Argentina
La economía ultraliberal de Milei: ajuste, pobreza, estanflación

El programa económico de Milei está dando el resultado esperado: destrucción de empleo, caída del salario real y de las jubilaciones, la agonía de todos los sectores económicos y desprotección de los sectores más vulnerables.

En los dos primeros meses del Gobierno de Javier Milei, la pobreza se ha incrementado en 13 puntos, pasando del 44% al 57% de la población, la cifra más alta en 20 años. No menos vertiginoso fue el aumento de la población en situación de indigencia, que pasó del 9,6% en el tercer trimestre de 2023 al 15% en enero de 2024. Estas cifras están tomadas del índice de pobreza que elabora el Observatorio Social de la UCA (Universidad Católica Argentina), una institución netamente conservadora. 

Este panorama social es consecuencia directa del enorme aumento de precios de la canasta básica tras la gigantesca devaluación que realizó el Gobierno, manteniendo los ingresos de la población estancados. El salario mínimo actual, de 156.000 pesos, pasará a 180.000 en febrero y a 202.000 en marzo (algo menos de 200 dólares), según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo. Muchos trabajadores ocupados están engrosando las listas de pobres, ya que el costo de la canasta básica para una familia tipo fue en enero de 596.000 pesos, sin contar el alquiler. 

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Las jubilaciones subirán en marzo un 27%, tras una inflación acumulada del 50% entre diciembre y enero, y que se estima que podría superar el 100% entre diciembre y final de marzo. La inflación interanual trepó hasta el 254% a fin de enero de 2024, destacando Argentina como el país con la tasa de inflación más elevada del mundo.

Los precios de los alimentos y otros productos indispensables tuvieron aumentos disparatados en enero: un 70% el café, 60% la sal, 65% los pañales, 37% la leche… Argentina es el paraíso de los especuladores

En este contexto ya descontrolado, la población se verá afectada en los próximos meses por brutales incrementos de tarifas en servicios básicos, desde el transporte público hasta la energía y los combustibles. Los precios de los alimentos y otros productos indispensables tuvieron aumentos disparatados en enero: un 70% el café, 60% la sal, 65% los pañales, 37% la leche… Argentina es el paraíso de los especuladores.

El Decreto Nacional de Urgencia (DNU) del Gobierno derogó la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, que permitían regular mínimamente el acceso a los bienes básicos. A falta de controles de precios, los proveedores e intermediarios remarcan infinitamente los productos para obtener sustanciosos beneficios con la espiral inflacionaria. El caso extremo es el de un alimento básico que produce el oligopolio del agronegocio, el arroz, cuyo precio aumentó un 950% en un año, entre enero de 2023 y enero de 2024. La industria alimentaria está hiperconcentrada en muy pocos grupos que actúan en condiciones de duopolio o monopolio, expulsando a otros actores del mercado a través de su dominio de las redes de distribución. Estos poderosas compañías están remarcando precios casi a diario, generando enormes beneficios para sus propietarios desde que el DNU de Milei eliminó por completo los controles de precios. 

El transporte es otro de los rubros que más se ha encarecido, en este caso por la retirada de las subvenciones estatales a las empresas y el aumento de la energía y combustibles. El metro de Buenos Aires, por ejemplo, ha presentado una escala por la que mensualmente se irá aumentando el precio desde 125 pesos en febrero hasta 757 pesos en junio, nada menos que un 505%. El precio de los pasajes de tren y de los viajes en colectivo también se indexará mes a mes según la inflación.

Alquileres por las nubes

Un comentario aparte merece el encarecimiento de la vivienda, que no está incluida en la canasta familiar. El DNU derogó la ley de alquileres, y desde entonces los nuevos contratos se pactan libremente en pesos o en dólares —o indexados al valor del dólar— y por el tiempo que acuerden las partes, eliminado el plazo mínimo de tres años que establecía la ley derogada.

Aunque el sistema antes vigente estuviera rígidamente encorsetado para los propietarios de viviendas en alquiler, porque sus ingresos siempre quedaban socavados por las altísimas tasas de inflación y las sucesivas devaluaciones, la actual falta de regulación del sector sume en la inestabilidad y la desesperación a millones de inquilinos que han quedado desprotegidos por la ausencia del anterior marco jurídico sin que éste fuera reemplazado por ningún otro. El resultado es la ley de la selva.

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Tras la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU, en enero el precio medio de los alquileres aumentó un 21% mensual, el mayor incremento en 12 años. Según indican las inmobiliarias y asociaciones de inquilinos, los contratos anteriores mantienen su vigencia hasta que expiren, pero los nuevos se negocian con incrementos que llegan al 400%, y más del 40% de estos contratos se suscriben en dólares, por períodos que pueden ir desde algunos meses hasta años y cláusulas de indexación al arbitrio de los propietarios. Muchas familias se están quedando en la calle porque no pueden afrontar las nuevas reglas del mercado.

La recesión inducida por la política económica del Gobierno ya es muy notoria en la caída de la actividad industrial, que se disminuyó en enero un 0,9%, por segundo mes consecutivo, y se contrajo el 6,3% en términos interanuales. Las fábricas empezaron a reducir producción, en algunos casos despidiendo trabajadores o suspendiendo la actividad de algunas plantas.

En febrero se anunció el cierre por un mes de las cuatro plantas de la siderúrgica Acindar —del grupo AcerlorMittal, con 3.100 trabajadores—, por una “abrupta” caída de las ventas de entre el 35% y el 40%, según la empresa, por el efecto combinado de la recesión y la inflación. Las perspectivas no son más favorables para la industria automotriz, tras un mes de enero en el que las ventas cayeron un 33%. Entre las empresas más afectadas por la caída del consumo se cuentan las fábricas de indumentaria, textiles y calzado.

La empresa Topper, uno de los mayores fabricantes de calzado deportivo, con cerca de mil empleados, despidió a fines de febrero a 85 trabajadores de su planta en Tucumán por la “brutal” caída de las ventas, cifrada en el 40%. Además, este sector teme los previsibles efectos de la apertura de las importaciones, que podría suponer su definitiva extinción.

“Yo no dejo de pensar que el Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos", dijo Milei en una entrevista de febrero

Las consecuencias inmediatas de la crisis son incluso mayores en varios rubros del sector servicios, como el turístico y el gastronómico. La devaluación encareció disparatadamente los costos para el turismo extranjero —a más del doble el alojamiento—, que ya no goza de ventajas comparativas para hacer excursiones y compras en el país. En el sector gastronómico, según los testimonios de propietarios de restaurantes divulgados por medios de comunicación más conservadores, los ingresos cayeron en un 70% entre diciembre de 2023 y febrero de este año. 

No cabe duda de que el programa explícito de Milei de conducir a Argentina hacia la estanflación —estancamiento + inflación— está dando el resultado esperado: destrucción de empleo, licuación del salario real y de las jubilaciones, agonía de todos los sectores económicos que no dependen de la exportación de bienes primarios sino del consumo interno, desprotección de los sectores más vulnerables.

Motosierra y licuadora

Siendo ya presidente, Milei reafirma sus convicciones teóricas más disruptivas: “Yo no dejo de pensar que el Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos", dijo en una entrevista concedida en febrero, después de haber aumentado los impuestos de Ganancias, Retenciones a exportadores, Impuesto País a las importaciones, etc. Es obvio que el personaje Milei está escindido entre su fe dogmática en las teorías que lo seducen y su actual investidura como jefe de Estado.

Milei hizo campaña empuñando una motosierra, su instrumento para “ajustar a la casta”. Una vez en el Gobierno, se unió a lo peor de la casta, el sector que endeudó el país con el FMI y que lo hundió en la recesión mientras fugaba los dólares al exterior, y el ajuste recayó claramente sobre el pueblo, sobre la clase obrera, los trabajadores informales y la clase media. La espiral inflacionaria que desencadenó su abrupta devaluación permitió “licuar” el poder adquisitivo de asalariados y pensionados.

La licuadora se aplica con mayor rigor a los jubilados, el sector más castigado por la inflación. Las jubilaciones representan aproximadamente un 36% de los gastos corrientes del Estado

La licuadora se aplica con mayor rigor a los jubilados, el sector más castigado por la inflación. Las jubilaciones representan aproximadamente un 36% de los gastos corrientes del Estado. Este sector se ve especialmente afectado por los explosivos aumentos de los medicamentos y de las cuotas de la medicina prepaga (desreguladas). Las jubilaciones mínimas son de 200.000 pesos (menos de 200 dólares), incluido un bono complementario que concede el Gobierno para no incrementar los haberes de los jubilados de forma permanente. Cuando un periodista ‘amigable’ preguntó al presidente cómo podía llegar a fin de mes un jubilado con esa cantidad, Milei dijo sin inmutarse: “El problema en Argentina es que todos los argentinos se empobrecieron”, y tras asumir la falacia de que los jubilados son el segmento etario con mayor poder adquisitivo, recurrió a su consabida cantinela: “El problema es que no hay plata”.

En campaña Javier Milei solo hablaba de aplicar la motosierra para ajustar a la casta, pero ahora admite que la licuadora es una pata fundamental de su plan. En febrero dijo sin tapujos que “la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian”. Pudo haber sido un lapsus, pero no lo fue. Ambos instrumentos son indispensables para imponer su modelo económico: la motosierra para recortar al máximo el gasto público, la licuadora para disolver los ingresos de la población por el atraso de los salarios y jubilaciones con respecto a los precios.

Fracasos políticos del Gobierno de Milei

Desde los primeros días de Gobierno, Milei intentó refundar la configuración legal de Argentina con el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) y la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” conocida como Ley Ómnibus. Entre ambas iniciativas se pretendió legislar más de mil artículos que abarcan casi todas las áreas significativas de la vida de los ciudadanos, rivalizando en varios aspectos con la misma Constitución nacional.

Varios artículos del DNU fueron impugnados con éxito por los afectados, como el intento de incluir por decreto la reforma laboral, que motivó que las centrales obreras interpusieran medidas cautelares con suspensión de su entrada en vigor por decisión judicial. En el caso del expediente iniciado por la CGT, la Justicia resolvió sobre el fondo del asunto y declaró la inconstitucionalidad de las reformas.

Con todo, el DNU rige en todos los aspectos no impugnados por la justicia, como es el caso de la ley de alquileres y la ley de tierras. Con la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, al comienzo de marzo, el DNU deberá debatirse en sesión bicameral y luego cada cámara decidirá o no su aprobación. Solo quedaría desactivado con el rechazo de ambas cámaras. La peor de las posibilidades para el Gobierno es que el DNU se acabe declarando inconstitucional por el intento de Milei de arrogarse la suma del poder público.

Ambos instrumentos son indispensables para imponer su modelo económico: la motosierra para recortar al máximo el gasto público, la licuadora para disolver los ingresos de la población

Por otra parte, el presidente llamó en enero a sesiones extraordinarias del Congreso para debatir la Ley Ómnibus, que con sus 664 artículos es un intento de refundar las bases de la vida política, social y económica de Argentina. El proyecto de ley agrupaba tal cantidad y diversidad de temas que su discusión en profundidad resultaba inabordable. El punto más conflictivo fue sin duda la concesión de poderes al presidente para prescindir del Congreso en decisiones futuras, que dividió a la derecha tradicional que lo apoyó en las elecciones. La fuerza política de Milei, La Libertad Avanza, es muy minoritaria en ambas cámaras. El partido cuenta sólo con 38 de los 257 diputados y con 7 de 70 senadores. Para conseguir mayorías necesita sumar a los legisladores de otras fuerzas de derecha dispuestas a secundar su proyecto, principalmente del macrismo, pero también de la derecha radical y del peronismo antikirchnerista que se impone en provincias como Tucumán y Córdoba.

Después de los primeros debates sobre el megaproyecto de ley, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentado con numerosos gobernadores, anunció que se retiraba el capítulo fiscal (más de un centenar de artículos) y después fueron cayendo otros aspectos. La presión conjunta de gobernadores del PRO, la UCR y el PJ logró que el Gobierno descartase otros apartados de la ley ómnibus referidos a la actividad económica pesquera, minera, vitivinícola y azucarera que afectaban a varias provincias. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), aseguró que aceptar esos cambios supondría darse “un tiro en el pie”.

Finalmente, el propio Milei decidió levantar el proyecto y lo comunicó desde Israel, país al que se desplazó en su primer viaje oficial. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el presidente manifestó que iba a continuar con su programa de Gobierno “con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”. Enfurecido por su primer traspié político, publicó además en redes sociales una lista de diputados calificándolos de “leales y traidores” según su voto en la sesión especial de la Cámara. Tras el fracaso en el legislativo, Milei dijo sentirse satisfecho de que el debate sobre esta ley hubiese reordenado “el espectro ideológico”, clarificando quiénes apoyan el cambio que él promueve y quiénes se comportan como “casta” por oponerse a sus propuestas.

Milei dedica varias horas diarias a emitir opiniones en sus redes sociales, que admite gestionar personalmente, y que le sirven tanto para anunciar medidas políticas como para insultar públicamente a sus detractores. Mientras tanto, el Gobierno no presentó ni siquiera una Ley de Presupuesto.

Milei dedica varias horas diarias a emitir opiniones en sus redes sociales, que admite gestionar personalmente, y que le sirven tanto para anunciar medidas políticas como para insultar públicamente a sus detractores

La incontinencia verbal del presidente con sus impulsivas respuestas a través de las redes sociales le juegan en contra. Su forma de ventilar los conflictos es siempre a través del insulto. Al verse forzado a retirar la ley Ómnibus, trató al Congreso de “nido de ratas” y acusó a los gobernadores de defender sus intereses mediante un “plan de extorsión”. Los gobernadores tienen en general una influencia decisiva en el voto de los legisladores de sus respectivas provincias. En una reunión de gabinete Milei habría dicho: "Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”. La filtración habría sido del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, despedido de manera fulminante.

Más allá del ataque verbal, Milei tomó represalias contra todas las provincias, independientemente de su color político, retirándoles la coparticipación en las subvenciones al transporte público, precisamente cuando más suben las tarifas por la liberalización de los precios. También suspendió la vigencia del Fondo de Incentivo Docente, que complementa los salarios de los maestros que abonan las provincias con ingresos de la nación. Con todo esto, el Gobierno consiguió aumentar la ira de los gobernadores que formaban parte de la llamada “oposición dialogante”, es decir, de aquellos que habían dado instrucciones a sus legisladores de votar favorablemente la Ley Ómnibus en general, rechazando sólo las medidas que afectaban a sus intereses regionales.

El “nuevo contrato social” basado en el consenso de Washington

En su discurso de apertura de sesiones del Congreso el 1 de marzo Milei mostró por primera vez un tono conciliador con aquella parte de “la casta” que podría habilitar legislativamente su proyecto político, la llamada “oposición amigable”. Es así que convocó a “gobernadores, ex presidentes y líderes de los principales partidos políticos” a un encuentro en la provincia de Córdoba para la firma de “un nuevo contrato social que establezca los diez principios del nuevo orden económico argentino”.

Pero el nuevo talante supuestamente aperturista del presidente se basa en la táctica del palo y la zanahoria. La firma con otros dirigentes del llamado “Pacto de Mayo” está condicionada a la aprobación previa de la Ley Ómnibus, que Milei pretende así reflotar, y a establecer un nuevo acuerdo fiscal. El Pacto del Gobierno central con las provincias se basaría en un decálogo preestablecido por Milei: “Las diez políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso”.

Dichas políticas enunciadas por el presidente no serían el resultado de un debate entre las partes, ni de una negociación; supondrían la adhesión incondicional a las consignas del anarco-capitalismo que pregona Milei. La primera, “la inviolabilidad de la propiedad privada”, solo tiene una finalidad propagandística, ya que ese derecho está consagrado constitucionalmente en Argentina y nadie lo pone en entredicho. En segundo lugar aparece “el equilibrio fiscal innegociable”, seguido de “reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PIB. También una “reforma tributaria que reduzca la presión impositiva” y rediscutir la coparticipación federal con las provincias.

Le siguen las reformas laboral y previsional, con opción a la privatización del sistema jubilatorio, la reforma política y la apertura del país al comercio internacional. Con esas diez orientaciones básicas Milei pretende “sentar las condiciones del crecimiento argentino por los próximos cien años”. Estos “principios” que Milei presenta como fundacionales de una nueva Argentina son en lo esencial un plagio de los diez puntos presentados por primera vez en 1989 por el economista estadounidense John Williamson, el ideólogo artífice del Consenso de Washington, que desde entonces rigieron como dogma del neoliberalismo en toda América Latina. 

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Antes de la fecha prevista, el presidente anunció que convocará a los gobernadores a la Casa Rosada para la firma de un preacuerdo, el cual incluiría “sancionar tanto la ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias”. Y dejando claro que se trata de un intercambio de favores con parte de la denostada “casta”, la no incorporada aún a su Gobierno, Milei reiteró: “Sancionadas ambas leyes como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común basado en estos diez principios”. Toma y daca en el “nido de ratas”.

Los funcionarios gubernamentales y el propio presidente no ocultan que la situación económica no ha tocado fondo. Especulan con que marzo y abril serán los peores meses, ya que se conjuga la inflación con recesión (la buscada estanflación) y con una mayor pérdida de poder adquisitivo de la población, estimada en un 40% en los análisis más conservadores. En este contexto de licuación total de ingresos, sorprende y es poco convincente la seguridad que muestra Milei de que no habrá un estallido social contra sus políticas de ajuste.

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Paco Caro
7/3/2024 21:01

Cada vez está más claro: "libertad" significa "pobreza".

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