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Comunidad de Madrid
Vuelve a la calle el movimiento que reclama justicia y dignidad para las residencias de mayores
Cinco años llevan reclamando en las calles justicia para las 7.291 personas que murieron en las residencias de mayores en la pandemia por covid. Una reclamación que se suma a las que familiares y trabajadores venían reclamando para mejorar las condiciones de vida de los mayores en centros. Entre ellos, más personal sanitario y medidas de traslado, algo que desde la plataforma y muchos otros expertos aseguran que hubiera salvado a muchas de las personas que murieron sin asistencia en las residencias por el coronavirus.
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“Durante la manifestación recordaremos a las víctimas de Madrid pero también a las de toda España y haremos un pequeño homenaje depositando un clavel, explica Carmen López representante de Marea de Residencias, que ha invitado a los asistentes a llevar esta flor y a unirse a la marcha de este 23 de noviembre que arrancará a las 12 e irá desde el Ayuntamiento de Madrid a la sede del Gobierno madrileño en la Puerta del Sol de la capital. La cifra simbólica de las 7291 personas fallecidas en las residencias madrileñas estará presente, ya que se sigue reclamando responsabilidades por los llamados ‘protocolos de la vergüenza’ que apuntan directamente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
“Tampoco podemos olvidarnos de aquellas personas que tras vivir un horror sin precedentes durante la pandemia hoy siguen padeciendo el más absoluto abandono institucional”, explican desde Marea de residencias
“El reconocimiento a las víctimas de la perversa gestión llevada a cabo por el gobierno autonómico -indican los convocantes-, la cual provocó en tan solo dos meses una masacre sin precedentes basada en la discriminación de las personas que vivían en las residencias a quienes se negó la atención sanitaria a la que tenían pleno derecho”. “Exigimos asunción de responsabilidades: justicia, investigación y no repetición”, concluyen.
Ley estatal vinculante
“Tampoco podemos olvidarnos de aquellas personas que tras vivir un horror sin precedentes durante la pandemia hoy siguen padeciendo el más absoluto abandono institucional”, explican desde la plataforma Marea de Residencias. En concreto, explica Carmen López, “exigiremos, como hacemos desde 2019 en todas las concentraciones, un ley de residencias con marco estatal de obligado cumplimiento que garantice los derechos y la dignidad de todas las personas que viven en estos centros, así como los derechos de sus trabajadores y trabajadoras”.
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“Las privatizaciones efectuadas durante décadas, la mercantilización de los Derechos Sociales, han colocado los cuidados de las personas más vulnerables en un segundo plano, priorizando la cuenta de resultados de las empresas” denuncian. Una convocatoria que tiene el respaldo de numerosas organizaciones y del tejido social madrileño como Amnistía Internacional, la Plataforma de Pensionistas, sindicatos como CO.BAS o MATS, agrupaciones vecinales o a favor de la Sanidad Pública, entre otras.
La lucha sigue en los tribunales
Para las plataformas que reclaman justicia sobre las muertes en residencia y la exclusión de los hospitales durante la pandemia, la lucha sigue en los tribunales. El pasado mes de octubre se presentó una denuncia en La Fiscalía Superior de Madrid efectuada por 109 familiares de 115 víctimas, impulsado por los colectivos Marea de Residencias y la asociación 7.291 Verdad y Justicia. “El objetivo es exponer la necesidad de reforzar los recursos de la Fiscalía Superior de Madrid, para que en respuesta a nuestra denuncia se pueda abrir una investigación sobre las causas que propiciaron el importante exceso de mortalidad en las residencias de la Comunidad de Madrid que pudiera culminar con la judicialización del proceso antes de la prescripción de los hechos”, explicaron.
“No se puede poner en las espaldas de los familiares la búsqueda de pruebas, debería ser el ministerio fiscal el que actúe” explican desde Marea de Residencias
Es el último paso en la búsqueda de respuesta de familiares, residentes y trabajadores después de que se cerrara la posibilidad de reiniciar la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por la mayoría del PP y Vox y de que se hayan cerrado otras puertas judiciales con el archivo de varias causas. Por contra, los familiares si lograron realizar una Comisión Ciudadana por la Verdad, cuyas conclusiones se presentaron en marzo y donde se estudiaron más de 25 testimonios y numerosa documentación de lo ocurrido en las residencias madrileñas entre marzo y abril de 2019. Entre las conclusiones, también destaca la falta al “derecho a la verdad”. “No se puede poner en las espaldas de los familiares la búsqueda de pruebas, debería ser el ministerio fiscal el que actúe”, explicaban.