Alquiler
Consumo abre un nuevo expediente sancionador a una segunda inmobiliaria

Un nuevo paso en la lucha contra los abusos de las inmobiliarias en el sector de la vivienda. Tras el expediente abierto a la empresa Alquiler Seguro en marzo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un nuevo expediente sancionador a una inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional. “Poner orden en el mercado de la vivienda pasa por poner límites a quienes se creen por encima de la ley”, ha expresado el ministro Pablo Bustinduy en redes sociales tras anunciar la apertura del expediente.
Según informan desde el Ministerio, la agencia señalada podría haber cometido prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas en la gestión del alquiler como el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios no solicitados. Las principales prácticas denunciadas, explican, “se basan en infracciones como obligar a los inquilinos e inquilinas a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino”. A este respecto, desde Consumo se señala que la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
La investigación se abrió a partir de denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU y de asociaciones de consumidores como FACUA y OCU, y los procedimientos sancionadores abiertos a sendas agencias inmobiliarias se unen a los expedientes que la Dirección General de Consumo mantiene abiertos en el sector de los pisos turísticos contra, por una parte, a Airbnb por mantener miles de anuncios de alojamientos de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita y, por otro lado, al expediente sancionador abierto contra empresas que administran viviendas turísticas en distintas Comunidades Autónomas tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo “información falsa o información que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación induzca”, lo que supondría una práctica engañosa.
Las sanciones a las que se enfrenta la agencia inmobiliaria podrían considerarse graves, lo cual conlleva multas de hasta 100.000 euros pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. En caso de ser consideradas muy graves, la sanción se podría elevar hasta un millón de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Madrid
Consumo abre expediente a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los inquilinos
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