Bilbao
Erroldaren Korrika recorre Bilbao para exigir padrón para todas

No figurar en el padrón es no existir. Quedar fuera de la sanidad pública, de la educación, de los servicios sociales. No poder regularizar la situación administrativa, ni votar, ni acceder a una vida con derechos. En Bizkaia, miles de personas —personas migrantes, familias sin contrato de alquiler, trabajadoras del hogar, vecinas en viviendas ocupadas o infraviviendas— lo saben bien. Saben también que, ante la falta de soluciones institucionales, han surgido quienes comercian con esa necesidad: hay que pagar para figurar. Comprar, a precio de mercado, el derecho a ser reconocido por tu propio municipio.

Contra esa exclusión cotidiana se alza la nueva campaña de la plataforma Erroldarik Gabe Izaterik Ez / Soy tu vecina pero sin padrón no existo. Con una idea sencilla pero rotunda —“Si empadronarse es una obligación, también debe ser un derecho”—, la plataforma convoca este domingo 11 de mayo la carrera popular Erroldaren Korrika, que a partir de las 11:30 transformará la plaza de Rekalde en un espacio festivo y reivindicativo. Bajo el lema “Meta: padrón para todas”, la acción marcará el inicio de una movilización que exige a los ayuntamientos garantizar que nadie quede fuera del registro municipal. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 90 organizaciones sociales: colectivos migrantes, entidades de inclusión, trabajadoras del hogar, comunidades religiosas, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos. Todas comparten una misma exigencia: adaptar las normas municipales para reconocer el empadronamiento social como vía legal y justa para quienes hoy siguen sin existir admistrativamente. 

La invisibilidad administrativa es exclusión social

No tener padrón es no estar. No se puede ni acceder a la sanidad pública. No se pueden matricular a los hijos en la escuela con normalidad, ni solicitar ayudas sociales, ni iniciar trámites de regularización. La exclusión administrativa se convierte en una suerte de apartheid de baja intensidad. “El empadronamiento es fundamental para salir de la exclusión. Sin él, es imposible acceder a derechos básicos”, resume Mustafa El Marrouti, activista de la campaña. 

Estar fuera del padrón implica quedar fuera de casi todo. El sistema sanitario, la educación, los servicios sociales o la simple posibilidad de tramitar permisos son derechos vetados para quienes no tienen un domicilio que las instituciones consideren válido. En el caso de las personas migrantes, esta ausencia adquiere un carácter aún más brutal: sin padrón, regularizar su situación o acceder a cursos de formación se convierte en un imposible.

“La necesidad de estar empadronadas ha generado un negocio vergonzoso”

Para quienes impulsan Erroldaren Korrika, la solución es secilla. Lo que proponen es actualizar las normas municipales para adaptarlas a la realidad: hay quienes viven aquí, aunque no puedan acreditar un contrato de alquiler o una escritura. Para estas personas, el empadronamiento debe ser la llave que abra la puerta a la inclusión social. Al mismo tiempo, poner fin a esta laguna legal acabaría con el negocio encubierto que se ha creado alrededor del padrón, donde no pocos cobran por ofrecer su dirección a quienes no tienen otra salida.

El padrón como mercancía en un mercado racista

Entre los argumentos de la campaña destaca la necesidad de erradicar un negocio oscuro y extendido: el cobro ilegal por empadronar a personas que no tienen otra opción para regularizar su situación. Esta práctica alimenta un “mercado ilegal del padrón” que favorece la especulación inmobiliaria y profundiza en la discriminación hacia las personas migrantes. “La necesidad de estar empadronadas ha generado un negocio vergonzoso. El racismo y la precariedad se combinan para convertir en mercancía un derecho básico”, denuncia Mustafa El Marrouti. “Es un fraude que aprovecha la necesidad y que se da justo delante de las narices de las instituciones”. Este negocio no solo incrementa los precios del alquiler —al añadir como valor añadido la posibilidad de empadronarse—, sino que también perpetúa dinámicas racistas y discriminatorias. “No es casualidad que esto afecte sobre todo a migrantes”, advierte Begoña Arco. “El color de piel, el acento o el origen siguen siendo barreras a la hora de alquilar, y mucho más cuando se trata de ofrecer un alquiler que permita empadronarse”.

Para los activistas, la solución es tan sencilla como contundente: habilitar el empadronamiento social acabaría con este negocio de raíz. “Si los ayuntamientos facilitaran empadronarse a través de los servicios sociales, toda esta economía del abuso desaparecería de un día para otro”, sostiene German García. “Es la propia exclusión institucional la que alimenta esta práctica repugnante”.

Reconocido incumplimiento 

Las organizaciones que impulsan Erroldaren Korrika no están pidiendo lo imposible. Tampoco lo que plantean es ajeno al debate institucional. De hecho, las propias instituciones vascas llevan tiempo reconociendo que el sistema de empadronamiento necesita cambios profundos y así lo recogen diversos documentos estratégicos. La Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico, aprobada en 2022, ya advertía de la necesidad de “repensar los mecanismos de empadronamiento, regularización y nacionalización”, especialmente en su vínculo con el acceso al empleo. Dos años después, la II Estrategia contra la exclusión residencial grave, publicada por el Gobierno Vasco en abril de 2024, fue aún más clara: urgía a “simplificar y agilizar los procesos de empadronamiento para personas en exclusión residencial grave, también a través del empadronamiento social” y a poner coto a las prácticas abusivas, como el incremento de alquileres a cambio de permitir empadronarse.

“Las propias instituciones vascas dicen que hay que garantizar el padrón social. Solo falta que se aplique”

En la misma línea se sitúa el informe Harrera Ehundu, elaborado por EUDEL y el Ejecutivo vasco. Este manual, dirigido a orientar las políticas locales de acogida a personas extranjeras, define el padrón como “un trámite fundamental en el acceso a los servicios públicos”. Garantizar este derecho, sostiene el texto, es indispensable para ejercer la ciudadanía en igualdad de condiciones. Las recomendaciones son claras: mejorar los procedimientos y coordinar políticas de integración para que nadie quede fuera. “No pedimos nada que no esté ya en los papeles oficiales”, subraya Begoña Arco. “Las propias instituciones vascas dicen que hay que garantizar el padrón social. Solo falta que se aplique”.

Los activistas insisten en que la cuestión es, sobre todo, de sentido común. “A la Administración no debería resultarle indiferente cuántas personas viven realmente en su territorio”, apunta German García. Sin un censo real, recuerdan, no se pueden diseñar políticas ajustadas a la vida de la gente. La realidad hoy es otra: nadie sabe cuántas personas viven sin poder empadronarse. Algunas pagan por figurar en domicilios ajenos. Otras, directamente, quedan fuera. “Son personas que existen, pero que no cuentan”, resume German García. De ahí la urgencia de adaptar las normas a una sociedad en transformación, marcada por dos hechos clave: la creciente población migrante y la precariedad habitacional. “Lo que pedimos no es inventar nada”, insiste Begoña Arco. “Solo garantizar que nadie quede fuera del padrón”.

Abrir la puerta que los ayuntamientos cierran

Al final, todo se reduce a esto: existir o no existir. Para quienes quedan fuera del padrón, ser parte de la ciudad sigue siendo un derecho por conquistar. Sin empadronarse, no hay sanidad, ni escuela, ni servicios sociales. Sin empadronarse, no hay vecindad reconocida. Solo anonimato. “Empadronarse es la primera puerta para dejar de ser un número y convertirse en un vecino o vecina con derechos”, resume German García.

Errolda Kanpaina busca derribar esa puerta cerrada. Lo que piden no es solo cumplir la ley. Es que los ayuntamientos reconozcan a quienes ya están: las que cuidan, las que trabajan, las que habitan como pueden. Esas vidas que caminan cada día por las mismas calles pero que, para la Administración, no existen. “Los ayuntamientos deberían abrir esta puerta”, reclaman. Y añaden un gesto que no solo interpela a las instituciones: también a la sociedad, demasiado acostumbrada a mirar hacia otro lado mientras parte de sus vecinas permanecen invisibles.

Lo que está en juego no es un trámite ni una cifra en una estadística. Es devolver el sentido original al padrón: un registro de todas las personas que construyen, con su presencia y su trabajo, el día a día de un municipio. Devolverle su papel como herramienta para garantizar derechos, y no como filtro que separa a quienes tienen casa de quienes apenas tienen un lugar donde estar.