Universidad
Personal investigador, técnico y docente irá a la huelga el 21 de octubre

Varios sindicatos llaman al personal técnico, profesorado, investigadores, estudiantes y subcontratas de universidades y organismos públicos de investigación a movilizarse por sus derechos laborales el próximo miércoles 21 de octubre.

Metro Ciudad Universitaria
Metro Ciudad Universitaria Álvaro Minguito
14 oct 2020 05:49

El pasado 7 de octubre, la Coordinadora Investigación y Universidades del sindicato CGT anunciaba el llamamiento a una huelga entre el personal del sector universitario y de investigación que se celebrará el próximo 21 de octubre “ante un sistema que explota a sus trabajadores, ante una universidad y una investigación mercantilizadas, ante la precariedad de una plantilla exhausta y ante la gestión clasista de la covid-19”. 

La convocatoria de CGT, junto al colectivo Doctorands en Lluita, el Sindicat d'Estudiants del Països Catalans y la Coordinadora Obrera Sindical (COS), fue presentada ayer martes por el primer sindicato. “Hace ya años venimos denunciando que el sistema universitario está fundamentado en la precariedad y en la explotación de los trabajadores, la ausencia de estabilidad en la plantilla, la baja remuneración y las jornadas maratonianas”, exponen desde la Coordinadora, que también menciona la implantación del plan Bolonia como uno de los motivos que está llevando a la expulsión —debido a las dificultades para compaginar trabajo y estudios, que se suma a las tasas y precios de matrículas— de estudiantes de clase obrera, “fomentando así la elitización” de la educación superior.

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A un sistema universitario y de investigación que los sindicatos y colectivos convocantes categorizan de “insostenible” y una pandemia que consideran “simplemente un nuevo mazazo” —que ha subrayado la necesidad de reducir ratios y de incrementar el personal y la financiación, así como la existencia de la brecha digital y social, según insiste el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)—, los organismos convocantes añaden otros motivos para la huelga por sectores.

Desde la perspectiva del Personal Docente e Investigador, exponen desde la Coordinadora, “vemos cómo nuestro trabajo ha ido empeorando en las últimas décadas”, haciendo mención a los despidos tras la crisis del 2008 y la reducción en la inversión en investigación. “A pesar de todo esto, el personal ha mantenido la enseñanza de la investigación gracias al esfuerzo voluntario de profesores e investigadores”, expone en su exposición el sindicato CGT. Esto les lleva a exigir un refuerzo en las plantillas de personal docente e investigador (PDI) de forma que se garantice “tanto una enseñanza superior de calidad como que se puedan llevar a cabo los proyectos de investigación que han sido paralizados”.

También exigen una prórroga de un año de todos los contratos temporales de investigación cuya labor se ha visto paralizada por la pandemia, y una serie de medidas estructurales como abordar el problema del profesorado asociado para que no vuelva a suceder que haya “figuras con distintos salarios y distintas posiciones que realicen el mismo trabajo”.

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Por la parte que corresponde al personal de administración y servicios (PAS), los convocantes introducen que el hecho de que “el sistema de investigación se esté basando en necesidades económicas y no de carácter social” ha convertido a la investigación en “los departamentos de I+D de las empresas”, motivo por el que animan al PAS a sumarse a la huelga: “Uno de los grandes males [de este hecho] es la externalización de los servicios, pues cada día hay más tareas externalizadas, incrementando la precariedad”. La CGT subraya que los servicios básicos de las universidades y centros de investigación (cafeterías, limpieza, etcétera) continúan privatizados.

Entre los motivos que llevan a la huelga, el SEPC también recuerda que el nuevo curso comenzó de manera incierta y sin garantías, y que durante el mes de octubre “alrededor de 150 doctorandos perderán su beca o su contrato no será renovado”. Los organismos convocantes también exigen medidas encaminadas al cuidado de la salud física y mental de quienes trabajan en universidades y organismos públicos de investigación, así como que se aborde la conciliación de vida personal y laboral y que, en definitiva, se garantice “una investigación y una universidad para la clase trabajadora”.

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