Derecho a la ciudad
“The Bid bang theory”: nuevas prácticas para la mercantilización de la ciudad

En febrero de 2002, Jordi Pujol aun presidía la Generalitat de Catalunya y ostentaba el título de Molt Honorable. Pasqual Maragall llevaba tres años en el Parlament y había sido el candidato con mayor cantidad de votos, no así en escaños, en las elecciones de 1999. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), con él a la cabeza, registraba una proposición no de ley con el objetivo de regular las, desde entonces, conocidas como APEU, Áreas de Promoción Económica Urbana, "constituidas por propietarios e inquilinos con una actividad económica y comercial que se dedican a promover el desarrollo empresarial y la mejora de una determinada área diferenciada y delimitada, compartiendo los costos para disfrutar de los resultados, mediante el pago de un tributo".

La mayoría conservadora de la cámara, sin embargo, tumbó la medida. Comenzaba así el recorrido de este tipo de organizaciones en la historia de Catalunya, aunque también en la del resto del Estado. Habría que esperar más de una década para ser testigos de su implantación en nuestros pueblos y ciudades.

Según la profesora Helena Villarejo, de la Universidad de Valladolid, las APEU o BIDs (Business Improvement Districts por sus siglas en inglés) son "organizaciones dirigidas privadamente y autorizadas públicamente que prestan servicios públicos adicionales dentro de una determinada área geográfica gracias a la generación de ingresos anuales provenientes de las contribuciones de los propietarios y/o comerciantes".

Estas instituciones surgieron en Canadá en 1969, comenzando su andadura al año siguiente en la ciudad de Toronto. La colaboración entre comerciantes de una zona de la ciudad, el Bloor West Village, se veía entorpecida por los conocidos como free-riders, empresarios del área que se beneficiaban de la acción conjunta de la asociación local pero no participaban en su financiación.

La solución planteada pasó por obligar a esos free-riders a costear las actividades de revitalización de la economía local que llevaban a cabo el resto de participantes. Nace así el primer BID mediante la modificación, primero, de la Ley Municipal de la Provincia de Ontario y, posteriormente, de la Ordenanza Municipal 170/70 del Ayuntamiento de Toronto. Desde entonces, estas entidades han proliferado enormemente, sobre todo en Norteamérica, aunque también en Reino Unido, Países Bajos y Alemania.

En el ámbito del Estado español solo hemos conocido, hasta ahora, a sus parientes cercanos: los Centros Comerciales Abiertos

De hecho, se calcula que, solo en Estados Unidos, hay entre 1.000 y 2.000 áreas de este tipo, siendo las más conocidas, y las que han servido de modelo al resto, los de Time Square, Gran Central Partnership o Bryant Park, todos ellos en Manhattan.

Las razones para la aparición de los BIDs son numerosas y variadas. El declive de los centros urbanos, sobre todo después de la II Guerra Mundial, y las consecuencias generadas por las políticas fordistas-keynesianas, las cuales pusieron el acento en la suburbanización así como en creación de infraestructuras de transporte y comunicaciones, son algunas de estas razones. Los nuevos formatos comerciales, como los centros comerciales o malls, los hipermercados y los supermercados; las políticas neoliberales implementadas a raíz de la crisis capitalista de los años 70, que contemplaban la ciudad como el sustrato ideal para la extracción de plusvalías; la necesidad de crear comunidad como forma de dinamizar la economía urbana; los problemas de financiación pública, sobre todo municipal, que dieron lugar a la aparición de los partenariados público-privados (PPP), entre otros. Es, de hecho, este último factor, los PPP, los que le dan el soporte teórico, técnico y organizativo a los BIDs.

Avances en Catalunya

En el ámbito del Estado español solo hemos conocido, hasta ahora, a sus parientes cercanos: los Centros Comerciales Abiertos. Estos dispositivos, basados principalmente en la implementación de estrategias de marketing conjuntas, en actividades de animación de calles y plazas del centro de la ciudad y en el establecimiento de líneas de imagen corporativa común, perseguían imitar algunas de las características de las grandes superficies mediante cierta oferta integrada, así como la cooperación entre distintos comercios compartiendo servicios y aprovechando economías de escala.

Sin embargo, su éxito ha sido relativo. Se han profesionalizado escasamente, no ha habido un implicación importante por parte de algunos de los agentes económicos aludidos, sobre todo las grandes marcas, y han tenido problemas de financiación debido a la presencia en su seno de los ya mencionados free-riders.

La solución a esto ha pasado por retomar la idea de las Áreas de Promoción Económica Urbana, tanto a nivel catalán como a nivel estatal. De esta forma, el Grupo Parlamentario del Partido Popular presentó, en 2014, una proposición no de ley en la Comisión de Economía del Congreso instando al Gobierno a poner en marcha este instrumento y a desarrollar "los programas de incentivos [...], propiciando todos los cambios normativos que para ello fueran necesarios". Sin embargo, su recorrido fue escaso. Al año siguiente se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones, las cuales se repitieron en 2016, de forma que el tema, a fecha de hoy, no se ha vuelto a retomar.

No ha sido así, no obstante, en el caso de Catalunya. El Govern català de Junts Per Sí (JxS) ha desarrollado parte de sus competencias en promoción económica mediante la Llei de Comerç, Serveis i Fires, aprobada por el Parlament en el verano de este año.

En el artículo 54 de esta ley se contemplaba la creación de las Áreas de Promoción Económica Urbana, APEUs. La finalidad de las mismas, según la citada normativa, pasaba por conseguir mejoras específicas de carácter económico; complementar los servicios que prestan las administraciones y favorecer el asociacionismo y la participación en las políticas económicas públicas.

Sin embargo, una posterior Disposición Adicional Tercera emplazaba al propio Govern a, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la Ley, aprobar un marco regulador específico para las APEUs estableciendo, como mínimo, su delimitación, el apoyo necesario para su creación, su presupuesto, la necesidad de aprobación de un plan estratégico, su forma jurídica y su gestión profesionalizada. Los 18 meses aun no han concluido, pero esto no ha sido un obstáculo para que el Ayuntamiento de Barcelona haya dado los primeros pasos a la hora de poner en marcha estas APEU en la capital de Catalunya.

Para Daniel Pardo, miembro del colectivo Ciutat Vella no està en Venda (CVNEV), la forma en que el actual Gobierno de Barcelona está llevando a cabo la puesta en marcha de este tipo de mecanismo en la ciudad es "opaca". "No hay información pública al respecto. Aunque habíamos tenido noticias de que algo estaba en marcha hace tiempo, a raíz de los movimientos de la oposición –el Partit Demòcrata Europeo Català, PdeCAT, ex CiU–, que pedían información detallada al respecto, lo que hizo que nos interesamos más por el tema". La necesidad de informarse y formarse al respecto ha llevado a cabo a este colectivo a realizar una serie de acciones, entre otras, la organización de una charla abierta al vecindario en plena Plaça Comercial, en el barrio del Born, el sábado 4 de noviembre.

Y es que, de hecho, los primeros movimientos en el Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar las APEUs se producen en 2016, justo después de que el PSC firmara el Pacto de Gobierno con Barcelona en comú (BeC), y se hiciera cargo, entre otras, de la Concejalía de Comercio, poniendo a Montserrat Ballarín al frente.

El programa electoral con el que el PSC, con Jaume Collboni a la cabeza, se presentó a las elecciones de 2015, el "Plan Collboni para Barcelona", incluía, en su acción 16, "potenciar las áreas de promoción de la economía urbana, APEUs", hecho que se pretendía lograr facilitando que los comerciantes propusieran "actuaciones de dinamización, de horarios (en el caso de poder acreditar una afluencia turística), de seguridad o de limpieza, entre otros, que quieran priorizar y desarrollar en su área". Así que lo que está haciendo el PSC es, básicamente, poner en marcha parte de su ideario.

Sin embargo, dicho programa podría incidir en algunas de las controversias detectadas hasta ahora en el funcionamiento de los BIDs por investigadores como la profesora Helena Villarejo: escaso control democrático, privatización encubierta del espacio público, fragmentación del espacio urbano, incremento del valor del suelo, efecto bola de nieve, o big bang, ya que el comercio limítrofe a estas áreas también quiere beneficiarse de sus efectos positivos mediante la instauración de su propio BID, gentrificación, etc.

La principal preocupación de Daniel Pardo pasa por que es "el privado administrando lo público, de forma que lo público acaba aceptando su pérdida de poder ante los intereses privados, algo que puede degenerar, además, en la exclusión de determinados colectivos del espacio público, así como de todos aquellos y aquellas que se considere que no mantienen actitudes correctas".

Entre los avances del Ayuntamiento de la ciudad en este ámbito está el planteamiento de dos proyectos piloto, uno en Born y otro en el barrio de Sant Andreu del Palomar. También se ha llevado a cabo un encargo de consultoría al Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de Girona, relacionado con el desarrollo de los instrumentos legales necesarios para la autofinanciación de los BIDs, ya que la actual Ley de Haciendas Locales no recoge esta posibilidad, y se ha participado, entre otros, en el VIII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, organizado en Madrid en septiembre de este año.

Sin embargo, todo parece indicar que el desarrollo de los mismos se encuentra, cuando menos, estancado. Entre otras cuestiones, fuentes consultadas afirman que el Eix Comercial de Sant Andreu del Palomar –entidad encargada de poner en marcha el proyecto piloto– carece del presupuesto necesario para cofinanciar la actividad solicitada desde el Ayuntamiento. Además, en la reunión del 14 de septiembre del Consell del Districte de Ciutat Vella –al que pertenece el barrio del Born– a la pregunta de la también miembro de CVNEV Anna Moreno sobre los peligros que podría tener una acción de estas características, la regidora del Districte, Gala Pin, se limitó a señalar que “estaban pendientes de reunirse con la Concejalía de Comercio para ver cómo avanzaba el proyecto […], aunque la medida más importante que se impulsaba desde el Districte no eran los APEUs sino los bajos de protección oficial”, medida que consiste en aprovechar bajos de edificios de titularidad pública para fomentar el comercio de proximidad.

A la espera tanto de que el Gobierno del Estado como el Govern de la Generalitat acaben de perfilar y aprobar las normativas correspondientes, municipios como el de Terrasa (Barcelona) o el de Madrid ya han dado los primeros pasos en la conformación de sus respectivos BIDs. Así, el municipio catalán puso en marcha en 2014 una iniciativa que permitía cogestionar la zona comercial del centro de la ciudad junto a sus comerciantes. Además, el gobierno municipal actual, una coalición entre el PSC y el PdeCAT, contemplaba en su Pla de Mandat –el Plan de Acción para la legislatura 2015-19– potenciar, desarrollar y definir las APEUs. Sin embargo, esto no ha sido óbice para que este mes se inaugurara una nueva gran superficie de más de 56.000 metros cuadrados en su extrarradio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, durante el último gobierno del Partido Popular (PP), puso en marcha las denominadas Zonas de Iniciativa Emprendedora (ZIE), de forma que los comerciantes de estas áreas, al modo de las BIDs, pueden intensificar los servicios ofrecidos en base a una contribución especial recaudada por el propio municipio.

Sea como fuere, lo que todas iniciativas parecen indicar es que el recorrido de las nuevas formas de colaboración público-privadas va para largo en el ámbito de las economías urbanas. Algo que parece haber alcanzado finalmente a las ciudades del Estado español. Quién sabe si estaremos asistiendo a las fases iniciales de un auténtico BID Bang Theory, algo que pueda suponer una nueva vuelta de tuerca en las políticas de gobernanza neoliberales a las que últimamente nos estamos acostumbrando en demasía.