Comunidad de Madrid
Protestas por cuatro nuevos desalojos por hundimientos en San Fernando de Henares de Henares

El drama de las viviendas hundidas por las obras de la Línea 7B del Metro en San Fernando de Henares continúa con cuatro nuevas casas desalojadas desde este verano y con amenaza de derribo. La Plataforma de afectados pide a la Comunidad de Madrid que se haga responsable del hundimiento de cuatro viviendas de la calle Nazario Calonge del municipio madrileño, que atribuyen a los problemas con el subsuelo que llevan afectando a la localidad desde las primeras obras de ampliación del metro en 2007, mientras parte de los propietarios de las 83 viviendas ya derribadas continúan en litigios por aumentar sus indemnizaciones.

“El problema que tenemos es una negligencia inédita en la historia de España. Nunca antes ninguna administración pública ha hundido literalmente un municipio entero y ha generado esta serie de problemas a familias a las que da la espalda”. Alex Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados por las obras de la Línea 7B del Metro en San Fernando de Henares, atiende a El Salto, desde la Acampada de Sol por la vivienda, a la que se ha unido una representación de la misma en defensa del derecho a la vivienda digna.

“Nunca antes ninguna administración pública ha hundido literalmente un municipio entero y ha generado esta serie de problemas a familias a las que da la espalda”

El problema se remonta a 2007, entonces con Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, cuando las obras de ampliación de la Línea 7 facilitaron que las aguas subterráneas bajo el municipio entrasen en contacto con lo que se denomina la Unidad Salina de la cuenca terciaria de Madrid. Esto provocó que las sales presentes en la misma se disolviesen o transformasen, en función de la temperatura y humedad, cambiando las condiciones del terreno, un proceso conocido como karstificación.

Este cambio en la geología del subsuelo del municipio provocó grietas y desperfectos en diferentes edificaciones, provocando el desalojo y derribo de 83 viviendas y edificio municipal. Ya gobernando Isabel Díaz Ayuso, su gobierno ha invertido más de 170 millones de euros en inyectar hormigón en 10.000 metros cuadrados de la zona afectada, aunque el Colegio de Geólogos ya advirtió en su día que dicha solución, habitual en este tipo de problemas, podría no ser suficiente.

Los vecinos alegan que no solo eso, es que además los problemas se multiplican y en viviendas de otras zonas del municipio se multiplican los problemas similares, y piden un estudio hidrogeológico que ya recomendó en un informe el mencionado Colegio de Geólogos en 2024. Actualmente cuatro familias de la mencionada calle Nazario Calonge han tenido que ser desalojadas de sus viviendas tras ser estas apuntaladas. Según la plataforma, dichas residencias amenazarían ruina. La Comunidad de Madrid niega que sea un fenómeno relacionado con las obras.

Nuevos afectados

“La Comunidad alega que la culpa es por una fuga de agua de una vecina, pero las grietas empezaron mucho antes de esa supuesta fuga, las teníamos hace años, y al final estamos al otro lado de la calle de las obras del metro”, explica Juan, jubilado de más de 70 años y que junto a su mujer y otras tres familias de su misma calle vive desde agosto en viviendas sociales del Ayuntamiento de San Fernando, donde solo han podido llevar parte de sus muebles, guardando el resto en un almacén alquilado.

“Nos quedamos en la calle y nos tenemos que buscar la vida. O pagamos un alquiler de 1.000 euros o nos compramos otra casa, pero con 73 años, ¿qué hipoteca me van a dar a mí?”, pregunta Juan, un vecino desalojado de su vivienda

En su caso pasaron meses de idas y venidas, acudieron a la oficina de afectados por el Metro de la Comunidad de Madrid, pagaron un informe de desperfectos de su propio bolsillo y siguieron sin recibir respuesta. “Mi casa tiene 27 años, es una vivienda antigua que compramos y reformamos completamente, y durante mucho tiempo estuvo perfecta. No pensamos encontramos en esta situación”, añade. 

“Estamos en la incertidumbre, viendo que vamos a tener que meternos en un pleito, porque a los afectados antiguos sí que se los reconocieron, se les dieron indemnizaciones, reparaciones o una alternativa habitacional. De nosotros están pasando olímpicamente”, asegura Juan. El decreto de desalojo, emitido por el ayuntamiento por razones de seguridad, ni siquiera permite a los vecinos arreglarla por su cuenta. “Nos quedamos en la calle y nos tenemos que buscar la vida. O pagamos un alquiler de 1.000 euros o nos compramos otra casa, pero con 73 años, ¿qué hipoteca me van a dar a mí?”.

Familias abandonadas

Para Álex Escribano “la Comunidad de Madrid ha abandonado a cuatro familias cuyas viviendas se están hundiendo y no es la primera vez. Desde 2021 siempre ha alegado algún tipo de defecto en la construcción de los edificios, o culpado a los vecinos por obras en sus casas. Luego todos esos edificios con afecciones graves se han tenido que derribar, y nos tememos que previsiblemente ocurra lo mismo con estas cuatro viviendas”.

Denuncian también que “conforme se acercan las elecciones se han cerrado las vías de diálogo, parece que la idea es negar siquiera que existe el problema. No queremos que se use de manera partidista, pero sí que se mejora la vida de la gente”. Lamenta que el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo “haya dado el tema por cerrado, no quiera oír nada del tema”.

“Las indemnizaciones que se nos han dado, aparte de basarse en tasaciones incompletas, no cubren, bajo ningún concepto, la compra de una vivienda nueva”, añade Álex Escribano

Precisamente si apoyan las movilizaciones en Sol, asegura Escribano “es porque no solo seguimos pagando hipotecas que ya no existen, es que algunas familias están expulsadas forzosamente del mercado del alquiler por los precios y la situación. Hablamos de gente con nóminas de clase trabajadora, no que cobren para mantener una hipoteca y un alquiler”.

“Estamos en los tribunales por la vía administrativa porque las indemnizaciones que se nos han dado, aparte de basarse en tasaciones incompletas, no cubren, bajo ningún concepto, la compra de una vivienda nueva”, añade. En mayo ya salieron las primeras sentencias favorables a algunas de las familias. La Justicia incrementó en casi 90.000 euros la indemnización de algo más de 360.000 en uno de los casos. Hasta 30 familias estarían actualmente pendiente de resoluciones similares en estos momentos.

Los afectados apuntan a que todos los vecinos de San Fernando, sufran desperfectos en sus casas o no, ya han pagado las consecuencias: en el espacio del antiguo complejo El Pilar, derribado por los primeros incidentes, se ha levantado un parque de 12.000 metros cuadrados. Lo que no ha vuelto son la Casa de la Mujer, el Teatro Municipal o la escuela de adultos y la escuela infantil, entre otros, que albergaba el equipamiento.

“El parque es simplemente un solar de hormigón y ya está, no sustituye lo que existía antes. Era un centro neurálgico de muchas actividades culturales para el municipio. Y también administrativas y políticas. Eso se ha perdido y no hay ningún viso de recuperación”, lamenta Escribano.