Cristóbal Montoro
Varios ayuntamientos perdieron más de diez millones de euros en impuestos locales por el Caso Montoro

Mientras Cristóbal Montoro asfixiaba a los ayuntamientos con exigencias de recortes y una legislación que apretaba las tuercas a los presupuestos municipales, la trama destapada tras la imputación del entonces ministro de Hacienda del Partido Popular muestra que los ayuntamientos donde las empresas gasísticas implicadas tienen plantas de producción de gas dejaron de ingresar unos 10,5 millones de euros en concepto del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en los últimos cinco años, según las estimaciones de los investigadores y de una de las propias empresas, según se puede leer en el sumario del Caso Montoro al que ha tenido acceso El Salto.

La imputación de Cristóbal Montoro conocida la semana pasada por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha destapado una supuesta trama de corrupción en la que el despacho fundado por el propio Montoro en 2008, Equipo Económico (EE), servía como conexión entre el Ministerio de Hacienda y empresas que pagaban al bufete para modificar legislaciones fiscales a la carta. Media docena de empresas dedicadas al gas han sido las primeras en ser señaladas por el juez, aunque del sumario se desprende que podría haber otras empresas y sectores implicados que habrían logrado cambios legislativos para ahorrarse impuestos gracias a las conexiones del despacho con el equipo del Ministerio a manos del exministro del PP.

Una de las modificaciones a medida para los clientes del bufete fundado por Montoro fue la modificación de dos epígrafes del IAE, un impuesto que recaudan los municipios pero que la clasificación de las empresas para incluirlo en un epígrafe u otro es labor del Ministerio de Hacienda. Un grupo de empresas de gas compuesto por Air Liquide, Carburos Metálicos, Linde Gas (antes Abelló Linde), Messer Ibérica de Gases y Praxair España (actualmente Nippon Gases), que se habían organizado en la  Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) para poder hacer lobby en favor de sus intereses. Esta entidad llevaba años intentando que la clasificación de su actividad cambiara desde el epígrafe 253.1, correspondiente a gases comprimidos y con unas tarifas más altas, defendiendo que se les clasificara en el 251.3, reservado para empresas de gases industriales, lo que suponía un enorme ahorro en impuestos locales cada año y para los ayuntamientos, una merma en su recaudación.

Tras años haciendo lobby sin tener éxito y tras diversas sentencias en su contra y a favor de los ayuntamientos, el rumbo cambió cuando AFGIM contrató al despacho fundado por Montoro y se les abrieron las puertas del Ministerio de Hacienda, tal y como señalan las investigaciones que se recogen en el sumario. Según señala, la propia patronal redactó los nuevos epígrafes para que el 251.3 incluyera la fabricación de gases industriales. La nueva redacción fue recogida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 y entró en vigor ese año, facilitando que dicho grupo de empresas se incluyera en él y ahorrarse millones de euros en impuestos locales en los siguientes años.

Una de las empresas señaladas en la trama es Carburos Metálicos. Esta compañía se dedica a la venta de gases industriales para sectores como la metalurgia, vidrio, petroquímica, refrigeración o congelación. En el sumario del caso aparecen los cálculos de ahorro que la propia empresa había anotado en un excel, incautado en los registros, en el que se puede observar las cantidades no pagadas según el municipio donde la empresa tenía una de sus sedes de fabricación de gas.

El ahorro de tan solo de una de las empresas en un año gracias a la modificación del impuesto fue de 438.276 euros, que socavaron la recaudación de cinco ayuntamientos

En una tabla, la empresa anotaba cuánto deberían pagar en cada municipio si el IAE no era modificado y seguían tributando por el epígrafe 253.1 tal y como la ley y las distintas sentencias en contra de estas empresas y a favor de los ayuntamientos habían dictado. En otra columna de la misma tabla, la empresa anotaba cuánto pagaban finalmente gracias al cambio legislativo logrado por el equipo de Hacienda ahora imputado. Una tercera calculaba la diferencia, la cantidad que se ahorraban gracias al cambio de epígrafe de la trama corrupta. 

El ahorro de solo una de las empresas implicadas gracias a la modificación del impuesto fue de 438.276 euros en un año, que socavaron la recaudación de cinco ayuntamientos. Pero hablamos de solo un año. En los cinco años desde que se modificó el impuesto, Carburos Metálicos se ahorró 2,1 millones de euros. Según los cálculos de las investigaciones incluidas en el sumario, el ahorro aproximado de lo que han ahorrado en estos años las empresas gasísticas de la trama superaría los 10,5 millones de euros, que sería lo que han dejado de ingresar las arcas municipales de los ayuntamientos donde estas empresas tienen centros de producción.

El Ayuntamiento de Sagunto perdió 266.000 euros en impuestos en cinco años debido al cambio facilitado por la trama Montoro

Así, la planta que Carburos Metálicos tiene en Sagunto debería haber tributado 97.283 euros en dicho periodo, pero gracias a tributar por el nuevo epígrafe, tuvo que pagar al ayuntamiento 30.682 euros, con lo que obtuvo un ahorro de 66.000 euros en un solo año. Extrapolado desde que se realizó el cambio normativo, el Ayuntamiento de Sagunto perdió 266.000 euros en impuestos en cinco años debido al cambio facilitado por la trama Montoro. 

Los datos requisados a la empresa también señalan el ahorro acometido en la empresa Andaluza de Gases, en la que Carburos Metálicos comparte el 50% de la propiedad con otra empresa señalada, Praxair (actualmente denominada Nippon Gases). Dicha empresa tiene su sede en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira. Con el epígrafe correcto antes de la modificación, la empresa hubiera pagado algo más de 91.000 euros al año, pero el cambio rebajó la factura fiscal del IAE de la empresa a 28.151 euros, lo que provocó un quebranto en los ingresos del ayuntamiento de 63.000 euros en tan sólo un año. Extrapolado a los cinco años desde que se modificó el tributo local, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira dejó de ingresar 315.000 euros en impuestos de la empresa implicada en la trama Montoro. 

Cifras casi idénticas se dan en el municipio de Tres Cantos. La empresa se ahorraba también 63.000 euros anuales, lo que provocó un agujero fiscal para el ayuntamiento madrileño de más de 300.000 euros desde que se modificó la norma a gusto de las empresas de la trama. En la sede de Tarragona, el ahorro es menor porque los importes del impuesto son más bajos. El Ayuntamiento de la ciudad catalana dejó de ingresar unos 16.000 euros al año, unos 80.000 euros en cinco años.

En los cinco años desde que la trama Montoro modificó el impuesto, el pequeño Ayuntamiento de El Morell dejó de ingresar más de 1,14 millones de euros

Más llamativo es el ahorro que tuvo la empresa en el pequeño municipio tarragonés de El Morell. El pueblo de apenas 4.000 habitantes está en el epicentro de la trama ya que el consistorio fue objeto de un registro por orden del juez para buscar información relacionada con el caso, ya que también se señala que se concedió una licencia de obras de una planta de la empresa Messer, también registrada por los cuerpos policiales, mientras las obras ya estaban cerca de concluirse y con un informe en contra del arquitecto del Ayuntamiento ya que la construcción se estaba realizando en suelo con calificación rústica y por lo tanto no urbanizable.

La empresa Carburos metálicos pasó de pagar 321.564 euros en un año en concepto de IAE con el anterior epígrafe a abonar tan sólo 93.000. Es decir, la empresa se ahorró unos 228.000 euros al año, lo que supone que en los cinco años desde que la trama Montoro modificó el impuesto, el pequeño Ayuntamiento de El Morell dejó de ingresar más de 1,14 millones de euros.

El sumario no ofrece más detalle sobre el ahorro de impuestos del resto de las empresas señaladas por el juez, pero la mecánica de ahorro de impuestos locales en los municipios donde estas gasísticas tienen plantas debe ser la misma, incluso los montantes perdidos por los ayuntamientos podrían ser mayores. La empresa Messer tiene actualmente plantas en Vila-seca y El Morell, ambas en Tarragona, y otra planta inaugurada en 2024 en Estella-Lizarra (Navarra). Según la CNMC, Air Liquide tiene tiene ocho plantas de producción en España, ubicadas en Sagunto (Valencia), Martorell (Barcelona), Cabanillas del Campo (Guadalajara), Cartagena (Murcia), Huelva, Algeciras (Cádiz), Islas Canarias y en Vizcaya mediante la empresa filial Oxinorte. Linde tiene una nueva planta de producción en Torija (Guadalajara) y otra en Salamanca.

Rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad

El IAE no era el único impuesto que se consiguió modificar con la ayuda del bufete fundado por Montoro. El otro gran agujero fiscal fue la rebaja fiscal que consiguieron las empresas de gas señaladas en el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). Según señalan las investigaciones que contiene el sumario del caso, la contratación del bufete fundado por Montoro fue la puerta de entrada a que se modificaran las bonificaciones del impuesto para incluir a las gasísticas. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”, afirmaba uno de los correos interceptados en las investigaciones.

Sumado a lo ahorrado con el IAE en los últimos cinco años, las empresas ahorraron más de 51 millones de euros, de los cuales 41 los dejó de ingresar el Estado y algo más de 10 millones los ayuntamientos

La AFGIM contrató a Equipo Económico por 270.000 euros más IVA. Cantidad que se abonó dividida entre las empresas asociadas a AFGIM. La organización también contrató a la auditora Ernst & Young (E&Y) para que realizara un estudio del impacto en el pago del impuesto en caso de que se consiguiera una bonificación o exención parcial. Todo ello acabó, según apuntan las investigaciones, en que las empresas fueran incluidas en una bonificación del 85% en el pago del impuesto reservado para las empresas con alto consumo eléctrico. Según la auditora de E&Y, el conjunto de empresas señaladas por la trama se iba a ahorrar con la bonificación 4,1 millones de euros en 2013.

Según los cálculos realizados en el sumario, las empresas gasísticas implicadas en la trama Montoro se habrían ahorrado más de 41 millones de euros. Sumado a lo ahorrado con el IAE en los últimos cinco años, las empresas ahorraron más de 51 millones de euros, de los cuales 41 los dejó de ingresar el Estado y algo más de 10 millones los ayuntamientos donde estas empresas tienen plantas de gas.