Análisis
Un tal señor X

“Objetiva y políticamente, por acción u omisión consciente, González es el señor X”. El 10 de enero de 1995, Julio Anguita, coordinador de IU, situaba sin tapujos al presidente del Gobierno en la cúspide del organigrama del juez Baltasar Garzón sobre los GAL, el grupo parapolicial que estuvo activo entre 1983 y 1987, y cuyos crímenes se juzgaban en esos momentos en España. “Aquí tenemos a un presidente del Gobierno implicado en un caso de terrorismo de Estado“ subrayaría Anguita. Nunca se habían hecho acusaciones tan gran graves a un jefe de Gobierno.

España no fue el único país europeo en el que es Estado recurrió en los años 80 a prácticas terroristas. El gobierno de Margaret Thatcher lo hizo contra el IRA y no tuvo reparo en admitirlo. En 1985 los servicios secretos de Miterrand hundieron en el Pacífico un barco de Greenpeace que habían ido a denunciar ensayos nucleares franceses en el atolón de Muroroa. Un militante ecologista perdería la vida en el atentado. Italia tiene también una zona oscura en cuanto a la complicidad o vinculación de sectores del Estado con el llamado “terrorismo negro” practicado por la ultraderecha entre los años 70 y 80. Sin embargo, en ningún caso el recurso a la guerra sucia directamente organizada por el Estado llegaría a los niveles de España.

Aquí había tradición, y el nuevo poder socialista cabalgó sobre ella. El terrorismo de Estado durante los gobiernos de Felipe González presenta una inquietante continuidad con prácticas del tardofranquismo que chocan con el imaginario de “modernización” y “consolidación democrática” que una parte del periodismo y la historiografía afines al PSOE han venido construyendo sobre este periodo. Lejos de romper con las prácticas parapoliciales del final del franquismo y la Transición, el PSOE las radicalizó, respondiendo a la ofensiva de ETA de más de dos asesinatos al mes con otra ofensiva contraterrorista que incluyó secuestros, coches bomba, tiros en la nuca, apaleamientos, torturas y cadáveres enterrados en cal viva.

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El periodista del New York Times e investigador de la Fundación porCausa lanza el podcast GAL: El triángulo tras meses de trabajo y entrevistas a implicados directos en la trama de terrorismo de Estado contra ETA.

Objetivos a abatir y daños colaterales

Durante sus cuatro años de actividad, comprendidos entre el primer y segundo mandato de González, el GAL, siglas un tanto marcianas de unos supuestos Grupos Antiterroristas de Liberación, cometieron el asesinato de 27 personas. Las víctimas de este grupo armado gestado en los despachos del Ministerio de Interior fueron militantes de ETA y de la izquierda abertzale en su mayoría, pero también algunas personas sin relación ni con el terrorismo ni con el independentismo vasco. Ciudadanos vascos y vascofranceses que pasaban por allí, y que tuvieron la mala suerte de ser confundidos con objetivos a abatir.

El secuestro de Segundo Marey, vecino de Hendaya, hijo de un socialista español exiliado tras la Guerra Civil, y sin ningún vínculo con ETA, destaparía la conexión entre los GAL y el Ministerio de Interior

El policía José Amedo, condenado por su participación en los GAL, siempre ha dicho que las chapuzas también formaban parte del guion de la película. El objetivo era sembrar el pánico en el tranquilo y turístico sur de Francia, refugio de cientos de etarras, obligando a las autoridades francesas a deportar a España a militantes de ETA e implicarse en la lucha antiterorista. “Si un comando del GAL aparecía en un establecimiento público, tiroteaba a un etarra y caía un súbdito francés, aunque pueda sonar inmoral, ese daño colateral era el que sensibilizaba a la opinión pública francesa. Los responsables políticos de los GAL valoraban más esto que las acciones directas contra etarras” aseguraba Amedo en una entrevista en Vanity Fair.

El secuestro de Segundo Marey

Precisamente una de esas frecuentes pifias, el secuestro de Segundo Marey, vecino de Hendaya, hijo de un socialista español exiliado tras la Guerra Civil, y sin ningún vínculo con ETA, destaparía la conexión entre los GAL y el Ministerio de Interior. Confundido con un etarra, el secuestrado pasó diez días encerrado en una cabaña de Cantabria creyendo que de un momento a otro la puerta de su celda sería abierta para ejecutarlo. No iba desencaminado. Según la versión de Amedo, responsable de organizar la operación, cuando comunicaron a Julián Sancristóbal, gobernador de Bizkaia, y a Ricardo García Damborenea, dirigente socialista vasco, que Marey no era militante de ETA, ambos políticos abogaron por asesinar al ciudadano para zanjar así el problema. Finalmente no se le ejecutó, y tras su liberación vendría una larga batalla legal de Marey por lograr que se hiciera justicia con su caso. No fue fácil ni rápido, pero no estuvo solo en esa lucha.

En 1987 los GAL desaparecían tan misteriosamente como habían surgido. Un año más tarde, en 1988, 104 personas, la mayoría de ellas militantes o simpatizantes de la izquierda extramuros del PCE, Jaime Pastor, Carlos Paris, Ángeles López Álvarez, Santiago Alba Rico o Carlos Fernández Liria, firmaban una querella popular contra los GAL al frente de la que estaban los abogados José Luis Galán y Teodoro Mota. Con ETA asesinando todos los meses, el clima era de enorme hostilidad para poner en marcha una iniciativa cívica que pretendía denunciar los abusos policiales en la lucha contra el terrorismo. A pesar de las presiones y acusaciones de hacer el juego a ETA, la acusación popular se terminaría abriendo paso en los juzgados.

“Tuve que decidir si se volaba a la cúpula de ETA. Dije no. Y no sé si hice lo correcto” le confesó un Felipe González desmelenado a Juan José Millás en 2010

La responsabilidad de Felipe González en los GAL siempre fue un secreto a voces. A pesar de ello, en los años 80 no pasaría del rumor. Las primeras informaciones por parte de Diario 16 y El Mundo serían desprestigiadas como inventos de “periodistas batasunos”. La derecha fraguista y postfraguista miraba para otro lado cuando se asesinaba a etarras o políticos de HB, la izquierda del PCE-IU manejaba la crítica con prudencia, temiendo autoinmolarse en tan feo asunto, y los independentistas abertzales hablaban para su parroquia. Por muchas manifestaciones multitudinarias que organizaran en Euskadi, con decenas de muertos a sus espaldas, su legitimidad era mínima para denunciar violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado. No será hasta mediados de la década de los años 90 cuando el caso GAL eclosione hasta convertirse en un tema central de la agenda política. Aunque ETA seguía matando, la coyuntura política era más favorable. El felipismo, que había ganado por muy poco las elecciones de 1993, vivía una irresistible decadencia, el diario El Mundo comenzaba a destapar no solo los crímenes de Estado sino también la corrupción con los llamados fondos reservados del Ministerio del Interior, y la derecha, que hasta entonces no había querido sacar los colores al PSOE, oliendo la oportunidad política que se abría para desgastar a González, decidiría unirse a la denuncia de la guerra sucia, que tenía en la IU de Anguita su beligerante flanco izquierdo.

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En 1994 el juez Baltasar Garzón reabría el Caso Marey, y en 1998 llegaba la condena del Tribunal Supremo al exministro del Interior José Barrionuevo, el exdirector general de la Seguridad del Estado Rafael Vera y el gobernador civil de Bizkaia Julián Sancristóbal, considerados máximos responsables políticos del secuestro. En septiembre de 1998 entraban en la prisión de Guadalajara arropados por 7.000 militantes del PSOE llegados en autobuses de todas partes de España. “¡Inocentes, inocentes!”, “Aznar, Cascos, os vais a enterar” se coreó en la concentración. Allí estuvieron entre otros Felipe González, Josep Borrell, Patxi López, Joaquín Almunia, José Bono o Manuel Chaves. El dream team del felipismo tardío. Tres meses más tarde eran indultados por el gobierno de José María Aznar. Turnismo y pacto entre caballeros. Y es que una cosa era haber usado los GAL para erosionar al PSOE, y otra muy distinta permitir que unos servidores del Estado, gente como nosotros, fueran a pasar una década entre rejas. Peligroso precedente. La comparación con el trato a los políticos independentistas catalanes es inevitable. Pasaron cuatro años en la cárcel antes de ser indultados por delitos que no incluían ni secuestros ni organización de banda armada. Momentos esterales de la democracia española.

Felipe González se libra

Amedo, que cumplió 12 años de condena, la mitad de ellos en régimen abierto, ha señalado a Felipe González como último responsable en la cadena de mando de los GAL. Rafael Vera lo ha negado en cambio rotundamente. El diferente trato recibido por la Justicia en el caso uno y de otro explican el interés de un resentido Amedo por implicar al político que siente que lo traicionó, mientras Vera exculpa al ex presidente fiel que le acompañó, literalmente, hasta la puerta de su fugaz paso por prisión.

El PSOE nunca ha admitido los hechos. Tampoco ha pedido perdón. En cuanto al propio González, aunque siempre ha negado su participación en los GAL, en los últimos tiempos, con la confianza de quien sabe que nunca será juzgado, ha dejado algunas perlas para la posteridad. “Tuve que decidir si se volaba a la cúpula de ETA. Dije no. Y no sé si hice lo correcto” le confesó desmelenado en 2010 a Juan José Millás en una entrevista para El País.

Hay quienes como Barrionuevo han hablado de la necesidad de que el Estado tenga también sus cloacas, aunque probablemente sea Amedo el que más abiertamente ha defendido que se organizara un grupo parapolicial para hostigar a ETA y a Francia. Los exculpadores de los GAL dicen en su descargo que fue clave para que Francia entendiera que la cosa iba con ellos y se implicara con España en la lucha antiterrorista. Hay sin embargo otros motivos que no suelen mencionarse en el viraje del Estado francés, como el error de cálculo de los independentistas vascofranceses al promover su propia organización armada, Iparretarrak. Sin restar importancia a la colaboración hispanofrancesa, cabe recordar que ETA sobrevivió tres décadas más con la policía y las autoridades galas en contra. El terrorismo de Estado en cambio proporcionó un nuevo relato a la ETA de la democracia, y una nueva legitimidad para que aquellas generaciones que apenas habían conocido el franquismo, encontraran en las acciones de los GAL motivos para disculpar, simpatizar o directamente participar en la lucha armada.

En 1980 Manuel Fraga había dicho que la solución al terrorismo estaba “en que mueran más terroristas que guardias civiles”. Felipe González, pragmático y ecléctico, exploró tanto esta vía armada, como la de una negociación Estado-ETA en Argelia. Ninguna dio resultados. El aislamiento de ETA y su pérdida de apoyo fue un proceso lento, progresivo, que tuvo en cambio mucho más que ver con la recuperación de ideas democratizadoras que la izquierda vasca, socialistas, comunistas y Euskadiko Ezkerra, habían lanzado en los años de la Transición, antes del 82. Solo en 1988, con el final de los GAL, algunas de ellas se plasmarían en el Pacto de Ajuria Enea: el desarrollo de la autonomía vasca, así como de su policía propia, la democratización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la movilización social de nacionalistas y no nacionalistas para romper el silencio y escenificar el rechazo a la violencia.

Cultura de la impunidad

“¿Yo me pregunto con todo lo que ha hecho Felipe González cómo es posible que no haya pasado ni un día en la cárcel?” se pregunta un personaje en una de las obras del dramaturgo Alfredo Sanzol. En 2021 la Fiscalía archivaba el intento de Pilar Zabala por juzgar a Felipe González como responsable político del secuestro, tortura, asesinato y enterramiento en cal viva de su hermano, integrante de ETA.

El felipismo fue muchas cosas. Entre ellas, una renovación de la cultura de impunidad del franquismo por parte de una nueva generación que venía del antifranquismo. Un pacto entre el Estado profundo surgido de la dictadura y los nuevos habitantes del Estado surgidos de las urnas. Hay una línea que une los GAL con el Caso Villarejo, el espionaje al independentismo catalán, la fabricación de pruebas falsas contra Podemos, la negativa a desclasificar secretos oficiales y el encubrimiento de Juan Carlos I. Una historia de impunidad y “razón de Estado”.

Más que un palanca democratizadora, como se le presenta en el relato de “la modernización” y “consolidación democrática”, el felipismo actuó como un freno para el desarrollo una democracia más profunda en España. Un freno que estuvo favorecido por la apatía, el conformismo y el enfriamiento del impulso democratizador que había surgido de la sociedad española en los últimos de la dictadura. Si a pesar de todo, entre los años 1982 y 1996 hubo victorias democráticas, como la retirada de la Ley “Corcuera” de Seguridad Ciudadana o el proceso a parte de los responsables de los GAL, estas se debieron al impulso que todavía latía en una sociedad civil crítica, no demasiado robusta, pero que no se conformó con una democracia de mínimos presentada como “la mejor de las Españas posibles”, y mantuvo en cambio el cuestionamiento de la nueva cultura felipista de la impunidad y la razón de Estado.