Represión
Detenciones con ecos del pasado

Las detenciones a supuestos miembros de Futuro Vegetal por un delito de pertenencia a organización criminal nos recuerdan a las detenciones de decenas de anarquistas en 2014 y 2015 por delitos de terrorismo, porque también fueron precedidas por una criminalización mediática, impulsada desde las instituciones
Acción Futuro Vegetal Torre Emperador 2
Acción de Futuro Vegetal en la Torre Emperador, en Madrid. Alberto Astudillo
Abogados penalistas de la cooperativa Red Jurídica
4 dic 2023 20:00

A principios del mes de septiembre, como ocurre todos los años, la Fiscalía General del Estado hizo pública su Memoria Anual, referida en esta ocasión al año 2022. Entre otras cuestiones, este documento refleja la actividad del Ministerio Fiscal del año pasado, analiza la evolución de la criminalidad durante el año y propone reformas en materia de Justicia. A quien le interese profundizar más en este tema, publicamos en el diario Público un artículo resumiendo los aspectos más importantes de este informe el pasado 13 de septiembre.

En el capítulo de esta Memoria Anual dedicado a las “amenazas terroristas”, la Fiscalía hace referencia al “anarquismo insurreccionalista”, al “movimiento antifascista” y a los “independentismos violentos” vasco, gallego y catalán; todos ellos movimientos con “escasa o nula actividad terrorista” en el último año, sobre los cuales se mantiene una “vigilancia estrecha” y un “intercambio de información” con agencias de inteligencia de varios países. La vigilancia a la que hace referencia la Fiscalía está de sobra acreditada, como han evidenciado los diferentes casos destapados de agentes infiltrados en movimientos sociales por medios como La Directa y El Salto en el último año. Recomendamos encarecidamente leer lo que ha escrito Pablo Elorduy sobre el asunto en este medio para más información.

Además de estos movimientos, la Memoria de la Fiscalía también incluye al “ecologismo radical” dentro del capítulo del terrorismo, incluso mencionando por nombre algunos colectivos, como Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, a los que atribuye acciones directas de desobediencia civil no violenta.

Esta inclusión dentro del apartado de terrorismo generó una oleada de indignación en diversas redes sociales y medios de comunicación tras la publicación del informe. Entidades como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se quejaron formalmente a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo y, a finales del mes de septiembre, el Fiscal General del Estado anunció que no volvería a incluir el término “ecologismo radical” en el apartado “Terrorismo” de su informe, por resultar “improcedente”.

Pese a la oportuna rectificación de la Fiscalía, no hemos podido evitar acordarnos de situaciones similares ocurridas en la última década, en las que la criminalización mediática fue la antesala o la justificación de una posterior represión policial o judicial.

Concretamente, en los años 2013 y 2014 comenzaron a proliferar artículos y declaraciones institucionales vinculando al anarquismo y a los denominados ‘antisistema’ con el terrorismo en diversos medios de comunicación: por citar un par de ejemplos, se publicaron piezas con titulares tan alarmantes como “El terrorismo anarquista copia a Al Qaeda” (El País, 16 de noviembre de 2013) y “Cosidó [el entonces Director General de la Policía, que posteriormente fue senador del PP y escribió un WhatsApp que con el nombramiento del juez Marchena como presidente del Tribunal Supremo su partido controlaría “la Sala por detrás”] dice que el terrorismo anarquista se ha implantado en España y que existe riesgo de atentados”, (Europa Press, 12 de junio de 2014). El cineasta Gonzalo Mateos Benito realizaría dos documentales – Ingobernables (2015) y El Gobierno del Miedo (2017) – abordando precisamente este señalamiento del anarquismo en los medios de comunicación.

Unos meses después de la publicación de estos artículos, la policía llevó a cabo las operaciones Pandora, Piñata, Pandora 2 y Ice, que se saldaron con decenas de anarquistas detenidas y algunas incluso encarceladas preventivamente. Sin embargo, posteriormente se descubriría que no existía ni un solo indicio de criminalidad contra ninguna de las detenidas y años después, todas estas causas se archivarían o resultarían en absoluciones. No hubo condenas.

Sin embargo, pese a que las imputaciones policiales no llegaron a buen puerto (en el sentido de que no se tradujeron en condenas), las detenciones sí tuvieron un efecto secundario desmovilizador. Y es que, como dice la propia Memoria Anual, “la pérdida de la iniciativa por parte de estos grupos violentos motivada también en parte por la acción de la justicia ha ocasionado que gran parte de su actividad se centre en la llamada «Antirrepresión». La movilización en respuesta a los procesos judiciales detrae la mayor cantidad de recursos a estos colectivos”.

Alguna mente malpensada podría pensar que el objetivo de este tipo de operaciones policiales no es tanto acabar en la condena de las personas implicadas, puesto que ello es en la mayoría de los casos improbable, sino desmantelar la capacidad de protesta y de confrontación de la ciudadanía concienciada con todo tipo de problemas. Además, provoca un efecto criminalizador y marginal de estos activistas y de su forma denuncia social, puesto que la opinión pública, en general, tiende a relacionar de manera absolutamente acrítica las detenciones policiales con la comisión de delitos – pese a que luego los mismos no se puedan demostrar en sede judicial –. Y esto se debe, en parte, a que sobre el archivo de las causas no proliferan tantos titulares en prensa.

Pues bien, con estos precedentes, no resultaba descabellado pensar que, tras la criminalización mediática vivida en el mes de septiembre, algunos de los colectivos del ámbito del “ecologismo radical” mencionados en la Memoria Anual de la Fiscalía podrían sufrir una persecución policial y judicial. Como dijo Mark Twain, la historia no se repite, pero sí rima. Y esta posibilidad se confirmó el pasado viernes 1 de diciembre, cuando la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Madrid detuvo a algunas supuestas militantes de Futuro Vegetal por un delito de pertenencia a organización criminal.

No conocemos con detalle el caso, más allá de lo que ha aparecido en medios de comunicación, pero llama la atención que la mecánica, una vez más haya sido la misma: un señalamiento público institucional, seguido de detenciones policiales unos meses después. Detenciones que, por cierto, coinciden con el arranque de la cumbre del clima, COP28, en Dubai. Seguro que es casualidad.

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Este es un blog coordinado por la cooperativa jurídica madrileña Red Jurídica, con colaboraciones ocasionales de profesionales del mundo jurídico de distintas partes del Estado, en el que intentamos explicar, desde una perspectiva crítica, la actualidad jurídica
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