Conflicto vasco
ETA: 60 años de lucha, sangre y lágrimas

1958-2018. 60 años de vida. 60 años de sangre, de persecuciones. 60 años de exilio y dolor. La banda armada más longeva del Estado español ha anunciado su disolución el 3 de mayo. Quedan atrás seis décadas de lucha por la independencia de Euskal Herria con la violencia como estrategia.

Desmantelamiento total de sus estructuras, abandono de la actividad política, disgregación del colectivo que formaba la organización ETA, disolución definitiva. El comunicado que lanzó el 3 de mayo la banda armada Euskadi Ta Askatasuna pone fin a una trayectoria marcada por la violencia y la búsqueda de un pueblo vasco independiente: “ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él”, resume en un comunicado que ha sido titulado Declaración final de ETA al pueblo vasco y que será acompañado hoy, 4 de mayo, de un acto público de cese de actividad en presencia del mediador internacional Brian Currin y del alcalde de Baiona, Jean René Etchegaray.

Los primeros años, ruptura con el tradicionalismo

Ha cambiado mucho el contexto social desde que ETA inició su camino, aun en el marco de la dictadura franquista. Pocos años antes de su nacimiento, en 1952, se había formado Ekin, un grupo de estudio universitario de Bilbao dedicado a organizar charlas y debates en torno a la historia vasca y el euskera.

Ekin tomó contacto con Egi —Euzko Gaztedi Indarra, Juventudes del Partido Nacionalista Vasco— y los militantes comenzaron a crecer. En 1956 ambas asociaciones se fusionaron y realizaron una ponencia en el primer Congreso mundial vasco celebrado en París entre el 23 de septiembre y 1 de octubre de ese mismo año, donde ya comenzaron a verse las tensiones con el Partido Nacionalista Vasca (PNV): Ekin apostaba por la acción directa, siguiendo las luchas de liberación nacional que en esos años se daban en varios países, como Argelia, cuya guerra de independencia se extendería desde el año 54 al 62 y pondría en jaque al Estado francés. Ekin fue el germen de lo que después sería ETA.

Eran “unos jóvenes estudiantes de ingeniería de San Sebastián, que vinieron a Bilbao y empezaron a dar charlas los sábados”, relataba el monje y documentalista Juan José Agirre en una entrevista publicada en El Salto. “Más tarde empezaron los atentados, que eran con bombas molotov hechas con botellas con ácido clorhídrico. Todo era muy rústico en aquella época. Y empezaron también las detenciones y algunos tuvieron que exiliarse a Bayona. Fue allí, en Bayona, donde empezaron a trabajar y publicar cantidad de publicaciones, una de las primeras fue el famoso Libro Blanco de ETA”, ha explicado Agirre, uno de los principales memorialistas del nacionalismo vasco.

La primera vez que la organización utilizó el nombre de Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad) fue en una carta dirigida a José Antonio Agirre, lehendakari en el exilio, para notificarle la existencia de un grupo nacionalista salido de EGI. Era el año 1959. Un año después publicaron su Libro Blanco. En el establecieron su línea política, y también su línea estratégica: “La liberación de manos de nuestros opresores requiere el empleo de armas cuyo uso particular es reprobable. La violencia como última razón y en el momento oportuno ha de ser admitida por todos los patriotas”, señalaba la publicación.

Pasó un año más hasta que ETA hizo su primera acción, que consistió en intentar hacer descarrilar un tren con destino Donosti en el que viajaban un grupo de excombatientes franquistas para celebrar allí la victoria de Franco —otros historiadores sostienen que la primera víctima fue Begoña Urroz, una niña de 22 meses que falleció en una explosión en la estación de Amara, en San Sebastián, pero los archivos policiales apuntan a otro grupo, el DRIL formado por exiliados españoles y portugueses, como el responsable del atentado—.

En 1962, la organización celebró su primera asamblea. Fue en Urt (Francia), y en ella se asentaron sus bases: el laicismo, la defensa del euskera, la identidad vasca como elemento definitorio y la definición de la organización como movimiento revolucionario vasco de liberación, además de la defensa de la democracia ante el comunismo y el franquismo, y la lucha por la independencia del País Vasco, entendiendo como este los territorios de Álava, Gipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Lapurdi, Nafarroa beherea y Zuberoa, estos tres últimos situados en el Estado francés.

En 1964, ETA lanzó su primer comunicado. El texto, publicado tanto en euskera como en castellano, era un “mensaje de esperanza” para el que fijaban como el primer año de “lucha por la liberación total de Euskadi”. Fue en ese año, en su tercera asamblea, esta celebrada en Bayona, cuando la organización decidió que la lucha armada era la vía para conseguir la independencia de Euskal Herria.

En su siguiente asamblea, celebrada entre los años 1966 y 1967, comenzaron las escisiones: ETA Zaharra —que posteriormente se quedaría con ETA— y ETA Berri, una vertiente obrerista que años después daría lugar al partido Movimiento Comunista.

El 7 de junio de 1968 se produjo el primer asesinato de ETA. La banda acababa con la vida de un guardia civil, José Antonio Pardines, en un control de carretera. Dos meses después, la banda cometió su primer asesinato premeditado, el de Melitón Manzanas, jefe de la policía secreta de Donosti, colaborador de la Gestapo durante la segunda guerra mundial y jefe de la Brigada político-social de Guipúzcoa, a quien se le que se le atribuyen numerosas torturas a opositores al régimen franquista, tanto a militantes independentistas como a figuras del partido socialista, el comunismo y el sindicalismo de la Unión General de Trabajadores.

El Proceso de Burgos: un punto de inflexión

El 3 de diciembre de 1970, 16 miembros de ETA fueron llevados a juicio sumarísimo por los asesinatos de Manzanas, Pardines y de Fermín Monasterio Pérez, un taxista que habría sido asesinado por un miembro de ETA cuando huía de la policía al negarse a sacarlo de allí —el comunicado de ETA sobre lo ocurrido negó esto, asegurando que el taxista murió como consecuencia de los disparos de la Guardia Civil—. El proceso fue contestado en las calles con paros, huelgas y manifestaciones, en las que Roberto Pérez Jáuregi, un joven antifranquista de 21 años, fue herido de muerte por disparos de la policía.

De los 16 acusados en el proceso, seis fueron condenados a penas de muerte, otros nueve a penas de cárcel que iban de los 12 años 70 años y la última fue absuelta. Las reacciones ante las durísimas condenas por parte de todos los sectores de la sociedad civil y de varios países entre los que se contaban Alemania, Francia, Suecia o el Vaticano hizo que el Régimen reculara y retirara las penas de muerte. Años después, todos los acusados saldrían en libertad amparados por la Ley de Amnistía.

Llegó el año 1973 y, con él, nuevas —y las más importantes— escisiones: una parte de ETA abogó por la prioridad de la actividad terrorista —ETA militar—, mientras la otra optaba por supeditarla a la lucha política —ETA político-militar—, siendo esta última la que tenía más apoyos.

1973 también fue el año de la operación Ogro, que acabó con la vida de Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno franquista y sucesor in pectore del propio Francisco Franco. El mismo día del atentado, el 20 de diciembre, ETA reivindicó el atentado, saliendo al paso de las especulaciones en torno a un atentado que, no obstante, ha estado siempre envuelto en un halo de misterio por el posible papel que, según se ha especulado durante años, jugaron los servicios secretos estadounidenses. Lo cierto es que la “operación Ogro” situó a ETA en el mapa de los grupos terroristas internacionales, clasificación en la que estaban las Brigadas Rojas italianas y la Fracción del Ejército Rojo de la Alemania Federal. Con el asesinato de Carrero Blanco se marcaban, asimismo, los límites de la transición a la democracia, una transición en la que ETA se iba a constituir como enemigo público número uno.

Nota aparte merece el contexto político, cultural y social vasco en los últimos setenta y los ochenta. La que ha sido llamada "revolución vasca" se desarrolla en el País Vasco en los años 70 y principios de los 80. Más allá del movimiento obrero y del nacionalista, incluye a un potente movimiento ecologista y antimilitarista, experiencias de economía alternativa, redes feministas, medios de comunicación (diarios, revistas, fanzines, radios libres…), proyectos educativos, etc. La forma en la que la lucha armada influyó en ese contexto —y, a decir de algunos autores, uniformizó un movimiento ecléctico hasta agotarlo— es todavía objeto de polémica.

Los años de la Transición fueron años de plomo. A la actividad armada de ETA se sumó la de los GRAPO —Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, nacida en 1975—, el FRAP —Frente Revolucionario Antifascista y Patriota—, las Fuerzas Armadas Guanches en Canarias, o el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive. Pero también el terrorismo se vio desde la extrema derecha —Alianza Apostólica Anticomunista, Grupos Armados Españoles o los Guerrilleros de Cristo Rey—, que contó con entre 15 y 20 víctimas mortales, en su mayoría abogados laboristas (matanza de los abogados de Atocha) o ciudadanos sin ninguna relación con la política.

Los objetivos de los atentados terroristas, además de políticos, iban dirigidos contra la expansión de la recién llegada droga dura al país. Hasta 1994, un artículo de El País publicado ese año cifraba en 20 las personas vinculadas al narcotráfico muertas a manos de ETA. El Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe también se había marcado como objetivo combatir el narcotráfico, que en esos años comenzaba a expandirse por las Rías gallegas tras la reconversión del sector del contrabando de tabaco, como ilustra el libro —y serie Fariña—.

1975: COMIENZA LA GUERRA SUCIA CONTRA ETA

El déficit democrático en España se plasmó en la estrategia que durante los años 80 se tomó para combatir la oleada de violencia. Primero y tímidamente bajo el Gobierno de Adolfo Suárez y, posterior y decididamente, durante la etapa de Felipe González, proliferó la “guerra sucia” contra ETA. Entre varias bandas paramilitares fueron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) los principales responsables de la estrategia de terrorismo de Estado desencadenada contra la banda y contra ciudadanos vascos. Los asesinatos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, el secuestro de Segundo Marey y el atentado en el hotel Monbar de Bayona fueron los atentados más conocidos de una ofensiva en la que estuvieron implicados responsables del Ministerio de Interior: José Barrionuevo y Rafael Vera (PSOE). Felipe González, presidente del Gobierno, nunca fue señalado oficialmente como responsable de los GAL, pese a las evidencias periodísticas. En 2016, una respuesta en radio de González asumía la leyenda negra en torno a esos años al hablar del resultado electoral del PSOE en las elecciones generales: "Nunca hemos tenido peor resultado en el País Vasco, a pesar de las cosas que hicimos... ta, pa, pa".

Incrustada en esa guerra sucia, las divisiones internas y la huida hacia adelante de parte de la organización se traducía en el asesinato de María Dolores —Yoyes- González Katarain—, vecina de Ordizia y exmilitante de ETA. Con el asesinato de Yoyes se lanzaba un mensaje al corazón del independentismo, señalando a quienes abogaban por la vía de la reinserción.

La década de los 80 terminaba con el empeño más importante de solucionar el conflicto hasta la llegada de Zapatero a La Moncloa. Las conversaciones de Argel, que dieron lugar a la primera tregua de la banda, entre enero y marzo de 1989, arrancaron con un comunicado lanzado en la BBC y The New York Times y terminaron con un tiro en la cabeza de un Guardia Civil. A la tregua del 89 le seguirían otras pausas en la actividad armada en los primeros 90 y tras la llegada de José María Aznar al Gobierno, en 1996.

Llegamos a 1995, y ETA se fija como objetivos a personalidades de las más altas esferas, aunque con poco o ningún éxito. El 19 de abril, fracasa un atentado con coche bomba que tenía como objetivo al entonces líder de la oposición, y poco después presidente del Gobierno, José María Aznar. También, según los cuerpos de seguridad, fue abortado otro atentado contra el rey Juan Carlos I, y, el año siguiente desmantelan otro dirigido al líder del PNV y entonces consejero de Interior en País Vasco Juan María Atutxa.

No obstante, la estrategia de “socialización del sufrimiento” supone una ampliación de los objetivos al campo de lo político que marcará definitivamente el rechazo social a una táctica que comenzó con el asesinato del concejal Gregorio Ordóñez (1995) y tendría sus exponentes más claros en los casos del jurista Tomás y Valiente (1996), Miguel Ángel Blanco (1997) o el economista y político Ernest Lluch (año 2000).

La respuesta de parte de la sociedad vasca y española es el movimiento de las "manos blancas", que tiene un impacto poderoso a través de medios de comunicación y masivas manifestaciones. Unos años antes ha nacido Elkarri, un movimiento social y cívico por la paz y el diálogo que abogó en su trayectoria (1992-2006) por construir una paz positiva. 

En 1996, ETA secuestra a un funcionario de prisiones. Juan Antonio Ortega Lara estuvo encerrado en un zulo durante 532 días, desde el 8 de mayo de 1995 hasta que fue liberado el 1 de julio de 1997. La condición que la banda armada puso para su liberación fue el acercamiento de presos a cárceles de País Vasco, pero el Gobierno hizo caso omiso. La política de alejamiento de presos había comenzado siete años antes, en 1989.

Un año después, media España vivió en tiempo real el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua. El objetivo de ETA cuando decidieron secuestrarle, el 10 de julio de 1997, fue el mismo: acabar con la política de dispersión de presos. De nuevo, como pasó con Ortega Lara, el Gobierno se negó. El 12 de julio de 1997 fue asesinado a tiros en un descampado de Lasarte-Oria, en Gipuzkoa.

La muerte de Miguel Ángel Blanco se convirtió en un símbolo para el Partido Popular y, más allá, para la lucha antiterrorista encarnada por el Gobierno de Aznar, que comenzó a contar con el apoyo decidido de las autoridades francesas. Una lucha para la que contó también con el apoyo de parte de la intelectualidad y amplias capas de la sociedad vasca. En 2001, Jaime Mayor Oreja, representante del sector ultramontano del PP tocaba el techo electoral de los populares en la Comunidad Autónoma Vasca, con un 23,1% de los votos.

En el 97, el Tribunal Supremo condenó a Herri Batasuna por ceder su espacio electoral a ETA en las elecciones anteriores, las de 1996. También comenzaba el dogma del “todo es ETA” promulgado por el juez Baltasar Garzón. El sumario 18/98 supuso la detención de 75 personas acusadas de formar parte del “entramado social” de ETA. Empresarios, asociaciones ecologistas, o periódicos como Egin —cerrado en una decisión que, diez años después, fue tachada de ilegal por el Tribunal Supremo— fueron señalados por medios y relacionados con ETA pese a que las evidencias mostraban lo contrario.

El 16 de septiembre de ese mismo año, ETA anunciaba una tregua indefinida y sin condiciones, que duraría un año. Cuatro días antes, PNV, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y el sindicato LAB habían firmado el pacto de Estella, con el que, siguiendo el modelo de Irlanda del Norte, proyectaban un proceso de paz para Euskal Herria que aún tardaría una década en materializarse.

Los atentados continuaron. El del 21 de enero de 2000 —un coche bomba en el barrio Virgen del Puerto de Madrid, que se llevó la vida del teniente coronel de intendencia Pedro Antonio Blanco— puso fin a un año de tregua. Después le tocó a Ernest Lluch.

La respuesta por parte del Gobierno fue cerrar todas las vías a la representación democrática, ilegalizando a todo partidos que desde Madrid se considerara simpatizante de la organización terrorista. La nueva Ley de Partidos Políticos supuso la ilegalización, en 2003, de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, Acción Nacionalista Vasca, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Herritarren Zerrenda, Abertzale Sozialisten Batasuna, Askatasuna, el Partido Comunista de España (reconstituido) —estos ya por su supuesta vinculación al GRAPO— y a punto estuvo de llevarse por delante también a Izquierda Castellana. Un año después, Madrid sufriría el mayor atentado de su historia. 190 personas murieron en las explosiones que tuvieron lugar en trenes de cercanías que circulaban entre las estaciones de Atocha y Alcalá de Henares. El mensaje del Gobierno del Partido Popular fue claro: había sido ETA. Pero no fue así, después de varios días, la población supo que los autores del atentado estaban vinculados a la organización Al Qaeda. El terrorismo del siglo XXI golpeaba a la sociedad española.

Más cambios en la aplicación de penas, Lokarri y un nuevo alto el fuego

Tras la dispersión de presos, en 2006 llegó un nuevo invento dirigido a determinados presos. La doctrina Parot, bautizada así por Henri Parot —miembro de ETA condenado a 4.800 años de cárcel por 82 asesinatos— sobre quien recaía la resolución del Tribunal Supremo que creó la jurisprudencia. La nueva lectura establecía ahora que, para acceder a los beneficios penitenciarios —tercer grado, libertad condicional— ya no había que cumplir dos terceras partes de la condena, con los 30 años de máximo legal de encarcelamiento como referente máximo, sino la pena total. La nueva doctrina fue declarada ilegal por el Tribunal de Estrasburgo en octubre de 2013. No fue la primera, pero su trabajo ha sido impulsor del proceso de paz que continuaría años después. Lokarri se fundó el 7 de marzo de 2006 a través de la plataforma Elkarri para trabajar en el desarrollo del proceso de paz en País Vasco. Su nombre —traducido al castellano como “lo que sirve para unir”— daba muestras de sus objetivos: la pacificación. Para ello: el diálogo y la negociación.Pocos días tras la fundación de Lokarri, ETA anunciaba de nuevo un alto el fuego, esta vez “permanente”, también siguiendo los pasos del IRA en su proceso de paz, que un año antes había anunciado el cese de la actividad armada en Irlanda con los Acuerdos del Viernes Santo. Pero la negociación que siguió a la tregua fracasó, y, en diciembre de 2006, un atentado en la terminal 4 del Aeropuerto de Barajas causó la muerte de dos personas. Volvieron los atentados y también la represión por parte del Estado. Al atentado de Barajas le siguieron los asesinatos de tres guardias civiles de 23 y 24 años, y el del exconcejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco. Por su parte, el juez Garzón volvió a la carga condenando a diez años de cárcel a los principales líderes de Gestoras pro Amnistía, organización que tenía como objetivo prestar asistencia humana y jurídica a presos de ETA.

Un año después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitía una instrucción al cuerpo de Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Policía Foral de Navarra para que investigaran la colocación de carteles y pancartas con fotografías de presos de ETA en las calles y en el interior de locales, comenzando una persecución de un tipo penal hasta entonces usado un puñado de veces, el enaltecimiento del terrorismo (510, del Código Penal), que después se trasladaría a la persecución de opiniones en las redes sociales.

2011, comienza el camino hacia la paz

Ya en 2010 se comenzaron a dar pasitos. En marzo, mediadores internacionales, entre los que se encontraba Brian Currin, que después cogería protagonismo en el proceso de paz, reclamaron a ETA un alto el fuego y al Gobierno español que, si este alto el fuego llegaba, diera una respuesta acorde con dirección al proceso de paz. Un mes después, la izquierda abertzale recogía la hoja de ruta de la tregua de 2006 para avanzar hacia un abandono definitivo de las armas. Y ese mismo año, en septiembre, ETA declaraba su intención de no llevar a cabo más acciones armadas ofensivas.

En 2011 comenzó a materializarse el proceso que ya se esbozaba el año anterior. El 10 de enero, ETA declaró el alto el fuego permanente, general y verificable, respondiendo a la demanda de los mediadores internacionales. En octubre, la declaración de Aiete pide que este alto el cese de la violencia sea definitivo. Para entonces, ya se había creado una Comisión Internacional de Verificación, con mediadores internacionales e independientes, expertos en la resolución de conflictos armados. Ese mismo mes de octubre de 2011, ETA anunciaba el fin de la lucha armada.

En los siguientes meses y años continuaron los pasos dados desde ETA, también desde la sociedad vasca, y, en algunos casos, desde las instituciones vascas, topándose con el inmovilismo por parte de los gobiernos de España y Francia respecto a la demanda principal: el acercamiento de presos. En 2012, comienzan los encuentros entre presos y víctimas de ETA.

En noviembre, ETA ofrece el final definitivo de la confrontación armada a cambio de un acuerdo sobre la situación de los presos, el proceso de desarme y la desmilitarización de Euskal Herria. La callada por respuesta.

El acercamiento de los presos a las cárceles de País Vasco era la principal reclamación de la banda armada, pero también de una sociedad civil cada vez más organizada. La manifestación pro presos del 12 de enero de 2013 reunió en las calles de Bilbao a más de 100.000 manifestantes para pedir la paz y el fin de la política de dispersión de presos. La callada por respuesta.

El proceso continuó con ETA cumpliendo sus compromisos de fin definitivo de la actividad armada ofensiva, según comprobaban desde la Comisión Internacional de Verificación y en junio de 2013 eran los refugiados políticos vascos los que declaraban su deseo de regresar y aportar para el proceso de paz. “Desde la década de los sesenta hasta hoy en día, más de 2.500 vascos han tenido que optar por la vía del exilio. Calculamos que ahora habrá entre 85 y 100 exiliados, de los cuales catorce fueron deportados”, explicaba Jon Irazola, del Colectivo de Huidos Políticos Vascos en una conferencia del Foro Social Permanente celebrada en enero de este año sobre la que publicó el diario Público.

En diciembre, Lokarri presentó una comisión de ocho personas para impulsar el proceso de paz y, un mes más tarde, ya en enero de 2014, ETA realizó su primera entrega de armas y explosivos ante la Comisión Internacional de Verificación, una entrega simbólica que fue calificada de irrisoria por los grandes medios de comunicación. Aun con el proceso abierto, continúan las detenciones de personas relacionadas con el colectivo de presos de ETA.

Desde la Audiencia Nacional también cargan contra los mediadores internacionales que conforman la Comisión Internacional de Verificación, que son llamados a declarar por su “relación con ETA” ante la petición del colectivo de víctimas Covite.

Pero el proceso continúa. El 15 de julio de 2014, ETA envía un comunicado anunciando que sus estructuras logísticas y operativas de lucha armada estaban ya desmanteladas. En 2016 fue cuando la sociedad civil asume el protagonismo total de un proceso al que los gobiernos francés y español seguían dando la espalda. Varios activistas del ámbito pacifista se lanzan a organizar un proceso el proceso de desarme, enfrentándose a los obstáculos y represión gubernamentales.

En diciembre de ese año, cinco activistas son detenidos en Luhuso cuando se disponían a realizar una operación de desarme y destrucción de arsenal de ETA. Al día siguiente, 4.000 personas salen a las calles en Francia en repulsa por estas detenciones, enfrentándose el gobierno, no solo a las críticas de la izquierda, sino también de la derecha francesa.

Habían llegado los ‘Artesanos de la Paz’, cogiendo ellos el testigo del proceso de paz, cuyo objetivo ahora era el desarme de ETA. El gobierno francés cambió su actitud, dejando hacer. El 8 de abril, en un acto público celebrado en Bayona, se realiza la entrega definitiva de armas de ETA.

Desde entonces hasta el día de hoy, cuando ETA ya ha anunciado su disolución, han continuado los pasos, incluyendo ahora a representantes del Gobierno francés, que también ha comenzado el proceso de acercamiento de presos vascos.

En abril de 2017, El Salto preguntaba al monje y documentalista Juan José Agirre cuál es el documento que más deseaba para su colección. “Aquí tenemos el primer manifiesto de ETA y ahora estoy esperando al último, no sé cuando saldrá, pero lo estoy esperando”, concluye. Ha pasado poco más de un año, y ese texto por fin ha llegado.