Comunidad de Madrid
Dos conflictos, una misma reclamación: los bomberos forestales de Madrid vuelven a la calle

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid vuelven este viernes a las calles con dos movilizaciones que, aunque parten de colectivos diferentes, ponen sobre la mesa una misma cuestión: qué recursos dedica la Comunidad de Madrid a prevenir y extinguir los incendios forestales y en qué condiciones trabajan quienes se encargan de hacerlo. Los bomberos forestales públicos, dependientes directamente de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, se concentran este viernes a las 9:00 en la Puerta del Sol, mientras que por la tarde la plataforma ciudadana Monte en Pie ha convocado una manifestación en La Cabrera para denunciar el estado de los montes y reivindicar más medios y mejores condiciones para los trabajadores forestales. La plataforma vecinal ya ha alertado este verano de la falta de prevención y de medios desplegados en la Sierra Norte, después de que el incendio en Lozoyuela-Cinco Villas arrasara cerca de 800 hectáreas. 

En el caso de los bomberos forestales contratados por la Comunidad de Madrid a través de la empresa pública Tragsa, el conflicto laboral que ha marcado buena parte de 2025 y 2026 entra ahora en una nueva fase. Jesús Molina Pino, bombero forestal y presidente del comité de empresa, anuncia a El Salto un preacuerdo que ha sido sometido a votación entre la plantilla y respaldado por el 90%. “Fruto de la negociación se ha llegado a un preacuerdo que ha sido refrendado a través de votación por el 90% de la plantilla”, explica. El acuerdo, señala, incluye “algunas mejoras organizativas y mejoras salariales por el reconocimiento de funciones que vienen recogidas en la ley básica del Bombero Forestal”.

El posible cierre de este frente no significa, sin embargo, que las reivindicaciones de los bomberos forestales madrileños hayan desaparecido. La plantilla de Tragsa llevaba años reclamando la renovación de un convenio colectivo que permanecía congelado desde 2008, además de mejoras salariales, estabilidad laboral y reconocimiento de las funciones que efectivamente desempeñan. El conflicto desembocó en una huelga durante 2025, con salarios que rondaban los 1.300 euros mensuales y denuncias sobre la falta de medios y materiales.

Molina pone ahora el foco también en el respaldo social a los trabajadores. “El agradecimiento es total y nos hace sentir queridos y reconocidos socialmente”, asegura sobre la movilización convocada en la Sierra Norte por Monte en Pie. La conexión entre las reivindicaciones laborales y la situación de los montes es, para los trabajadores, directa. “El problema no es que se haya podido evitar, que jamás seremos capaces 100%, el objetivo es minimizar el daño, intentar con trabajos preventivos en el invierno que haya una oportunidad de apagarlos cuando se produzca”, explica Óscar de Castro, presidente del comité de empresa de Asem 112. “Los compañeros de Tragsa han hecho una parte pero no ha sido suficiente”, añade.

El conflicto de los bomberos forestales públicos, sin embargo, continúa enquistado. Son trabajadores que dependen directamente de la Comunidad de Madrid a través de Asem 112 y que llevan más de 1.200 días en huelga indefinida. En julio, cuando ya acumulaban 1.145 días de huelga, denunciaban que la Administración mantenía bloqueada la negociación y reclamaban que se les aplicase la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales. La norma estatal reconoce la categoría profesional y establece que sus funciones incluyen la extinción de incendios forestales y, de manera complementaria, tareas de prevención, detección y vigilancia.

“Nuestras reivindicaciones son muy sencillas: queremos trabajar todo el año y que se nos aplique la categoría de bombero forestal, que es lo que somos”, explicaba De Castro en julio. La situación que denuncia apenas ha cambiado. “A nivel laboral queremos una contratación en condiciones”, señala ahora. El problema, explica, es que buena parte de la plantilla continúa contratada bajo categorías que no corresponden con el trabajo que realiza: “No somos técnicos de mantenimiento, especialidad incendios forestales, o conductor especialista o vigilante especializado en incendios forestales… pero en el SEPE lo comunica como mantenimiento de edificio, conductor de furgonetas y atención al usuario”.

De Castro apunta además directamente al código profesional que, a su juicio, debería utilizar la Comunidad de Madrid: “En el SEPE existe el código de bombero forestal 5932, no entendemos por qué no se usa en nuestro caso, más aún desde la Ley Básica del Bombero Forestal”. La reclamación no es únicamente nominal. Para los trabajadores, el reconocimiento profesional tiene consecuencias sobre la estabilidad, las condiciones laborales y el reconocimiento de la peligrosidad y las enfermedades profesionales. En julio denunciaban que la falta de aplicación de la norma estatal impedía reconocer plenamente las características específicas de un trabajo que califican de peligroso.

La temporalidad es otra de las principales batallas. “De fijo discontinuo a eventual”, resume De Castro. Según explica, después de que parte de la plantilla superase una oposición en 2025, la Administración habría optado por una novación contractual en lugar de realizar un nuevo contrato. “Para lo cual es necesario tener un contrato que se modifica y no tenemos nada de esto”, denuncia. Los trabajadores reclaman además un contrato general que recoja con claridad sus condiciones de trabajo y denuncian que, pese a que las oposiciones recogían plazas fijas, aparece posteriormente la figura del fijo discontinuo.

El carácter estacional del servicio es precisamente uno de los puntos que el comité viene denunciando desde hace años. En julio De Castro explicaba a El Salto que la plantilla trabaja apenas durante la campaña de alto riesgo, de mayo a octubre, mientras la Ley Básica de Bomberos Forestales establece un marco profesional que contempla también las labores preventivas. “Es fundamental la prevención”, defendía entonces. “Hay que preparar el monte para que no vuelva a pasar lo que hemos visto recientemente. Somos muy útiles en las zonas llamadas de interfaz, donde el monte toca con las viviendas”.

El conflicto se hace más visible durante el incendio de Sierra Oeste, en julio, cuando quién les activa es Delegación del Gobierno 

Para los bomberos públicos, además, los problemas no terminan en la contratación. Este verano, denuncia De Castro, han encontrado situaciones que consideran difíciles de explicar en un servicio de emergencias. “Este verano ha sido un infierno porque desde que están rotas las negociaciones por parte de la administración, hemos estado desde principio de campaña siguiendo a pies juntillas lo que pone en los contratos”. Según relata, cuando los trabajadores se incorporaron a la Dirección General de Emergencias en Las Rozas preguntaron dónde debían presentarse y, ante la falta de respuesta, terminaron “en una sala de vending” sin vehículos ni medios.

La situación se hizo especialmente visible durante el incendio de la Sierra Oeste, el 24 de julio. “Nos ponemos en contacto con Delegación del Gobierno y nos activan, que nos mandaran vehículos para recogernos pero a las 17h seguíamos esperando. Ya tomamos la decisión de ir en nuestros propios vehículos a los centros de bomberos y poder asistir en los incendios”, relata. Tres meses después, asegura, la Administración les ha comunicado que deben incorporarse a los parques de bomberos, una decisión que el comité considera ilegal. “Por algo será”, apunta sobre el hecho de que esa instrucción no se hubiese producido anteriormente por escrito.

“Los compañeros vigilantes están en casetas sin cumplir con la prevención de riesgos laborales”, denuncia Óscar de Castro

La falta de medios afecta también a los vigilantes forestales. “Los compañeros vigilantes están en casetas de dos por dos, en mitad del monte, sin cumplir con la prevención de riesgos laborales, sin baños, con temperaturas dentro de la caseta excesivas, con solo algunas con placas solares y refrigeración”, denuncia De Castro. Relata el caso de un trabajador que tuvo que ser evacuado de una torre de vigilancia en Cinco Villas cuando el fuego avanzaba hacia ella. “Tuvo que él mismo evaluar salidas, decidir si confinarse, con todo el peso en él”. Una situación especialmente peligrosa, señala, porque “el fuego va hacia lo alto y las torres están en lo alto”, además del humo, la falta de visibilidad y las elevadas temperaturas.

Las denuncias sobre las condiciones materiales se suman a las que ya había presentado el personal contratado mediante Tragsa. En febrero, estos trabajadores llevaron ante la Inspección de Trabajo los problemas detectados en 17 bases operativas de la Comunidad de Madrid. Según denunciaron entonces, en el 95% de las bases revisadas no existía una separación adecuada entre las zonas sucias y limpias para evitar la exposición a sustancias contaminantes y cancerígenas. También señalaron edificios antiguos, falta de espacio en vestuarios, deficiencias de mantenimiento e incluso cubiertas con amianto.

Temporalidad y falta de prevención

Mientras tanto, los bomberos públicos aseguran que tampoco pueden ejercer presión mediante una huelga convencional. “La gente no está haciendo la huelga porque en un servicio como este pones en riesgo a tu compañero que tiene que apagar sí o sí el incendio”, explica De Castro. Los servicios mínimos, denuncia, alcanzan el 80% del servicio. Por eso, durante estos años, una de sus principales formas de protesta ha sido “seguir la legislación al pie” y denunciar los incumplimientos de la Administración. A esto se suman, asegura, nuevos conflictos internos: “Ya hay varios bomberos que han elevado el protocolo de acoso de la Comunidad de Madrid”.

La situación se extiende también a la organización de las jornadas. De Castro denuncia que, cuando comienza la desmovilización a partir del 1 de noviembre, la Administración asigna “por cuadrante las vacaciones, los días de asuntos propios, etc.”, pero lo hace “en horario de oficina en lugar de en turnos como trabajan, así se ahorran”. “Empleados públicos que no pueden elegir sus vacaciones”, resume.

En el fondo hay una misma reclamación: que el Gobierno de Ayuso deje de considerar los incendios forestales como un problema del verano

En el fondo del conflicto aparece una misma reclamación: que la Comunidad de Madrid deje de considerar los incendios forestales como un problema exclusivamente de los meses de verano. El abandono del campo, el aumento de la acumulación de combustible vegetal y unos incendios cada vez más complejos hacen que la prevención durante el invierno sea una parte esencial del trabajo. “Una profesión muy denostada, con el abandono del campo, sin reforzar este trabajo en invierno”, lamenta De Castro.

La protesta de este viernes pretende volver a colocar esa situación en el centro del debate. Los bomberos públicos acudirán a Sol con una carta dirigida a Isabel Díaz Ayuso. “Estamos esperando ver si se quieren sentar a negociar, el viernes iremos con una carta para pedir amparo a la presidenta, otra vez más”, explica De Castro. “No puede seguir así”.

Por la tarde, la protesta se trasladará a la Sierra Norte. Monte en Pie vuelve a reclamar que la prevención forestal no se limite a reaccionar cuando el fuego ya está desatado. La plataforma ciudadana ya ha advertido durante este verano de la necesidad de reforzar los medios y la prevención en la Sierra Norte ante el riesgo de incendios. Entre ambas protestas aparece una reivindicación compartida con la ciudadanía organizada: más prevención, más medios y un servicio forestal que no empiece cuando el monte ya está ardiendo.