Análisis
¿Qué papel juegan los intérpretes en los centros de atención temporal de extranjeros en Canarias?

Solemos pensar que las personas que llegan en pateras y/o cayucos a nuestras costas, son trasladadas a los recursos alojativos, una vez atendidas por Cruz Roja. Sin embargo, es poco conocido un paso intermedio, un filtro entre la llegada al muelle y éstos centros alojativos: los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), dispositivos en los que son detenidos.

En los CATEs es donde se generan los interrogatorios por parte de los cuerpos de seguridad. Ya sea Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), la CNIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) o la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales), tienen las competencias de filiar a las personas creando una base de datos. Identifican las personas más vulnerables (niños, niñas, mujeres, posibles víctimas de trata, embarazadas, solicitantes de asilo, etc) y acusan a un mínimo de dos personas por patera en base a las supuestas “redes criminales” para su posterior traslado a prisión. Éstas últimas acusaciones persiguen perpetuar la narrativa pública de las “mafias organizadas” que justifica los miles de millones de euros invertidos en la Industria del Control Migratorio, como la denomina la fundación PorCausa.

El papel de los intérpretes es indispensable en cuanto al acceso a la información, ya que son las primeras personas con las cuales las personas recién llegadas podrían establecer una relación de confianza

El impacto que tiene el trabajo de los intérpretes en la vida de las personas menores de edad, que llegan desde el continente africano, es crucial. Su papel es indispensable en cuanto al acceso a la información, ya que son las primeras personas con las cuales las personas recién llegadas podrían establecer una relación de confianza y, construir un puente de familiaridad en base a un idioma, e incluso en muchas ocasiones, a un origen común. El tránsito sufrido por éstas, no sólo genera cansancio extremo, sino además, las secuelas de los traumas pueden derivar en patologías como el síndrome postraumático. Desde esta extrema vulnerabilidad, la figura del intérprete podría ser la clave del primer eslabón de una acogida digna. Sin embargo, cuando esto no ocurre, podría transformarse en un engranaje fundamental del racismo institucional. Este artículo se centra en este último aspecto: cómo los intérpretes pueden transformarse en una pieza esencial de la criminalización de las personas del colectivo migrante. A pesar de que nuestras investigaciones se centran en Tenerife y Lanzarote, diversos testimonios sugieren que las problemáticas derivadas de estas traducciones son extensibles a otras islas.

Según el Código Deontológico de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados, hay aspectos fundamentales que un intérprete debe cumplir como por ejemplo: no alterar el contenido, imparcialidad, no dar asesoramiento ni expresar opiniones personales, neutralidad, etc,… Sin embargo, esto dista mucho de ser una realidad. Los testimonios hacen referencia a malas prácticas en muchos casos. Este es el caso de muchos menores que aún diciendo que no lo son, no son recogidos sus testimonios y son modificados. Es importante recalcar que el reconocimiento de minoría, lleva implícito una serie de derechos como son el derecho a la residencia, educación, sanidad, etc, aunque en muchos casos no se cumpla.

En los últimos años, numerosos menores se han quejado de los servicios de traducción e interpretación

Ofilingua y SeProTec son las empresas intermediarias entre los cuerpos de seguridad y los intérpretes. En ellas hay muchos intérpretes certificados que pueden asistir en los CATEs, sin embargo, casi siempre están las mismas personas y no se rotan. Teniendo en cuenta que hay más personas en estas bolsas de trabajo, ¿por qué se llaman casi siempre a las mismas personas? Ya han sido reportados varios casos en los que se habla de falta de intérpretes, pero, ¿cómo pueden faltar intérpretes si existe una bolsa de empleo? En los casos en los que los intérpretes habituales no están disponibles, se da el servicio de forma telefónica y grupal en muchos casos, lo que podría suponer la vulneración de tratados internacionales.

En los últimos años, numerosos menores se han quejado de los servicios de traducción e interpretación. En este artículo reportamos algunos de los testimonios que han derivado en meses en centros penitenciarios de estos menores, sin ser reconocidos como tal. ¿Son malas prácticas aisladas, o se trata de prácticas discriminatorias sistemáticas y funcionales a una lógica securitaria?

“Joven”

“Las primeras palabras que escuché de ella fueron: ‘ustedes tienen que espabilarse porque ellos [los policías] están muy enfadados’. Nosotros teníamos miedo de ir a los centros de menores porque nos dijo: ‘aquí ustedes no pueden tener papeles. Lo que tienen que hacer es decir que son mayores para irse a la península". Yo estuve en un centro de mayores siendo menor”.

“A.N” fue acusado de ser capitán. Estuvo un año y nueve meses en prisión siendo menor. Aún está pendiente de juicio.

“Cuando llegamos al muelle, vino una intérprete con la policía. Nos fueron preguntando de uno en uno. Yo dije que era menor y ella me preguntó si tenía algún familiar en España. Cuando le dije que sí, me dijo que tenía que decir que era mayor para poder ir con él. Si tú no entiendes español, entonces no entiendes nada. Ella hablaba mucho con policía y yo no podía entender qué decían. Pero como era de mi país, yo confiaba en ella. Cuando nos llevaron al juicio antes de entrar en prisión, ella no se levantó para decir que no éramos capitanes. No dijo nada. Nosotros pensábamos que si ella no hacía nada, era lo mejor, porque no entendíamos, y confiábamos en ella. Nos dijo que no habláramos delante del juez. No sé tradujo nada durante ese juicio antes de entrar en prisión”.

No son criminales, son pescadores

Itxaso Cañada

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Migración

Análisis No son criminales, son pescadores

Itxaso Cañada

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El recurso a las conformidades en los procesos penales que atañen a las personas migrantes señaladas como capitanes de las embarcaciones, acaba justificando la criminalización de las personas en movilidad.

“K.C” Menor que aún sigue en prisión desde octubre de 2023.

“Ella me dijo que pusiera que era mayor y yo le dije que no, que era menor. Me había puesto 20 años a pesar de que le dije que tenía 16”.

Además de menores, otros testimonios cuestionan en su base, el papel de algunas de las personas que hacen las traducciones.

“H.D” estuvo once meses en prisión. Actualmente lucha por conseguir su arraigo, ya que con delitos penales en el expediente administrativo no es posible, y por tanto, no tiene derecho a trabajar.

“Me dijo que si no firmaba, me deportarían a mi país. No entendí de qué se me acusaba. Le pedí que me lo tradujera al francés, pero me dijo: ‘no te preocupes, no se te acusa de ningún delito, tú sólo firma. No es necesario que te lo traduzca porque sólo tienes que firmar’. Antes de llevarme a la cárcel, le pedí que me diera todo por escrito [tal y como exige la ley], pero me dijo que no era necesario”.

“I.W” Llegó con su hija al CATE y y le amenazaron con separarlo de ella si no acusaba a alguien como capitán. Estuvo un año y tres meses en prisión.

“No sé exactamente el motivo real por el cual no me reconocieron como el padre. Informé a la traductora de que tenía todos los documentos que probaban que era mi hija. Sólo necesitaba que me dieran mi teléfono, que habían retenido, para poder enseñarles las pruebas. Me sentí amenazado y coaccionado porque me dijo que si no decía quién era el capitán, me iban a separar de la niña y es lo que hicieron. Ella fue declarada como menor no acompañada (MENA)”.

Menores en prisión

Itxaso Cañada

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Islas Canarias

Migraciones Menores en prisión

Itxaso Cañada

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Muchos niños que se desplazan solos, no solo no ven reconocida su condición de menores incluso contando con documentación de sus países que lo acredite, sino que acaban siendo encarcelados, acusados de pilotar los barcos que llegan a Canarias.

Las experiencias de discriminación y, el profundo impacto que tienen en la vida de los menores, evidencian que no sólo se trata de malas prácticas, sino que la labor de quién traduce, puede ser una pieza clave del racismo institucional. Tal y como subrayan Buraschi y Aguilar (2019), este tipo de racismo no se circunscribe únicamente a los discursos de odio de ciertos representantes políticos o a las prácticas de algunos cuerpos de seguridad, sino que también se expresa a través de las prácticas hacia quienes deberían ser garantes de sus derechos.

El racismo, en este caso, se encuentra precisamente en los espacios donde las personas tienen la esperanza de encontrar confianza, familiaridad, ayuda, etc... Además, como señalan los autores, se reproduce un doble mecanismo que multiplica la vulnerabilidad y el impacto negativo de estas prácticas: por un lado, quien se ocupa de la interpretación contribuye significativamente a la criminalización de muchos menores, alimentando un paradigma securitario que sirve de base para legitimar la violencia en la frontera; por el otro, sus omisiones, tergiversaciones, ambigüedades y mentiras, favorecen la construcción de fronteras morales. Estas fronteras crean líneas invisibles que separan y excluyen a parte de la humanidad de nuestro espacio de preocupación moral. Es decir, no sólo se criminaliza y discrimina gravemente a menores de origen africano, sino que se genera un discurso que normaliza y legitima la violencia alimentando la indiferencia.

Daniel Buraschi: “Hay una tendencia hacia una indiferencia generalizada”

Sarah Babiker

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Migración

Necrofronteras Daniel Buraschi: “Hay una tendencia hacia una indiferencia generalizada”

Sarah Babiker

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Como investigador y desde la Asamblea de apoyo a migrantes de Tenerife, Daniel Buraschi reflexiona sobre las fronteras morales y la manera en que las personas se rebelan ante la indiferencia.

El racismo institucional puede ser realmente eficaz sólo cuando se normaliza. En este contexto, la indiferencia es una pieza clave de su funcionamiento. No se trata de una indiferencia generalizada, sino selectiva: si bien solemos indignarnos profundamente cuando se violan los derechos de los menores, si son racializados y están fuera de nuestras fronteras morales, no nos preocupamos, no sentimos empatía, no es asunto nuestro.

La consecuencia de faltar a la verdad en la declaración que se presta como intérprete, está recogida dentro del capítulo de los delitos de falso testimonio. Es decir, la consecuencia de esta falta en las declaraciones, puede ser una práctica delictiva, ya que el testimonio es uno de los medios de prueba sobre los que se se puede basar la convicción sobre los hechos.