Congreso de los Diputados
Guardia Civil fuera de carreteras y cuarteles, buses gratis y otras enmiendas exitosas de los PGE

Con solvencia, entre el ruido generado por la violencia política desatada contra la ministra de Igualdad por parte de la extrema derecha, y por tercer curso consecutivo, en tiempo y forma, el Gobierno de coalición ha aprobado con 187 votos los presupuestos generales para 2022, los últimos de este Ejecutivo. El resultado de la jornada de hoy, 24 de noviembre, estaba prefigurado desde que hace un mes, los secundarios con más protagonismo de la legislatura: ERC, PNV y EH Bildu, anunciaran que no iban a presentar enmiendas a la totalidad.

Quedaba, de esta manera, discutir qué enmiendas se iban a incorporar a unas cuentas que ya han sido retratadas: una mezcla de gasto militar histórico y gasto social también sin precedentes recientes, en una suma que sale gracias a la imposición de un nuevo gravamen sobre las grandes fortunas que se discutirá esta tarde en capítulo aparte.

El Gobierno de coalición llegaba tranquilo sobre la aprobación de las cuentas, cohesionado públicamente en la defensa de Irene Montero pero con una herida que no se ha cerrado: la paralización de la Ley de Vivienda y la negativa del PSOE a tramitar enmiendas de los socios a su izquierda no ha sido tapado con el acuerdo para limitar los efectos de la subida del Euríbor anunciado por Nadia Calviño, tachado de insuficiente y tímido por Unidas Podemos. Tras una votación enmienda por enmienda, sección por sección, antes de las 18:30 el proyecto de presupuestos ha quedado aprobado con la votación del preámbulo, último trámite para la aprobación del proyecto de ley de PGE en el Congreso. El Gobierno pasa el trámite con 187 votos a favor.

Luz verde 

La medida más mencionada en la sesión de la mañana la arrancó EH Bildu. Gracias a las cuentas de 2023, la Guardia Civil perderá las competencias de Tráfico y Seguridad Vial en la comunidad foral de Navarra. El acuerdo tiene fecha: antes de 31 de marzo de 2023, la competencia de Tráfico y Seguridad Vial debe pasar al Nafarroako Jauregia. Una demanda histórica en una comunidad en la que la sombra de la Guardia Civil ha sido alargada, como muestra el caso de los jóvenes de Altsasua.

La suspensión del ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) es una victoria para la veterana plataforma No a la MAT, que se opone desde los años 90 a estos proyectos

Los diez puntos de EH Bildu no se ciñen a mejoras para las comunidades de País Vasco y Navarra sino que incorporan otros acuerdos de protección social. Se prorroga el límite del 2% sobre el IPC para la actualización de las rentas de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2023. El Gobierno, además, deberá destinar 420 millones de euros para la revalorización del 15% de las pensiones no contributivas, que ven aumentada su cuantía en 70 euros mensuales. EH Bildu además, consigue 12 millones para el tratamiento de víctimas de la talidomida.

En octubre, el PNV había llegado a otro acuerdo fundamental: la renovación de la ley quinquenal de Cupo. El 11 de noviembre, Aitor Esteban daba su apoyo a las cuentas, que incorporan 70 millones en inversiones para la Comunidad Autónoma Vasca y para Navarra, estas incluirán mejoras en las infraestructuras ferroviarias, inversiones en I+D+i e hidráulicas.

Otra de las medidas estrellas aprobadas con estos presupuestos viene de PdeCat, el más moderado de los partidos que compusieron Junts per Catalunya. Sus cuatro diputados han dado sus votos a las cuentas para 2023 después de pactar la gratuidad de los abonos multiviajes en las líneas de autobús de largo recorrido concesionadas por el Estado. Una medida con un presupuesto modesto —aproximadamente 30 millones de euros— pero que se extenderá por 2.399 poblaciones y 68.861 kilómetros y que amplía la bonificación actual, del 50% del billete.

El voto positivo de los 13 diputados de Esquerra Republicana de Catalunya se presentaba como el más difícil de obtener para el Gobierno. La reforma del delito de sedición, que también se discutirá en un aparte en la tarde del 24 de noviembre, había desencallado las negociaciones en el último mes.

Esta mañana, el grupo republicano presentaba los resultados de su diálogo con el Gobierno. La más relevante en términos ambientales es la suspensión del ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de Muy Alta Tensión (MAT), una reivindicación sostenida por la veterana plataforma No a la MAT, que se opone desde los años 90 a estos proyectos en estas comarcas de Girona.  

Otra medida con aroma simbólico y la Guardia Civil de protagonistas: el diputado Gabriel Rufián ha confirmado que el Gobierno cederá su propiedad del Cuartel de la Guardia Civil en Sabadell y otros tres cuarteles, a sus respectivos Ayuntamientos.

Además, antes de que se dirimiera el sentido del voto, ERC ya había pactado con el Gobierno una partida de 900 millones de transferencias para Cataluña en el ámbito ferroviario y de carreteras.

Más País ha obtenido parte de sus objetivos: la creación de un Observatorio de Trastornos Alimentarios. Otro de las medidas sacadas adelante por el grupo de Íñigo Errejón es la aportación de 24 millones de euros adicionales del presupuesto a la salud bucodental. “Dentista gratis”, ha defendido Gabriel Rufián, que también ha intervenido en el incremento de presupuesto bucodental.

Para la CUP, el Gobierno no merece confianza, algo que ha subrayado a lo largo de la legislatura

No ha habido pleno. El diputado Tomás Guitarte (Teruel Existe) anunció a última hora del miércoles que no se había llegado a un acuerdo sobre la cuantía de las inversiones en funcionamiento de empresas en zonas despobladas del ámbito rural. Una cuantía escasa para incentivar el no abandono de esas áreas de la España vaciada. Teruel Existe ha votado que no a las cuentas.

También vota en contra la CUP. Lo ha explicado el diputado Albert Botran. Los motivos: el presupuesto añade “más dinero para armas” y perpetúa el “expolio fiscal” a las comunidades catalana, valenciana y balear. Para la CUP, el Gobierno no merece confianza, algo que ha subrayado a lo largo de la legislatura.

El Bloque Nacionalista Galego, en cambio, ha optado por la abstención salvo en dos secciones, las relativas al “abultado” —en palabras de su diputado Néstor Rego— presupuesto de Defensa y la sección que aborda el presupuesto de la Casa Real, que permanece congelado por tercer año consecutivo.

Con la votación de hoy de las últimas secciones, que ha contado con el voto en contra de PP, Vox, Ciudadanos, que presentaron enmiendas a la totalidad en octubre, el Congreso envía el presupuesto al Senado, que previsiblemente refrendará las cuentas, últimas de este Gobierno de coalición y terceras que salen de manera consecutiva. Los Presupuestos Generales del Estado se cierran así con un techo de gasto de 198.221 millones. La parte más importante del presupuesto, seis de cada diez euros, se destinan, un año más, a cubrir las pensiones.