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Coronavirus
Más terrazas, con mascarilla y sin tapa: el futuro de la hostelería en Granada
1.563 solicitudes para reabrir terrazas de bares y restaurantes en la fase I de desescalada han quedado en suspenso después de que Sanidad dejara fuera a la provincia de Granada.
El sector de la hostelería está mostrando su vulnerabilidad con la pandemia, y todos sus agentes piden una revisión participada; quizá este sea el momento de cambiar no sólo de modelo económico, también de modelo de ciudad.
El ayuntamiento de Granada anunció el 29 de abril la aprobación de la exención del pago de las tasas de las terrazas y la reducción en el pago de las de recogida y tratamiento de residuos sólidos en su modalidad industrial para aquellos negocios que se han visto obligados a suspender su actividad como consecuencia del estado de alarma con el fin de frenar la expansión de la pandemia de covid-19. El 8 de mayo el Ministerio de Trabajo acordó con la patronal y los sindicatos alargar los ERTE hasta el 30 de junio con la posibilidad de que el Gobierno pueda prorrogarlos más allá de esta fecha.
Esta semana, el Equipo de gobierno local de PP y Cs aprobó una batería de medidas consensuadas con la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada que incluyen ampliar la superficie de las terrazas, “caso por caso”, extender el horario de apertura por lo menos una hora, de forma que podrían abrir hasta la 1 de la madrugada entre semana y hasta las 2 los fines de semana; peatonalizar temporalmente las calles para ampliar las terrazas; instalar más veladores o mesas altas; y permitir actuaciones de música en directo en los espacios exteriores como reclamo para la clientela. Manuel Olivares, concejal de Empleo, Emprendimiento, Comercio y Turismo en el Ayuntamiento de Granada, explica a El Salto Andalucía que en el caso de este sector la idea es “dotar de vida a la ciudad para recuperar el consumo. Lo importante es que la gente salga a la calle y disfrute de estar en la ciudad, con un aliciente musical, con actividades culturales; respetando las medidas de seguridad y la distancia, el espacio público y de descanso; buscando el equilibrio ya que la convivencia es fundamental. Hay que abrir los ojos: vienen tiempos difíciles y tenemos que ir a una, ser flexibles y adaptarnos”.
La Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada ha puesto en marcha la campaña ‘Mejor cerrado que arruinado’ para poner de manifiesto la situación que atraviesa el sector
Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, nos comenta que en esta crisis sanitaria —la económica vendrá después— la situación es muy complicada y requiere un cambio de chip, “me parecen bien todas las opciones que maneja el sector, incluso la propuesta de eliminar la famosa tapa con la consumición, algo muy característico de la cultura de Granada. Lo cierto es que necesitamos urgentemente flexibilidad en los ERTE, que se extiendan en el tiempo para poder incorporar al personal con arreglo a la demanda”. La Federación ha puesto en marcha una campaña bajo el nombre 'Mejor cerrado que arruinado' con la que se ha previsto pegar un millar de carteles en los establecimientos para poner de manifiesto la “dramática” situación que atraviesa el sector de la hostelería y el turismo, y no descartan movilizaciones.
Además de la Federación, han surgido otros agentes, como la agrupación de hosteleros del centro y casco histórico de Granada, que secundan la campaña nacional #asiNOabrimos. Afirman que las restricciones para la apertura, la peculiaridad de sus locales y su ubicación lo impedirán en un 60-80% de los casos. Sus negocios, como muchos de la ciudad, tienen unas dimensiones tan reducidas que afrontan la reapertura como un auténtico reto; “nuestros gastos son enormes: alquiler, agua, luz, impuestos, seguridad social, proveedores. Aplaudimos la compensación de las tasas de terraza y basura de estos meses y que hayan contado con nosotros; pero necesitamos trabajar todos a una para encontrar más soluciones, y también contar con los vecinos a la hora de determinados tipos de actuaciones, tanto de ampliar terrazas y horarios como la música en directo, y encontrar un término medio. Queremos subsistir pero no ser un cáncer para los vecinos”, declara Jorge Martínez, su portavoz.
El personal de hostelería
La situación laboral de la mayoría del personal descrita por los sindicatos del sector es en general dramática. Calculan que sólo un 15% de los establecimientos cumplen el convenio hostelero en su totalidad y temen un retroceso en la situación actual, donde han llegado con esfuerzo a base de muchas denuncias; logrando que algunas empresas, cuando las multas superan sus previsiones, apliquen la ley.
Alejandro García, responsable de hostelería de CCOO en Granada, nos cuenta a El Salto Andalucía que desde el inicio de la crisis han recibido miles de llamadas. En Granada en el mes de marzo –un mes habitualmente positivo– se despidió a 5746 trabajadores del sector y se solicitaron 3158 ERTE motivados por fuerza mayor por la crisis del coronavirus que, con fecha 28 abril, afectan a 14.566 trabajadores, “hay ERTE no resueltos que no se cobrarán hasta junio y, de los expedientes tramitados, hay bastantes casos que están pausados por incidencias de distinta índole. Esto significa que hay gente que no va a cobrar hasta a saber cuándo”. Critica al empresariado que no ha sostenido a los trabajadores complementando sus sueldos o pagando sus vacaciones: “El año 2019 se cerró de nuevo con un crecimiento económico del sector turístico registrando las tasas más altas recogidas, que no se han traducido de vuelta en un apoyo a los trabajadores cuando la situación lo requiere”.
Su sindicato está volcado ahora en la seguridad de los trabajadores: “La gente en general tiene miedo y está preocupada. Necesitan de medidas de seguridad e higiene precisas” y reiteran la necesidad del cumplimiento del convenio: “Se incumple sistemáticamente, hay muchos casos en que los beneficiarios de los ERTE cobrarán el 70% de la base reguladora de su contrato, que muchas veces es de media jornada, con lo que no les da lo suficiente para vivir”.
Paco Cabello (SAT): “en la restauración, en general, se cobra entre 800 y 900 € al mes, trabajando 60 horas a la semana, con un contrato de media jornada y descansando un día, cuando tenían que descansar dos”
Paco Cabello es secretario de Acción Sindical del SAT y nos ofrece una radiografía parecida, “en la restauración, en general, se cobra entre 800 y 900 € al mes, trabajando 60 horas a la semana, con un contrato de media jornada y descansando un día, cuando tenían que descansar dos. Para que te hagas una idea: un trabajador en esas condiciones para cotizar los 15 años necesarios y lograr la pensión contributiva tendría que trabajar 60 años, así que hay tres generaciones que van a tener que vivir de pensiones asistenciales”.
Cabello señala que el modelo de crecimiento andaluz está basado únicamente en turismo, y en general del precario, y ellos abogan por trabajo digno con una reducción de la jornada, con unas condiciones laborales mejores donde todo sea equitativo. “Sin embargo nuestros empresarios no hacen como en otros países donde asumen el coste social, no están acostumbrados. Recibimos una media de 50 llamadas al día, hemos llegado a tener testimonios desoladores como la de firma de baja voluntaria previa”. El secretario de Acción Sindical del SAT reconoce que “La gente necesita un contrato para denunciar las situaciones irregulares, es la pescadilla que se muerde la cola, el proceso es lento, la tramitación de denuncias por despido suelen tardar 6 meses y si son por reclamaciones de cantidad adeudada pueden dilatarse hasta casi 2 años”.
Hostelería
El ‘simpa’ más grande del mundo
Solo en el primer trimestre del año, los trabajadores de los servicios de restauración, salud, cuidado de personas, comercio y protección y los vendedores no han cobrado 380.800 horas extra, según los datos del INE.
La salud es lo primero
La inquietud por las medidas que se van tomar para salvaguardar la salud de las personas que trabajan en hostelería y la clientela es compartida por todos y es el mayor reto al que se enfrenta el sector. La Junta de Andalucía ha publicado en la página web de la Consejería de Salud y Familias documentación referida a limpieza y desinfección de superficies para la prevención del coronavirus, donde habilitan una descripción de los productos desinfectantes biocidas con efectos virucidas y cómo utilizarlos, incluyendo los protocolos generales del Ministerio.
Sociedad Española de Sanidad Ambiental: “actualmente no existe en España ningún producto biocida que esté autorizado por el Ministerio de Sanidad para su empleo mediante nebulización sobre las personas”
Sociedades e Instituciones especializadas en salud ambiental y toxicología de varios países, incluida la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, coinciden en desaconsejar el empleo de túneles y arcos desinfectantes de ozono que se pueden estar utilizando sobre personas. Les parece muy importante aclarar que “actualmente no existe en España ningún producto biocida que esté autorizado por el Ministerio de Sanidad para su empleo mediante nebulización sobre las personas. Muy al contrario, los profesionales que aplican cualquier producto biocida han de estar protegidos con los equipos de protección personal adecuados a la categoría de peligrosidad del producto”. También precisan que hay dos productos, el ozono y el dióxido de cloro, que se están utilizando como viricidas, sin que esté constatado que lo sean, lo que puede suponer una falsa sensación de seguridad a los ciudadanos, ya que no se ha demostrado esta acción. Del ozono, al no haber sido evaluado aún por la Unión Europea para su uso como desinfectante de uso ambiental, se desconocen las dosis necesarias para garantizar su eficacia como viricida y los efectos para la salud que estas concentraciones pueden desencadenar; y respecto al dióxido de cloro es un buen bactericida y fungicida pero no viricida.
Un Técnico de salud ambiental del distrito sanitario de la Junta de Andalucía consultado por este medio advierte de la complejidad del tema que incluye muchos y diferentes aspectos a tener en cuenta: aforos, distancia de seguridad, circuitos de entrada y salida en los locales, atención a personas con necesidades especiales o movilidad reducida, “para la confección de futuros protocolos se debería contar con especialistas en salud pública, ambiental, alimentaria, urbanistas, es un reto que tiene muchos frentes”.
Ciudades que caminan
La Red de ciudades que caminan es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para fomentar el caminar como medio de desplazamiento cotidiano y por el derecho al espacio público. Ana Montalbán, secretaria técnica de la Red, considera positiva la apuesta de ampliar las terrazas de la hostelería peatonalizando algunas de las calzadas granadinas mientras no supongan un problema de accesibilidad para nadie y respeten el espacio de seguridad, cree que este es un buen momento para cambiar las reglas del juego y superar el tradicional antagonismo “peatones versus terrazas”, “En ciudades como Pontevedra, donde los automóviles son los invitados y se ha apostado por el aprovechamiento del espacio público y consolidado el espacio peatonal, no hay esa sensación de antagonismo, coexisten los espacios de terrazas y los peatones con sensación de espacio para todos”.
Montalbán afirma que la hostelería es un sector que está siendo muy castigado con la crisis y es necesaria una apuesta para que no se pierdan todos esos puestos de trabajo, “¿Nos hemos preguntado por qué mantener hileras e hileras de coches aparcados que no sirven absolutamente de nada? si este espacio es ocupado por terrazas que proporcionan trabajo y un servicio, proporcionando un balón de oxígeno a la hostelería, bienvenido sea”. Ana considera que una vez has comprobado que sin automóviles en las calles se vive mejor, eres capaz de defender esa idea.
El vecindario
La asociación Todos Somos Granada ha liderado una propuesta, donde manifiesta su preocupación respecto a las medidas anunciadas en la desescalada, apoyada por la Federación de Asociaciones Contra el Ruido (FACR) —que será secundada por otras provincias españolas— y que ha presentado en Subdelegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Granada. Exigen a las instituciones el cumplimiento de la legislación del Estado de Alarma donde prima la salud pública y el interés general, garantizando la distancia de seguridad interpersonal mínima de 2 metros exigida por el Ministerio de Sanidad, las dimensiones de acceso libre de los Servicios de Emergencia de 3,5 metros y el reparto del espacio público a favor de los que caminan y los que van en bicicleta, en ese orden de prioridad.
Exigen que los horarios de apertura de los establecimientos hosteleros deban ajustarse a lo solicitado y restringirse para asegurar que no se molesta a los residentes que “llevan años denunciando abusos en este sentido”. Consideran que en la mayoría de las ciudades españolas la laxitud de las administraciones han permitido el incumplimiento sobre niveles de contaminación acústica y ambiental, desprotección de cascos históricos, horarios incompatibles con el descanso y abuso de los espacios públicos que conlleva un “maltrato al Patrimonio y los residentes” que “debe cambiar”. También ven necesario un cambio de estrategia donde la administración utilice los recursos para diversificar la economía hacia un modelo sostenible.