Cádiz
Las piedras señalan, la tierra habla: Villamartín homenajea a 51 víctimas de la represión franquista

Último sábado de enero de 2026 y por fin llega el sol, aunque por unas horas, a casi todos los rincones de la provincia de Cádiz después de semanas de intensas lluvias, inundaciones y fortísimos vientos. Esta tregua climatológica coincide con la ceremonia de inhumación de los restos de 51 víctimas de la represión franquista recuperadas en el cementerio de Villamartín, convocada por Afaco Cádiz (Asociación de Familiares de Asesinados Contra el Olvido) junto al Ayuntamiento de la localidad serrana.

El cementerio de La Palma respira nerviosismo, cierta paz contradictoria, miradas perdidas, rabia contenida y llanto. Todos los colores de las emociones se arremolinan en los cuerpos de los presentes. No hay receta para estar aquí y cada quién sobrelleva como puede tantos años de lucha y espera. No en vano, en 2026 se cumplen 90 años del Golpe.

El empuje de familiares de las víctimas y asociaciones memorialistas, el apoyo de algunas administraciones públicas y el de cada vez más parte de la sociedad civil pone sobre la mesa una vez más la urgencia de acometer sin titubeos el reconocimiento y estudio en profundidad de la campaña de terror impuesta por las fuerzas golpistas contra la Segunda República a partir de julio de 1936. En el contexto de Andalucía Occidental, Villamartín es otro de tantos pueblos andaluces donde no se puede hablar de contienda como tal. 

“La falta del cuerpo o de conocimiento de qué pasó no permite un adiós”, subraya la psicóloga Jara Pérez.

Según el historiador local Fernando Romero, “más de un tercio de los municipios gaditanos estaban en poder sublevado sólo 48 horas después del golpe. En la comarca de la sierra cayeron durante la primera semana Olvera, Puerto Serrano, Espera, Villamartín, Bornos, Algodonales, Prado del Rey, El Bosque, Arcos de la Frontera, Zahara de la Sierra y Algar”. Las personas asesinadas en Villamartín lo fueron, por tanto, en la llamada ola exterminadora, un contexto sin frente ni combate, solo represión, hasta finales de 1936 y principios de 1937, al amparo del Bando de Guerra. A partir de marzo del 37, cuando muchos vecinos regresaban desde Málaga, se documenta un nuevo brote represivo en la comarca, esta vez institucionalizado mediante Consejos de Guerra, hasta ese momento reservados al estamento militar. Desde entonces, la Justicia Militar se convirtió en el instrumento regular de represión contra la población civil.

La clemencia que no tuvo esta maquinaria del terror rebelde, la tuvo el clima este sábado con las decenas de asistentes que quisieron honrar y dar digna sepultura a quienes, tras 90 años de impunidad, continúan sin identidad ni descanso bajo capas y capas de tierra. Sobre ella, miles de familias en todo el Estado español resisten como pueden los embates de las consecuencias físicas y psicológicas de un duelo negado durante décadas, en dictadura y en democracia. “La falta del cuerpo o de conocimiento de qué pasó no permite un adiós”, subraya la psicóloga Jara Pérez. Digamos que la psique “se queda en un estado de suspenso”. Encontrar el cuerpo del ser querido y dar sepultura a los desaparecidos “permite que el relato se pueda poner en marcha”, y hacerlo en contextos en los que la vergüenza ya no forma parte contribuye, de alguna manera, al proceso de reparación. Al sufrimiento señalado conviene añadir el silencio impuesto, el estigma y el señalamiento soportado por las familias los 40 años que duró la dictadura militar y lo que vino después. En España costó mucho, tras la muerte del dictador y una Transición que enterró lo sucedido, reavivar la llama de la justicia por la memoria histórica.

“No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia me sigue buscando”. No sé si recuerdan aquel vídeo documental de 2010 de la cineasta Azucena Rodríguez en el que personas de la cultura repetían esta letanía. Esa misma vigencia que reivindica, como tantos otros lugares, Villamartín donde el 73% de las víctimas eran jornaleros del campo.

Fue en 2021 cuando se hicieron los primeros sondeos de localización. Y, entre septiembre de 2022 y febrero de 2023, se desarrollaron los trabajos de excavación (financiados por Ayuntamiento, Federación Española de Municipios y Provincias, Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Diputación de Cádiz, Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, Asociación de Autoconsumo Productores El Zaguán y ARMH Cuenca) donde se hallaron las cinco fosas. La Fosa 1 contenía, en cuatro sacas, 18 víctimas, “muchas de ellas con claros indicios de muerte violenta y ninguna de ellas inhumadas en ataúd”, según reza el informe del equipo a cargo de las excavaciones. Jesús Román, arqueólogo bosqueño y coordinador de los trabajos, señala que se ha recuperado “gran cantidad de balística en las fosas, en el interior de los restos óseos, completas, deformadas, esquirlas o la impronta, compatibles con los calibres y modelos empleados durante la Guerra Civil, como la de arma corta de calibre 9 mm o la del fusil Mauser”. A estas alturas, el bagaje del grupo histórico-arqueológico permite distinguir el modus operandi de los fascistas españoles en un suspiro. 

Cinco enterramientos ilegales

A la primera se suman los restos hallados en la Fosa 2 (con 6 víctimas), la ampliación Este (con 1 víctima) y la Fosa 3 + Ampliación Oeste (con 9 víctimas). La Fosa 4 (con 13 víctimas) y la Fosa 5 (con 4 víctimas) se encontraban cubiertas con una capa de cal que, en estos contextos “indica que lo que quieren es una ocultación rápida del cuerpo. Que se descomponga rápido, que no dé problemas, quitarlo de en medio”, indica Román.

Aunque la actividad funeraria posterior ha alterado mucho la zona (y de algunas víctimas solo se ha podido exhumar parte de ellas e incluso ninguna), los trabajos completaron el hallazgo, delimitación y exhumación de los cinco enterramientos ilegales. Tampoco se descarta que existan más en el propio recinto y en las tapias del camposanto, así como en otras zonas del término municipal, como en La Pinaleda (Villamartín-Prado del Rey) y Cuatro Mojones (Villamartín-Algodonales). 

Con los restos hallados y enviados al Laboratorio de Identificación Genética del Departamento de Medicina Legal, Toxicológica y Antropología Física de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, falta que el ADN dé su veredicto. Pero falta algo más. Y es que una cosa es la lista de las personas asesinadas en un municipio (en Villamartín la cifra ronda los 115 ejecutados, entre ellos menores de edad, mujeres, algunas de ellas sexagenarias) y, otra muy distinta, saber a quiénes y a cuántos asesinaron o enterraron en ese mismo municipio procedente de otros. 

En el caso de Villamartín, el historiador Romero describe el funcionamiento del denominado “camión de la carne”, que recorría periódicamente la carretera de Villamartín a Arcos pasando por Bornos, y “recogía los muertos que encontraba en las cunetas y los descargaba en el cementerio de cualquiera de ambas localidades”. Esta tónica de traslado, dispersión y ocultamiento de los cuerpos responde a una táctica sistemática, común y continua en esta zona de la sierra gaditana con la intención de dificultar identificaciones e investigaciones posteriores.

Durante la ceremonia de inhumación, el sonido de lo que parecieron disparos (sin confirmar) en los alrededores no pasó desapercibido. Aunque no interrumpió el acto, el sonido tan cercano perturbó a algunos de los presentes, como un eco que devuelve a otros tiempos, acaso intentando callar a quienes llevan décadas reclamando una reparación que no llega. En este sentido, Antonio Pavón, ex secretario general de UGT en la provincia de Cádiz, reclamó ir más allá de los acuerdos de mínimos: “a las víctimas no las dignificamos porque nunca perdieron la dignidad. A quien tenemos que quitársela es a quienes señalaron, mandaron y ejecutaron, que siguen entre nuestros símbolos y nuestras calles” e instó a las administraciones públicas a profundizar y avanzar en las formas de reparación.  

Sobre la dimensión colectiva del acto, Francisco Salvador García, representante de Izquierda Unida en el consistorio local, recordaba que “esto es un acto político, que no partidista, que debería conmovernos a todos”, subrayando que la memoria histórica tiene que ver con los derechos humanos y son un compromiso de toda la sociedad, no códigos circunscritos a siglas partidistas. 

Participaron también del acto otros cargos públicos, así como familiares de las víctimas, y recordaron al sepulturero Sebastián Conde Angulo, que heredó la información de la localización de las fosas y la custodió colocando piedras sobre cada zona. En 2006, cuando se desarrolla el Mapa de Fosas de Andalucía, lo tuvo claro. “Donde Sebastián dijo que estaban, allí aparecieron”, recuerda Jesús Román. 

Esas piedras se guardan en Villamartín a buen recaudo. Igual que lo hicieron ellas con quienes estaban bajo tierra.