Opinión
Ceuta, traiciones de mentira y crímenes de verdad

La publicación por parte de La Moncloa de los documentos policiales y de Inteligencia previos a la llegada masiva de personas a Ceuta el pasado 30 de julio muestran, acaso, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran conscientes de que “algo” iba a pasar este verano. Nada más. Los documentos no prueban nada sobre el conocimiento previo del Gobierno de la grave crisis que iba a acontecer, no dan a entender ninguna sospecha fehaciente o en aumento sobre la responsabilidad de Marruecos como instigadora de los hechos. 

El ejercicio de transparencia del Gobierno no detendrá probablemente la campaña de la derecha y su gemelo malvado, la extrema derecha, para imponer el marco de la “traición”, pero aclara uno de los extremos, el que puede resolverse desde España. Esto es, que no se conocía una operación organizada por Marruecos con la colaboración (o no) de terceros países como Israel. 

La hipótesis de que lo que tuvo lugar el 30J fue una operación del Estado marroquí no queda descartada completamente. Esto es, existe la posibilidad de que la agresión fuera planificada y de que ni los servicios secretos asociados a presidencia (CNI), ni la agencia policial de fronteras (CNEIF) ni la inteligencia del ejército (CIFAS) fuesen capaces de descifrarla. Que estuvieran, como se dice en lenguaje técnico, “a por uvas”. 

Teniendo en cuenta precedentes como el espionaje a través del software israelí de ciberguerra Pegasus del presidente del Gobierno, de ministros e incluso de la Guardia Civil por parte, presuntamente, de Marruecos, no puede descartarse que el aparato securitario y de espionaje del país fuera superado por los servicios secretos marroquíes. Algo que no encaja en el relato omnipresente de la aptitud simpar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco con el recurrente discurso de que los fallos de esos cuerpos son siempre debidos a la malevolencia o inaptitud de los “políticos”. 

Las negligencias graves del Estado en la gestión posterior a los acontecimientos, especialmente desde la perspectiva del derecho internacional y humanitario, son otro capítulo

Más rocambolesca, pero tampoco completamente descartable es la posibilidad de que todos o uno de esos departamentos ocultase información relevante al Gobierno. De ser así, parece poco probable que aparezca un documento que lo pruebe, así que, por higiene mental es mejor pensar que no fue así. 

En todo caso, el ejercicio de transparencia del Gobierno, que hay que seguir reclamando con respecto a otros casos antiguos y recientes como el uso de Pegasus contra políticos y activistas catalanes, las infiltraciones policiales o la masacre de Melilla de 2022, permite perimetrar las hipótesis y teorías sobre lo ocurrido el 30 de julio. 

Al margen de que la imaginación conspiranoica encontrará algún jirón del que sacar provecho en los documentos divulgados, la labor profiláctica del Gobierno, en este caso, permite atajar una de las crisis abiertas en Ceuta. Con esta información sobre la mesa no puede probarse una negligencia grave por parte del Gobierno en los días previos a la llegada masiva del 30 de julio. Las negligencias graves del Estado en la gestión posterior a los acontecimientos, especialmente desde la perspectiva del derecho internacional y humanitario, son otro capítulo. 

No hay rastros de traición, ni del complot que quiere enarbolar la extrema derecha y su gemelo malvado, la derecha a secas, para invocar el artículo 102 de la Constitución Española y juzgar a Sánchez por traición. Pero que no haya esos rastros en esos documentos no implica que la Audiencia Nacional abandone el camino que llevaría al presidente del Gobierno a prisión. Hace tiempo que los jueces-soldado están fuera de control —si es que alguna vez estuvieron controlados democráticamente— y no parece que una ristra de documentos vaya a disuadir a la juez instructora María Tardón de seguir adelante con la narrativa del nuevo Don Julián, de la traición, del acabose, el fin de los tiempos y la venta a plazos de Ceuta, Melilla, la bandera, el escudo y la receta de la paella valenciana.

Todo esto no exime, sin embargo, al Gobierno de responsabilidad con respecto a lo ocurrido el 30 de julio. Básicamente porque lo que prueban esos informes, y no hacen falta informes clasificados para denunciarlo, es que la externalización de fronteras establecida por la Unión Europea da a los regímenes que se benefician de esas políticas (Marruecos, Turquía, Libia, Egipto, etc) una moneda de cambio, un elemento de presión, que se traduce en la posibilidad de provocar e inducir, por acción o por omisión, crisis como las del 30J.

Al cerrar de un portazo las vías de entrada seguras, al renunciar a mecanismos de protección de derechos humanos como el derecho al asilo, al apostar por la vía militarizada y represiva para el (des)control de los flujos migratorios, se forman las condiciones para el fuego perfecto. Como en el caso de los incendios forestales, solo hace falta una chispa, la referida “relajación” de las fuerzas de seguridad marroquíes, para que el combustible, en forma de precariedad, malestar, desafección del pueblo marroquí, estalle en las fronteras, esas convenciones geográficas que matan gente, apenas tienen reglas y se han establecido como zonas de sacrificio de derechos, pueblos y humanidad. 

Ese último incendio causó 143 víctimas mortales, y creó las condiciones de purgatorio en la que malviven hoy miles de personas en Ceuta. El estallido de Ceuta ha beneficiado a la extrema derecha porque las leyes de la frontera de la UE ya son leyes de extrema derecha. No hace falta ver saludos romanos en las calles para entender que esas decisiones que convierten al migrante en un invasor, que condenan a muerte a personas sin pasaporte o con el pasaporte equivocado, constituyen de por sí una política criminógena. 

La responsabilidad del crimen no está, entonces, en un hecho concreto y oculto a la vista sino en políticas de extranjería, pactos vergonzosos como el Fondo para los Refugiados en Turquía de 2016 o como el recientemente aprobado Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, y en el despliegue de Frontex, el primer ejército europeo, que ha gozado de impunidad y carta blanca para políticas corruptas desde su fundación. 

No es necesario buscar ningún complot ni colocar a Sánchez como chivo expiatorio: los hechos del 30J fueron provocados por la política europea de fronteras, una política que, eso sí, ha contado con el beneplácito y la promoción del PSOE que, en otra vida —por ejemplo, la de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro de Interior y secretario general del partido— aportó toneladas de know how para crear las condiciones de esos acuerdos de frontera que han estallado en Ceuta este verano. 

Si se trata de encontrar culpables, la alta magistratura puede comenzar por seguir la pista del dinero, del colonialismo y la historia de Europa a secas. Si se trata de aprovechar hasta los andares de la crisis abierta hasta el 30J no habrá informe, documento o infografía que disuada a los jueces-soldado de su misión.