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Casa Real
Corinna Larsen denuncia por acoso a Juan Carlos I y apunta a los servicios secretos españoles
Semana complicada para la Casa Real y para el rey Juan Carlos I, exjefe de Estado entre 1975 y 2014. El medio británico Financial Times ha publicado hoy, 27 de julio, que el pasado diciembre Corina Larsen, expareja de Juan Carlos I, denunció al rey de la Transición en el Alto Tribunal de Londres.
Sus abogados lo acusan de acoso y han solicitado que no pueda acercarse a más de 150 metros de Larsen, además de una indemnización, aun no cuantificada, por daños y perjuicios. Las situaciones de acoso, según ha explicado Larsen, de profesión comisionista, se llevarían repitiendo desde 2012.
Larsen, que adoptó los apellidos de una pareja anterior —zu Sayn Wittgenstein— ha denunciado amenazas, difamaciones y vigilancia ilegal por parte de los servicios secretos. Hace un año, Larsen reveló en una entrevista con BBC nuevos detalles sobre los movimientos en su contra por parte del Centro Nacional de Inteligencia y su exdirector y hombre de confianza de Juan Carlos I, Félix Sanz Roldán.
Larsen acusa a Sanz Roldán de haberle dicho en una reunión en Londres en el año 2012 que no podía “garantizar su seguridad física o la de sus hijos”. Sanz Roldán ha negado los contactos con ella.
La denuncia abre ahora un impás para que los Tribunales británicos estudien la jurisdicción aplicable al caso, toda vez que Juan Carlos de Borbón reside desde hace un año en Abu Dabi y por su condición de exjefe de Estado de un tercer país.
Según el testimonio de la empresaria, los servicios secretos españoles tomaron como objetivo su apartamento en el principado de Mónaco. Ocuparon su apartamento en busca de documentos “de forma muy exhaustiva” y llevaron a cabo esa tarea durante semanas. Siempre según su versión, recibió una amenaza de muerte anónima que aludía a los túneles entre Mónaco y Niza, en referencia a la muerte de Lady Di en 1997. “En su apartamento suizo, dice, alguien dejó en el salón un libro sobre la muerte de la princesa”, refiere la nota de BBC, firmada por Linda Pressly.
La nota de Financial Times aporta nuevas piezas para entender el puzle. Según Larsen, los problemas crecieron a partir de 2012, año en el que Juan Carlos transfirió 65 millones de euros a la cuenta de su expareja, procedentes supuestamente de un “regalo” por parte del rey Abdullah, de Arabia Saudí. Larsen se negó a devolver ese dinero y el monarca comenzó entonces a perjudicar, siempre según la empresaria, su reputación en un mundo de influencias como el de la asesoría de inversiones para multimillonarios.
Larsen añade un elemento en su denuncia que se conoció gracias a las grabaciones del excomisario José Villarejo publicadas por uno de sus medios afines, OkDiario. La empresaria dice que Juan Carlos I recibió otro regalo, en este caso por parte del sultán de Omán, en forma de un apartamento en el barrio de Knightsbridge, en Londres. Corinna Larsen alega que el monarca le pidió un depósito de 200.000 euros para su mantenimiento. El piso no fue ocupado y Juan Carlos lo vendió por una cantidad cercana a los 50 millones de libras (58 millones de euros).
Periodismo
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Nueva cuenta en Suiza
Pero los acontecimientos de esta semana no terminan con la denuncia en Londres. Ayer, 27 de julio, trascendió que la investigación sobre la evasión fiscal que investiga el fiscal Yves Bertossa. La cuenta, a nombre de la sociedad pantalla Lactuva SA., radicada en Panamá, sería un vehículo para la red opaca vinculada al emérito, detrás de esa cuenta estaría alguien vinculada al rey emérito y todo formaría parte del mismo entramado al frente del cual está Álvaro de Orleans, primo de Juan Carlos I.
Arturo Fasana, el consultor suizo que testificó ante Bertossa que el rey emérito le había entregado 1,7 millones de euros, habría sido el encargado de la triangulación entre Lactuva y la Fundación Zagatka, en el eje de las investigaciones abiertas en Suiza.
Solicitud de comisión
El último cartucho de la semana tiene lugar en el Congreso de los Diputados, donde nueve formaciones han presentado en la Mesa la solicitud de creación de una Comisión de Investigación a raíz de las informaciones recientes sobre el papel de Juan Carlos I en el negocio de la venta de armas.
La comisión que, previsiblemente sea cortada en la mesa por los grupos socialista, popular y la ultraderecha, pretende indagar sobre las transacciones estructuradas en torno a la empresa Alkantara Iberian Exports, propiedad en un 51% del Estado español pero ajena al rendimiento de cuentas al estar radicada en Londres. Alkantara fue extinguida en 1989, después del estallido del caso Irán-Contra.