Análisis
Del ‘PfizerGate’ al ‘PieperGate’: Von der Leyen, el enchufismo y el poder del dinero

A sesenta días de las elecciones europeas, la candidata del PPE para ser reelegida Presidenta de la Comisión Europea enfrenta dos nuevos escándalos por presunta corrupción.
Der Leyen Pieper
Ursula Von der Leyen y Markus Pieper.
Tom Kucharz

@tomkucharz

11 abr 2024 06:14

Ursula Von der Leyen ha creado un nuevo y poderoso puesto: el Enviado Especial de la UE para las pequeñas y medianas empresas. Lo anunció en su discurso sobre el Estado de la Unión en septiembre de 2023. Es un cargo político que depende directamente de ella como Presidenta de la Comisión Europea y que tiene asignado una remuneración de entre 17 a 20 mil euros al mes.

El 31 de enero de 2024, el Colegio de Comisarios nombró para ese cargo al eurodiputado alemán Markus Pieper quien pertenece al mismo partido de von der Leyen, la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Ella aclamó a Pieper como “el nuevo Comisario para las Pyme”, lo que indica que el papel será importante. El mandato durará cuatro años, prorrogables por otros dos, y proporcionará al Ejecutivo “orientación y asesoramiento... sobre cuestiones relacionadas con las Pyme y defender los intereses de las Pyme en el exterior”.

La colocación de Pieper, aplaudida por los sectores dominantes del empresariado alemán, aumentaría la influencia de Alemania en la Comisión Europea y sería, visto su historial político, una vuelta de tuerca del programa denominado “Legislar mejor” (o “Red Tape” en la jerga neoliberal), que fomenta el poder de los grupos de presión empresariales y pone trabas a medidas de protección social y medioambiental.

La revista empresarial Deutsche Handwerks Zeitung afirmó que Pieper “será un excelente contacto para los representantes de las empresas europeas” y el periódico Handelsblatt aclamó: “von der Leyen se dispone a hacer del fortalecimiento de la competitividad europea el tema central de un posible segundo mandato”. Sueña todo a un revival de Jacques Delors, Jacques Santer, Romano Prodi, José Manuel Durão Barroso y Juncker.

Nepotismo al descubierto

Sin embargo, el nombramiento de Pieper se ha convertido en una polémica que puede resentir las posibilidades de reelección de Von der Leyen.

Los periodistas David Carretta y Christian Spillman, de La Matinale Europeenne, destaparon que von der Leyen impulsó el ascenso del eurodiputado conservador a pesar de que otras dos candidatas habían sido consideradas más cualificadas en el proceso de contratación de la Comisión. Según la web de noticias, “se sospecha que von der Leyen eligió a Pieper para asegurarse el apoyo de la CDU” —donde no todas son entusiastas de ella— “para un segundo mandato como presidenta de la Comisión”. “El momento y la forma del nombramiento plantean la cuestión de un conflicto de intereses para Ursula von der Leyen”, apuntaron los dos redactores.

Según han escrito cuatro comisarios a Von der Leyen, la designación de Pieper “ha suscitado dudas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso de designación”

De acuerdo a la información publicada por Carretta y Spillman y replicada por varios medios europeos, la eurodiputada checa Martina Dlabajová y la directora general Adjunta de Asuntos Internacionales y Europeos de la Confederación de Empresas Suecas, Anna Stellinger “superaron a Pieper en las evaluaciones en al menos un 30%”. Las tres personas candidatas fueron evaluadas primero por un comité de preselección, luego por el Comité Consultivo de Nombramientos y, por último, por un centro de evaluación dirigido por consultores externos.

En diciembre del año pasado, las tres aspirantes fueron entrevistadas por el Comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, y el Comisario para el Mercado Interior, Thierry Breton, —responsable de Pyme— así como el Jefe de Gabinete de von der Leyen, Bjoern Seibert, que es a la vez su mano derecha y jefe de su campaña electoral. Breton eligió a Dlabajova. Pero Von der Leyen y Hahn propusieron a Pieper en la reunión del Colegio de Comisarios a la que Breton no asistió porque acudió a una reunión informal de Ministros de Defensa.

Cuestionamiento desde varios frentes

El pasado 23 de febrero, la ONG Transparencia Internacional ha exigido una investigación independiente sobre la elección de Pieper. Una semana más tarde, un grupo de eurodiputados ha preguntado a la Comisión si la afiliación de Pieper a la CDU desempeñó algún papel en su designación. Por su parte la eurodiputada Dlabajová ha interpelado a la Comisión Europea “cuestionando si el proceso de selección se basó en el mérito y la igualdad de oportunidades”.

Aunque la Comisión sostiene que no se infringió ninguna norma en el nombramiento, cuatro comisarios: Josep Borrell, el propio Breton, el luxemburgués Nicolas Schmit y el italiano Paolo Gentiloni, han escrito a von der Leyen para quejarse. La designación “ha suscitado dudas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso de designación”. El pasado 5 de abril, nueve entidades de la sociedad civil han pedido en una carta a la Comisión Europea que rescinda el nombramiento del eurodiputado Pieper como Enviado de la UE para las PYME, y que inicie una investigación sobre posibles infracciones del Código de Conducta del Comisario.

El término ‘Piepergate’ se utiliza ahora para describir la forma en la que von der Leyen vicia los procedimientos oficiales de contratación de la UE

Esta semana, el Parlamento Europeo debatirá (miércoles) y votará (jueves) una propuesta para rescindir la proclamación de Pieper. La propuesta, que insta a la Comisión Europea que ponga en marcha un nuevo “proceso verdaderamente transparente y abierto para la selección del Enviado de la UE para las Pyme”, figura en el orden del día del pleno en Bruselas. La enmienda a las decisiones de ejecución presupuestaria fue propuesta por el diputado alemán de Los Verdes Daniel Freund y fue firmada conjuntamente por cinco legisladores de Los Verdes, dos de los Socialistas y Demócratas, y tres liberales (Renew). Tras consultarle, Freund se mostró optimista: “creo que mis posibilidades de pasar la enmienda son bastante buenas”.

El término ‘Piepergate’ se utiliza ahora para describir la forma en la que von der Leyen vicia los procedimientos oficiales de contratación de la UE. El caso guarda muchas similitudes con lo ocurrido en 2018 cuando el entonces presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, enchufó a su jefe de gabinete, Martin Selmayr, como Secretario General del Ejecutivo.

Un fanático de la desregulación

Pieper no es muy conocido en la opinión pública pero tampoco es un representante cualquiera. Antes de ser elegido eurodiputado en 2004, trabajó para la Cámara de Comercio e Industria Alemana (DIHK). Como eurodiputado, presidió el Círculo de Pyme del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Una de las prioridades de Pieper con este órgano era “animar activamente a las instituciones de la UE y a los países de la UE a aplicar sistemáticamente una prueba Pyme en todas las fases del proceso de elaboración de políticas”, según explica Corporate Europe Observatory. La “prueba Pyme” de Pieper evaluaría el impacto de las propuestas legislativas sobre las Pyme, con el objetivo subyacente de debilitar las normas sociales y medioambientales o conseguir que las Pyme queden exentas de la legislación. En la lista de deseos de Pieper también figuraba “completar el Mercado Único y generar más comercio con los principales socios comerciales mundiales”, incluso a través del controvertido Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) con Estados Unidos que fue abandonado gracias a las movilizaciones sociales.

Durante el mandato de Juncker el proclamado Red Tape Watch cooptó una retórica cercana a las Pyme pero en el fondo promovió políticas favorables a las grandes empresas y la desregulación

A lo largo de los años ha reforzado su influencia no sólo entre los democristianos alemanes, sino también en el seno del Partido Popular Europeo (PPE). A partir de 2014, Pieper presidió el “Red Tape Watch”, una grupo del PPE en la eurocámara, y dirigió los trabajos de una resolución parlamentaria que pedía evaluaciones más estrictas sobre el impacto para las empresas de cualquier legislación de la UE y con “más participación de la industria”. Cuando se aprobó la resolución en 2017, Pieper dijo que la Comisión debe “tomarse en serio la eliminación de leyes innecesarias”.

Durante el mandato de Juncker el proclamado Red Tape Watch cooptó una retórica cercana a las Pyme pero en el fondo promovió políticas favorables a las grandes empresas y la desregulación. Pieper argumentó: “Si establecemos nuevas normas de protección de datos, también crearemos burocracia para las PYME. Si regulamos los bancos o los mercados energéticos, esto induce costes para las PYME”, señaló un informe publicado por Corporate Europe Observatory y Friends of the Earth Europe en 2014.

Amigo de la industria fósil

A pesar de la emergencia climática, Pieper ha intercedido en numerosas ocasiones a favor de la industria de los combustibles fósiles. En 2017, maniobró para reducir los objetivos de eficiencia energética de la UE y propiciar a las administraciones vías de escape del objetivo acordado. En septiembre de 2020, cuando la comisión de Industria del Parlamento Europeo respaldó un objetivo de reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, Pieper afirmó que el objetivo era “poco realista y exige demasiado de la economía europea”.

Como ponente de la Directiva sobre Energías Renovables (DER II), Pieper alimentó la fiebre del hidrógeno. Se volcó con la industria promocionando el gas fósil para producir hidrógeno “bajo en carbono” y permitió al sector de los combustibles fósiles acceder a subvenciones públicas para las energías renovables. Asimismo se mostró muy partidario de incluir los proyectos de gas fósil en la lista de proyectos de infraestructuras financiables de la Comisión (Proyectos de Interés Común, PIC), a pesar de sus impactos socioambientales.

Crisis energética
Estrategia energética No lo llame hidrógeno verde, llámelo gas fósil
La estrategia energética europea ha dado un vuelco con la guerra ruso-ucraniana. Aunque los objetivos de renovables se han incrementado, también aumenta el miedo a que la UE potencie infraestructuras gasistas enmascaradas como verdes y al servicio de una tecnología que hoy por hoy ni es limpia ni está desarrollada: el hidrógeno.

Enemigo de las organizaciones sociales

Pieper y sus colegas del PPE lanzaron numerosos ataques contra la Defensora del Pueblo Europeo y el mundo asociativo. Encargó un informe parlamentario —posteriormente retractado por el PPE— para castigar a organizaciones que destacaron por su lucha contra la influencia de fondos de inversión como BlackRock o alertaron de los peligros de acuerdos como el TTIP o el Tratado sobre la Carta de la Energía. Pieper llegó a sugerir que “las ONG que no cumplan los objetivos estratégicos comerciales y de política de seguridad de la UE no deberían recibir financiación comunitaria”.

Tras el Catargate en 2023, Pieper consiguió que el Parlamento Europeo aprobara un informe que “tiene el peligroso potencial de debilitar la labor de las ONG a la hora de exigir responsabilidades a las instituciones de la UE”, tal como manifestó la coordinadora Civil Society Europe.

PfizerGate

El explosivo ‘Piepergate’ empalmó con otra desvergüenza del confinamiento. El pasado 1 de abril, el medio estadounidense Politico reveló que la Fiscalía Europea está investigando una posible conducta delictiva en el transcurso de las negociaciones sobre la compra de vacunas contra el SARS-CoV-2 entre Ursula von der Leyen y el Consejero Delegado de la farmacéutica estadounidense Pfizer, Albert Bourla, quién registró en 2022 una retribución de 31 millones de euros.

Desde hace varios meses, los investigadores de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) habrían tomado el relevo de los fiscales belgas que investigan a von der Leyen por “interferencia en funciones públicas, destrucción de SMS, corrupción y conflicto de intereses”, según los documentos legales vistos por Politico y confirmado por un portavoz de la fiscalía de Lieja (Bélgica). Aunque los fiscales europeos están investigando presuntos delitos penales, todavía no se ha imputado a nadie en relación con el caso.

El contrato con Pfizer se vendió en los medios como un “triunfo”. Pero en los meses posteriores se desperdiciaron millones de dosis por valor de al menos 4.000 millones de euros

Uno de los aspectos de la investigación son los mensajes de texto de la política alemana. En febrero de 2021, cuando buena parte de Europa seguía con restricciones —inclusive confinamiento y toque de queda—, se registraron más de 100 millones de casos de infección en el mundo, la gente moría y el bloque de los 27 se estaba quedando sin dosis de vacunas, von der Leyen habría acordado en privado con el presidente de Pfizer entregas de 1.800 millones de dosis de vacunas anti-covid-19 por valor de unos 35.000 millones de euros. El contrato con Pfizer se vendió en los medios como un “triunfo”. Pero en los meses posteriores se desperdiciaron millones de dosis por valor de al menos 4.000 millones de euros, conforme a Politico.

Con el tiempo creció el clamor de quienes pedían transparencia. Desde el Parlamento Europeo a ministros de sanidad, de fiscales a periodistas y ONG, pasando por la Defensora del Pueblo Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo, el organismo de control presupuestario, reivindicaron saber de cómo y bajo qué cláusulas se negociaron los contratos de la Comisión para comprar con dinero público —más de 71 000 millones euros— las vacunas para todos los Estados miembros de la UE.

Opacidad extrema

El New York Times, el 28 abril de 2021, fue el primero en desvelar el intercambio de mensajes. Pero, ¿qué se negoció por SMS? Y más en general, ¿qué se negoció con las multinacionales farmacéuticas? ¿Cómo funcionaron estas negociaciones sobre precios de vacunas, flujos y cláusulas contractuales? Hasta la fecha ha sido imposible confirmarlo. Los mensajes correspondientes fueron borrados.

Una investigación realizada por la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, detectó mala administración en los intentos de la Comisión de recuperar inicialmente los mensajes telefónicos, a raíz de una solicitud de acceso público presentada por el periodista de netzpolitik.org Alexander Fanta. O'Reilly descubrió que la Comisión no pidió explícitamente al gabinete de la Presidenta que buscara los mensajes.

Por ello, el 25 de enero de 2023, el NYT se querelló contra la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber publicado las comunicaciones entre su Presidenta y Bourla. El periódico argumentó que la Comisión tiene la obligación legal de hacer públicos los mensajes, que podrían contener información sobre los acuerdos del bloque para comprar los dosis anti COVID.

“La falta básica de transparencia en torno a las negociaciones de compra de vacunas de la UE ha impedido un control público y parlamentario eficaz”, sostiene Olivier Hoedeman

A su vez, el 5 de abril de 2023, el lobista belga Frédéric Baldan presentó una querella criminal contra von der Leyen, en relación con los mensajes no divulgados, por “injerencia en funciones públicas, destrucción de SMS, corrupción y conflicto de intereses”, según su abogado. Hungría y Polonia se sumaron a la investigación de la autoridad judicial de Lieja; sin embargo, Polonia está tratando de retirarse tras la victoria electoral de Donald Tusk. ¿No resulta extraño que se deje en manos del gobierno húngaro el apoyo a las investigaciones en Bélgica?

Desde el inicio de la pandemia, el grupo de investigación Corporate Europe Observatory hizo peticiones de documentos y puso al descubierto la opacidad en la toma de decisiones del Ejecutivo comunitario. Desde septiembre de 2020 pidió información sobre las negociaciones para las vacunas. La entidad estaba preocupada por la presión de la industria, que defendía su monopolio de los derechos de propiedad intelectual, y razonó que el control de los precios y el acceso a medicinas “no debe dejarse en manos privadas”. En marzo de 2021, después de que la Defensora del Pueblo Europeo interviniera, la Comisión envió una lista de 365 documentos relevantes, anunciando que “estarán disponibles progresivamente online”. Pero no cumplió: tras la publicación de un primer lote de 80 documentos en junio de 2021, guardó silencio durante seis meses.

Casi dos años después de presentar las solicitudes de libertad de información sobre los contratos con las farmacéuticas, el observatorio consiguió un pequeño avance. La Comisión publicó 275 documentos, aunque la mayoría fueron fuertemente censurados como los contratos en su web. La Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA), agencia creada para supervisar los asuntos sanitarios gestionados a nivel europeo, incluidos los pedidos farmacéuticos relacionados con la covid-19, respondió que 'no todo lo que viene de los grandes laboratorios puede hacerse público'.

Los monopolios farmacéuticos: un peligro para la salud pública

Son muchos los indicios que hacen sospechar que la respuesta de la UE a la pandemia estuvo muy influenciada por los intereses comerciales de las grandes farmacéuticas y las normas de transparencia de la UE fueron suspendidas para cerrar los acuerdos de adquisición anticipada con los fabricantes de vacunas AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen (filial de Johnson & Johnson), CureVac, Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax y Valneva.

“La falta básica de transparencia en torno a las negociaciones de compra de vacunas de la UE ha impedido un control público y parlamentario eficaz”, sostiene Olivier Hoedeman, investigador del Corporate Europe Observatory. Pero además, la política de vacunas de la UE contribuyó a la escasez de vacunas a nivel mundial fuera de Europa durante 2021, lo que prolongó la pandemia y causó muertes evitables, como se denunció en los informes “Píldoras amargas” y “Acceso denegado”.

No sería descabellado pensar que la UE permitió a Pfizer hacerse de oro especulando con la pandemia del coronavirus. Globalmente, la compañía ingresó unos 80.000 millones de dólares en 2021, 100.000 millones de dólares en 2022 y 58.000 millones de dólares en 2023. El centro de investigación SOMO denunció que siete farmacéuticas ganaron unos 90.000 millones de dólares al año con las vacunas covid financiadas con dinero público.

Modus operandi: borrar pruebas

En una rueda de prensa, durante el congreso del Partido Popular Europeo en Bucarest, von der Leyen replicó sobre sus intercambios misteriosos con Pfizer: “Ya se ha dicho e intercambiado todo lo necesario al respecto. Y esperaremos los resultados”.

Parece lo opuesto: queda todo por esclarecer. Cualquier prueba de los acuerdos con Pfizer debería ser confiscado, independientemente del cargo que ocupe von der Leyen. Su modus operandi con la industria farmacéutica reaviva las polémicas por la contratación de expertos externos cuando encabezaba el ministerio de Defensa de Alemania. Entonces también borró los rastros de su móvil.

Las dos disputas encajan a la perfección con la dirección ultra-neoliberal, belicista y abiertamente pro-empresarial que von der Leyen ha elegido para su segundo mandato. Sólo un día después de anunciar que se presenta a la reelección, se codeó con la plana mayor de 70 grandes industriales para marcar el rumbo de la Unión Europea. En una “Cumbre Industrial” en la planta química de BASF lanzaron la “Declaración de Amberes para un Pacto Industrial Europeo” con el fin de dar más concesiones a los grandes contaminadores.

En este sentido, la designación de Pieper augura consecuencias muy negativas en la revisión de muchas piezas importantes de la legislación europea (Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos-REACH, ley de reducción de pesticidas, etc.).

Además del ‘Pfizergate” y ‘Piepergate”, von der Leyen apretó el acelerador para recortar las exigencias ambientales de la PAC, desproteger al lobo, enterrar algunas medidas del Pacto Verde Europeo —tales como el Reglamento sobre el uso sustentable de plaguicidas (SUR)— y aplazar el plan de prohibir ciertas sustancias químicas peligrosas en el reglamento REACH. Igualmente frenó un marco legislativo común de Sistemas Alimentarios Sostenibles y la revisión de la legislación sobre bienestar animal así como detuvo la “iniciativa de resiliencia hídrica”, con el riesgo de perjudicar aún más a una Europa azotada por la sequía y las inundaciones.

A todo ello habría que agregar su apuesta por el aumento del gasto militar, las ayudas públicas a la industria armamentística y la expansión de la OTAN. “El principal objetivo de la estrategia industrial europea de defensa será favorecer la compra conjunta” de armas, dijo ante el Parlamento Europeo.

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Ante este panorama, muchas personas se preguntarán: ¿El despotismo de von der Leyen y su desprecio por el Estado de Derecho, y más ampliamente por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como ha demostrado con su apoyo al genocidio del Estado de Israel en Gaza, no la inhabilitan para un nuevo mandato al frente del Ejecutivo comunitario? ¿No debería el Gobierno de España actuar con mayor tesón para evitar que von der Leyen renueva su cargo?

Está por ver si hay un intento en su propio bando de desbancarla. En cualquier caso da la impresión que se está amontonando bastante indecencia alrededor de su figura.

Todos estos casos muestran que las instituciones de la UE están carcomidas por el tráfico de influencias, los sobornos y otras formas de corrupción. Las ONG que investigan el lobby en Bruselas reclaman, con razón, una autoridad de supervisión de la UE para el cumplimiento de todas las normas sobre grupos de presión.

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