Crisis climática
El Supremo dicta sentencia en el Juicio por el Clima, pero deja en el aire la fecha de su publicación

La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó este martes sentencia en el conocido como Juicio por el clima, a raíz de una demanda interpuesta hace ya tres años por diferentes organizaciones ecologistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón, Juventud X Clima y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. El objetivo es exigir el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia climática. A pesar de que los votos y el fallo del tribunal se hayan dado este martes 20, el resultado de las mismas no se conocería hasta dentro de unos meses, sin una fecha establecida todavía. Fuentes de Greenpeace reconocen la incertidumbre: “Suelen tardar aproximadamente un mes, pero no hay normas ni obligación, por lo que puede salir en una semana o en dos meses”.

Se trata del primer litigio climático que se da en España, si bien sigue una tendencia a nivel europeo en la que diversas cortes supremas de países como Alemania, Francia o Países Bajos han obligado a sus gobiernos a asumir responsabilidades y aumentar su ambición climática. Con este fallo, la Justicia española obligaría a crear políticas que persigan los objetivos marcados en acuerdos internacionales como el de París, en el que los firmantes se comprometen a reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Actualmente, el PNIEC (Plan Nacional Integral de la Energía y el Clima)  solo contempla una reducción del 23%.

El primer juicio por el clima del ecologismo contra el Estado queda visto para sentencia

Javier H. Rodríguez

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Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han conseguido sentar al Gobierno en el banquillo para demandar la reducción del objetivo de emisiones del actual 23% hasta el 55%

Juicio por el clima La foto del Gobierno en el banquillo por inacción climática, más cerca

Así las cosas, se presentan dos posibles escenarios. Como confirman fuentes personadas en la causa, en el caso de que el alto tribunal falle a favor del Estado, a efectos prácticos, no habría ninguna diferencia real con la situación actual, pues se estaría dando total libertad al Gobierno a emprender las acciones y políticas que considere oportunas para hacer frente a la crisis climática, amparando, eso sí, la adopción de medidas de poco calado o insuficientes que puedan acarrear la pérdida de un tiempo valioso en la lucha por evitar que el termómetro continúe subiendo.

El otro escenario es el fallo a favor de las organizaciones demandantes. Como ya ocurrió en el resto de países que han precedido al Estado español con un litigio climático, la Justicia podría obligar al Gobierno a cumplir con los acuerdos a los que se ha comprometido, mediante planes y políticas adecuados a esos objetivos. Para aterrizar la idea, está bien profundizar en algunos de los antecedentes a nivel europeo. El caso más reciente es el de Alemania, donde el Tribunal Constitucional dictaminó, a principios de 2021, que la Ley de Protección del Clima aprobada era insuficiente. Y no se quedó ahí, el Tribunal calificó de inconstitucional el hecho de no haberse enfrentado a los objetivos de reducción de emisiones durante tantos años y criticó la falta de detalle en la ley sobre cómo se pretendían cumplir dichos objetivos. Con todo ello, dio hasta el 31 de diciembre de 2022 para que se establecieran nuevos objetivos de reducción de emisiones a partir de 2031. 

En Francia ocurrió algo parecido con el 'caso del siglo', en el que el Tribunal Administrativo de París señalaba directamente las responsabilidades del Estado francés en la crisis climática, responsable de “daños ecológicos”, considerando ilegal que se incumpliesen los compromisos de reducción de emisiones a los que se había adherido. 

Países Bajos, por su parte, es el pionero en litigios climáticos. En 2015, el Tribunal de Distrito sentenció, en el 'caso Urgenda', que el Estado neerlandés debía reducir un 25% sus emisiones para 2020 respecto a 1990; una sentencia que su Tribunal Supremo ratificó en 2019. Y no es ese el único gran juicio climático que han tenido en el país de los tulipanes. En 2021, el tribunal del distrito de La Haya obligó a la petrolera Shell ha reducir sus emisiones de CO2 un 45% en los próximos diez años. El proceso, liderado por Amigas de la Tierra y con el apoyo de 17.000 ciudadanos neerlandeses, se conoció como 'el pueblo contra Shell'.

Amigos de la Tierra y Greenpeace llevan a Shell ante los tribunales por su contribución al cambio climático

Redacción El Salto

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Varias organizaciones ecologistas acusan a Shell de negligencia por su inacción ante el cambio climático y argumentan que la compañía viola los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el derecho a la vida y el derecho a la vida privada y familiar.

Con todo esto en mente, para Jaime Doreste, abogado de las organizaciones demandantes, una sentencia favorable “sería un enorme hito en el derecho español con respecto a las obligaciones de los poderes públicos de salvaguarda del patrimonio natural y la calidad ambiental, y el deber de cuidado y garantía de los derechos humanos". Una valoración que comparte Sofía Fernández, de Juventud X Clima, para quien, con esta decisión, “nos estamos jugando nuestro futuro y el de la legislación climática”.

Con todo ello, una decena de activistas de las organizaciones protagonistas del litigio se han concentrado en la mañana del martes frente a la sede del Tribunal Supremo bajo el lema “Gobierne quien gobierne, el clima se defiende”. Han puesto así el foco sobre la importancia de esta sentencia y de las acciones que se puedan desprender de la misma, más aún en un contexto electoral como el actual. Fernández, que ha sido una de las presentes, defiende que las políticas que deben construirse a partir de aquí, deben ser “ambiciosas, valientes y a la altura del momento histórico que estamos viviendo”. Y para ello, defiende el uso de todas las herramientas al alcance del movimiento climático, desde “manifestaciones en las calles” a la “ocupación de universidades” pasando, claro está, por “llevar al Gobierno ante los tribunales”.