Crisis climática
La foto del Gobierno en el banquillo por inacción climática, más cerca

Rara vez un Gobierno ha sido llevado a los tribunales por un colectivo tan joven pero, como señala Naiara Fernández, portavoz de Juventud por el Clima-Fridays for Future (FFF), el motivo no es ninguna nimiedad: “Están poniendo en riesgo la salud de las generaciones presentes y futuras, y la posibilidad de tener una vida digna para nosotras”. 

Fernández es es una de las representantes de FFF que han formalizado su participación como codemandantes en el juicio abierto en noviembre de 2020 por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón contra el Gobierno de España por no incumplir sus obligaciones en materia climática. Pero este colectivo juvenil, nacido de las protestas de la activista adolescente sueca Greta Thunberg, no es la única organización que se ha sumado este jueves al proceso. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo completa el quinteto que podría poner contra las cuerdas las políticas en materia climática del Ejecutivo, algo que ya ha ocurrido en países como Francia, donde en febrero el Estado fue condenado por no cumplir sus compromisos en reducción de gases de efecto invernadero. “Nos sumamos al juicio porque entendemos que la emergencia climática es ya una realidad y tenemos que afrontarla de todas las maneras posibles, desde las calles pero también desde los tribunales, porque es el mismo Gobierno el que no está cumpliendo con acuerdos que ellos mismos han firmado por otro lado”, denuncia la joven activista.

El 23% no es suficiente

Fernández, junto a representantes de las dos organizaciones que se suman a la demanda, han firmado este 17 de junio en el Tribunal Supremo su participación en el proceso. Los cinco colectivos denuncian que el Gobierno continúa muy lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden para cumplir los acuerdos climáticos internacionales. “Tanto el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC) como la Ley de Cambio Climático establecen una reducción de emisiones del 23% para 2030 respecto a 1990, muy lejos del 55 % que el país debería asumir para contribuir, de acuerdo con su capacidad y responsabilidad histórica, a limitar el calentamiento global a 1,5º y evitar los peores efectos del cambio climático”, señalan en un comunicado conjunto.

“Lo del 23% no lo llamaría directamente ambición”, denuncia Naiaria Fernández, “puesto que desde la UE y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el mayor organismo científico en términos de cambio climático, dicen que países como España, que tienen el poder económico y las capacidades de hacerlo, deberían tener una reducción del 55%; y nos quedamos a menos de la mitad”.

Cadena de litigios global

El juicio sigue una lista creciente de litigios climáticos que se están produciendo por todo el mundo, con algunas victorias recientes. Además del caso francés, por el que el Ejecutivo galo podría verse obligado a cambiar su política climática, el Tribunal Constitucional alemán obligó en abril al Gobierno de Angela Merkel a mejorar su ley climática, declarándola parcialmente inconstitucional, tras una demanda de nueve jóvenes en la que afirmaban que la insuficiente protección del clima viola directamente las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Un mes más tarde, el 26 de mayo, en los Países Bajos se producía otro fallo histórico al declarar un tribunal de La Haya a la petrolera Royal Dutch Shell culpable por la crisis climática. La sentencia obliga a la multinacional de la energía fósil a reducir sus emisiones un 45% en un plazo de diez años y supone la creación de una jurisprudencia que abría la puerta a la celebración de nuevos juicios climáticos contra empresas contaminantes y gobiernos. 

Demandas similares tanto contra gobiernos como contra multinacionales dedicadas a la energía fósil se han producido además en otras regiones del mundo, como en Estados Unidos, Canadá, India o Nueva Zelanda.

Aviso al Gobierno

“Estas sentencias constituyen un aviso para el Gobierno de España y el resto de Gobiernos europeos: la inacción ante el cambio climático es ilegal. Por eso, mientras el Gobierno de España siga sin reducir las emisiones de CO₂ de acuerdo con las recomendaciones científicas, seguiremos acudiendo a los tribunales”, ha afirmado Lorena Ruiz-Huerta, abogada del conocido como #JuicioPorElClima.

Por su parte, Jaime Doreste, otro de los letrados del proceso, asegura que “los derechos, y el derecho al medio ambiente adecuado y saludable se defienden ante los tribunales”. “Cuando ni las demandas científicas, ni el activismo ecologista, ni la participación en procedimientos reglados se plasman en unos objetivos climáticos suficientes, es la hora de los tribunales”, ha defendido el abogado.

El juicio de las cinco organizaciones españolas contra el Gobierno es un proceso pionero en España que busca obligar al Ejecutivo a incrementar su lucha contra la emergencia climática. La normativa clave en este sentido, la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ha sido muy criticada desde las organizaciones que firman el Movimiento por el Clima. “Presenta objetivos insuficientes y no concreta medidas en sectores clave en la descarbonización”, denunciaban el día de su aprobación en el Congreso desde Ecologistas en Acción. “Es una ley sacada de hace 10 años, ya no podemos permitirnos más tiempo y demora”, añadían desde FFF.