Crisis climática
Pozos ilegales más allá de Doñana: los acuíferos españoles se ahogan por las extracciones irregulares

Aunque el caso de Doñana es el que más titulares ha ocupado, la problemática de las extracciones irregulares de agua va mucho más allá de las fronteras andaluzas. En el Estado español, la existencia de pozos ilegales representa una grave amenaza para los acuíferos y la agricultura. Si bien no existen cifras institucionales actualizadas al respecto, diversas organizaciones medioambientales, como Greenpeace o el propio relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, estiman que podría haber más de un millón de estos pozos clandestinos en todo el país. La problemática se ha acentuado en regiones como Andalucía, conocida por su clima árido y su actividad agrícola intensiva. Pero no solo. La escasez de agua y la crisis climática han contribuido a agravar la situación, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los recursos hídricos y la producción agrícola en España.

De hecho, hace apenas una semana, el Ministerio del Interior se hacía eco de una investigación que estaba llevando a cabo sobre 18 personas por la captación ilegal de aguas subterráneas de un acuífero de dominio público en Mazarrón (Murcia). En colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura, consiguieron detectar 51 pozos ilegales que suministraban agua para invernaderos de agricultura intensiva. “Se calcula que habrían sido extraídos 2,5 millones metros cúbicos de agua, con un perjuicio económico de dos millones de euros”, explican desde Interior. Es decir, 300.000 litros de agua al día.

Uno de los principales problemas asociados a los pozos ilegales es la sobreexplotación de los acuíferos. Estas excavaciones clandestinas suelen extraer grandes cantidades de agua de forma no autorizada, como en el caso de Mazarrón, lo que afecta negativamente a la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en los acuíferos subterráneos. Esta sobreexplotación conlleva un riesgo de agotamiento y puede tener consecuencias devastadoras para el equilibrio hidrológico y los ecosistemas que dependen de ellos. 

“El caso de Murcia es uno de los ejemplos que más daño hacen, por sus grandes dimensiones. Grandes empresas esquilmando los acuíferos para producciones industriales”, explica Julio Barea, responsable de la campaña de Agua de Greenpeace y cuya trayectoria sobre crisis hidrológica en el Estado cuenta con más de veinte años de historia: “Siempre cuentan con la mirada a un lado de las administraciones y sus expedientes se quedan perdidos en los cajones”.

“El caso de Murcia es uno de los ejemplos que más daño hacen, por sus grandes dimensiones. Grandes empresas esquilmando los acuíferos para producciones industriales”, explica Julio Barea, de Greenpeace

Además, en un país europeo notablemente árido, la falta de eficacia en la gestión de los recursos hídricos ha sido un problema recurrente a lo largo de la historia. El robo de agua abarca más allá de la simple existencia de pozos ilegales. Hay otras prácticas comunes para obtener agua de manera ilícita como superar los límites de concesión autorizada o extraer agua durante períodos de restricción.

Curiosamente, uno de los delitos ambientales más frecuentes en España recibe muy poca atención legal. Esto se refleja en la escasa persecución de este tipo de infracciones. Como muestra de ello, las confederaciones hidrográficas solo registraron 7.557 denuncias entre 2013 y 2017, de las cuales 3.474 estaban relacionadas con pozos ilegales. Esta cifra resulta extremadamente baja si se compara con la magnitud del problema que estiman la mayoría de organizaciones ambientalistas. Por confederaciones hidrográficas, la del Guadalquivir encabeza la lista de número de denuncias tramitadas por pozos ilegales y le sigue la del Tajo, Ebro, Guadiana, Duero y, mucho más alejadas, la de Miño, Segura y Cantábrico.

El bucle insostenible de la agricultura intensiva

La agricultura es una actividad económica fundamental en el Estado español, especialmente en regiones como Andalucía o Murcia. La producción de frutas, hortalizas y cultivos intensivos es, por ahora, clave para el abastecimiento de alimentos y la economía del país. Sin embargo, esta dependencia agrícola unido a una normativa laxa también ha contribuido al aumento de los pozos ilegales. Las empresas agrícolas, en su afán por obtener agua para regar sus cultivos, recurren a estas perforaciones clandestinas como una forma de asegurar su producción en tiempos de escasez.

Pero la contradicción está servida. El uso de pozos ilegales para el riego agrícola tiene un impacto negativo en la sostenibilidad de la propia actividad agrícola a largo plazo. Por un lado, la sobreexplotación de los acuíferos reduce la disponibilidad de agua para otros usos, como el abastecimiento de agua potable o el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos. Además, el uso no regulado de estos pozos puede generar problemas de calidad del agua, ya que suelen carecer de los controles y tratamientos necesarios para garantizar su adecuada utilización.

El uso de pozos ilegales para el riego agrícola tiene un impacto negativo en la sostenibilidad de la propia actividad agrícola a largo plazo

Del mismo modo, el agotamiento de estos recursos perjudica sobremanera a los ecosistemas locales y provoca la reducción de los caudales de los ríos y humedales. Esto, a su vez, compromete la supervivencia de las especies de flora y fauna que dependen de estos hábitats acuáticos. Y la cadena sigue, también, en parámetros económicos, perjudicando a proyectos agrícolas respetuosos con el medio ambiente. La falta de regulación y control de los pozos ilegales genera una competencia desleal entre los agricultores y ganaderos que cumplen con la normativa y aquellos que se abastecen de forma ilegal. Esto crea distorsiones en el mercado agrícola y ganadero, afectando la rentabilidad y sostenibilidad de estos sectores.

Desidia política y ambición capitalista

La existencia de pozos ilegales en el Estado se debe a una combinación de factores, entre los que destacan la falta de información y conciencia sobre la legislación en materia de agua, así como la presión económica y social que enfrentan los agricultores y ganaderos. La dependencia de la actividad agrícola en zonas del sur de la península, especialmente en zonas áridas, es un factor que fomenta la perforación de pozos ilegales como una solución desesperada para asegurar el riego de los cultivos. 

Pero, sin duda, y como explica el especialista de Greenpeace, la falta de control y sanciones efectivas contribuye a la proliferación de los pozos ilegales. “La ausencia de un inventario actualizado y la falta de recursos y medios por parte de las autoridades competentes dificultan su detección y clausura”, sostiene Julio Barea. Además, la complejidad de atribuir responsabilidades individuales en un escenario generalizado de pozos ilegales dificulta la aplicación de sanciones y medidas disuasorias.

Las administraciones deben fomentar técnicas de gestión del agua más eficientes, educar y sensibilizar a la población, promover la cooperación y vigilar con recursos a las grandes empresas agrícolas

La problemática de los pozos ilegales requiere de una respuesta integral y coordinada por parte de las autoridades competentes. Entre las medidas y soluciones propuestas por las organizaciones ambientalistas de cabecera, por el CSIC o por la ONU tienen denominadores comunes. Es fundamental establecer un sistema de registro y control actualizado de los pozos y extracciones de agua, así como sanciones efectivas para aquellos que incumplan la normativa. Es decir, más control sobre el terreno. 

A su vez, las administraciones deben fomentar técnicas de gestión del agua más eficientes y sostenibles en la agricultura y la ganadería, como la implementación de sistemas de riego por goteo y la adopción de cultivos más adaptados al clima. También la educación se vuelve fundamental: informar y sensibilizar a los agricultores, ganaderos y la sociedad en general sobre la importancia de un uso responsable y sostenible del agua, así como las consecuencias negativas de la extracción ilegal. Desde Greenpeace insisten en “reforzar los recursos y medios de las autoridades competentes, como el Seprona y las Confederaciones Hidrográficas”. Y por último, promover la cooperación y el intercambio de mejores prácticas en materia de gestión del agua con otros países y organizaciones internacionales, aprovechando la experiencia y conocimientos de otros lugares con problemáticas similares.