Alimentación
Casi un millón de personas en la Comunidad de Madrid vivía con inseguridad alimentaria desde antes de la pandemia

La red de apoyo de Valdezarza ha visto cómo, en menos de un mes, se ha triplicado el número de familias que se nutren de la despensa de esta red impulsada por cuatro colectivos vecinales. Valdezarza, un enclave obrero incrustado en uno de los distritos con mayor renta per cápita de Madrid —el cuarto, concretamente—, no es el único barrio madrileño en el que la solidaridad vecinal está llenando los frigoríficos del vecindario. En Aluche, algunos vecinos esperan horas para recoger una bolsa de comida.

En los últimas meses, a los puntos de reparto tradicionales se han sumado los creados por decenas de redes ciudadanas en barrios y pueblos con el fin de atender necesidades básicas, configurándose en muchas ocasiones como única opción para miles de familias que han perdido trabajo y salario, y que no obtienen respuesta inmediata de unos servicios sociales desbordados. De hecho, en el contexto derivado del estado de alarma, los bancos de alimentos han visto cómo su demanda se disparaba hasta en un 50% y conforme se define la crisis social sobrevenida se prevé que la demanda se mantenga, o incluso crezca, en los próximos meses. 

Pero la situación que evidencian las colas en Vallecas, Orcasitas, Campamento, Lavapiés, no es nueva: viene a confirmar lo que el Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación(OGDA‐Madrid) plasmó en el informe Hambre e inseguridad alimentaria en la Comunidad de Madrid, dado a conocer el pasado abril.

El estudio contiene información sobre la evolución de la insolvencia alimentaria entre 2013 —cuando los efectos de la crisis se hacían más patentes— y 2018, cuando la economía y el empleo estaban mejorando en la región. Para ello, analiza microdatos de la Encuesta sobre Integración y necesidades sociales (2018), base del VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España (2019), una de las fundaciones de mayor tradición en el estudio de la pobreza y la exclusión social. Y la conclusión principal es contundente: casi un millón de personas en la Comunidad de Madrid vivía en una situación de inseguridad alimentaria ya antes de la pandemia. Es decir, no tenía acceso a una dieta saludable y suficiente.

La conclusión principal es contundente: casi un millón de personas en la Comunidad de Madrid vivía en una situación de inseguridad alimentaria ya antes de la pandemia. Es decir, no tenía acceso a una dieta saludable y suficiente

DERECHO DE ALIMENTACIÓN TRUNCADO 

“De la crisis de 2008 aprendimos que la recuperación tras la crisis no alcanza a toda la población”, menciona el Observatorio en la introducción a su informe. Por este motivo, en 2017 se presentó de la mano de la plataforma Carta contra el Hambre una Iniciativa de Ley Municipal (ILM) para garantizar el derecho a la alimentación. La propuesta tuvo una buena acogida y fue aprobada en los ayuntamientos de Madrid, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Rivas Vaciamadrid y San Fernando de Henares, todavía en la época de los gobiernos municipales “del cambio”.

La ILM llegó a la Asamblea de Madrid, pero el 21 de febrero de 2019 se rechazó su admisión a trámite por un solo voto de diferencia, y con el Partido Popular y Ciudadanos en contra. Ambos partidos alegaron que la inseguridad alimentaria era marginal y estaba suficientemente cubierta, ya que los casos excepcionales ya se cubrían con las rentas mínimas, las prestaciones de emergencia y las ayudas de entidades privadas, cuenta el informe. Según los datos disponibles, más de 200.000 personas recibían entonces alimentos de emergencia, y uno de cada diez hogares de la ciudad de Madrid padecían inseguridad alimentaria, de acuerdo a encuestas de Madrid Salud de 2019.

“...no solo es necesario garantizar el derecho a la alimentación, sino asegurar a qué tipo de alimentación..."

Fue una oportunidad perdida, lamenta la socióloga Araceli Serrano, una de las autoras del informe del Observatorio, que insiste en que, especialmente en el contexto de la postpandemia del coronavirus, “no solo es necesario garantizar el derecho a la alimentación, sino asegurar a qué tipo de alimentación, teniendo en cuenta que la cuestión está en el centro de las dinámicas socioeconómicas más amplias, y será clave si hablamos en términos de transición ecológica”.

PIZZAS EN LUGAR DE DERECHOS

Los más de 11.000 niños de familias perceptoras de Renta Mínima de Inserción beneficiarios de una beca de comedor se encuentran en esos márgenes en los que cobra sentido la iniciativa del derecho a la alimentación que no quisieron aprobar PP y Ciudadanos. Para ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid tenía otros planes. Isabel Díaz Ayuso anunció el 16 de marzo un plan para abastecerlos con menús de las empresas Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes durante el estado de alarma por coronavirus, incumpliendo los criterios de su propia consejería. Su decisión ha sido puesta en duda reiteradamente por diversos sectores, cooperativas agroecológicas, asociaciones de vecinos y colectivos barriales. La Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos llegó a cursar una demanda por la vía administrativa, así como una queja al Defensor del Pueblo.

Grupos de la oposición criticaron también a Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid el 29 de abril, y el Ministerio de Derechos Sociales exigió a la Comunidad informar sobre la calidad calórica y nutricional de esas comidas ya que la medida, presentada como solución temporal, se prolongó durante casi dos meses.

“El primer día, al recibir la pizza, pensé que no tenía absolutamente nada de calidad y que no haría mucho uso de ello, desde el primer momento me pareció una pena desperdiciar el dinero que le corresponde a mi hijo para comer de esta manera”

Susana Valladares y Antonio Fernández son dos de los padres que vieron con preocupación esta “solución” alimentaria. “El primer día, al recibir la pizza, pensé que no tenía absolutamente nada de calidad y que no haría mucho uso de ello, desde el primer momento me pareció una pena desperdiciar el dinero que le corresponde a mi hijo para comer de esta manera”, dice Valladares. Antonio Fernández, que tiene tres hijos, cree que un menú así “para un día no está mal, pero sí para lo que es una dieta saludable, no ya para niños, sino para cualquier persona”. “No sé cuántos días llevamos, pero estar alimentándose de eso creo que no ha sido una buena solución”, valora este padre.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 2007 y 2018 —en plena crisis— la población de la región madrileña creció en un 8%, sumando 409.000 nuevos residentes, muy por encima de la media nacional (3,3%) en el mismo período. Paradójicamente, esta dinámica demográfica al alza vino acompañada de un crecimiento de la desigualdad y de persistentes bolsas de pobreza y exclusión.

El indicador más directo y alarmante de inseguridad alimentaria que refleja el estudio lo constituye el hecho de estar sufriendo desnutrición, escasez de alimentos o la necesidad de recurrir a la bolsa de alimentos. El informe del Observatorio OGDA recupera para su análisis una serie de preguntas incluidas en la encuesta FOESSA sobre el hambre. “Nos basamos en preguntas como si sienten hambre o lo han sentido frecuentemente en los últimos años, o si por problemas económicos no han podido seguir una dieta adecuada. Encontramos que un 2,1 % de la población en 2018 consideraba sentir hambre en nuestra Comunidad. A eso habría que añadir a todas las personas que están recibiendo alimentos dentro del sistema de reparto asistencialista, desde nuestro punto de vista, no dignas, no garantista en ningún caso”, explica a El Salto Araceli Serrano.

Serrano señala que la investigación buscó combinar diversos términos para poder elaborar un índice más complejo sobre lo que se denomina inseguridad alimentaria —un término definido por la FAO en 1996— considerando que el problema no solo es sentir hambre, sino que no se tengan recursos para comer adecuadamente, que serían  el elementos que pueden llevar a la desnutrición o a la malnutrición. En otras palabras: no poder comer de manera suficiente o adecuada, desde el punto de vista nutricional, debido a problemas económicos. Así, el informe ofrece una caracterización multidimensional de los hogares en situación de hambre e inseguridad alimentaria poniéndolos en relación con las condiciones de precariedad, pobreza y exclusión social.

En este sentido, dos indicadores destacan en el informe de OGDA-Madrid: un 10% de todas las personas residentes en la Comunidad no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días; y más de un 8% no puede permitirse una dieta adecuada por problemas económicos. A su vez, el estudio muestra que, a partir de la construcción de un indicador de Inseguridad Alimentaria propio —siempre en términos de lo que permitió la encuesta FOESSA—, ésta afectaría a más de un 14,4% de la población en la región de Madrid, es decir, casi un millón de personas, unos datos superiores a la media nacional (13,5%). Aunque disminuyó con respecto a 2013, en 2018 seguía siendo un problema de dimensiones importantes, asegura Serrano.

La inseguridad alimentaria también la padecen una importante cantidad de personas que, aún con empleo remunerado, disponen de unos ingresos muy ajustados e inestables, en los que la prioridad es pagar la vivienda

Araceli Serrano, que ejerce también como profesora en la facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid destaca que, pese a haber entonces una cierta recuperación económica —“entre comillas”, puntualiza—, “es en este contexto en el que hay que entender la inseguridad alimentaria, en el que los ingresos son muy precarios, el trabajo es muy precario, y la tasa del paro muy elevada”. Pero no solo eso.

El estudio pone de relieve que la inseguridad alimentaria también la padece una importante cantidad de personas que, aun con empleo remunerado, tiene ingresos muy ajustados e inestables. Los gastos de vivienda son los primeros que se cubren, lo que queda, porque es un gasto más flexible, se utiliza en alimentación. ¿Qué alimentación? “Pues aquella a la que se puede acceder con recursos precarios  o la que proporcionan entidades de reparto de alimentos, que no es nutricionalmente la más adaptada”, describe Araceli Serrano.

Trece de cada cien trabajadores españoles están en riesgo de pobreza

Redacción El Salto

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Laboral

Trece de cada cien trabajadores españoles están en riesgo de pobreza

Redacción El Salto

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España ocupa el tercer lugar de todos los países de la UE en número de trabajadores en riesgo de pobreza y exclusión social.

Sobre el momento actual, esta socióloga alerta de que con la crisis sanitaria se ha multiplicado la tasa de las personas que pierden su empleo: “Sabemos lo que está pasando con la inseguridad alimentaria. Se nota en las demandas que están teniendo desde los grupos que trabajan solidariamente en los barrios, hasta los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos de la Comunidad”. En la ciudad de Madrid, según informaba la vicealcaldesa Begoña Villacís el 16 de abril, los Servicios Sociales del Ayuntamiento recibieron solo en el primer mes de estado de alarma más solicitudes que en todo 2019: reconocía que proyectaban atender entre 47.000 y 90.000 familias en los próximos meses. El jueves 18 de junio Villacís actualizaba datos declarando que solo el Ayuntamiento estaba atendiendo a 88,000 personas diariamente --unos 30,000 hogares-- a través de ayudas alimentarias, haciendo un total de 153.000 desde que empezó el confinamiento hasta el pasado 30 de mayo.

La política pública se centra en las rentas mínimas de inserción, las cuales tienen una cobertura escasísima, ya que solo llega a un 8% de las personas en riesgo de pobreza

MECANISMOS DE PROTECCIÓN INSUFICIENTES

A juicio de Serrano, no hay ninguna política social de garantía de la alimentación ni a nivel estatal, ni autonómico, ni local. Como mucho, dice, la política pública se centra en las rentas mínimas de inserción, con una cobertura escasísima, ya que solo llega a un 8% de las personas en riesgo de pobreza. Existen, además, ayudas de emergencia de los ayuntamientos, pero son puntuales y siempre mediadas por Servicios Sociales en determinados momento de necesidad extrema.

En el Ayuntamiento de Madrid, esta política se concreta a través de una lenta burocracia que ralentiza en exceso los plazos de tramitación. El 24 de abril, el área de Familia, Igualdad y Bienestar Social dispuso un decreto “de ayudas de emergencia social para cobertura de necesidades básicas, destinadas a paliar la crisis social por el covid-19”, que eliminaba las trabas administrativas para poder tramitarlas vía internet mientras las oficinas del consistorio permanecieran cerradas al público por la pandemia.

El Estado español realiza compras masivas de alimentos a grandes distribuidoras que se repartena través de las organizaciones privadas como el Banco de Alimentos, Cruz Roja o Cáritas

Desde lo público, subraya el informe de OGDA-Madrid, el Estado español realiza compras masivas que luego acaban por ser distribuidas a través de las organizaciones privadas de reparto de carácter asistencial como el Banco de Alimentos, Cruz Roja, Cáritas, organizaciones religiosas de diverso signo, o fundaciones en distritos y municipios. En este sentido, Araceli Serrano explicita que estas adquisiciones se realizan con los Fondos de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD). Según ella, “se parece mucho a lo que se ha hecho en relación con Telepizza y sus menús: transferir algunas rentas que se podrían destinar a esta protección frente a la necesidad alimentaria”. En el caso español, los recursos se trasladan al Fondo español de Garantía Agrariapara hacer compras masivas en supermercados grandes, contribuyendo así en el crecimiento y enriquecimiento de los grandes conglomerados de la distribución de alimentos

Al transferir recursos a la gran empresa, se descuida la calidad y la variedad, y se fomentan hábitos alimenticios que no son los más apropiados, al mismo tiempo que se estigmatiza a las familias que sufren el problema, advierte Serrano. También se produce una pérdida de recursos que se produce con este sistema de distribución a gran escala, ya que el 5% de los fondos que llegan de Europa se gasta en logística.

La plataforma Carta contra el Hambre ha creado iniciativas que potencian la autonomía de las personas y les permiten recuperar la capacidad de decisión sobre su dieta, así como la posibilidad de participar activamente en las soluciones

ALTERATIVAS QUE FUNCIONAN

La plataforma Carta contra el Hambre —que aúna más de 40 entidades— y el OGDA-Madrid vienen trabajando de manera sinérgica, y se han creado iniciativas novedosas que potencian la autonomía de las personas y les permiten recuperar la capacidad de decisión sobre su dieta, así como la posibilidad de participar activamente en las soluciones.

Desde el Observatorio destacan la puesta en marcha de huertos urbanos con población vulnerable, de iniciativas autogestionadas y bancos solidarios como la Red Solidaria Popular, o los espacios de cocina solidaria y centros de cultura alimentaria. Ven de manera muy positiva el fomento de la compra pública de alimentos sostenibles en los espacios de producción local y ecológica y destinarla a los comedores sociales y escolares, donde muchas de las familias desfavorecidas tienen la única comida saludable del día. Como ejemplo concreto, Araceli Serrano cita el proyecto Madrid Agroecológico —que también forma parte del OGDA-Madrid—, desde donde se lanzó una propuesta de menús para la población más desfavorecida que habría salido incluso más económica que el plan de pizzas de Díaz Ayuso, asegura.

En este sentido, Susana Valladares considera que “hubiera sido muy bueno que la presidenta pensara un poquito en las familias que recibimos esos menús y haber contratado pequeños negocios de comidas caseras, eso hubiera sido mejor para nosotros. O bien darnos directamente el dinero que corresponde, eso sí que hubiera sido un desahogo”. En ello coincide Antonio Fernández: “En cuanto a ayudas, sería lo mejor darnos el dinero o un cheque mensual para poder comprar la alimentación a nuestros hijos”.

Por su parte, Araceli Serrano destaca también la apuesta que hizo el Ayuntamiento de Madrid junto con los movimientos sociales, con buena acogida, con la Tarjeta de Alimentación que funciona en el distrito de Tetuán desde 2017 y que está vinculada a puestos de los mercados municipales y otros comercios de barrio. Este tipo de iniciativas revitalizan el comercio de proximidad, una dieta más saludable y las propias familias pueden elegir qué alimentos compran y cocinan, “así no se les acumulan kilos y kilos de azúcar, arroz o pasta procedentes de bancos de alimentos, como sucede en muchas ocasiones”, concluye Serrano.