento. Nada de esto llegó. Después de la denuncia, asegura la madre que ambas fueron atacadas por el padre en la calle. Tras ese incidente, otro juzgado de guardia acordó para el padre una orden de alejamiento de la madre y ya no podría llevarse a la niña, sino que deberían hacer las  visitas en un punto de encuentro.

Por su parte, el padre de Camila presentó dos demandas por lo civil: una por un supuesto incumplimiento en el régimen de visitas y otra por compensación de días perdidos por el confinamiento.

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La Federación de Asociaciones Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género tiene constancia de medio centenar de casos de mujeres a quienes la justicia separó forzosamente de sus hijos tras denunciar malos tratos hacia ellas o los niños. Los casos de Sara en Extremadura o de Juana Rivas son algunos recientes.

Instrumentalización y SAP

Es entonces cuando comienzan las acusaciones hacia la madre por “instrumentalización” o “motivos espurios” desde diferentes estancias. La primera, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Caldes de Montbui, que en un informe, al que ha tenido acceso El Salto, elaborado tras la demanda del padre, concluye que hay una posible instrumentación de la menor. “Este informe fue elaborado sin realizar ninguna visita a la casa materna y sin ver a la niña nunca en persona”, asegura Sidorkevich.

Las técnicas del Punto de Encuentro Familiar aseguran que la pequeña está “instrumentalizada por el entorno materno”. Tal y como se apunta en el informe, la niña lloraba y gritaba negándose a ver a su padre durante la segunda visita y tuvo que ser anulada

La segunda, de la Audiencia Provincial de Barcelona, que, siguiendo la argumentación de Servicios Sociales, revocó la orden de alejamiento para la madre subrayando que “a pesar de indicios de criminalidad en las actuaciones del acusado”, la madre tenía “motivos espurios” para denunciar. Otro informe con acusaciones de instrumentalización llegó desde el Punto de Encuentro Familiar de Granollers, donde se logró realizar una sola visita completa entre la niña y el padre debido a las circunstancias de pandemia. Las técnicas del PEF aseguran que la pequeña está “instrumentalizada por el entorno materno”. Tal y como se apunta en el informe, la niña lloraba y gritaba negándose a ver a su padre durante la segunda visita y tuvo que ser anulada. 

El último informe en su contra, el de las peritos que reconocieron a Camila por segunda vez en la cámara Gesell, que tras la sesión anteriormente descrita afirman que “no se puede descartar que Camila haya estado sugestionada por el entorno materno” y hablan de posibles “motivaciones secundarias” de la progenitora. “Yo esperaba esta acusación porque ya les ha pasado a muchas otras”, afirma Sidorkevich.

Madres protectoras como Ana María Bayo, María Sevilla, Patricia González, María Ugarte o Silvia Aquiles, que respaldadas por la Federación de Asociaciones Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género, hacen hincapié en que no son creídas y denuncian la reiterada utilización del Síndrome de Alienación Parental (SAP), que la nueva ley de infancia ha prohibido utilizar, una figura sin respaldo de la comunidad científica y desaconsejada por el propio Consejo General del Poder Judicial. Este supuesto síndrome describe una situación en la que un progenitor aliena a su hijo o hija contra el otro alegando con falsas acusaciones de agresión sexual o malos tratos.

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“Me acusan de querer instrumentalizar a mi hija y ahora me acusan de secuestro. Yo lo único que he hecho es protegerla de abusos sexuales”, cuenta esta madre que afirma que, en España permanecen abiertos dos procesos judiciales contra su exmarido, pero serán finalmente archivados porque ella no está. E insiste en que quiere contar su historia por el resto de madres que están pasando por la misma situación. “Yo estoy lejos y por ellas lo quiero hacer, no quiero que vuelva a repetirse una historia como la nuestra”, sentencia.