Alquiler
Miles de inquilinas en Euskal Herria se enfrentan a los impagos y temen perder su hogar

El preludio de lo que será sin duda una crisis del empleo sin precedentes ya está aquí. A finales de marzo, se registraron 14.500 personas desempleadas más que el mes anterior en Lanbide y Nafar Lansare y 30.000 inscritas menos en la Seguridad Social. La perdida de ingresos de estas familias afectará también al ámbito de la vivienda y pronto muchas no podrán hacer frente al pago de la mensualidad. Mientras tanto, el Gobierno vasco no despeja las incógnitas sobre las medidas de emergencia en materia de alquiler que va a aprobar, y el parque de vivienda protegida ha sido noticia en los últimos meses por la venta de varios bloques a los fondos buitre.

La incipiente crisis del pago de los alquileres preocupa a los movimientos en defensa de la vivienda en Euskal Herria. A las agrupaciones nacidas tras la explosión de la burbuja del mercado hipotecario, como Stop Desahucios Euskadi, se le suman ahora nuevos colectivos basados en el sindicalismo social, como Maizterren Sindikatua, de Donostia, o Etxebizitza Sindikatua, de Gasteiz. Estas formaciones, de más reciente creación, abogan por una defensa colectiva del derecho a la vivienda y se preparan para responder a una crisis que, insisten, comenzó antes de la emergencia sanitaria y tendrá su epicentro en los alquileres.

Etxebizitza Sindikatua nació hace seis meses, tras casi un año de trabajo previo, con el objetivo de resistir la embestida del nuevo ciclo de acumulación basado en estas rentas. Se convirtió, entonces, en el primer colectivo de estas características en Euskal Herria. “El problema de la vivienda en Gasteiz era muy evidente y ademas creíamos que era un ámbito en el que podíamos desarrollar capacidades para defender las condiciones de vida de las trabajadoras”, cuenta Karla Berrojalbiz, militante del sindicato. “Las tareas prioritarias eran dos. Por un lado, una defensa mínima de las condiciones de vida. Y, por otro, partiendo de esa defensa, volver a poner sobre la mesa la necesidad de una organización fuerte que defendiera, no un paso atrás a las condiciones de vida del Estado de bienestar, al chalet, sino un paso adelante hacia las únicas condiciones de vida universalizables”.

LA VIVIENDA EN ALQUILER

Los datos que trimestralmente publica el Consejo General del Poder Judicial, avalan los planteamientos de estas nuevas organizaciones. Euskadi acumula un total de 3.430 familias desahuciadas en los tres últimos años, un 70% derivadas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El año pasado, de los 1.043 hogares desahuciados, 806 lo fueron por no poder pagar el alquiler y 165 por una ejecución hipotecaria. “Desde que se aprobó la moratoria en 2012, las ejecuciones hipotecarias han ido reduciéndose. Hace dos años que prácticamente la totalidad de casos que tenemos son desahucios por alquiler, tanto de pisos privados como del parque de vivienda protegida”, explica Miren Pérez, de Stop Desahucios Euskadi. Eso sí, “nosotros, en el caso de los alquileres particulares, no actuamos contra el propietario, solamente acompañábamos al afectado a los servicios sociales”, reconoce la integrante del movimiento antidesahucios.

El sindicato de inquilinas Maizterren Sindikatua surgió hace apenas unos meses en Donostia, una de las ciudades más afectadas por el incremento de los precios de los alquileres. “Desde la crisis del 2008, el arrendamiento toma centralidad en los procesos especulativos de la grandes finanzas globales, que en el Estado ha sido aceitado por los cambios legislativos vinculados a las SOCIMIS y la LAU”, cuenta Andoni Egia, de Maizterren Sindikatua. “Esto en Donostia tiene una especificidad concreta. El mercado inmobiliario ha sido de los más caros del Estado español y su desarrollo ha estado siempre muy vinculado a un turismo oligárquico y aristocrático que ha ido paulatinamente haciéndose de masas”. En los últimos años este proceso se ha acelerado hasta el punto de que toda la estrategia de desarrollo urbano está hoy supeditada al turismo y ha hecho que los procesos de gentrificación que sufrían la Parte Vieja o Gros se estén expandiendo a barrios obreros como Egia”. En este sentido, añade Andoni Egia, la subida de precios y la onda especulativa “se está expandiendo por toda la corona metropolitana de Donostia, que no se entiende sin las trabajadoras de los hoteles del centro que viven en Errenteria o Irún. Y en los últimos cinco años también está afectando a pueblos como Hernani, que está a 10 minutos en tren”.

Un informe de Fomento confirmaba que Gipuzkoa y Bizkaia tienen, tras Madrid y Barcelona, los alquileres más caros.

Curiosamente, no existe una estadística publica de alquileres en el Estado español. En septiembre de 2019, por primera vez y ante las presiones de los movimientos por la vivienda de las grandes ciudades, el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento hizo público un informe con el precio medio de la vivienda en alquiler por provincia. Las cifras confirmaban que Gipuzkoa (730 euros) y Bizkaia (652) tienen, tras Madrid (819) y Barcelona (769), los arrendamientos más caros.

Los altos precios de la vivienda y la especulación inmobiliaria no eran ningún secreto en Donostia. Sin embargo, hasta 2016 no se hicieron patentes el alcance del fenómeno y algunas de sus derivadas. Ese año, las grandes constructoras Sacyr-Vallehermoso y Metrovacesa, después de una compleja sucesión de adquisiciones y fusiones, pasaron a manos de la socimi Testa Residencial. Esta socimi, figura jurídica con enormes ventajas fiscales creada en 2009, es una de las sociedades inmobiliarias pertenecientes al banco de inversión Blackstone. Entre los miles de viviendas que quedaban ahora en manos del gigante de los fondos buitre como consecuencia de esas operaciones financieras se encontraban 510 inmuebles de protección oficial del barrio de Benta Berri. La UTE Benta Berri, a la que el Gobierno vasco cedió el derecho de superficie para la construcción y posterior explotación de estas viviendas casi 20 años antes, estaba compuesta por las dos constructoras ahora en manos de Blackstone. Y con ellas, el futuro de las 510 familias de las viviendas protegidas de Benta Berri.

LAS VPO EN VENTA

Los sindicatos de inquilinas, que llamaron a la huelga de alquileres el pasado uno de abril, reclaman desde hace meses el control de los precios, el aumento de la vivienda pública destinada, y que se limite la presencia de los fondos de inversión especulativa. El Gobierno vasco tiene 16.000 pisos en propiedad y la cartera de viviendas de la sociedad Alokabide. A estos pisos, públicos stricto sensu, hay que añadir los gestionados por sociedades privadas como las de Benta Berri. Sin embargo, llama la atención que sean precisamente las VPO la puerta de entrada de los grandes fondos de inversión inmobiliaria a Euskal Herria. Unas entidades financieras que están en el punto de mira de los colectivos en defensa de la vivienda por sus desproporcionadas subidas de precios, las expulsiones arbitrarias de inquilinas, y otros desmanes que atentan contra el derecho a la vivienda.

El de Benta Berri fue el primer escándalo relacionado con las viviendas de alquiler social que caían en manos de los grandes fondos buitres, pero no sería el último. A comienzos de este mes de abril, varios bloques de viviendas protegidas de los barrios de Salburua y Zabalgane, en Vitoria-Gasteiz, han sido vendidos al fondo de inversión sueco Catella. Con esta transacción, aprobada por el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, 500 de los 868 pisos de VPO en alquiler que tiene en propiedad y gestiona desde su promoción en 2008 la sociedad Vitalquiler —constituida por Vital Kutxa, hoy privatizada y en manos de Kutxabank, y la constructora navarra Adania—, han quedado en manos del fondo escandinavo. Una vez más, pisos del parque de alquiler protegido del Gobierno vasco pasan a manos de un fondo de inversión inmobiliario. Catella, fundado por el creador de Ikea y que opera en España desde el 2015, se ha comprometido con el Gobierno vasco a mantener las condiciones económicas actuales para los inquilinos hasta el año 2033.

Apenas unas semanas antes, las 392 familias residentes en los barrios de Rochapea, San Jorge, Buztintxuri, Etxabakoitz y Artiberri, en Iruñea, daban la luz de alarma al empezar a sufrir repentinas subidas del alquiler y recibir extraños e inusuales burofaxes. Las sospechas se confirmaban poco después tras aparecer varias de estas viviendas anunciadas como pisos libres en el portal web de la socimi Testa Residencial. Una vez más, Blackstone resultaba ser el actual propietario de las 392 viviendas que, además, hasta entonces habían sido de alquiler protegido y a partir de ese momento perdían esta consideración.

En relación a este caso, el vicepresidente y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, confesaba, interpelado en sede parlamentaria, que ya son cerca de 900 las viviendas protegidas en manos de entidades financieras que han perdido la calificación como vivienda de protección oficial en los últimos cuatro años y que han pasado a ser consideradas vivienda libre. En Navarra, a diferencia del parque de vivienda de protección oficial de Euskadi, que desde 2002 tiene carácter permanente, la calificación de vivienda protegida expira a los 30 años. Este hecho imposibilita que el Ejecutivo navarro pueda hacer uso del derecho de tanteo y retracto, lo que le obligó a negociar un precio máximo de 650 euros de alquiler con el nuevo propietario para que las personas residentes en estas viviendas puedan seguir percibiendo las ayudas de la comunidad foral. Ahora, con el nuevo acuerdo, estas familias seguirán percibiéndo un subsidio para el pago de la renta, aunque este dinero acabará en las arcas del nuevo propietario, el fondo norteamericano Blackstone.

“La calificación permanente como VPO no impide que los propietarios suban los precios de alquiler a discreción” aclara Arturo Val del Olmo de Stop Desahucios Euskadi.

En Euskadi, la calificación permanente de las VPO aprobada por el Gobierno vasco en 2002, “supuso un gran avance puesto que limita el precio y exige la autorización del Gobierno vasco para su venta”, según el activista de Stop Desahucios, Arturo Val del Olmo. Sin embargo, “no impide que los propietarios suban los precios de alquiler a discreción. En el caso de las viviendas vendidas a Catella, si bien se ha comprometido a mantener el alquiler protegido hasta el año 2033 para conseguir el permiso de compra por parte del Gobierno vasco, pero cuando expire ese acuerdo, podrá poner los precios de alquiler libre que le correspondan”. Sin duda, una inversión atractiva para las socimis, que compran pisos de protección oficial por su bajo precio de mercado y se dedican luego a especular con sus rentas de alquiler.

¿A qué lógica responden las ventas de pisos VPO a los fondos de inversión y por qué ahora? ¿Qué políticas promueven esas compras? Para Manuel Gabarre, autor del libro Tocar fondo: la mano invisible detrás de la subida del alquiler, durante los años anteriores a la crisis del 2008 era habitual que las administraciones fomentaran vivienda con alquileres protegidos según un esquema en el que una sociedad —normalmente constituida por una entidad financiera y una constructora— “construía unas viviendas que la administración no quería o no podía pagar, pero con la obligación de mantener los alquileres protegidos durante un plazo determinado, normalmente de 15 o 20 años”. Y una vez que expiraba el plazo, “esa sociedad no tenía ninguna obligación con los inquilinos ni con la administración de turno. De ahí que estas viviendas suelan ser de entidades financieras, ya sea porque participaron en la constitución de estas sociedades o porque asumieron las viviendas como pago de los préstamos que las promotoras inmobiliarias no les podían devolver”. De esta manera, los bancos han acumulado una gran cantidad de activos inmobiliarios, lo que les ha llevado a tener grandes problemas para cumplir con los requisitos mínimos de capital establecidos y supervisados por las instituciones internacionales. “Ante esta situación, la banca se ve obligada a vender esos activos inmobiliarios para conseguir dinero contante y sonante. Y aquí intervienen los fondos de inversión adquiriendo los bienes con un dinero cuyo origen está normalmente en los paraísos fiscales”, apunta Gabarre.

LA EMERGENCIA HABITACIONAL

Desde que se inicio la crisis sanitaria, el Gobierno vasco solo ha aprobado una medida para paliar sus efectos sobre la vivienda. En concreto, el tímido paquete de 2,5 millones de euros destinados a sufragar, hasta junio, la mensualidad de las familias que viviendo en alquiler protegido, puedan demostrar una situación de vulnerabilidad económica generada por el coronavirus. En total, según el propio Ejecutivo, alrededor de 2.500 familias, de un parque de VPO que ronda las 23.000 viviendas, podrán acceder a esta financiación de emergencia.

El resto de inquilinas, aquellas residentes en régimen de alquiler libre, todavía no conocen de qué ayudas podrán beneficiarse.

El resto de inquilinas, aquellas residentes en régimen de alquiler libre, todavía no conocen de qué ayudas podrán beneficiarse. Stop Desahucios Euskadi denuncia que estas familias no podrán en todos los casos acogerse a las contempladas en la Orden aprobada por el Gobierno español el pasado 9 de abril. Estas medidas, a pesar de ser tildadas de insuficientes y de difícil acceso por los movimientos en defensa de la vivienda, son de mayor cuantía que las ayudas a la vivienda en alquiler de Euskadi. En un escrito remitido a la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, el colectivo Stop Desahucios reprocha al Gobierno de Lakua que, al no haber suscrito ningún Convenio de Colaboración en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, las medidas aprobadas por el Ejecutivo central no son de aplicación directa en Euskadi.

En su escrito, Stop Desahucios detalla que la ayuda a la vivienda concedida por cualquiera de sus programas es de un máximo de 250 euros, muy por debajo las cuantías aprobadas en 2018 por el Estado, que oscilaban entre los 300 y los 390 euros al mes, y que ahora pueden alcanzar en determinados casos hasta los 900 euros, el 100% de la renta. Además, exigen que también sea aplicable aquí el apartado de la orden que permite proporcionar una alternativa habitacional a personas en situación de especial vulnerabilidad, habilitando con este propósito viviendas de titularidad o gestión pública o incluso aquellas de titularidad privada.

La cuantía máxima de las ayudas al alquiler será de 250 euros y para una plazo máximo de seis meses.

Por su parte, el Gobierno vasco anunció que está preparando la Orden que regulará las ayudas para las inquilinas en régimen de alquiler libre, a cuyo borrador ha tenido acceso Hordago. Este borrador corrobora lo denunciado por el colectivo antidesahucios, puesto que la cuantía máxima de las ayudas al alquiler será de 250 euros y por una plazo máximo de seis meses. Esta Orden, habilita una ayuda sin contrapartida para hacer frente a la mensualidad o para devolver “a las entidades bancarias las ayudas transitorias de financiación, en forma de préstamo, recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020” y cuenta con un presupuesto plurianual de 15 millones de euros. Además, al igual que las medidas adoptadas por el Gobierno español, el documento en el que trabaja el Gobierno vasco también plantea unas condiciones muy complejas para acceder a las ayudas y en última instancia, es un seguro público que deja intactos los ingresos de los propietarios.

Por otro lado, las personas o familias que quieran acogerse a estas ayudas del Gobierno vasco deberán “encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y social tras la crisis sanitaria provocada por la Covid-19”. Y para demostrar esa “situación de vulnerabilidad”, habrá que estar en desempleo o perder el 40% de los ingresos por la crisis derivada de la emergencia sanitaria, y destinar el 30% de los ingresos del hogar al pago de la renta, la comunidad de vecinos y los suministros, de acuerdo a la ley de VPO del País Vasco. La Orden no solo deja fuera de estas ayudas a las personas residentes en el parque público de alquiler y a las receptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, sino que también excluye a todas aquellas personas que ya perciban algún tipo de ayuda al alquiler.

Todo los colectivos en defensa de la vivienda coinciden en la dificultad para acceder a las ayudas que se están encontrando las inquilinas en aprietos para abonar la mensualidad. A la complejidad de las legislación aprobada hasta la fecha, se añade las dificultades derivadas de la situación de confinamiento. Karla Berrojalbiz, de Etxebizitza Sindikatua, de Gasteiz, reconoce que “el 80% del trabajo ahora es de asesoramiento para conseguir ayudas”. Aunque remarca que “ese asesoramiento no es solamente un asesoramiento técnico, dónde tienes que presentar tal o cual papel, sino que intentamos que ese trabajo sea también político”. Desde Etxebizitza Sindikatua transmiten a las personas que se acercan a su colectivo que ”ese camino burocrático está hecho para que no lo entienda, para que no llegue hasta el final y para que no cumpla lo requisitos”. Y advierten de que “la mayor parte de las personas a las que estamos acompañando, y que están en situación crítica, no cumplen los requisitos para recibir estas ayudas”.

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