Ciencia
Sin vacuna contra la precariedad en la ciencia

Es 14 de septiembre y la Universidad de Oxford acaba de anunciar que reanudará los ensayos de la vacuna contra el covid-19 junto a la farmacéutica Astrazeneca, después de ser suspendidos por una posible reacción adversa en uno de los voluntarios. Carlos Estévez Fraga, subinvestigador del equipo, atiende a El Salto desde el epicentro de la noticia. Con voz entusiasta y jovial disimula el cansancio acumulado estos días. En esta ocasión no va a hablar de coronavirus, ha sido citado para explicar su experiencia personal y cómo las condiciones en España le empujaron a emigrar para poder investigar.

Estévez se formó como médico en Pamplona, hizo la residencia en Madrid y, tras esto, consiguió una beca de investigación que le permitía pasar la mitad del tiempo en consulta y la otra mitad en el laboratorio. “Yo siempre he tenido interés en la investigación, invertía hasta mis fines de semana para aprender”, relata. Gracias a ello consiguió otra beca en el Instituto de Neurología de Londres, en donde reside desde hace dos años.

Explica que, si bien es cierto que en España no hay mucho paro entre los médicos—aunque los salarios son proporcionalmente más bajos—, los profesionales no cuentan con tiempo asignado para la investigación. “Aquí, en Reino Unido, que un neurólogo dedique parte de su tiempo a investigar es fundamental. Yo paso consulta un día a la semana. Esto en España es más difícil”, confiesa.

Estévez, miembro del equipo que desarrolla la vacuna de Oxford, apunta que la formación de los médicos es muy buena, pero asegura que “regresar a España es duro, no hay facilidades para la investigación, aunque yo tengo claro que quiero volver...”

Estévez apunta que la formación de los médicos es muy buena comparada con otros países, “pero regresar a España es duro, no hay facilidades para la investigación, aunque yo tengo claro que quiero volver...”, deja en suspenso. No le parece descabellada la posibilidad de que se desarrolle en España una vacuna similar a la que se encuentra actualmente investigando en Oxford: “Se hacen muchos ensayos, aunque hay menos que en Reino Unido. Lo que es más difícil es desarrollar el fármaco, porque no hay tantos centros con la tecnología necesaria”. En pocos minutos, Estévez ha concretado algunos de los principales males que acechan a la investigación en España.

A la cola

Como Estévez, gran parte de los profesores, investigadores y expertos coinciden en que el principal problema de la ciencia en España es que está “infrapresupuestada”, algo que muchos achacan a una cuestión de prioridades. Según los datos del Observatorio Español I+D+i (ICONO), España dedica tan solo el 1,2% de su PIB al gasto en estos menesteres, porcentaje que sitúa a nuestro país a la cola de la OCDE, superado por otros como Estonia (1,29%) o la vecina Portugal (1,32%), y muy por debajo de la media europea, que se ubica en un 2%. Un escenario similar se plantea en cuanto al número de investigadores por cada millón de habitantes, 3.000 en España frente a los 4.066 de promedio en la UE, según los datos del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Tras la crisis de 2009, la desinversión en I+D+i sufrió un acelerón que hizo descender el presupuesto de manera vertiginosa. De los 9.673 millones de euros en 2009 se pasó a 6.394 en 2012, según los datos de ICONO. “La lamentable situación de olvido de la I+D+i entre las prioridades tras la crisis económica de 2008-2010 queda reflejada en el hecho de que la inversión de 2016 descendió a niveles de 2006. Una década perdida”, expresa Flora de Pablo, doctora en medicina, especialista en biología celular y, durante muchos años, profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC).

Según los datos del Observatorio Español I+D+i (ICONO), España dedica tan solo el 1,2% de su PIB al gasto en estos menesteres, porcentaje que sitúa a nuestro país a la cola de la OCDE y muy por debajo de la media europea, un 2%

El Consejo de Ministros aprobaba el 8 de septiembre una nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2021-2027. Entre sus objetivos se encuentra incrementar el esfuerzo en las inversiones en I+D+i y duplicar la suma de inversiones público-privada. “El problema es que este ya era el objetivo de varias estrategias de sucesivos gobiernos de distinto signo. Ni el sector público, ni, menos aún, el sector privado, han avanzado para cerrar la brecha que nos separa de países como Suecia, Finlandia, Alemania o Francia”, añade De Pablo. “El objetivo no puede pasar otra vez por un pacto de Estado para la ciencia, tantas veces propuesto y nunca ejecutado, por falta de visión de futuro de muchas fuerzas políticas. Tiene que ser una decisión de este Gobierno”, concluye. Por ahora, los datos desmienten el alegato que, hace un mes, compartió en un comunicado el Ministerio de Ciencias cuando aseguró que “por adversas que puedan ser las circunstancias, el compromiso de España y de este Gobierno con la ciencia es indeclinable”.

Cuestión generacional

Ana Muñoz tiene 25 años y trabaja en un laboratorio en Heidelberg (Alemania). Desde 2015 ha encadenado varios contratos en ese centro alemán, al cual accedió por primera vez cuando decidió hacer su Trabajo de Fin de Grado fuera de España. Consiguió una beca y los primeros cinco meses cobraba 500 euros. Se marchó porque veía positivo para su carrera adquirir experiencia en el extranjero, pero no solo: “En España, la financiación está bastante restringida”, expone.

Lo vio claro también durante su máster en bioinformática en Barcelona: de 25 alumnos matriculados, solo cinco cobraban algo —ella unos 1.000 euros en Heidelberg— mientras hacían proyectos de investigación en el marco del Trabajo de Fin de Máster, “dos que salimos del país y tres que pudieron tener un contrato de 300 o 400 euros en alguna empresa o start up, pero la mayoría trabajaba gratis teniendo una carga grande” de tareas. Ahora considera que no está bien pagada para la cantidad de responsabilidades que asume: cobra 600 euros por 11,5 horas semanales sobre el papel que resultan 35 en la práctica. En su laboratorio, el contrato completo, 38 horas semanales, solo tres más de las que hace, asciende a 2.200 euros. Espera que su condición de doctoranda se materialice pronto para optar a un mejor salario.

Más allá de la cuestión salarial, desde la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), un colectivo que agrupa a diez asociaciones que buscan “defender el reconocimiento social y profesional del personal de investigación en España”, su vicepresidenta, Violeta Durán Laforet, cree que los principales problemas de la carrera investigadora en el país se fundamentan en una cuestión estructural: “Falla la inversión, porque necesitamos que entre mucho más dinero para tener medios e instalaciones, pero también falta una estructura clara”, lamenta.

“No tenemos una carrera definida y estable donde un investigador pueda seguir desde el principio hasta el final una serie de etapas ni en la que sepamos qué criterios se siguen en cada una para desarrollarla sin grandes periodos de paro entre medias, que es lo que pasa ahora”. Estos factores hacen que exista una gran precariedad en el sector: un estudio reciente de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) arrojó que un 40% de los investigadores encuestados no tenían ningún tipo de contrato para hacer su tesis doctoral.

“Cuando sales de la etapa predoctoral existe un gran vacío”, expone Violeta Durán, de FJI. Lo explica por la falta financiación, pero también consideran que escasea el apoyo de las instituciones y lamentan que no exista un marco jurídico de protección en la etapa postdoctoral

La situación incluso empeora tras defenderla: Durán destaca que la primera etapa de la investigación —los contratos predoctorales, previos a la defensa de la tesis—, “la más vulnerable”, ha mejorado a nivel de regulación y número de ofertas en las últimas dos décadas gracias a la presión del colectivo, pero expone que “cuando sales de la etapa predoctoral existe un gran vacío”. Se debe, dice esta doctoranda en Biomedicina, a varios factores: por un lado falta financiación para que los grupos contraten a investigadores que ya terminaron su tesis, pero también escasea el apoyo de las instituciones para la continuidad de la carrera investigadora y no existe —y es una de las principales demandas de la FJI— un marco jurídico de protección en la etapa postdoctoral.

Formar, exportar, perder

“En España se forman investigadores buenos, quizás precisamente porque sabemos hacer mucho con poco”, aventura Durán. Pero el páramo que se encuentran los recién doctorados y la complejidad de seguir en España desarrollando carrera académica hasta estabilizarse hace que en la Federación hablen de la “internalización como emigración encubierta” como otro de los asuntos problemáticos: “Una vez entregada la tesis, te tienes que ir por lo menos cuatro años fuera para tener una oportunidad de volver, porque los contratos postdoctorales son tan competitivos que, o te vas y consigues hacer investigación en otro país —con los recursos de ese país, pero también produciendo para él—, o tienes que abandonar la carrera investigadora”.

Habla de un cuello de botella y lo ilustra con una autovía que, en España, solo tiene un carril (seguir la carrera investigadora aquí), pero donde la vía de servicio (irse al extranjero para hacer la investigación) ocupa diez carriles: “Al final es mucho más fácil tomar un desvío, que no sabes de cuántos años va a ser, que quedarte en España, porque hay un atasco tremendo”.

Los certificados de idoneidad para salir al extranjero emitidos por el Consejo General de Colegios Oficiales de médico pasaron de 1.380 en 2011 a 4.100 en 2019

Según el informe Nacional Río 2016, publicado por el Observatorio de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, España había perdido 12.000 científicos desde 2010 a 2015. Otro dato ilustrativo: los certificados de idoneidad para salir al extranjero emitidos por el Consejo General de Colegios Oficiales de médico pasaron de 1.380 en 2011 a 4.100 en 2019. “La tendencia es clara”, valora la Asociación de Médicos Internos Residentes (AMIR) de España, “la gente va donde se la respeta y valora”.

En 2001, Álvaro Peralta decidió empezar una tesis doctoral tras licenciarse en Física en la Universidad de Sevilla. “Me fui a Alemania unos años porque yo pensaba que investigar era un trabajo, y no estaba dispuesto a trabajar sin cobrar”, espeta. Su primer sueldo allí, en 2001, fue de 1.200 euros. “La academia ya tiene un sesgo socioeconómico, y el hecho de tener que emigrar para desarrollar la carrera investigadora supone también un sesgo, además de que no todo el mundo tiene por qué querer irse”, reseña Peralta.

Oliver Pérez lleva años encadenando contratos en varios países, y ahora mismo trabaja para la farmacéutica Sanofi en Boston. “Quiero vivir en España, he disfrutado esta etapa pero cada vez se hace más duro tener que marcharse cuando empiezas a tener una comunidad”. Sin embargo, ve difícil el panorama en su país de origen: hace poco participó en un proceso de selección para un puesto de trabajo en Madrid; era un contrato de seis meses que podría llegar a prorrogarse en función del avance de la pandemia y estaba remunerado con 1.500 euros al mes. “Puede parecer que no es poco, pero sí lo es teniendo en cuenta la experiencia que se requiere”, justifica, y hace referencia a lo caro que es vivir en la capital. 

Un informe realizado por la FJI concluye que, de 2008 a 2018, el poder adquisitivo de los investigadores disminuyó entre un 17 y un 21% en los principales contratos postdoc. Los 30 se acercan, su contrato en Boston llega a su fin, y Pérez lamenta que viajará en su regreso a España con un currículum muy completo pero sin ninguna garantía de trabajo.

Males endémicos

Cuando Álvaro Peralta terminó su tesis en Alemania, y tras un parentésis postdoctoral en Creta y unos años en la Universidad del País Vasco, decidió asentarse en Salamanca, donde le ofrecieron un puesto de trabajo en el Centro de Láseres Pulsados (CLPU). Allí ejerció seis años hasta que su contrato “se resolvió con un despido improcedente ganado en tribunales”, narra. Achaca su expulsión a las denuncias de las malas praxis que veía en la academia, su conciencia de clase y a su condición sindicalista. Tuvieron que indemnizarle, pero no le readmitieron, “y no porque no sirviera, sino porque no me querían ahí”, asevera.

El despido de Peralta no es el único que ilustra los males endémicos de la carrera científica. Recientemente, tres profesores de Medicina de la Universidad de Málaga tuvieron que ser readmitidos tras un despido improcedente, después de varios años encadenando contratos temporales mientras cumplían funciones estructurales. El sonado caso de Fernando Serranía, que denunció graves irregularidades en un proyecto del CSIC financiado por ayudas públicas de la Unión Europea, hizo que este físico fuera expulsado del organismo. Peralta hace mención también a la noticia de un centro público de investigación cuyo director poseía, junto a su mujer, el 25% de una empresa a la que contrataba: “La ley lo impide y ahí sigue”.

A ello se añade, lamenta, las “spin off creadas ad hoc para utilizar conocimientos generados por la inversión pública para beneficios privados”, las plazas “que no son un concurso de méritos, sino que están destinadas a una persona aunque se disfracen de otra cosa” o los casos de fraude vinculados a las revistas científicas, donde resalta el trabajo de la microbióloga Elisabeth Pick, que expone manipulaciones en investigaciones, o del periodista Leonid Schneider, una de las personas que destapó el caso López-Otín, que obligó a retirar ocho investigaciones de uno de los científicos más prestigiosos de España.

Peralta ve imprescindible que exista protección para denunciantes y un sistema punitivo que responda a las malas prácticas que se producen en universidades u organismos públicos de investigación

Por eso, para él, la solución no pasa por aumentar fondos: “Una universidad o centro de investigación caracterizada por la endogamia, donde no llega el que más vale, sino el que más rinde pleitesía, donde hay gente a la que ofrecen trabajar sin cobrar... ¿Juntas todo eso y me dices que hay que aumentar fondos, cuando la situación está podridísima? La solución pasa por limpiar, no se puede permitir este estado de corrupción en la academia”. Peralta ve imprescindible que exista protección para denunciantes y un sistema punitivo que responda a estas malas prácticas.

Violeta Durán está de acuerdo en que hace falta más transparencia, pero también hace referencia a la dificultad que encierra justificar cada gasto, por mínimo que sea, realizado en los proyectos de investigación. En este sentido, Alberto Ferrús, profesor de investigación del CSIC ad honorem y experto en Neurobiología en el Instituto Cajal, aboga por una reestructuración del aparato burocrático, argumentando que en algunas ocasiones no se llega ni a ejecutar el 70% de lo asignado al proyecto: “La burocracia en España para la gestión de los fondos de investigación es tremenda y los porcentajes que las instituciones se llevan a veces son incluso alegales”, denuncia. Admite que existe un problema en la magnitud de los fondos públicos, pero también en su gestión: “Hay que mejorar la eficiencia con la que se usan los fondos, y esto pasa por decisiones que no son populares y que resultan incómodas”, expone.

“Muchas administraciones autonómicas establecen líneas prioritarias calcadas de Bruselas. Por eso existen temas sobrefinanciados mientras que otros temas malviven”, explica Ferrús, profesor de investigación del CSIC

Hace alusión a la duplicidad de investigaciones: “Muchas administraciones autonómicas establecen líneas prioritarias calcadas de Bruselas. Por eso existen temas sobrefinanciados, mientras que otros temas malviven”, explica. Durán coincide: “Hay un problema en la distribución de la riqueza, donde unos grupos reciben muchísimo dinero y otros muy poco, y esto no tiene que ver con su calidad, sino con que es muy difícil llegar hasta el punto en el que se cumplen los requisitos para obtener financiación”. Según los datos de ICONO, en 2017 el sector privado encabezaba la financiación de la ciencia, con un 47,7 % del gasto, frente al 43% del sector público. Previa crisis, los fondos públicos ganaban por goleada, con más del 50%.

Ferrús apunta algunas soluciones para aumentar la consecución de fondos privados, que pasan por reformar la ley de Mezenazgo, para que aporte mayores ventajas fiscales a los empresarios que decidan donar dinero a la producción científica, y endurecer las condiciones para la evasión fiscal. Aun así, considera que vivir de donaciones tampoco sería solvente y que es necesario un cambio de prioridades en los criterios de distribución de fondos públicos, pero también de la financiación privada. “Se han hecho grandes esfuerzos para que las empresas inviertan en I+D+i. Se han dado créditos ventajosos. Pero las empresas que podrían hacerlo son pocas, la mayor parte de las compañías que hay en España son delegaciones de venta de la casa matriz que está en otro lugar”, añade.

Una profesión ingrata

Raquel Pérez Gómez

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Una profesión ingrata

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En ciencia quieren gente “altamente motivada” y con “total disponibilidad”: esclavos con alta formación y salarios míseros.

¿Quién Lo paga?

La reciente investigación de la UAM también ha puesto cifras a algunas consecuencias de este panorama: ocho de cada diez doctorandos presentan altos niveles de agotamiento emocional, más de la mitad (58%) experimentan síntomas de despersonalización y casi seis de cada diez remiten niveles bajos de realización personal. Ana Muñoz no se muestra sorprendida con los resultados: asumen niveles de exigencia altos en un contexto de baja seguridad, donde lo único que saben es que “vamos a vivir peor que nuestros padres”.

Según el estudio de la UAM, el 36% de los doctorandos encuestados confiesa haber tenido problemas de ansiedad o depresión

Según el estudio de la UAM, el 36% de los doctorandos encuestados confiesa haber tenido problemas de ansiedad o depresión, algo que Peralta valora como “muy injusto”. Él vincula las dinámicas de la academia con la mala salud mental: “Una vez estás en la rueda, tienes que publicar cada vez más, aumentar tu índice H [un sistema que mide ‘la calidad profesional’ en la academia], y si no publicas no llegas”.

Para los jóvenes, tampoco ayuda el hecho de que disminuya progresivamente el porcentaje de menores de 35 años contratados en universidades como ayudantes doctores o el continuo envejecimiento de la plantilla docente en estas instituciones. O que si Muñoz no se hubiera marchado a Alemania, quizás entraría en ese 42% de personas jóvenes que no tiene trabajo en España, una cifra que ubica al país, a falta de conocer los datos de Grecia, a la cabeza de desempleo juvenil en la UE.

“Cuando no tienes la menor idea de cuál va a ser tu puesto de trabajo dentro de dos años, si vas a tener financiación o no para realizar un proyecto de investigación, qué va a ser de ti en unos pocos meses… Tienes todos esos componentes que resultan en una situación realmente frustrante, y además se añade lo competitivo del mundo de la investigación, donde obtienes financiación a partir de resultados tangibles”, expresa Violeta Durán, que hace referencia al conocido dicho Publish or perrish (publicar o morir): “Tus resultados, tu éxito, tu carrera investigadora y tu valía como investigador se va a evaluar según la cantidad de resultados que publiques. Eso añade muchísima presión a los investigadores”.

Papers y más papers: las sombras en la industria de las publicaciones científicas

Álvaro Lorite

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Papers y más papers: las sombras en la industria de las publicaciones científicas

Álvaro Lorite

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Hacerse un lugar en el mundo de la investigación pasa por la publicación de artículos en revistas científicas. Cuantos más papers publique un investigador, más posibilidades tendrá en el competitivo ámbito académico. Lo mismo pasa con las universidades, a las que las publicaciones reportan prestigio. Pero, ¿qué hay detrás de la industria de los papers? 

Un ejemplo claro de esta presión es la experiencia de Oliver Pérez, que hace unos años, durante una estancia de investigación en un laboratorio de Madrid, tuvo lo que recuerda como una de las peores épocas de su vida. Su jefe de laboratorio le llamaba a horas intempestivas, le pedía que no acudiera a sus clases para hacer trabajo de investigación y llegó a agredirle verbalmente, narra, en repetidas ocasiones: “En ese momento tenía cero ganas de seguir en la ciencia”, expone. A ello se sumaba la desilusión al no encontrar nuevos contratos.

Pérez descartó el doctorado al ver que un expediente académico excelente no se materializaba en oportunidades en la ciencia. Mientras, algunos de sus compañeros trabajaban gratis por el renombre de los organismos. “Acabamos teniendo mucha formación pero nada de trabajo, estamos sobrecualificados de hecho para algunos puestos”, lamenta Pérez. Peralta hace referencia al “mito de la vocación” por el que están mediatizados los jóvenes científicos y el hecho de que las propias dinámicas hacen que mucha gente se quede por el camino: “Si no aguantas en el sistema, si no esperas tu turno para la promoción, no llegas”, defiende mientras añade que “se pierde mucho talento en la academia”.

“Acabamos teniendo mucha formación pero nada de trabajo, estamos sobrecualificados de hecho para algunos puestos”, lamenta Pérez, biotecnólogo que trabaja en Boston y quiere volver a España pero subraya las dificultades de hacer carrera aquí

Violeta Durán incide en este punto en la necesidad de un estatuto que regule las condiciones laborales del personal investigador. El Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) que prepara el Ministerio de Universidades, y que ya se ha encontrado con la oposición de varios sindicatos y colectivos, tampoco contenta a la FJI: “Se centra mucho en lo docente, no contempla tanto la actividad investigadora del personal en las universidades y creemos que no refleja su realidad”. En el colectivo opinan que lo fundamental es sentarse a hablar para abordar la cuestión de la financiación y definir los pasos que se deben dar en cada etapa de la carrera investigadora.

En un informe publicado por el grupo, se concluye que cuanto más se avanza en la carrera investigadora, menos probabilidad hay de conseguir un contrato indefinido: frente a los aproximadamente 2.000 contratos uniendo FPI y FPU [de formación predoctoral], solo 225 fueron ofertados en las etapas postdoctorales junior e intermedia, y 175 en la postdoctoral senior. “Es imposible absorber esa cantidad de gente que estamos formando, y que haya una capacidad de planificación es imprescindible para la carrera científica, porque ahora mismo los pasos a seguir desde que entregas la tesis hasta encontrar un puesto de trabajo no se conocen exactamente: ¿te tienes que ir a un centro de prestigio? ¿Tienes que estar 10 años trabajando en la universidad como profesor asociado para ver si consigues meterte? ¿Tienes que encadenar contratos de tres meses con paros de tres meses a ver si con suerte te dan un proyecto y te pueden financiar?”, enumera Durán. Esta incertidumbre, sostiene, hace que mucha gente abandone la carrera investigadora. Y esto, avisa, perjudica a la propia calidad de la investigación en España.

Hacia una cultura científica

“Creo que hay una cuestión importante: qué se investiga y cómo se investiga”. Para ilustrar esta afirmación, Peralta recurre a su experiencia en el CLPU: “El centro está en un pueblo, ¿crees que a sus habitantes le sirve de algo que esté ahí? Tienes un centro de investigación que debería establecer lazos de una u otra forma en la sociedad, ¿si no para qué un municipio está destinando terreno y recursos?, ¿para que tú juegues con tu juguete, que paga la sociedad?”. Aunque sabe que a veces es difícil, según la materia, apuesta firmemente por la divulgación y porque desde la ciencia se aborden problemas que de verdad afectan a la sociedad. “Estamos viviendo una especie de depotismo ilustrado donde pedimos a la gente dinero y a veces no le explicamos para qué”.

Ana Muñoz coincide en la importancia de la divulgación y lo relaciona con la desinversión: “Parece que cuesta mucho divulgar la ciencia y concienciar de su importancia, pero luego todos queremos la cura del cáncer. La investigación tiene impacto en todos los niveles de la vida, todo es investigación”. Por eso ve imprescindible apoyarla. “Ahora es el coronavirus, pero dentro de unos años será por el cambio climático, por otra enfermedad o por necesidades que requieren investigación y desarrollo”, apoya Violeta Durán. Para ella, se ha visto claro en la pandemia, donde se ha recudido a países con más cultura de la investigación para conseguir material médico.

“Si vamos a tener un sistema en el que formamos a personas para que acaben en el extranjero, para eso cerramos la universidad. Porque si vamos a optar por ser el bar de Europa, para qué queremos tenerla”, resume Peralta, que opina que todo guarda relación con el tipo de país al que se aspira ser.

“Cuando un avión de combate de última generación se cae, supone el equivalente de todo un instituto de investigación, equipado e incluyendo los sueldos de sus 200 trabajadores durante cinco años”, destaca Ferrús

Alberto Ferrús coincide en que se requiere un cambio de mentalidad: “Nada es gratis y la riqueza es limitada, así que se impone una escala de prioridades. España ha realizado obras magníficas que han servido para proyectar una imagen de país moderno, pero más allá de eso, ¿cuánto dinero ha costado el kilómetro de AVE por usuario? ¿Por qué se construyeron aeropuertos donde no había aviones o autopistas donde no había coches?”, cuestiona. La investigación, defiende Ferrús, no es cara al compararse con estos ejemplos: “Cuando un avión de combate de última generación se cae, supone el equivalente de todo un instituto de investigación, equipado e incluyendo los sueldos de sus 200 trabajadores durante cinco años”.

Flora De Pablo se muestra optimista con que la pandemia y la entrada de fondos europeos puedan suponer una apuesta firme por la I+D+i en España, y anima a la juventud a seguir adelante en la carrera científica y tecnológica: “Investigar es una profesión ‘de riesgo’, pero vale la pena”, opina esta doctora en Medicina.

No obstante, una profesión debe ser pagada, y en este aspecto a Violeta Durán le parece decepcionante el plan de choque anunciado en julio por Pedro Sánchez para la investigación, que percibe lejos de una verdadera apuesta por la sociedad del conocimiento. “Ahora mismo hay diez vacunas que se están probando y la nuestra no está para nada en el mismo momento, y eso es porque no hay financiación ni apoyo de las instituciones”, subraya. Critica la tendencia cortoplacista de España y recuerda la ciencia requiere una apuesta a futuro: “Ahora es el momento de dar un paso adelante y que no se quede todo en palabras”, concluye.

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Redacción El Salto

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Varios sindicatos llaman al personal técnico, profesorado, investigadores, estudiantes y subcontratas de universidades y organismos públicos de investigación a movilizarse por sus derechos laborales el próximo miércoles 21 de octubre.