Urbanismo
La nueva Ley del Suelo va al Congreso bajo la acusación de fomentar pelotazos urbanísticos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, una normativa que el sector inmobiliario lleva años reclamando y que ya se intentó cambiar en 2018, 2021 y 2022. La modificación de la ley, que fue promulgada por primera vez en 1975 y que ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo de su historia —la última en el periodo postburbuja inmobiliaria, en 2015— busca “dar seguridad jurídica” al sector, según ha señalado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El objetivo, según el Ejecutivo, es poner fin a las sentencias que declaran nulos de pleno derecho planteamientos urbanísticos por su ilegalidad y que estos se puedan anular por deficiencias formales. Para ello, el texto restringe fuertemente los mecanismos para que una planificación urbana sea echada abajo, algo que pedía tanto la patronal inmobiliaria como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Tal como anunciaba la alcaldesa de A Coruña, en calidad de vicepresidenta de este organismo, tras conocerse la votación, con la aprobación del anteproyecto “se da respuesta a una petición unánime de la FEMP para dar mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de tramitar sus planes urbanísticos”.

Apoyos en entredicho

El proyecto de ley, que ahora tendrá que pasar por el Congreso y el Senado para su aprobación, no tiene, sin embargo, garantizados los apoyos en las cámaras. Para empezar, desde Sumar, socios de Gobierno, han presentado una observación formal, criticando la limitación de la capacidad de intervención pública en los procesos urbanísticos y la limitación de los motivos de nulidad de los planes urbanísticos, según ha adelantado El País. La formación sostiene que dicho recorte podría convalidar algunas irregularidades urbanísticas, entre otras problemáticas.

Por su parte, desde Podemos tampoco se lo van a poner fácil al Gobierno en lo referente a la aprobación de la reforma. La coportavoz de la formación y coordinadora general de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, anunciaba este lunes: “Parece que será la misma que ya trajeron en la pasada legislatura y a la que ya nos opusimos desde Podemos, y de hecho seguramente es prácticamente la misma reforma que intentó aprobar el Partido Popular en su último año, 2018”. La portavoz indicó que la formación morada volverá a oponerse al texto si “rebaja las garantías de los proyectos urbanísticos cuando necesitamos precisamente todo lo contrario, reforzar esas garantías”. “Esta reforma solo serviría para dar vía libre a la cultura del pelotazo y para que los fondos buitre puedan especular sin límites para que podamos ver todavía más aberraciones medioambientales y se le abra la puerta a más corrupción”, añadía Pérez horas antes de aprobarse el anteproyecto de ley.

El nuevo texto pretende disminuir, según alerta Ecologistas en Acción, el riesgo de nulidades reduciendo la posibilidad de que la ciudadanía recurra a los tribunales

En la misma línea se ha manifestado la confederación Ecologistas en Acción, desde la que se acusa al Gobierno de redactar ad hoc el articulado del anteproyecto de ley para para desbloquear la Operación Chamartín, también conocida como Madrid Nuevo Norte, el mayor proyecto urbanístico del Estado español, pues buena parte del suelo expropiado no puede traspasarse al promotor —el consorcio Crea Madrid Nuevo Nortem formado por el BBCA, la constructora San José y la socimi Merlin Propieties— por problemas de inscripción registral derivados de los derechos de reversión a nombre de los propietarios originales de los terrenos.

La confederación alerta que con el texto actual se blindan los instrumentos de planeamiento ilegales frente a los recursos contencioso-administrativos, perpetuándose “el urbanismo como un negocio y no como un derecho ciudadano”. Crítica con el planteamiento inicial del texto, la organización indica que se achaca un problema de inseguridad jurídica a la naturaleza normativa de los planes y a la profusión de la utilización de la acción pública. “Es decir, el hecho de que la ciudadanía recurra ante la justicia planes ilegales y que sean anulados por ello se considera un obstáculo”.

Menos recursos

El nuevo texto pretende disminuir, según alerta Ecologistas en Acción, el riesgo de nulidades reduciendo la posibilidad de que la ciudadanía recurra a los tribunales. Acota las cuestiones que podrán recurrirse y el plazo para ello, limitando a cuatro años el recurso indirecto que actualmente carece de límite temporal. A juicio de Ecologistas en Acción, esta modificación “es una de las más graves por la afección a un derecho ciudadano consolidado y por su dudosa constitucionalidad”.

Asimismo, que un un planteamiento urbanístico que hoy sería declarado nulo por un informe sectorial hoy pueda librarse aportándolo con posterioridad, como plantea la reforma, tendría “un efecto perverso que solo beneficiaría al promotor y podría poner en grave riesgo el entorno, incluso las vidas de las personas (en casos de edificaciones en zonas de alto riesgo natural)”, denuncian desde la confederación ecologista.