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Alquiler
El sindicato ‘Casa de Paso’ de Granada imparte un taller de autodefensa del inquilinato para estudiantes
El tema de la vivienda en España está ahora mismo al rojo vivo. La trayectoria de la que sería la primera ley de vivienda estatal de la historia se ha visto afectada por sucesos recientes en esta materia que han producido un efecto dominó.
La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Pleno del Congreso de los Diputados la prórroga durante tres meses más de todas las medidas de los reales decretos leyes en materia de desahucios y contratación de alquiler de la vivienda tomadas durante la crisis del coronavirus; normas que vencían el próximo 9 de mayo, fecha en la que está previsto el levantamiento del estado de alarma. Estas incluyen la posibilidad de solicitar moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda —cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública— y la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos a aquellos hogares sin contrato cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores a cargo.
El reciente fallo del Tribunal Constitucional alemán sobre la limitación de los alquileres en Berlín, que ha declarado que el Ayuntamiento de esta ciudad no tiene las competencias de una responsabilidad propia del Gobierno federal y la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional español, en paralelo, del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la ley catalana del alquiler, han provocado la decisión del PSOE de retrasar la presentación de la Ley de Vivienda estatal en el Congreso hasta octubre, a la espera de la decisión del TC respecto a la ley catalana.
Los movimientos ciudadanos y sindicales en defensa de la ley de Vivienda iniciaron este 20 de abril una campaña en redes sociales #UnaLeyComoUnaCasa en la que contaron con el apoyo de personalidades del mundo de la cultura como Itziar Castro, Itziar Ituño, Alba Flores, Rozalén, Pepe Viyuela, Juan Diego Botto, Antonio de la Torre, Alberto San Juan y Nathalie Poza. En la campaña señalan la urgencia de abordar cuanto antes la ley y no retrasar más el proceso, advierten de la gravedad de la situación cuando las medidas de los reales decretos covid dejen de ser efectivas, además de reivindicar los problemas estructurales de gentrificación, especulación y alquileres abusivos.
Derecho a la vivienda
Los sindicatos de inquilinos exigen que se regulen los alquileres
El 42% de la población destina casi la mitad de su sueldo al alquiler, disminuyendo su poder adquisitivo y el flujo económico del conjunto del país.
Una ley como una casa
En Andalucía, los Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas siguen de cerca los movimientos estatales en defensa del derecho a la vivienda. En febrero, se sumaron a una campaña donde propusieron las medidas mínimas para incluir en la ley por el derecho a la vivienda, en marzo firmaron un manifiesto estatal donde criticaban la propuesta del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda presentado por el ministro Ábalos, en el que los socialistas se desmarcaron de la regulación de los precios del alquiler. Ahora, han apoyado la campaña ‘Una Ley como una casa’, advirtiendo de la crisis habitacional que se nos viene encima y la necesidad de no retrasar “la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental”.
Alquiler
Vivienda El PSOE propone bonificar el IRPF por alquiler de viviendas hasta un 90% y se desmarca de la regulación
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Granada inició hace unas semanas un ‘sondeo’, junto con el Estudiantes en Movimiento Granada - CSE, para recoger datos con los que “conocer las problemáticas a las que se están teniendo que enfrentar el estudiantado con la subida del alquiler y la agudización del problema de vivienda tras la crisis del covid”. Las preguntas estaban enfocadas en recabar información para el taller que impartirán mañana de “autodefensa del alquiler”.
La subida del alquiler también es violencia
Las conclusiones de ese sondeo online, ‘La subida del alquiler también es violencia’, indican que la mayoría de los encuestados encuentran que pagan un precio por el alquiler más alto del que deberían, que solo un 25% dispone de “cláusula covid” en el contrato y que una cuarta parte ha tenido algún problema serio con las personas propietarias de los pisos durante los meses de pandemia. Nos informa Joaquín Medina, del Sindicato de Inquilinos, que “algunos propietarios no quisieron bajar el precio del alquiler durante el confinamiento, otros querían seguir cobrando el alquiler completo a pesar de que los inquilinos no vivieron allí durante meses... y luego tenemos el clásico casero o casera que no se ha hecho responsable de la renovación de electrodomésticos averiados por antigüedad”.
Los testimonios de las personas encuestadas, casi un centenar, han confirmado que muchos de estos abusos por parte de las y los propietarios han seguido con los estudiantes la misma lógica que detectan en todos los casos: se intentan aprovechar de cuestiones legales de las que el inquilino no es conocedor para hacerse cargo de menos responsabilidades, según nos cuenta Joaquín, “o bien les obligan a firmar contratos con cláusulas que no se sostienen en la legislación actual y son muy perjudiciales para el inquilino. Esta lógica parece haber sido más fácil de llevar a cabo en un contexto como el del confinamiento, por ser una situación inédita en la que les pudo ser más fácil cometer ciertos abusos”.
Un inquilinato informado y organizado es más fuerte contra los abusos
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ya realizó un primer taller sobre vivienda a colectivos de la ciudad, en concreto a Stop Desahucios, movimiento social con el que trabajan “codo con codo”. Ahora han decidido dar un paso más y dirigir su labor formativa al estudiantado por “La dificultad de acceso al alquiler, que provoca que muchos dueños intenten aprovecharse de un estudiantado sobrepasado por las circunstancias, a lo que se suman otras problemáticas derivadas de la crisis sanitaria entre unos estudiantes que ni siquiera sabían con certeza a comienzos de curso qué grado de presencialidad iban a tener sus clases” .
Este curso en la UGR se matricularon un total de 50.141 estudiantes entre grados y máster, de los cuales 28.664 proceden de otras provincias. La Universidad de Granada dispone de un portal digital, la ‘Oficina de Gestión de Alojamientos del Vicerrectorado de Estudiantes’, donde recopila y enlaza a los recursos habitacionales existentes: colegios mayores, residencias universitarias, pisos, habitaciones, residencias de estudiantes; y otras residencias como alojamientos con personas mayores, hostales y pensiones. La UGR también ha ampliado hasta el 30 de abril de 2021 las Ayudas de Carácter Social para cubrir conceptos como el alojamiento “para estudiantes de la Universidad de Granada que no disfrutando de beca ni ayuda de otro tipo tienen una situación económica, social o familiar que puede influir en la continuidad de sus estudio”.
“En una ciudad de estudiantes como Granada no disponemos de una residencia de estudiantes pública con precios asequibles”
Carmen Navarro, del Sindicato de Estudiantes en Movimiento y el inquilinato, reivindica que la Universidad es una entidad pública que, como tal, no debería actuar como “una inmobiliaria de estudiantes” y debería cuestionarse este asunto porque “en una ciudad de estudiantes como Granada no disponemos de una residencia de estudiantes pública con precios asequibles, somos una de las pocas ciudades en España que no disfrutan de este tipo de alojamiento”.
La portavoz de Estudiantes en Movimiento nos detalla algunas de sus experiencias durante la crisis del coronavirus, meses en los que han recibido muchos correos electrónicos con diferentes problemáticas que resume así: “Los estudiantes no conocen los derechos que tienen como inquilinos, la mayoría no saben aspectos como que a partir del sexto mes pueden rescindir el contrato; esto es lo que nos impulsó a organizar el taller de vivienda para estudiantes”.
Según Carmen, durante este curso un gran porcentaje de estudiantes mantuvieron sus contratos de alquiler esperando el retorno de la presencialidad de las clases en la Universidad, que por fin se produjo a principios de abril. “Apreciamos la disposición de la UGR para aceptar que no todo el estudiantado puede asistir presencialmente estos pocos meses que quedan de curso, pero lo cierto es que los precios de los alquileres siguen subiendo y hay estudiantes que aceptan cláusulas abusivas porque están desesperados, ante la actitud de propietarios que no bajan los precios entendiendo que, ‘para tres meses que quedan no me expongo’”, advierte Carmen.
“Creemos que la autoformación legal y la movilización vecinal son herramientas básicas en la lucha por la vivienda digna”
El taller se realiza online mañana sábado. En un lenguaje accesible a todo el mundo se explicarán las herramientas legales para el arrendamiento, cómo informarse de ellas y aplicarlas en cada caso particular. “¿Cuáles son mis derechos?, ¿me pueden subir el precio a mitad de contrato?, ¿qué puedo hacer si no me devuelven la fianza?”, son algunas de las preguntas que se van a responder este sábado. También se tratarán otras herramientas esenciales para muchos casos, como la movilización y organización vecinal, y qué organizaciones les pueden ser de ayuda en este proceso, ya que “creemos que la autoformación legal y la movilización vecinal son herramientas básicas en la lucha por la vivienda digna. Un inquilinato informado y organizado es un inquilinato más fuerte contra los abusos que se puedan dar durante el alquiler”.
Antes de la covid los precios eran completamente abusivos y ahora son más reales
Entrevistamos a S, agente de una inmobiliaria de Granada que reconoce que en la ciudad, “las inmobiliarias tratan mal a la gente que busca alquiler, no se le cuida, no se le atiende adecuadamente; pues imagínate a los estudiantes”. No comparte la opinión de que en Granada hay una carencia de pisos para alquilar, advirtiendo que “hay muchas viviendas que están destinadas solo a estudiantes; no te aceptan si eres una familia, una pareja o trabajadores, porque lo explotan un poco”, y nos explica que, en muchos casos, un inmueble con un valor de 650 € se puede llegar a alquilar por 1.000 € “porque en muchos casos si uno de los estudiantes no paga, paga otro, o el resto se hace cargo de la deuda, así nunca pierden”. También nos explica que, con la caída del piso turístico hay más pisos para alquilar y los precios han bajado, pero admite que no todos, y que “hay propietarios que han decidido que su piso vale lo que vale y prefieren tenerlo vacío que bajar el precio”.