Andalucía
El 112 de Andalucía se rebela contra Ilunion y la Junta por la precariedad laboral y la exclusión de la ASEMA

Los 469 trabajadores y trabajadoras subcontratadas por Ilunion del 112 exigen a la Junta de Andalucía que se le integre dentro de la futura Agencia de Seguridad y Emergencias de Andalucía
112 Andalucía
Trabajadoras en una de las sedes del 112 en Andalucía

El estado del servicio de Emergencias 112 se ha hecho público en distintos puntos del Estado español, especialmente en València donde la crisis de la Dana destapó la falta de trabajadores y la precaria situación del servicio. En Andalucía, los trabajadores y trabajadoras del teléfono de emergencias común para toda la Unión Europea han organizado una huelga durante el periodo navideño para denunciar la difícil situación laboral en la que se encuentran los 469 empleados subcontratados por la empresa Ilunion por parte del Gobierno andaluz, que se niega a convertirlos en trabajadores públicos y a integrarlos en la futura Agencia de Seguridad y Emergencias de Andalucía.

“Vamos pasando de una empresa a otra, y la empresa no aporta nada solo se lucra de los contratos públicos porque la Junta no lo quiere asumir”, explica Carol Garrido trabajadora del 112 desde hace 20 años en Sevilla, desde que comenzó a trabajar su puesto ha dependido de empresas como Serveo o MK Plan 21. Ahora mismo el servicio se encuentra en manos de Ilunion empresa perteneciente a la Fundación Once, que ha sido contratada por la Junta de Andalucía por 13,8 millones de euros para dar el servicio de emergencias en todo el territorio. La compañía cuenta además con otros contratos millonarios para encargarse de otros servicios públicos del Gobierno andaluz como servicios de limpieza y seguridad en centros sanitarios y de investigación.

“Vamos pasando de una empresa a otra, y la empresa no aporta nada solo se lucra de los contratos públicos porque la Junta no lo quiere asumir”, explica Carol Garrido trabajadora del 112

“Las empresas son de telemarketing y así está enfocado el servicio”, sostiene la trabajadora que expone que esto influye en la coordinación con el resto de organismos y en la calidad del servicio que dan a las personas en una situación de emergencia que llaman “los servicios de emergencias 112 en Andalucía podrían ser mucho mejor de lo que son, pero con diferencia”, sostiene.

Un servicio esencial privatizado

La situación de subcontratación del servicio hace que la mayoría de trabajadores del 112 haya quedado fuera de la nueva Agencia de Seguridad y Emergencias proyectada por la Junta de Andalucía para implementarse a partir de 2025. Según el Comité de Empresa de Emergencias 112 la ASEMA contará solo con los 49 funcionarios públicos vinculados al servicio pero no con los 469 contratados por Ilunion. Según el Comité: “los especialistas que atienden a la ciudadanía, los 365 días del año, no formarán parte de la ASEMA. No se cuenta con la voz que usted escucha cuando marca 112, la que le va a ayudar…, esa está fuera de ASEMA”.

Esta es una de las principales razones de la huelga convocada desde el pasado 5 de diciembre hasta el 6 de enero en el sector por CGT Andalucía, que además expone que este servicio esencial se encuentra en manos de una empresa “que se lucra con las desgracias de la ciudadanía andaluza y con contratos millonarios de dinero público que Juanma Moreno le insufla”.

Muchos de los trabajadores además se exponen a contratos precarios, por obra y servicio y denuncian que la empresa se saltan los protocolos de desconexión digital. Además, estos trabajadores atienden un gran número de llamadas, según los datos oficiales en 2023 se atendieron en todo el territorio 4,2 millones de llamadas. Desde la CGT también exigen una ampliación de la plantilla y una dignificación de sus salarios. Las empleadas además no cuentan con apoyo psicológico a pesar de tener que atender a personas que se encuentran en situaciones de extrema emergencia como accidentes o suicidios. Carol Garrido además señala que la Junta de Andalucía no vigila la situación laboral en la que la empresa mantiene a los trabajadores y que la compañía se defiende diciendo que cumplen los requisitos estipulados “la empresa subcontratada simplemente dice que ellos cumplen los pliegos y ya está”.

Diversos partidos de la oposición han señalado al Gobierno andaluz de privatizar un servicio esencial para la población desde IU, su coordinador general en Andalucía, Toni Valero crítica a Moreno Bonilla porque “su modelo low cost no sirve para proteger a la gente”. Adelante Andalucía ha exigido a la Junta que el servicio pase a ser de titularidad pública para solventar el problema su portavoz, Jose Ignacio García ha hecho hincapié en que “son 300 trabajadores que te cogen el teléfono a las cuatro de la mañana, que cobran unos 1,86 euros la hora, que cobran 10 euros por el plus de nocturnidad, que cuando se quejan se les sanciona”.

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El servicio de llamadas de emergencia, privatizado y en manos de la empresa Ilunion, sufrió un desborde que requirió de un refuerzo de plantilla ejecutado gracias a la voluntariedad de los trabajadores, que han llegado a hacer turnos de diez horas.

La administración andaluza se defiende de las acusaciones alegando que “13 de las 17 comunidades tienen este sistema, por algo será” según las palabras del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que además añade que ”cuatro millones de llamadas y 800.000 incidencias gestionadas no estoy dispuesto a que quiera manipular políticamente un servicio que tiene un sobresaliente".

Garrido desmiente a Sanz y se queja de que “el consejero se ha aprendido un mantra y se aleja un bastante de la realidad”. Los servicios del 112 pararán dos horas por jornada durante el periodo navideño, lo permitido por el 80% de los servicios mínimos establecidos.

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