Córdoba
APDHA pide hasta 16 años de cárcel para dos policías de Córdoba acusados de denuncia falsa y lesiones

Próximamente se celebrará el juicio contra dos agentes de la Policía Local de Córdoba por varios delitos presuntamente cometidos en unas actuaciones que tuvieron lugar en marzo de 2023. La Fiscalía pide para el primero de los uniformados cuatro años y medio de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial y otro contra la integridad moral del vecino de Córdoba afectado negativamente por las acciones que tuvieron lugar hace dos años, además de un delito de lesiones que se saldaría con multa de 720 euros.

El Ministerio Público no ve indicios de delito en la actuación del segundo agente, aunque sí lo hace la acusación particular que representa al vecino agraviado, a cargo de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que pide 12 años para el primer policía y 4 para el segundo, con un periodo de inhabilitación para empleo o cargo público del doble de tiempo que la condena solicitada.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará a los dos agentes en una fecha indeterminada tras suspender el juicio previsto para este miércoles por un fallo procesal que ha llevado a no citar a testigos de la defensa y al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario.

Hace dos años, un juzgado reconoció que el denunciante podría haber sufrido una detención ilegal y que los agentes que lo arrestaron mintieron.

El periplo judicial que nos interesa hoy comenzó hace dos años a la inversa: con el hoy denunciante en el banquillo de los acusados. Los hechos relevantes ocurrieron el 30 de marzo de 2023 y se saldaron con el ciudadano cordobés personado hoy como acusación particular acusado de dos infracciones penadas por Ley Mordaza. El Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba dio la vuelta a la tortilla al sobreseer el caso y concluir que “los dos agentes han faltado a la verdad en su comparecencia/denuncia” y que la detención podría “ser calificada de ilegal”.

Los hechos bajo escrutinio judicial “no son excepcionales, sino que pasan por toda la geografía del Estado español, sin que se adopten medidas o un plan para la erradicación de estos comportamientos en las fuerzas policiales”, critican desde APDHA. La organización apunta al hecho de que el Ayuntamiento de Córdoba no ha apartado a los policías acusados de sus funciones dos años después de los hechos. “Este es un gran problema para cualquier sistema democrático, que los propios resortes existentes para garantizar la seguridad y proteger al ciudadano, destruyan o maltraten al mismo, ejerciendo una violencia injustificada o presentando denuncian y/o acusaciones falsas”, cuentan desde APDHA a El Salto.

Además de la petición de penas para el primer policía, la Fiscalía pide para este acusado inhabilitación especial por tiempo de cuatro años y una indemnización a la víctima de 240 euros. La acusación particular pide la condena por delito de falsedad y denuncia falsa para ambos agentes, además de detención ilegal, lesiones y delito contra la integridad moral para el primero de los uniformados. Aparte de la pena de cárcel y los años de inhabilitación, APDHA solicita que el policía que llevó a cabo la detención indemnice a su representado con 12.280 euros en concepto de responsabilidad civil y 12.000 euros más por daños morales.

El denunciante se entregó al agente que presuntamente lo agredió

El 30 de marzo de 2023, sobre las 20:30 horas, dos agentes de policía fueron llamados a la calle Periodista Eduardo Varo de Córdoba para advertir al conductor de un coche de caballos que debía recoger los excrementos del equino del paso de peatones y retirar el vehículo. Uno de los policías comenzó a realizar fotografías al cochero, circunstancia que le fue recriminada por parte del vecino denunciante, según los escritos tanto de la Fiscalía como de la acusación particular.

“A pesar de la actitud pacífica del denunciante, el policía le hizo una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la farmacia”, relata la Fiscalía en su escrito de acusación.

El agente requirió la documentación al vecino, que no quiso dársela. Ante el hecho de que el policía “se encontraba cada vez más exaltado”, el denunciante se asustó y salió corriendo. “En la carrera, decidió parar y entregarse a la altura de la farmacia sita en la calle Periodista José Luis de Córdoba, momento en el que llegó el acusado [el primer policía] y, sin ser agredido en ningún momento y a pesar de la actitud pacífica del denunciante, le hizo una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de la farmacia”, relata el escrito de la Fiscalía.

Los hechos no terminaron ahí. El agente puso las esposas al denunciante “y sin que hubiera forcejeo de ningún tipo le practicó una llave y lo derribó al suelo, golpeándose de nuevo en la cara”. En los dos minutos durante los que el ciudadano estuvo en el suelo, pasaron “a menos de dos metros numerosos peatones y vecinos y conocidos del barrio”. “En todo momento, el denunciante le preguntaba el porqué de la detención, de la violencia y de ser tirado al suelo. A su vez, en ningún momento el denunciante opuso resistencia”, aclara la acusación particular.

La acusación particular considera que, de no existir las imágenes que corroboran el relato del denunciante, este habría sido condenado por la palabra de los policías.

Estos hechos fueron grabados por la cámara de seguridad de la farmacia, principal prueba de la acusación. “De no existir estas imágenes, la víctima habría sido probablemente condenada a una pena de prisión de hasta cuatro años”, especulan desde APDHA. En efecto, en el atestado policial quedó redactada una historia bien distinta: “Al ser interceptado [el denunciante] y proceder a su detención es cuando lanzó una patada al agente, impactándole en la rodilla derecha. Que realiza una resistencia grave a la detención y les causa las lesiones que se detallan en el parte de asistencia”, se lee en el documento policial.

Los hechos tuvieron un gran impacto en la salud mental del denunciante

Los acontecimiento de aquel día de marzo han tenido consecuencias en la salud mental del vecino objeto de la actuación policial. “Ya no he vuelto a ser el mismo”, confesaba el denunciante ante el psiquiatra de la Red de apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial del Grupo de Acción Comunitaria (SIRA). El informe pericial redactado por el facultativo se encuentra entre la documentación del juicio y aporta una mirada más cercana a la vivencia del denunciante durante aquellos hechos y después.

“En el calabozo y las semanas siguientes, sabiendo que me pueden meter hasta cuatro años por una acusación inventada... No hay palabras para describir la angustia”, declaró el denunciante.

“Me sentí como si fuese un animal, como si no fuese un ciudadano, una persona… por los golpes y por estar dos minutos en el suelo, como si hubiera hecho lo peor del mundo, con la gente pasando por ahí y mirando”, dice el denunciante, según queda recogido en la pericial. “Durante todo este tiempo que estoy en el calabozo y en las semanas siguientes, sabiendo que me pueden meter hasta cuatro años de cárcel por una acusación inventada… Me agreden, me pegan, me humillan… ¿y me acusan para meterme en la cárcel? No hay palabras para describir la angustia y el miedo que he pasado”, se lee en el documento.

El psiquiatra signatario del informe diagnostica al denunciante de trastorno adaptativo mixto con predominio de síntomas ansiosos a causa de los hechos vividos. “El denunciante mantiene sintomatología de activación, reexperimentativa y evitativa que dificultan sus actividades cotidianas. El impacto en calidad de vida relacionada con su estado de salud, vida laboral y relacional (moderada) suponen una pérdida temporal de autonomía personal para llevar a cabo algunas de las actividades específicas de desarrollo personal”, certifica el profesional.