Análisis
Los niños en Ceuta

Es una apacible mañana de principios de septiembre. El viento de poniente recorre las colinas y los acantilados de Ceuta. En las escarpaduras que bordean la playa Del Sarchal, en el límite del barrio del Recinto Sur, se echa de menos, como siempre, un poco de atención por parte del servicio municipal de limpieza, que parece trabajar exclusivamente en el centro de la ciudad. Las gaviotas planean sobre un mar en excesiva calma, una suerte de espejo azul que, más que nunca, sirve como alegoría de las miserias que se cuecen en tierra firme.

A lo lejos, arranca la actividad en el paso fronterizo de Tarajal, convertido en una sucesión de pasadizos prácticamente inquebrantables, un lugar que ha quedado unido en la memoria colectiva al asesinato de catorce hombres el 6 de febrero de 2014 y donde cada año, desde entonces, se rinde homenaje a su memoria sin que las autoridades hayan emprendido un mínimo gesto de reparación hacia las familias. A poca distancia de allí, en la zona de Juan XIII, apareció el pasado miércoles el cadáver de un hombre todavía sin identificar, última víctima mortal de la ruta, en la que han fallecido, al menos, otras cinco personas durante el mes de agosto.

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La problemática de los niños que viajan solos va más allá de las embestidas fascistas y entra en el ámbito de los derechos de la infancia.

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Sin luz ni calefacción en un centro de niños tutelados

Mientras tanto, los medios de comunicación generalistas hablan mucho de los menores que han conseguido traspasar a nado la frontera ceutí. Pero hablan muy poco de los que han perdido la vida en el intento, y menos aún de las razones estructurales que explican su necesidad de migrar. La mención a los menores suele insertarse en una espiral alarmista e instrumentalizada contra la migración donde palabras como caos, peligro y amenaza se repiten y se mezclan con otras como millones, reparto y crisis. Ceuta, sin embargo, no es una excepción. Podemos trazar una analogía con la situación de llegadas a Canarias, fijarnos en el ruido mediático que despierta entre los portavoces de la extrema derecha todo intento de trasladar a estas niñas, niños o adolescentes a cualquier municipio de la península. Un relato que el Partido Socialista ha ido adoptando, asumiendo como real, haciendo propio, y que los partidos de izquierda que sostienen el gobierno no terminan de enfrentar con suficiente radicalidad.

Días antes de su reunión en la ciudad autónoma con el líder del PP local, Juan Vivas, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunciaba la aprobación por parte del Consejo de ministros de un paquete de medidas económicas consistente en el reparto de 35 millones de euros ‘para la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes. De ellos, 15 millones irían destinados a reforzar el sistema de protección a la infancia migrante no acompañada y el resto al traslado y acogida de 400 menores entre las comunidades autónomas’. Rego anunciaba la noticia en sus redes sociales apuntando que ‘trabajamos para que nuestro país siga siendo lugar de acogida y de derechos’, una forma cuanto menos irreal de presentarlo, puesto que los derechos de la infancia migrante no están y jamás han estado garantizados en España. Además, el anuncio participa de la infundada situación de crisis migratoria que protagoniza el inicio de curso parlamentario, sin suponer cambios estructurales o legislativos que garanticen derechos a corto y medio plazo. Por ejemplo, la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular Regularización Ya, que beneficiaría a familias en situación administrativa irregular con menores de edad a su cargo, y que el ejecutivo de Pedro Sánchez se empeña en posponer.

Resulta incomprensible la asignación de un capitán de la Guardia Civil, Antonio Jesús Bautista Fernández, como nuevo director del CETI de Ceuta

En el año 2021, cuando se produjo una relevante entrada de personas gracias a la relajación del control fronterizo marroquí como castigo por el internamiento hospitalario en España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, sí se notaba la presencia de los menores no acompañados en las calles de la ciudad. Entonces, además del hacinamiento en los centros improvisados, se apostaban en la puerta de los supermercados porque dependían de la solidaridad ciudadana para compensar las pésimas condiciones alimentarias, armaban chabolas para dormir en los acantilados donde algunos ponían banderas españolas en señal de paz. Pero al margen de esa solidaridad que nunca ha dejado de existir a pie de calle, España no les brindó derechos ni una acogida digna. Al contrario. Tal como dicta la sentencia posterior del TSJ, las devoluciones se produjeron con celeridad e incumpliendo las condiciones exigibles según la propia Ley de Extranjería y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es difícil aceptar que España empeore los efectos de una de las leyes más vergonzosas de su panorama legislativo, pero lo hace. Igual que resulta incomprensible la asignación de un capitán de la Guardia Civil, Antonio Jesús Bautista Fernández, como nuevo director del CETI de Ceuta, tras la dimisión de José Manuel Durán, hecho que ratifica la voluntad de militarización y control con que el Estado maltrata a las personas migrantes.

En la rueda de prensa ofrecida por Rego y Vivas, éste insistió en hablar de ‘capacidades excedidas en un 500%, con un 70% de menores atendidos por recursos de emergencia’ y lanzó una petición de ‘auxilio y socorro al Estado para atender la frontera de todos, ubicada en una ciudad de 20 kilómetros sometida, como ninguna otra, a los riesgos y amenazas que supone la migración’. Insistió en acelerar los traslados sin dejar de reconocer que se trata de un problema estructural. Por su parte, Sira Rego se refirió al contexto utilizando términos como ‘tensión’ y ‘fenómeno migratorio’, al tiempo que ratificaba la dotación de recursos económicos anunciada. Desde el punto de vista estructural, apuntó la necesidad de reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y del Plan Estratégico de Infancia Migrante en colaboración con las CCAA, un proyecto ideado, fundamentalmente, para menores no acompañados, a pesar de que no son los únicos que deberían estar en el foco de atención ministerial.

La atención que el Estado debe dar a la infancia migrante no se detiene en los menores no acompañados, sino que afecta a niñas y niños que viven en España con sus familias en situación administrativa irregular. Unos 150mil menores criados en el seno de familias que no se atreven a reclamar con más firmeza ante la arbitrariedad de la administración porque podrían sufrir una quita de custodia o desmembrar su núcleo con una deportación, tal como amenaza el presidente del Gobierno. La falta de contundencia y claridad de las normas jurídicas alimenta la disparidad de criterios a la hora de otorgar o denegar derechos básicos. Para muchas de estas niñas y niños, existen barreras de acceso a la escolarización, un riesgo de pobreza cercano al 50%, peligros asociados a la desatención sanitaria y una condena precoz a la precariedad.

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Junts, PP y Vox se resisten a la reforma de la Ley de Extranjería que propone el gobierno para regular el “reparto” territorial de las personas menores no acompañadas que llegan a Canarias.

El mismo día del encuentro entre Rego y Vivas, en el pleno del ayuntamiento, Mohamed Mustafá abordó la cuestión desde otro ángulo. Para el líder de Ceuta Ya, se trata de una campaña de instrumentalización que pivota entre los intereses discursivos de la derecha y la búsqueda de incrementos presupuestarios que no se gestionan de una manera correcta. El gobierno del PP ha gobernado durante más de dos décadas y posee las competencias territoriales en materia de menores, además de una dotación presupuestaria contundente para hacerlo, sin ofrecer garantías de alojamiento ni escolarización. ‘Las plantillas de los centros de menores son insuficientes, declaró Mustafá en una conversación posterior, ‘y, por ello acuden a contrataciones externas. Ahí está Punta Blanca, que es un centro absolutamente indigno e impropio de una administración moderna, con más de 50 años y en condiciones deplorables. No tenemos un Centro de Menores que merezca ese nombre. Siete años lleva proyectado uno, pero el gobierno local no ha puesto una sola piedra, al margen de que la chapuza actual es, para más inri, la respuesta a la intervención del fiscal que les obligó a sacar a los niños de un lugar todavía peor en el que les tenían hacinados y en condiciones inhumanas para trasladarlos a un albergue que carecía incluso de licencia. Una política contraria a la atención de las necesidades de los menores, que resisten en las mismas infraestructuras de hace treinta años. Ceuta no está desbordada. Simplemente no se han gestionado los presupuestos recibidos para dotar a la ciudad de centros y recursos de atención a los menores’.

Desde el punto de vista estructural, existen, además, otros factores determinantes. De un lado, la cruzada contra las personas migrantes emprendida desde hace años mediante la aplicación de las políticas de muerte ratificadas con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Una estrategia consolidada en la que países como Marruecos, Túnez, Albania o Libia, reciben ingentes cantidades de dinero para blindar sus fronteras mientras un puñado de empresas estatales y privadas se enriquecen con los mecanismos de control migratorio. Del otro, tenemos la condición fronteriza impuesta a la ciudad, que ha propiciado la generación de vida y comercio entre las poblaciones limítrofes y Ceuta, un modo de vida naturalizado para muchos habitantes de la región y que se ha visto truncado en los últimos años, dejando, como todas las fronteras no naturales, familias divididas y proyectos vitales truncados. No tratar la llegada de personas extranjeras como mayor o menor grado de vecindad de manera coherente con la ubicación geográfica ratifica, para Mohamed Mustafá, la actitud oportunista del PP. ‘Ceuta debería tener infraestructuras para albergar al menos a 500 menores, teniendo en cuenta que en Melilla han tenido a mil. De hecho, también aquí, en nuestra ciudad, ha habido momentos, y no hablo de 2021, en los que hemos tenido más de los que tenemos ahora. Lo que pasa es el PP, igual que Vox, no quiere a estos niños. Quieren las rebajas fiscales y las compensaciones por vivir en una ciudad frontera, pero sin asumir aquello que las justifica’.

Debemos descifrar esta avalancha informativa sobre menores migrantes en clave política

Debemos, por tanto, descifrar esta avalancha informativa sobre menores migrantes en clave política. El respeto a la infancia podía ser una barrera para el avance del discurso mediático envenenado contra las personas migrantes. Se trata de convertirlos en un peligro, en un número, en una bestia que se alimenta de dinero del Estado. Pero todo eso es mentira y tal vez ha llegado la hora de quitar los apelativos. Dejar de llamarlos ‘no acompañados’, dejar de llamarlos ‘migrantes’. Dejar de referirse a ellos por el número que son en el CETI o el dinero que cuesta alimentarlos y darles un techo sin apenas condiciones. Llamarlos y tratarlos simplemente como lo que son, niñas y niños que, todavía, a pesar del miedo y el hambre, están en edad de jugar. Adolescentes que se esconden en los acantilados y se asoman a los espigones para divisar de lejos la tierra donde todavía están sus madres y sus hermanos. Criaturas cargadas de sueños y de proyectos, empapadas con sus ansias limpias de futuro, con ganas de estudiar y de fraguarse una vida digna. Deshumanizar a los niños hace más fácil cuestionar la categoría humana del resto de personas migrantes, pero también deshumaniza sin retorno a la sociedad que lo permite. Son, desde hace tiempo, la punta de lanza de los discursos de odio que solo podemos combatir con una humanidad radical.