Análisis
El apagón de la liberalización: cómo el mercado eléctrico ha fallado a la ciudadanía

España vivió un apagón eléctrico de grandes proporciones que afectó a millones de ciudadanos. No soy experto a la hora de analizar cuáles fueron las causas de dicho apagón, de manera que, a falta de la auditoría encargada por el Gobierno, acudo a aquellas fuentes y expertos que llevan realizando un análisis serio sobre el funcionamiento del mismo en los últimos años y que además nos avisaron de que esto podía ocurrir.

Uno de ellos es el investigador del CSIC Antonio Turiel, físico y matématico, que en su blog Crash Oil explicó como este incidente no fue fruto de una tormenta solar ni un problema técnico aislado, sino el reflejo de un sistema eléctrico profundamente mal estructurado. A pesar de la proliferación de energías renovables en el mix energético, los cortes se produjeron por la manera en que éstas se integran en la red. Y es que, el problema de fondo no radica en las renovables, sino en el modelo de integración impuesto por las grandes eléctricas, cuya prioridad es maximizar beneficios, y no asegurar la resiliencia del sistema mediante las inversiones correspondientes.

Estabilizar la red es caro y no siempre rentable para las compañías, que han presionado para que la inversión y la planificación a largo plazo desaparezcan en favor de una lógica estrictamente mercantil

El actual sistema favorece las grandes plantas centralizadas, incluso en el caso de las renovables, en lugar de promover un modelo distribuido, con almacenamiento y gestión local. A día de hoy, las renovables carecen de sistemas de estabilización suficientes, como baterías, almacenamiento hidroeléctrico o gestión inteligente de la demanda. Esto no es casual: estabilizar la red es caro y no siempre rentable para las compañías, que han presionado para que la inversión y la planificación a largo plazo desaparezcan en favor de una lógica estrictamente mercantil.

En este contexto, y frente a ciertas opiniones esparcidas estos días, la energía nuclear no es la solución. Su inflexibilidad operativa hace que no pueda responder con rapidez a los desequilibrios de la red. De hecho, durante el apagón español, varias centrales nucleares entraron en parada de emergencia, agravando aún más el colapso. En lugar de estabilidad, aportaron rigidez. Además, como han documentado múltiples informes, la energía nuclear es cara, lenta de desplegar y con costes ocultos en residuos y seguridad. Juntemos, además, algo de lo que no se habla, el uranio con el paso del tiempo será muy escaso. La alternativa, el torio, sólo China, con su planificación económica estatal a largo plazo, la está desarrollando.

Por su parte, Red Eléctrica de España (REE), la empresa encargada de la operación del sistema, ha tenido un papel complaciente. Lejos de ejercer un control técnico riguroso e independiente, ha facilitado que las grandes empresas privadas impongan su lógica de negocio. Esta subordinación del interés general al beneficio empresarial revela una fragilidad estructural del sistema regulatorio que debería ser corregida con urgencia si se quiere evitar una mayor frecuencia de fallos sistémicos.

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Un crecimiento desmedido de las renovables guiado por intereses corporativos y una red eléctrica que no ha sido actualizada a la nueva realidad energética son algunas de las causas señaladas del apagón del 28 de abril.

La reestructuración neoliberal del sistema eléctrico: promesas rotas

Este tipo de incidentes no son una excepción, sino una consecuencia previsible de la liberalización del sector eléctrico iniciada hace décadas bajo las premisas del fundamentalismo de mercado. Como demuestra Lynne Chester en su artículo académico “The Failure of Market Fundamentalism: How Electricity Sector Restructuring is Threatening the Economic and Social Fabric”, la reestructuración neoliberal del sistema eléctrico —que incluyó la desintegración vertical, la creación de mercados mayoristas, la privatización de empresas públicas y el debilitamiento del control estatal— prometía eficiencia, menores precios y más competencia. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta.

El mercado, lejos de disciplinar a los actores, ha sido capturado por unos pocos oligopolios que ejercen poder de mercado y manipulan precios

Los precios de la electricidad se han disparado mucho más allá de la inflación, sin que ello haya supuesto mejoras proporcionales en eficiencia o capacidad. Las inversiones productivas no han sido estimuladas por la señal de precios, como se prometía; en cambio, el capital se ha orientado hacia actividades financieras y especulativas. El mercado, lejos de disciplinar a los actores, ha sido capturado por unos pocos oligopolios que ejercen poder de mercado y manipulan precios a través de prácticas como el rebidding, permitidas por los reguladores.

La liberalización tampoco ha mejorado la seguridad energética. Como destaca Chester, los picos de precio (spikes) no se corresponden con escasez real de oferta, sino con estrategias de manipulación de mercado. La inversión en nueva capacidad renovable o de respaldo no se ha producido a los niveles necesarios, generando una creciente fragilidad ante eventos inesperados. En lugar de una señal de eficiencia, el precio se ha convertido en un campo de batalla especulativo, con consecuencias devastadoras para hogares y empresas.

La financiarización del sistema eléctrico

El fracaso de la liberalización no puede entenderse sin analizar el proceso de financiarización del sector eléctrico, es decir, su transformación en un espacio de extracción de rentas para grandes fondos de inversión y actores financieros. El uso de mercados marginalistas —donde el precio lo fija la tecnología más cara, como el gas— combinado con la desregulación de derivados energéticos ha convertido la electricidad en un activo especulativo, más que en un bien esencial.

En el gráfico adjunto, con base 100 en enero de 2002, que muestra la evolución del IPC y dos rúbricas adicionales, entre ellas la Electricidad, queda muy claro la inestabilidad de los precios eléctricos frente a la evolución más estable del IPC. Esta volatilidad responde a lógicas especulativas del mercado mayorista, donde el precio diario depende de apuestas financieras, no de costes reales. El resultado: “spikes” brutales, episodios de precios negativos y máximos históricos sin que haya cambios significativos en la oferta o demanda. Lejos quedan las promesas de precios más bajos y estables.

En este contexto, la “excepcionalidad ibérica”, introducida por los efectos de la guerra de Ucrania, permitió a España y Portugal limitar temporalmente el impacto del gas en el precio de la electricidad, desacoplando los mercados y fijando un tope a los precios del gas usado para generación. Esta medida fue una excepción regulatoria que demostró que otra gestión es posible. Sin embargo, también reveló hasta qué punto el sistema actual responde a intereses financieros, no técnicos ni sociales.

El segundo aspecto que relaciona financiarización y precio de la luz, es la entrada de fondos soberanos (Qatar, Arabia Saudí y Noruega) y grandes fondos institucionales (BlackRock, Vanguard, Amundi o Capital Group) como accionistas relevantes en las principales eléctricas españolas. Estas entidades no persiguen el desarrollo energético ni la estabilidad del sistema, sino la extracción sistemática de rentas a través de dividendos, plusvalías y estrategias de arbitraje. La financiarización ha convertido el sistema eléctrico en un canal de redistribución regresiva, donde los hogares y empresas pagan cada vez más, mientras los beneficios se concentran en las élites financieras globales.

Puertas giratorias: el poder invisible que modela el sistema

Uno de los factores clave que explican la permanencia de este modelo fallido es la existencia de puertas giratorias entre el sector público y el sector eléctrico. Numerosos estudios académicos, (véase, por ejemplo, el artículo de David Coen (2009) Business lobbying in the European Union dentro del libro Lobbying the European Union: Institutions, actors and issues, en las páginas 145-168), y que demuestran que las industrias reguladas tienden a capturar a sus reguladores mediante la circulación de altos cargos entre empresas, ministerios, organismos reguladores y despachos de abogados o consultoras.

España es un caso paradigmático. El sector eléctrico es uno de los espacios donde más puertas giratorias se producen, tanto desde ministerios (Industria, Transición Ecológica, Economía) como desde la CNMC o las consejerías autonómicas. Ex ministros y altos cargos han acabado en consejos de administración de las grandes eléctricas y, viceversa, directivos del sector han sido nombrados en cargos públicos de responsabilidad.

Este proceso no es neutro: crea un ecosistema donde la regulación es débil, la supervisión es complaciente y las decisiones estratégicas se alinean más con los intereses de las grandes corporaciones que con el bien común. Además, las puertas giratorias están mediadas por el poder financiero, que conecta los intereses del sector eléctrico con los de bancos, aseguradoras y fondos de inversión, formando una red de poder opaca pero extremadamente eficaz para bloquear reformas estructurales.

Conclusión: el fracaso global de la liberalización eléctrica

A más de tres décadas del inicio del proceso de liberalización eléctrica, los resultados son irrefutables: precios más altos, menor seguridad de suministro, menor inversión productiva, mayor volatilidad e impactos sociales crecientes como la pobreza energética. La desregulación, impulsada en nombre del mercado y la eficiencia, ha transformado un servicio público esencial en un campo de especulación financiera y extracción de rentas.

El caso español, con apagón incluido, precios volátiles con un crecimiento por encima de la inflación general y del crecimiento de los salarios, y conflictos regulatorios, es solo un síntoma más de un modelo que ha colapsado. La liberalización no ha cumplido ninguna de sus promesas y ha generado riesgos estructurales para la economía, el medioambiente y la cohesión social. Urge repensar el sistema desde la lógica del servicio público, la planificación democrática y la soberanía energética.