Opinión
Crónica de una alerta anunciada

En medio de la guerra entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa y de las acusaciones de inacción por parte de la oposición, de los medios de comunicación y de la ciudadanía, la tarde del pasado miércoles el Gobierno desclasificó 40 comunicaciones e informes intercambiados por 30 organismos sobre las entradas irregulares a la ciudad de Ceuta. Con estas publicaciones se pone fin a la guerra entre Margarita Robles y Grande-Marlaska: la primera tenía razón. El CNI avisó. El Estado sabía lo que podía avecinarse. Cuestión distinta es si esa información llegó al Gobierno. Si llegó, el problema se convierte en otro mucho más incómodo: por qué decidió no actuar.

Los intereses de los organismos estatales y del Gobierno no siempre coinciden. El Estado es como un cubo de Rubik de n caras, que interactúan con sus propias unidades y con el resto de caras y piezas. El Gobierno es solo una de ellas. Junto a él, operan el Poder Judicial y la Administración General del Estado (AGE) —incluido el CNI y las Fuerzas Armadas—, entre otros. Es decir, Estado y Gobierno no son sinónimos. La AGE y el Gobierno son sistemas con sus propios intereses, códigos, culturas y hasta ideologías. Por eso mismo, no fuimos pocos los que valoramos la posibilidad de que ciertos organismos o funcionarios de carrera decidieran no transmitir la información al Gobierno premeditadamente para desestabilizarlo o a cambio de futuros cargos de carácter político, dentro o fuera del Cuerpo. Sin embargo, la reciente publicación de los informes ha echado por tierra esas sospechas de maniobra deliberada a las que, con cierta frecuencia, somos aficionados en la izquierda y que, también con cierta frecuencia, terminan por demostrarse ciertas. El CNI avisó.

Antes de la crisis migratoria del día 30 de julio, los documentos publicados reflejan un aumento del 168% en las entradas con respecto al mismo mes de 2025. El 29 de julio, el CNI avisó vía WhatsApp al jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta de un llamamiento de asalto por valla y mar el día 30 del mismo mes. A las 21h09 del mismo día, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) advirtió a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla del riesgo de entradas irregulares y coordinadas como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo 814/2026 del 29 de junio, aprovechando la celebración del Día del Trono de Marruecos. Solo algunos minutos más tarde, a las 21h34, se produce una llamada de 11 minutos entre el CNI y la Delegación del gobierno, cuyo contenido no se ha hecho público. Ya el día el 30 de julio, a las 12h06 el Ejército de Tierra avisó al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de una “MUY PROBABLE (…) entrada masiva de inmigración irregular”.

En ese cubo de Rubik que es el Estado, que la información circule entre el CNI y otros órganos de la AGE no significa que alcance necesariamente al Presidente o a los ministros. Ni los puestos fronterizos, ni la Guardia Civil, ni las Fuerzas Armadas son el Gobierno. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ocupa una posición distinta: aunque integrada en la AGE, representa al Ejecutivo en el territorio ceutí. Si la información llegó hasta allí, la cuestión es qué ocurrió después.

En este país existe una larga tradición de disfrazar de idoneidad lo que no es más que una afinidad personal, un favor o una ambición de poder

La primera opción es que el Delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, nunca diese el aviso. Bajo currículos cuidadosamente adornados, con frecuencia los nombramientos esconden a personas sencillamente incompetentes e incapaces de asumir las responsabilidades que se les encomiendan. En este país existe una larga tradición de disfrazar de idoneidad lo que no es más que una afinidad personal, un favor o una ambición de poder. Pero no solo eso. Miguel Ángel Pérez Triano acababa de ser nombrado 7 días antes candidato del PSOE de Ceuta a la Presidencia de la Ciudad en 2027. Por lo tanto, para el Delegado, alertar tenía un coste inmediato y personal (exponerse ante el Ejecutivo y responder por una posible falsa alarma) y un beneficio limitado (haber cumplido con su deber). El silencio y el mantenimiento de un perfil bajo se plantearía como la opción más ventajosa para no perder la cuota de poder que le asigna el puesto y no poner en riesgo su recién estrenada candidatura. Sus declaraciones del pasado jueves negando que su jefe de gabinete le alertara de la conversación mantenida con el CNI no pretenderían sino esconder su cobardía e incompetencia. Solo un día después, su jefe de gabinete aseguró que Miguel Ángel Pérez sí había sido debidamente informado y presentó su dimisión a raíz de las declaraciones del Delegado.

La segunda opción es que el Delegado del Gobierno sí diese el aviso, y que con sus declaraciones tratase de proteger al Gobierno (y con ello a sí mismo y a sus expectativas electorales). Si este fuese el caso, ¿qué llevaría al Gobierno a tomar la decisión de no actuar? Esta decisión puede parecer incomprensible. Las pasiones y exacerbaciones nacionalistas han llevado rápidamente a la idea de que “España está arrodillada ante Marruecos”. Sin embargo, a veces es necesario tomar algo de distancia y analizar the big picture.

El objetivo último de todo gobierno es la supervivencia política. Mantenerse en el cargo y aumentar las probabilidades de reelección son los elementos que guían las acciones gubernamentales. La elección de no actuar debió de responder entonces a este objetivo. Ante tal aviso, existen dos opciones: desplegar o no desplegar al ejército en la frontera. No se trata de una decisión fácil. Las fronteras son un “entre” que pone en juego los tres elementos fundamentales de los Estados-nación: población, territorio y soberanía. Desplegar al ejército en la frontera habría supuesto acusar al país vecino de estar preparando deliberadamente una acción contra la soberanía y el territorio español o, en el mejor de los casos, de ser incapaz de controlar a su propia población y fronteras. Además, si el cruce no hubiese llegado a darse, tal despliegue militar en la frontera de un país socio de Estados Unidos e Israel, habría sido difícil de explicar a los electores y a la Unión Europea.

La opción de no actuar, aunque arriesgada, presentaría ciertas virtudes. En primer lugar, permitiría al Gobierno presentarse como víctima y a Marruecos como agresor. En segundo lugar, una posición pasiva posibilitaría al Ejecutivo mantener las formas diplomáticas y evitar una confrontación directa con el Gobierno de Marruecos, con quien tanto España como la Unión Europea mantienen diversos acuerdos en materia de comercio e inmigración. Han sido el Congreso y los medios de comunicación los encargados de confrontar con el país vecino y expresar lo que el Gobierno evita decir. En tercer lugar, una expulsión rápida de los migrantes fortalecería la imagen del Gobierno y eliminaría la “narrativa de la invasión” de la derecha española, ya que “el invasor habría sido rápidamente expulsado”. Este fue el caso cuando en pocos días se devolvieron a Marruecos 70.000 personas y el Gobierno se jactó de su respuesta rápida y eficaz. Por último, no actuar ofrecería al Gobierno la posibilidad de enfrentar directamente al PP con Vox, obligando a los populares a posicionarse sobre el destino de los menores recién llegados. La contradicción no tardó en aflorar. Si el 4 de agosto Tellado rechazaba que las comunidades gobernadas por el PP acogieran a estos menores, apenas un día después la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido rectificaba: los gobiernos populares cumplirían la ley. No actuar, resultaba una opción políticamente rentable.

La rápida actuación del Gobierno, la posición prácticamente unánime de los partidos políticos y los medios de comunicación al señalar al Gobierno de Marruecos como responsable de la crisis, así como los enfrentamientos internos de la derecha durante los primeros días, hacían prever una nueva victoria política para el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la escasa habilidad del Ejecutivo para manejar la crisis ha echado por tierra toda posibilidad de fortalecimiento del Gobierno y ha terminado por reforzar el relato de la derecha española. Los datos contradictorios, la falta de eficacia en las respuestas, los conflictos entre Ministerios, la lentitud en la toma de decisiones y los últimos informes publicados han terminado de erosionar la posición del Gobierno y de ceder a la oposición el marco interpretativo de la crisis.

Mientras Gobierno, ministerios, servicios de inteligencia y oposición se disputan responsabilidades, el verdadero favorecido es, otra vez, la extrema derecha.

La contención en la respuesta del Gobierno ante un Estado colonial como es el de Marruecos, pone de manifiesto que las acciones de los gobiernos siempre persiguen el objetivo de la supervivencia política. Mientras que la contundencia retórica del Presidente frente al genocidio israelí le reporta un importante beneficio político en términos de imagen y proyección internacional, su posición contenida y respetuosa hacia un Estado marroquí que ejerce en el territorio saharaui prácticas similares a las israelíes, responde a una lógica similar: el enfrentamiento con Rabat no ofrece réditos comparables para su supervivencia política y, en cambio, entraña importantes costes.

Pero la crisis deja una conclusión aún más incómoda. Mientras Gobierno, ministerios, servicios de inteligencia y oposición se disputan responsabilidades, el verdadero favorecido es, otra vez, la extrema derecha. Una extrema derecha que ya no necesita hacer nada para salir reforzada. La inmigración vuelve a ser presentada como amenaza, la frontera como un espacio que debe defenderse y la excepcionalidad como una respuesta cada vez más legítima. La izquierda necesita dejar de elegir entre negar las tensiones que genera la inmigración o asumir el lenguaje con el que la derecha las interpreta. Su tarea es más difícil: reconocer esas tensiones y disputar políticamente qué significan, cuáles son sus causas y efectos, y cómo queremos responder a ellas.