Análisis
Racionar el agua, cortar derechos; historias desde Bogotá

La crónica problemática de la escasez hídrica no es novedad, pero su persistencia y creciente frecuencia están sacudiendo las agendas políticas a nivel global, desnudando las complejidades entrelazadas con el cambio climático.

Incluso en el país que ostenta el récord mundial de precipitaciones, el agua se ha vuelto un recurso en apuros. Colombia, bendecida con la mayor cantidad de milímetros de lluvia anualmente, enfrenta actualmente una preocupante inseguridad hídrica. El fenómeno meteorológico del Niño, exacerbado por los cambios climáticos globales, ha desencadenado períodos excepcionales de altas temperaturas y sequías, reduciendo drásticamente las reservas de agua del país, cruciales para su sostenibilidad ambiental y social. En particular, Bogotá, conocida por su clima fresco y húmedo, ha estado padeciendo niveles de reservas mínimas en sus embalses, alcanzando su punto más bajo en dos décadas. A principios de abril de 2024, estos embalses se encontraban al 15%, por debajo del crítico límite del 27% establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas colombiana.

Los desafíos ambientales, como la sequía, han escalado para convertirse en prioridades destacadas en las políticas de los países del Sur Global

Los desafíos ambientales, como la sequía, han escalado para convertirse en prioridades destacadas en las políticas de los países del Sur Global, que se encuentran asediados por los impactos del cambio climático. Sin embargo, comprender las desigualdades que habitan la emergencia climática es clave para construir alternativas justas y brindar soluciones que garanticen los derechos colectivos.

Ante esta crisis hídrica, la alcaldía de Bogotá implementaba un sistema de racionamiento de agua, iniciado el pasado 11 de abril. Este programa divide la ciudad y sus municipios circundantes en nueve zonas, basadas en la distribución del suministro hídrico, con cada área sujeta a restricciones en el uso del agua durante 24 horas, tres veces al mes. El objetivo es elevar los embalses del sistema Chingaza, que proveen el 70% del agua potable de la ciudad, al 20% (actualmente en 15%). A pesar de que el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, ha expresado una alta preocupación por el problema e iniciado una campaña de concienciación muy presente también en las redes, las medidas adoptadas plantean interrogantes sobre las raíces verdaderas del problema, y los impactos de las soluciones propuestas en los derechos colectivos.

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Ecologismo

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El agua no debería ser de nadie

El sistema de rotación, además de no haber cumplido por el momento con las expectativas de reducción del consumo de agua, está exponiendo las desigualdades socioeconómicas de la población. La mayoría de los edificios de las áreas de mayor riqueza de la ciudad, que son a su vez las mayores consumidoras de agua, cuentan con sistemas de reserva de agua con tanques que han eludido total o parcialmente el racionamiento. Por otro lado, alegaciones sobre la disminución de la potabilidad del agua en la ciudad han estimulado la compra de agua embotellada, que ya venía aumentado en los últimos meses, y que promueve una privatización de este recurso. Además, aunque la preocupación ambiental haya adquirido un papel crucial en la agenda política local, es importante analizar los valores que han sustentado este discurso.

La política de Galán, se ha centrado en las “pequeñas acciones”, la responsabilización individual frente a un problema de dimensiones estructurales como el cambio climático. El alcalde ha promulgado discursos como “ducharse en pareja”, “no ducharse los domingos”, que centran la preocupación en el manejo individual del recurso, y desvían la atención de la causa estructural del problema; el uso desigual del agua.

Algunos expertos como el profesor Henry Murrain, profesor de la Universidad de los Andes denuncian también la falta de comunicación transparente y de pedagogía al respecto de la campaña de ahorro. Elogiar a aquellos individuos que consiguen “ahorrar” más, reproduce una lógica del sacrificio que desvía la atención de la verdadera responsabilidad. De hecho, según datos del Estudio Nacional del Agua (ENA) 2022, la demanda hídrica en Colombia sigue siendo liderada por el sector agricultura, que consume 13.984 millones de m3 de agua al año. Esta va seguida del sector hidroenergético ( 8.224 millones), piscícola (3.971 de millones) y de cuarto el sector doméstico y de hogares (2.857 millones) .

Parece que la cuestión no es consumir menos agua, sino que está pueda estar distribuida de una manera equitativa, accesible, y justa a largo plazo.

El agua, como derecho fundamental es una necesidad intrínseca para garantizar un nivel de vida adecuado, y es esencial para la realización de otros derechos colectivos como la educación, la vivienda, la salud, la vida y el trabajo. Como destaca la Oficina de Alto Comisionado de los Derechos Humanos, garantizar el derecho al agua implica hacerlo “sin discriminación y con igualdad”. El informe sobre el Desarrollo Humano de 2006 ya declaraba que “en el mundo hay agua más que suficiente para los usos domésticos, la agricultura y la industria. El problema es que algunas personas, en particular los pobres, quedan sistemáticamente excluidas del acceso al agua a causa de la pobreza, de los limitados derechos que les reconoce la ley o de políticas públicas que restringen su acceso a las infraestructuras de abastecimiento de agua para la vida y el sustento”. En consecuencia, parece que la cuestión no es consumir menos agua, sino que está pueda estar distribuida de una manera equitativa, accesible, y justa a largo plazo.

Para entender los impactos del racionamiento de agua en la capital colombiana, es esencial escuchar los debates que surgen, que nos recuerdan otra vez la arquitectura de desigualdades que sustenta las problemáticas climáticas. Si el objetivo es construir una agenda climática justa, esta debe de tener en cuenta los derechos y desigualdades que yacen en la raíz del problema. Es de esta manera que se podrán propiciar discusiones constructivas que impliquen también una revisión profunda tanto de las dinámicas locales como de las desigualdades entre el Norte y el Sur, cada vez más críticas.