Ayuntamiento de Madrid
Un auto judicial impide al Ayuntamiento de Madrid entrar a los pisos San Francisco para desalojar a Alejandro

“Me han dicho que me tengo que ir en 24 horas, pero yo de aquí no me muevo sin una orden judicial”, declaraba Alejandro Ibáñez García, en septiembre del 2024, cuando junto con otros tres jubilados como él se resistían a dejar sus viviendas en los apartamentos municipales para mayores ‘San Francisco’. En este verano de 2026, un juez le ha dado la razón y en su auto ha denegado la autorización de entrada al Ayuntamiento de Madrid en la vivienda de Alejandro, solicitada por el consistorio y admitida a trámite en diciembre de 2025, para proceder a desalojarle.

El Ayuntamiento de Madrid había denunciado ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo a los últimos cuatro residentes de estos equipamiento público asistencial situado en el barrio de La Latina por rehusarse a dejar el edificio cuando la Junta de Gobierno aprobó en septiembre de 2024 un contrato para la reforma integral del edificio. El Ayuntamiento que preside Martínez-Almeida decidió trasladar entre finales de 2024 y junio de 2025, a la mayor parte de mayores con motivo de unas supuestas obras del bloque, que a día de hoy no se han realizado.

Pero Alejandro, un jubilado de 81 años, es el único que ha permanecido en su apartamento hasta hoy. La principal razón de su resistencia ha sido que el Ayuntamiento habría justificado unas obras para aprovechar y enviar a los mayores a residencias de ancianos “cuando nosotros nos valemos por nosotros mismos: de aquí no nos movemos, porque no hay razón para trasladarnos”, argumentaba el jubilado.

El juez ha apuntado a la falta de información técnica que justifique la necesidad de vaciar el edificio completamente ya que no existe un informe que explique los riesgos concretos

Para el magistrado una medida como la que solicitaba el Ayuntamiento en su denuncia no puede concederse de forma automática, ya que exige justificar su necesidad, su procedencia y su proporcionalidad, una información que el Ayuntamiento no ha aportado. En su auto ha apuntado a la falta de información técnica que justifique la necesidad de vaciar el edificio completamente ya que no existe un informe que explique los riesgos concretos o que justifique por qué las obras no se pueden realizar por fases, como han venido solicitando residentes y vecinos. Tampoco han demostrado una necesidad de demolición, que en todo caso sí obligaría al desalojo total.

Otras omisiones importantes a las que apunta la resolución es que el consistorio no hizo ninguna mención, ni en la solicitud ni en los documentos aportados, de que Alejandro se negara a abandonar su residencia por voluntad propia cuando se le intentó desalojar en junio de 2025. Para el juez, esta omisión de información vuelve la solicitud improcedente.

Apoyo vecinal

Para la Asociación La Chispera, este auto judicial viene a respaldar las denuncias de los mayores afectados y de las diferentes asociaciones vecinales que se han hecho eco desde el inicio del conflicto, y han afeado la actitud del Ayuntamiento por actuar por la vía de la imposición. Las Vecinas Corniseras, AV Cavas-La Latina, Repensar Centro, entre otras, han apoyado a Alejandro y al resto de residentes “frente a una política de expulsión profundamente injusta” e indican estar dispuestas a seguir luchando “para que no se expulse a ningún vecino o vecina de su casa sin garantías”.

Los Apartamentos San Francisco, ubicados en el barrio La Latina, son un recurso público municipal para personas mayores en situación de vulnerabilidad económica pensado para proteger su autonomía, su estabilidad, su vida cotidiana y sus lazos en el barrio. Al obligarles a abandonar sus viviendas a esta edad, se enfrentan al desarraigo, a la incertidumbre y al sufrimiento y, para muchas de estas personas, un empeoramiento en sus condiciones de vida. “Nos quieren trasladar a unas residencias de ancianos donde nos van a cobrar el 86% de nuestra prensión. Aquí hay gente que cobra 517 euros nada más“, advertía en 2024 el hombre jubilado que ha resistido y al que ahora ha amparado el juez.

“Se podría alegar que el Ayuntamiento no ha seguido el procedimiento, que no se han hecho las cosas como se deberían de hacer y por tanto, podemos decir que aquí ha habido unos intereses políticos y que no estaban bien justificados”, aduce Víctor Palomo, abogado de Alejandro.

La decisión ha sido una excelente noticia para la Asociación La Chispera “porque demuestra que había razones humanas, sociales y jurídicas para oponerse. Y porque lanza un mensaje político de fondo: el Ayuntamiento no puede actuar como si todo estuviera ya decidido mientras exige obediencia a quienes llevan dos años sufriendo las consecuencias de una operación opaca y lesiva”. Insisten en que “el Ayuntamiento de Madrid debe abandonar de inmediato la estrategia de presión, desgaste y hechos consumados con la que ha gestionado este conflicto” y su obligación institucional es la de “extremar las garantías, la transparencia y el cuidado. Y eso es exactamente lo que no ha ocurrido en los Apartamentos San Francisco”.

Sin embargo, aseguran que la lucha vecinal no termina aquí. ”Desde la asociación seguiremos exigiendo transparencia a la Administración, y señalando la responsabilidad política del Ayuntamiento“. Exigen también que se acometan las obras cuanto antes —ahora que se ha probado que se pueden realizar con sus vecinos dentro— para que los residentes desplazados ”puedan volver lo antes posible y recuperar su vida y su autonomía".