Congreso de los Diputados
Solo el voto en contra del PP evitaría que pasara su primer trámite la ley del PSOE contra el proxenetismo

En la sesión de este martes en el Congreso de los y las diputadas se llevará a cabo la votación para la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica (PLO) para modificar el Código Penal y “prohibir el proxenetismo en todas sus formas”, presentada por el PSOE el 19 de marzo pasado. El grupo socialista le bastará obtener una mayoría simple para continuar con la tramitación, pero los populares no les regalarán su voto en este primer trámite y han dejado saber que se inclinarán por la abstención. Sin embargo, se necesitará la mayoría absoluta más adelante para hacerla realidad  y ahí el apoyo del PP será clave.

Hasta el momento, con el desencuentro entre ambos partidos sobre esta materia no queda claro cuál será finalmente la intención del grupo popular y qué papel jugarán en el debate ya que apuestan por presentar su propia proposición de ley de “lucha integral contra la trata de personas”, en la que incluyen sus propuestas para “acabar con cualquier tipo de proxenetismo en nuestro país”, como señaló la secretaría general del PP, Cuca Gamarra, y que pretenden registrar después de los comicios europeos.

Para los colectivos de trabajadoras sexuales organizadas esta propuesta legislativa de los socialistas tendría como consecuencia una mayor persecución y precarización de sus condiciones de trabajo

La propuesta de ley del PSOE -misma que presentó en la anterior legislatura pero que no llegó a tramitarse por el adelanto electoral- incluye varios cambios en el Código Penal con aumento en las multas y las penas en casos de prisión. Para los colectivos de trabajadoras sexuales organizadas esta propuesta legislativa de los socialistas tendría como consecuencia una mayor persecución y precarización de sus condiciones laborales ya que, entre otras cuestiones, no diferencia entre proxenetismo coactivo o no coactivo. Además de que se reitera en penalizar la tercería locativa, es decir, castigar como modalidad específica a toda persona propietaria del lugar donde se ejerza la prostitución, sin distinción de si son locales públicos, domicilios en propiedad o si se alquilan también como viviendas de las propias trabajadoras independientes. La tercera pata de la propuesta contempla la criminalización, es decir el delito, de quienes consuman servicios sexuales a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, a través del aumento en las multas.

La inclusión de la tercera locativa afectaría todavía más sus condiciones de trabajo de llegar a aprobarse la futura ley ya que las forzaría a trabajar para terceros en condiciones mucho más desfavorables

Para las trabajadoras sexuales autónomas este enfoque sigue perpetuando la idea de confundir la prostitución con la trata de personas a las que considera a todas como víctimas a la vez que niega el reconocimiento del trabajo sexual. De hecho ya la Ley del sí es sí ya ha traído consecuencias desfavorables para ellas con la prohibición de anuncios de prostitución y que ha venido a dificultar a quienes trabajan con sus propios medios. La inclusión de la tercera locativa afectaría todavía más sus condiciones de trabajo de llegar a aprobarse la futura ley ya que las forzaría a trabajar para terceros en condiciones mucho más desfavorables.

Otro aspecto en la propuesta de ley del PSOE tendrá mayor impacto en las mujeres migrantes en situación irregular que se dedican al la prostitución y al trabajo sexual, ya que si el cliente llega a ser multado puede que a ellas les pidan papeles y acaben con un expediente de expulsión, en un CIE o deportadas.

Ante el nuevo embate socialista con su propuesta de ley de claros tintes abolicionistas diversos colectivos de trabajadoras sexuales autoorganizadas en varios puntos del territorio español vienen trabajando desde hace semanas en posibles enmiendas si es que pasara la toma en consideración de la POL. Por lo pronto esperan que que Sumar y Podemos voten en contra y ERC y Junts repitan su voto, también en contra como sucedió en 2022, año en el que EH Bildu y PNV se abstuvieron.

La única formación política que ha hecho público su 'no' antes de la votación ha sido Sumar afirmando que “Todas las formaciones que conformamos Sumar estamos de acuerdo en que esta PL del PSOE no aborda ninguna solución. No podemos apoyarla. Sitúa a las mujeres que ejercen la prostitución en una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión”.

El peso de la propuesta legislativa del PSOE -calcada de la anterior- que hoy se toma o no en consideración en el Congreso recae en abordar penalmente el proxenetismo sin distinción. Desde la legislatura anterior los colectivos de trabajadoras sexuales autoorganizadas piden se les escuche y se tomen en cuenta sus condiciones reales, necesidades y demandas antes de emprender cualquier cambio legislativo. Exigen atajar las causas estructurales que afectan las condiciones materiales de muchas mujeres que encuentran en la prostitución su única salida laboral.

Amnistía Internacional aboga por reconocer derechos a las trabajadoras sexuales

Algunas organizaciones proderechos también se han mostrado preocupadas con la carga criminalizadora, y por tanto punitivista, de la propuesta de ley del PSOE sobre la prohibición proxenetismo. Amnistía Internacional (AI) lanzó esta misma semana una serie de “enmiendas”, dirigidas a las y los parlamentarios en el caso de que la votación de este martes en el Congreso permita continuar su trámite. AI ve necesario la creación de “una subcomisión de estudio de la trata con fines de explotación sexual, prostitución coactiva y trabajo sexual para contar con datos fiables que puedan servir como base para el diseño de las políticas y normativa basadas en la evidencia”.

Amnistía Internacional teme que una nueva ley les criminalice más de lo que, ya de por sí, está su actividad y apunta directamente a que se elimine el artículo referente a tercería locativa

Llama también a que se realice una consulta con los colectivos de trabajadoras sexuales y que sean ellas mismas las que expresen “los asuntos que las afectan y que se aborden sus preocupaciones para evitar impactos negativos en sus derechos humanos”. En este sentido AI teme que una nueva ley les criminalice más de lo que, ya de por sí, está su actividad. La organización internacional de derechos humanos apunta directamente a que se elimine el artículo referente a tercería locativa y de penalización del cliente considerando que el trato se hace entre personas adultas.

AI señala que las políticas sobre el estigma y la discriminación contra las trabajadoras sexuales y sus familias no pueden elaborarse sin su participación e “incluyendo a las que se enfrentan a discriminación interseccional, al mismo tiempo de asegurarles ”igualdad de protección ante la ley y estar protegidas/os contra todas las formas de discriminación“. Abogan también porque las trabajadoras sexuales accedan sin ningún tipo discriminación a servicios de salud, vivienda, educación, seguridad social, así como poner fin a las sanciones por el trabajo que realizan, incluidas en la Ley Mordaza. Finalmente, Amnistía Internacional ve necesario evitar la adopción de medidas que lleven a ”prohibiciones generales a todo tipo de trabajo sexual, garantizando que se protegen los derechos de las trabajadoras/es sexuales en un entorno seguro“.