Comunidad de Madrid
El taxi advierte de que las nuevas licencias a Cabify van a “reventar el mercado”

El último capítulo judicial en la guerra por la movilidad ha dado como vencedor a Cabify. La plataforma, que en 2018 pidió de golpe 50.000 licencias VTC para operar en la Comunidad de Madrid, ha logrado que los tribunales le den la razón. Pero solo en tres de los recursos presentados, de momento, donde se pide la aprobación en total de 2.595 licencias. Un veredicto a favor pero solo por los defectos de forma con la que la Comunidad de Madrid había denegado las licencias.

“Estamos sorprendidos porque son tres de los veinte que interpuso en los tribunales Cabify”, advierte Carlos Rodríguez, vicepresidente de la asociación Taxi Project. El sector del taxi ya advierte que la intención de esta plataforma es “reventar el mercado” al pedir muchas más licencias de las que suponen que pueda absorber el mercado y la propia ciudad de Madrid. Podrían añadirse 50.000 licencias nuevas a las 9.000 que ya hay más los 15.000 taxis.

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Desde la vuelta de Uber en 2016, el taxi comenzó una lucha en las calles con movilizaciones y huelgas yen los juzgados, llegando hasta Europa y que a día de hoy ha tenido resultados dispares según la región del país.

Para esta asociación de taxistas, la última sentencia del TSJM supone un “prejuicio gravísimo” y asegura que no solo pone en peligro su modo “si no que perjudicará “a otras plataformas de VTC, a la movilidad y a la contaminación atmosférica”. Por eso ya están estudiando si pueden recurrir el fallo ante el mismo tribunal o elevarlo al Supremo. “No entendemos cómo el TSJM no ha entrado a valorar el impacto que supondrá las nuevas licencias y solo se ha quedado con el procedimiento administrativo de la denegación”, comenta Rodríguez.

Lo cierto es que la Comunidad de Madrid se basó en la legislación estatal para negarle las licencias a Cabify. En 2023, el Gobierno central procedió a modificar la Ley de Ordenamiento del Transporte Terrestre (LOTT) para condicionar el otorgamiento de autorizaciones de VTC a diversas cuestiones como los criterios medioambientales o por gestión del tráfico y el espacio público. Así, los ayuntamientos y comunidades autónomas podrían limitar más la proliferación de estos vehículos.

Podrían añadirse 50.000 licencias nuevas de VTC a las 9.000 que ya hay más los 15.000 taxis solo en Madrid

Desde Taxi Project recuerdan que en la Comunidad de Madrid debería haber “500 licencias solo de VCT y no 9.000” si el ‘decreto Ábalos’ hubiera seguido en marcha o el Gobierno madrileño hubiera seguido los pasos más restrictivos de comunidades como Cataluña. Así, afean que Madrid no haya apelado mejor la negación (ya que se basó en la manera de presentar las peticiones y a los documentos defectuosos de algunos vehículos de Cabify) y hubiera alegado más en las denegaciones de licencias nuevas. Creen que de esta manera la sentencia del TSJM hubiera sido diferente.

El taxi, un servicio de interés general

Además, apelan a que la Comunidad de Madrid en su alegato no recurre al servicio de interés que es el taxi. Rodríguez se basa en que en Barcelona hay un respaldo a llevar al depósito a los vehículos VTC que no cumplan con la normativa, al entender que si no los inmovilizan podrían seguir incumpliendo la normativa y perjudicando a un servicio de interés para la ciudadanía. “La Comunidad de Madrid no se ha metido a defender el taxi como interés general”, opina.

El miedo de este sector es que Madrid sea el principio del fin. “Esto es en madrid, el espejo donde mirarse otras ciudades grandes y con el precedente judicial que representa”, advierte el vicepresidente de Taxi Project. Pero la batalla judicial se extiende a Cataluña donde el sector del VTC trata de tumbar el decreto autonómico que limita en 300 las licencias actuales para este servicio.