Agricultura
Completa incertidumbre tras la anulación del convenio del campo en Extremadura

Empezó el año con completa incertidumbre en el campo extremeño. Tras la azarosa firma del convenio del campo a finales de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) emitió el pasado 5 de enero una sentencia por la que lo declaraba nulo, aceptando el recurso interpuesto contra el mismo por la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex). Esta asociación patronal declaró en su demanda ante el alto tribunal que el citado convenio debiera anularse atendiendo a que las partes que lo negociaron no disponen de la suficiente representatividad para alcanzar ningún acuerdo válido y vinculante, a tenor de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Una breve panorámica del campo extremeño: ASAJA y AFRUEX siguen bordeando sus obligaciones en el pago del Salario mínimo

Juan Viera

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Una breve panorámica del campo extremeño: ASAJA y AFRUEX siguen bordeando sus obligaciones en el pago del Salario mínimo

Juan Viera

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Ni la consejera del ramo, Begoña García, ni ningún dirigente institucional se han pronunciado para denunciar el abuso y la explotación que se está dando en el campo extremeño.

Según los datos que aportó la Tesorería General de la Seguridad Social a petición del TSJEx, en el momento de constitución de la comisión negociadora, el 11 de enero de 2019, estaban inscritas como agrícolas al amparo del convenio colectivo 7.396 empresas que empleaban a 25.546 personas trabajadoras. Los firmantes del convenio por parte de la patronal, las asociaciones APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE y COAG no tienen la representación mínima exigible para la firma del convenio, y no representan ni la mayoría absoluta de las empresas del sector agrícola, ni dan empleo a la mayoría necesaria de sus trabajadores. ASAJA representa sólo al 13,2% de los empresarios y emplea al 10,7% de la mano de obra del sector, y UPA al 6,9% de las empresas y al 8,7% de la mano de obra, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. La sentencia ratifica también la legitimidad de Afruex (que emplea casi al 10% de las trabajadoras y trabajadores del campo) ante la negociación colectiva del campo en Extremadura, dando por hecho que por la parte trabajadora los sindicatos CC.OO y UGT sí poseen la representatividad suficiente para formar parte de la comisión negociadora.

Las asociaciones APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE y COAG no tienen la representación mínima exigible para la firma del convenio, y no representan ni la mayoría absoluta de las empresas del sector agrícola, ni dan empleo a la mayoría necesaria de sus trabajadores

Al declararse nulo este convenio, aquellas subidas salariales pactadas, después de mucha tensión tras la negativa de la patronal a aplicar la subida del Salario Mínimo Interprofesional decretada por el gobierno central, sólo vincularían a los firmantes: los afiliados a UPA o a ASAJA deberán abonar un salario de 48,89 euros diarios, y el resto de los empresarios sólo pagarán los 38,57 acordados en el convenio de 2018.

En este sentido, la Unión Extremadura que solicitó formar parte de la comisión negociadora del convenio en enero de 2019 y vio rechazada su solicitud al exigirle la Dirección General de Trabajo que justificase su representación de más del 10% de las empresas y más del 10% de la mano de obra empleada, se preguntaba en su momento por qué no se exigió este mismo requisito a las otras organizaciones profesionales agrarias. Esta sentencia les vendría a dar la razón. Denuncia la Unión cómo “por esta negligencia de la Dirección General de Trabajo los empresarios extremeños han pagado en salarios 27,16 millones de euros más en el año 2019 y 36,12 más en el 2020, y exactamente igual ocurre con las cotizaciones sociales, estos mismos empresarios han cotizado 6,68 millones de euros más en 2019 y 8,89 millones de euros más en el 2020”. Por ello, la Unión va a reclamar a la Tesorería General de la S.S. la devolución de 15,57 millones de euros cotizados indebidamente, y a la Junta el pago de 63,28 millones de euros por los pagos indebidos de salarios impuestos por un Convenio Colectivo que sólo debería haber afectado a los firmantes.

La situación en que esta sentencia deja a los jornaleros y jornaleras extremeñas es, atendiendo a sus organizaciones, por completo  preocupante. Para la Asociación 25 de Marzo “partíamos de un convenio que ya había hecho importantes concesiones a favor de la patronal; ahora, al declarar el TSJEx su nulidad, las condiciones de trabajo pasan a ser las del Estatuto de los Trabajadores. Eso significa que la patronal puede aplicar jornadas de 8 horas de trabajo y otra serie de condiciones que le benefician. Pero aún nos preocupa más lo que subyace: en un sector muy desregulado, en la práctica éste es un mensaje de respaldo a la fuerza de los empresarios, que si con el convenio en vigor en muchas ocasiones imponían jornadas maratonianas y sueldos por debajo de lo legal, ahora pueden envalentonarse e imponer condiciones aún más duras de trabajo”.

Asociación 25 de Marzo: “es muy probable que Afruex, que es la organización de las grandes empresas hortofrutícolas y quién más se opuso a la firma del convenio, maniobre todo lo posible para obstaculizar una nueva negociación, para terminar finalmente legalizando un recorte mayor de derechos y salarios en el nuevo convenio”

Aunque ya quedó demostrado que la patronal no actuó unida en la larga negociación, es obvio que la caída del actual convenio le interesa de forma mayoritaria, y en ese sentido apunta el citado colectivo de trabajadores que “es muy probable que Afruex, que es la organización de las grandes empresas hortofrutícolas y quién más se opuso a la firma del convenio, maniobre todo lo posible para obstaculizar una nueva negociación, para terminar finalmente legalizando un recorte mayor de derechos y salarios en el nuevo convenio”. Respecto al papel de los sindicatos mayoritarios en este litigio, la Asociación 25 de Marzo opina que “CC.OO y UGT son los sindicatos mayoritarios en muchos sectores, pero eso no significa que tengan una gran presencia en muchos de ellos, y este es concretamente uno. En los piquetes que hemos organizado hemos podido comprobarlo, y quizá esa sea una de las causas por las que no han convocado movilizaciones para tratar de mejorar un convenio que es muy deficiente desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores. No nos toca a nosotros hacer predicciones acerca de lo que hagan otras organizaciones, si bien, nos gustaría una actitud más ambiciosa por su parte”.

Tras esta sentencia Afruex afirma en un comunicado que “vuelve a tender la mano a la negociación de todas las partes interesadas y formalizar un nuevo convenio”, con lo que es previsible que la situación de conflicto y tensión vuelva a un sector que estos tiempos de crisis sanitaria y socioeconómica todas las instituciones califican como esencial y que, sin embargo, sigue abandonado y estrangulado por lo bajos precios impuestos por las grandes distribuidoras y comercializadoras, situación de desigualdad estructural que la patronal pugna por cargar sobre las trabajadoras y trabajadores  del campo como método para rebajar costes de producción.

El engaño del convenio colectivo del campo extremeño

Juan Viera

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Juan Viera

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Por lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación, las organizaciones agrarias patronales y sindicales firmarán el 17 de junio el convenio colectivo del campo de la provincia de Badajoz.

Por otro lado, la sentencia ilustraría la ficción tanto tiempo sostenida por ASAJA, UPA y COAG a la hora de hablar de todo el sector agrario, representando únicamente, como queda demostrado, a poco más de una quinta parte del sector primario. Totalmente de acuerdo con las opiniones de una mayoría de sindicalistas del campo, que no ocultan su desencuentro con unas organizaciones patronales cuya “desmesura roza ya lo demagógico e insultante cuando van más allá y dicen hablar en nombre de toda la Extremadura rural, en la que según los datos aportados de su exigua representatividad son sólo una minoría, recalcitrante, pero absoluta minoría”.

CCOO, en rueda de prensa ofrecida en Mérida este 18 de enero, ha confirmado su recurso a la sentencia de nulidad. La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, y el secretario regional de la Federación de CCOO de Industria, Saturnino Lagar, así lo han declarado antes los medios. Lagar ha sostenido que el convenio de aplicación debiera ser el anterior al anulado,  contradiciendo así las afirmaciones de la patronal en el sentido de que no existiría, en este momento, ningún tipo de marco regulatorio negociado para el sector. Complejo arranque del año 2021, con todo aparentemente retrotraído a situaciones recientes de completo desorden en un sector fundamental de la economía extremeña, fuente de subsistencia básica para 65.000 personas y multitud de familias.