Colombia
Danilo Rueda: “Sin trasformaciones sistémicas, la violencia se repetirá”
Durante cerca de cuatro décadas, Danilo Rueda ha acompañado a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes desde la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, junto a procesos como las comunidades de Curvaradó, Jiguamiandó, Cacarica, Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica (ZRC) o el Espacio Humanitario Puente Nayero en Buenaventura, entre otras iniciativas de resistencia civil y defensa del territorio. Actualmente desarrolla su trabajo desde la organización social Pazes.
Aprovechando su visita a València, invitado por la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia, conversamos con él sobre el futuro de la Paz Total, el recrudecimiento de la violencia y los riesgos que siguen afrontando quienes defienden los derechos humanos en el país, después de que ganara el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella.
¿Cuál es el balance general del proceso de paz con las FARC en el tiempo en el que estuviste en el gobierno de Petro y en la actualidad?
Lo primero que decide el presidente Petro es terminar la consejería de implementación del Acuerdo de Paz de 2016. El tiempo ha demostrado que fue una decisión errónea para cumplir con los compromisos acordados. Esta consejería, al ser eliminada, quedó reducida a una unidad de implementación. Dicha decisión administrativa disminuyó la capacidad de articulación política con cerca de 60 entidades, restando eficacia para enfrentar los rezagos del Acuerdo.
Un segundo elemento radica en que esos rezagos provienen desde el principio del proceso o con posterioridad a la firma, marcados por incumplimientos tanto con los firmantes como con las comunidades de las 170 localidades prioritarias en materia de sustitución de cultivos ilícitos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta situación se profundizó durante la administración de Iván Duque y se vio lastrada por los cambios administrativos posteriores que obstaculizaron el arranque de la unidad de implementación. Aunque esta logró ciertos objetivos estratégicos, se quedó corta frente a la magnitud de los pasivos heredados de gobiernos anteriores.
Si bien se avanzó en la titulación de tierras, el apoyo técnico y productivo resultó limitado, y la normativa que logró avances significativos con la Unidad de Implementación, no se tradujo en políticas efectivas. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Fiscalía Especializada para el desmonte de estructuras criminales han arrojado resultados nulos.
Un ejemplo claro es el Chocó: desde la firma en el Teatro Colón en 2016 hasta hoy en 2026, la comunidad del Cacarica padece el control absoluto de las paramilitares AGC. De igual modo, la unidad investigativa de la Fiscalía presenta resultados mínimos en asuntos estructurales de desmonte.
Los avances y los limites de la JEP habrían podido discutirse para realizar ajustes en perspectiva de su misión inicial y en la profundización del derecho restaurador
En materia de seguridad, en las zonas de agrupación de firmantes se redujo la denominada “policía de paz” que arrancó con éxito en el gobierno de Santos, generando un vacío de presencia institucional y debilitando la garantía sobre la vida de los firmantes. Ante estos resultados de ineficacia, observamos hoy avances normativos relevantes pero con presupuestos limitados y la inejecución a mediano plazo de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz. Todo ello sin mencionar la profunda crisis presupuestaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras los recortes planteados por el nuevo gobierno. Los avances y los limites de la JEP habrían podido discutirse para realizar ajustes en perspectiva de su misión inicial y en la profundización del derecho restaurador. Creo que hay poca disposición de escucha de todas las partes.
¿Cómo se explican las dificultades en materia de seguridad durante esta legislatura y por qué continúan impactando en los territorios?
Primeramente, cabe señalar que se trata de un gobierno de coalición, con sectores liberales, y conservadores reformistas y sectores de izquierda. Segundo, ¿cómo hacer compatible el acuerdo de paz del 2016 con las realidades que se observan en Colombia? Esas realidades demuestran que en el año 2005 hubo una apuesta de dejación de armas de la estrategia paramilitar que operó bajo el nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia.
¿Qué sucede? Que hay avances en materia jurídica en reconocimiento de la verdad en los Tribunales de Justicia y Paz. Se empieza a reconocer jurídicamente y en memorias sociales que en el país hubo una estrategia, que hay operaciones de sectores de estructuras estatales, de sectores empresariales, de sectores políticos en las mismas para eliminar la oposición o quien era concebido como auxiliador de la guerrilla o de ideas comunistas. No obstante, lo que se enuncia en sus versiones, por parte, de integrantes de las estructuras paramilitares en los Tribunales de Justicia y Paz, no se traduce en resultados en la justicia ordinaria. Además, hay cerca de 4.000 integrantes que firmaron esa dejación de armas que han sido asesinados, crímenes impunes, nadie sabe quién los mató ni por qué. Finalmente, advertimos que los incumplimientos en la dejación posibilitan una reingeniería de esa operación armada con despliegues urbanos y rurales desde el 2005 al 2026, abarcando 21 años, de esa expresión de violencia.
En estos 10 años, algunos firmantes se han visto abocados —por falta de condiciones de seguridad— a pactar con estas estructuras armadas para adquirir legitimidad y poder subsistir en los territorios
En este periodo, tales estructuras armadas han mantenido una capacidad de presencia territorial permanente en muchos territorios de Colombia, estableciendo lazos societales. Hablamos de normas compartidas con la comunidad urbana o rural, vínculos emocionales y asimismo una proyección de ejercicio de gobierno que sustituye al Estado. Es decir, hallamos un Estado paralelo, o múltiples paralelos. Dichos estados fácticos en ciertos territorios coincidieron con la presencia de firmantes de paz que dejaron las armas. En estos 10 años, algunos firmantes se han visto abocados —por falta de condiciones de seguridad— a pactar con estas estructuras armadas para adquirir legitimidad y poder subsistir en los territorios, circunstancia que afecta igualmente a la población civil. Por consiguiente, observamos un primer fenómeno de violencia que recicla la estrategia y los orígenes del paramilitarismo, combinando operaciones de narcotráfico heredadas de la época de Pablo Escobar.
Sumado a lo anterior, contemplamos una organización política alzada en armas como el ELN, que cumple 62 años en lucha armada, sin lograr cerrar ese ciclo a pesar de los avances del gobierno de Santos. A esto se unen las estructuras denominadas post-FARC, que comprenden inicialmente 25 agrupaciones armadas a lo largo y ancho del país que no firmaron el pacto de 2016, además del sector rearmado en 2019 bajo el liderazgo de Iván Márquez debido a incumplimientos sistemáticos, y, lo que es o tiene muchas evidencias de un entrampamiento judicial. Todos estos factores guardan relación con el Acuerdo de Paz de 2016 mostrando el rostro de violencias irresueltas, que muestran la vulnerabilidad de lo firmado.
Aunado a lo anterior, la continuidad de un modelo económico que no pudo discutirse en La Habana con las extintas FARC —que no implicaba cambiar el capitalismo por las armas, sino fortalecer una reforma social y económica integral en esas regiones— quedó limitada, propiciando que las nuevas generaciones de estos territorios se vinculen a la violencia, ya sea de carácter insurrecto o con narrativas FARC, con vínculos con economías ilícitas con diversos rasgos, desde apropiación particular o móviles sociales y sectores de estos por FARC aupados en tácticas de tipo encubierto que algunos califican de paramilitar.
¿Qué aspectos positivos, dificultades y retos marcan los avances de la reforma agraria, y cómo influyen el desplazamiento forzado y la demografía urbana en dicha realidad?
Se ha registrado una importante entrega de tierras al sector campesino, con una notable capacidad de estos sectores para desarrollar propuestas de sostenibilidad y producción de pancoger (productos de cultivo a corto plazo destinados a la subsistencia familiar), al igual que sucede con numerosos firmantes. Todo en medio de operaciones armadas Las dificultades radican en el apoyo técnico insuficiente para que estas iniciativas trasciendan hacia una actividad productiva generadora de ingresos, a lo que se suma una infraestructura de las carreteras y de agua potable sumamente limitada.
La carencia de dicha infraestructura impide que el productor perciba ingresos necesarios para mejorar su calidad de vida. Constituye esta una traba central, pese a que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio (“Colombia Potencia Mundial de la Vida”) planteaba un reordenamiento territorial en torno al agua, el cual tampoco se ejecutó. Destaca asimismo un factor demográfico: la mayoría de quienes habitan y recibieron estas tierras son personas adultas, mientras que los jóvenes afectados por el desplazamiento forzado y el despojo residen en las ciudades. En consecuencia, faltó proyectar una adecuada relación urbano-rural que estimulara a la juventud a vislumbrar condiciones de vida digna en el campo.
Coexisten así múltiples causas históricas no resueltas que se manifiestan en la asimetría urbana y en la disociación entre el ámbito rural y el urbano
El estallido social desencadenado durante la pandemia refleja una sociedad urbana desasistida, imposibilitada de acceder a una alimentación básica o a la educación pública, inmersa en la informalidad laboral y expuesta a dinámicas criminales o insurrectas. Tal población conserva una memoria colectiva vinculada al desplazamiento de sus antepasados y a las consecuencias del modelo neoliberal. Coexisten así múltiples causas históricas no resueltas que se manifiestan en la asimetría urbana y en la disociación entre el ámbito rural y el urbano.
¿Cómo ha evolucionado la JEP, qué consecuencias tiene su recorte presupuestal y cómo ha repercutido todo ello en la Comisión de la Verdad y su labor pedagógica?
Resultó excesivamente breve el tiempo de la Comisión de la Verdad para desarrollar una pedagogía y comunicación efectiva en la perspectiva de transformaciones culturales. Persiste una cultura punitiva que, pese a los conceptos del derecho restaurador, no logró imprimir dicho espíritu en la jurisdicción. También, se produjo una dispersión de esfuerzos y lo que estaba focalizado en los máximos responsables se fue derivando en otros, en particular en las responsabilidades guerrilleras. Tras desaparecer el primer acuerdo público que contemplaba a exmandatarios, y tras la interpretación restrictiva de la Corte Constitucional sobre terceros, la responsabilidad recayó primordialmente en mandos medios y en la cúpula de las FARC ocultando a los verdaderos tomadores de decisiones en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. Así sucedió tanto en la guerrilla como con los máximos responsables del Estado, del que se eximen mandatarios y otros sectores de poder.
Por último, emergió el debate sobre si todas las víctimas correspondían estrictamente al conflicto armado o abarcaban a civiles ajenos al mismo, diluyendo los criterios de priorización y demorando las sanciones.
A lo anterior se añade el recorte presupuestal planteado por el nuevo gobierno. La falta de libertad para un sector de exguerrilleros que no han sido beneficiados con amnistías e indultos. Igualmente sectores de militares transitan hacia fases adversariales por diversas consideraciones que se desconocen por el abultado camino de extensas decisiones judiciales, que la sociedad no logra comprender ni procesar.
¿Qué es el concepto de Paz Total, de dónde proviene, cuál ha sido su estructura de diálogo y qué dificultades ha enfrentado?
En el debate electoral de la primera fase para definir la candidatura del Pacto Histórico, esos temas se debatieron. Unos hablaban de Paz Total comprendiendo que la paz implicaba el cumplimiento del acuerdo de 2016, el diálogo con el ELN y el desmonte de las AGC. Otro planteamiento era el de segunda oportunidades, paz integral que comprendía el diálogo con el ELN y la resolución dialogada con diversos grupos, estructuras y organizaciones armadas.
Hay otro origen que proviene de las comunidades que viven en zonas de violencias urbanas y rurales, que han vivido los procesos de paz y dejación de armas de los años 90. Y, de generación en generación siguen viviendo las violencias armadas, las estructurales y las institucionales. Basándose en ese acumulado organizativo de los territorios que construyen iniciativas humanitarias y de paz —indígenas, campesinos, afros y dinámicas urbanas—, se diseñó posteriormente la política de paz.
¿Qué caracteriza a esta política de paz? Si en el acuerdo de 2016 el centro fueron las víctimas, en 2022 el foco se sitúa en los procesos comunitarios y organizativos que despliegan acuerdos humanitarios en sus territorios y desarrollan estrategias para salir de los factores estructurales de la violencia que padecemos. A partir de ahí, se articulan líneas de acción: por un lado, un diálogo desde la base social que se abre a otros actores para constituir estratégicamente regiones de paz; por otro, el diálogo con los grupos armados diferenciados.
Siguiendo esta taxonomía, la Unidad de Implementación concentra sus esfuerzos en cumplir el acuerdo de 2016. Y el desarrollo de la política de diálogo reinicia los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional heredados de la administración del presidente Santos, abordando el conflicto armado histórico persistente. Asimismo, se establecen conversaciones exploratorias con estructuras de narrativas farianas—que no son las FARC extintas—, tanto las autodenominadas EMC y la Segunda Marquetalia. En esas fases de exploración se lograron preagendas y, con la que encabezaba Iván Márquez, una Agenda de Paz para desarrollar desde 2023.
La directriz presidencial de respetar derechos humanos y el DIH, de fortalecer las inteligencias militar y policial para la prevención, no ocurrió con la eficacia debida
Un segundo grupo corresponde a las estructuras provenientes del paramilitarismo. A esto se suman agrupaciones con presencia urbana y nexos rurales en la mayoría de ciudades del país, concentrándonos especialmente en Medellín, el Valle de Urabá, Quibdó y Buenaventura. Todas comparten un origen común vinculado a las ex-AGC y a sectores institucionales, partidos políticos y redes económicas. Con todas estas expresiones en fase exploratoria se lograron acuerdos de metodología, de temas y agenda con el marco jurídico en discusión de una ley propuesta al congreso de la República.
Con este conjunto de estructuras se dialoga reconociendo la identidad de cada agrupación, de ahí la directriz presidencial —clara desde el inicio— de impulsar un proyecto de ley para el acogimiento o sometimiento judicial de aquellos grupos sin origen político. En esa dirección se presentaron dos proyectos: el primero, a los seis meses de asumir la Oficina de Paz, y un segundo proyecto que modificaba la Ley 975, la cual posibilitó en su día la desmovilización de 31.000 hombres de las AUC. Siendo el corazón las comunidades que construyen la paz, se diseñaron las Misiones Paz y los Ecosistemas de Paz en un diálogo con la población concurre con expectativas altísimas de respuestas en derechos económicos, sociales y culturales, contemplada en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin que la inversión social llegará como debería.
Por un lado, se dialoga con un grupo armado mientras la base social de esos territorios carece de respuestas estatales ágiles. Por otro lado, se registra una incoherencia entre dichos diálogos y el papel de sectores de la fuerza pública, no todos, porque muchos estaban comprometidos en la construcción de la paz. La directriz presidencial de respetar derechos humanos y el DIH, de fortalecer las inteligencias militar y policial para la prevención, no ocurrió con la eficacia debida. Se seguía concibiendo a la población como enemigos internos y al diálogo como una cruce de brazos. Tesis que se cae por su peso pero que fue efectiva para responsabilizar a la paz de la situación de inseguridad.
A lo anterior se sumaron problemas en la articulación dialógica con los derechos sociales y el modelo de seguridad: se desmanteló parcialmente la policía de paz sin una intervención coordinada de inteligencia que previniera los riesgos. Finalmente, afrontamos el desafío con la comunidad internacional: si bien la cooperación judicial con Estados Unidos avanza, se concatenaron un cambio de gobierno en dicho país y asuntos pendientes del acuerdo de 2016, como la postergada conferencia internacional sobre drogas.
La economía del narcotráfico ha mutado en sus rutas, reduciendo su dependencia exclusiva de Estados Unidos para abrirse a Europa y Asia, con un eje que pasa por Brasil, que se asienta en Ecuador, Perú. Se trata entonces no solo de economías ilícitas del trafico de drogas, de la minería y otro amplio portafolio, de la que no se eximen sectores del Estado, de los partidos, y evidentemente los armados ilegales. Pero las relaciones de cada uno son distintas, no son homogenizables. Paralelamente, estos diálogos suceden con un resurgimiento de expresiones de conflictos en los que se desconoce el Derecho Internacional, todo en medio, de nuevas disputas globales en torno a las tierras raras para nuevas tecnologías e inteligencia artificial, y la guerra armamentística. Colombia se destaca especialmente por su relación con Estados Unidos, su riqueza hídrica, vital para los centros de procesamiento.
De este modo, las economías lícitas e ilícitas se entrelazan ,al tiempo que intentamos dialogar para desactivar los factores estructurales de la violencia en Colombia. La profundización de una economía asimétrica, la estigmatización y las dificultades para un entendimiento internacional estructural reducen la paz al plano de los negocios. Si entendemos la paz meramente como la entrega de armas, esta no se resolverá en cuatro años; lo alcanzable en ese plazo es una reducción de la violencia supeditada a la coherencia entre la intervención policial-judicial y las transformaciones estructurales.
¿Cómo se ha abordado el narcotráfico dentro de la política de paz total y cuál ha sido la metodología de diálogo y diferenciación con los distintos grupos armados?
Cabe precisar que no se negocia, se dialoga; esto es, se conversa para alcanzar acuerdos que propicien transformaciones sustentados en la sinceridad de la contraparte. El narcotráfico conforma apenas un segmento de un portafolio ilícito más amplio que se blanquea en sectores económicos legales (banca, turismo, inmobiliario).
Asimismo, resulta indispensable diferenciar la naturaleza y motivaciones de cada grupo armado: no operan bajo los mismos parámetros quienes reivindican la rebelión que aquellos vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo. Tratarlos de manera homogénea equivaldría a aplicar un remedio idéntico para afecciones completamente distintas.
Pese a las complejidades y a la incomprensión de la comunidad internacional, esta metodología posibilitó liberar cautivos, desvincular a menores de los grupos armados y proteger zonas ecológicas vulnerables, registrando avances sustanciales de diálogo con el ELN y fases exploratorias con otros actores.
¿Cómo influyeron la diferenciación del ELN respecto a otros actores y el cumplimiento de los puntos pactados en el desarrollo de las negociaciones?
Acompasar las decisiones que se adoptan en una mesa —decisiones parciales— con su cumplimiento efectivo. Si no se cumple lo pactado de manera parcial, surge la desconfianza, puesto que uno debe actuar como autoridad. Tú eres el Estado, representas la autoridad, y la contraparte no lo es. Por consiguiente, al encarnar al Estado, hay que obrar con coherencia y autoridad, punto. Si el otro engaña, es su problema, pero el Estado no puede engañar. ¿En qué radica la autoridad? En la diferencia ética, en la moral y en el ejercicio en pro del bien público.
Este es un primer asunto. En segundo lugar, con el ELN se avanzó sustancialmente hasta alcanzar en México un acuerdo fundamental: una Gran Alianza Popular por un Acuerdo Nacional. ¿Por qué resultó este punto trascendental? Porque entraba en consonancia con el acuerdo de reforma política de las extintas FARC-EP, y revestía enorme importancia, porque la sociedad, los partidos y, en particular, la ciudadanía que habita en zonas de violencia armada de cualquier naturaleza iban a formar parte de ese gran acuerdo nacional.
Nadie está dispuesto a cesar el uso de la violencia sin que existan transformaciones, nadie que viene de la historia de dejación de armas de 2005 esta dispuesto a un sometimiento judicial sin son inexistentes las garantías
Fíjese que no se trataba inicialmente de un acuerdo jurídico, sino político, y antes que político, ético. Un avance sustancial ha sido comprender la complejidad de nuestras violencias, que cualquier proceso es de largo tiempo, que los avances en cuatro años eran posibles obrando en coherencia. Que la simultaneidad de diálogos eran y son necesarios pero se requiere eficacia estatal para cumplir. Nadie está dispuesto a cesar el uso de la violencia sin que existan transformaciones, nadie que viene de la historia de dejación de armas de 2005 esta dispuesto a un sometimiento judicial sin son inexistentes las garantías y las transformaciones estructurales en ingresos y seguridad.
¿De qué manera se diseñó la participación de las comunidades a través de los ecosistemas y regiones de paz?
En el diseño de la política de paz se basó en estas comunidades que están a lo largo y ancho del país, se constituían misiones de paz que iban a desarrollar ecosistemas de paz, que era un conjunto de comunidades que afirmaban su derecho a la paz explícitamente con respaldo del gobierno colombiano, y luego pasábamos a regiones de paz. Las regiones de paz suponían un ejercicio dialógico con los actores del conjunto de una sociedad. Y la visión no era territorial en el sentido específico, sino era entender un conjunto de variables que definen a Colombia como un país de regiones.
Mirando hacia delante, ¿qué lecciones deja este proceso para quienes sigan apostando por la paz, el diálogo y la justicia social en Colombia?
El ciclo del gobierno progresista aportó el legado fundamental de situar en el debate nacional la necesidad imperativa de acometer reformas estructurales contra la desigualdad y en favor de la justicia ambiental. Una cosa es el Plan Nacional de Desarrollo; otra, el diálogo; y otra, su materialización. Fue importantísima la perspectiva del acuerdo nacional, que nosotros llamamos primero pacto ético para poder luego hablar de un acuerdo nacional en términos políticos, porque concitó, insisto, el interés de las fuerzas ideológicas y políticas más diversas. Incluyó, además, sectores de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales, que encontraron en esa perspectiva una resonancia clave para ser reconocidos como sujetos en la proyección de un país, al igual que con sectores empresariales.
Pese a las dificultades de gestión, los episodios de corrupción y las limitaciones temporales, se impulsaron preagendas de diálogo y un pacto ético nacional que integró a sectores dispares.
Ante el nuevo escenario político, dominado por enfoques de autoridad coercitiva, se vislumbra un periodo complejo. Sin embargo, persiste la convicción de que, tras superar los dolores y fracturas sociales, la ciudadanía encontrará en la esperanza los cimientos para construir un proyecto de nación integrador.
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