Análisis
El ser o no ser de las reformas en Cuba

El cierre del mes de junio de 2026 estuvo marcado en Cuba por la aprobación de un paquete de 176 medidas que promete revitalizar el impulso reformista que, de manera inconsistente, se ha articulado en la Isla desde la década conclusiva del pasado siglo. En medio de la feroz agresión del binomio Trump-Rubio, las autoridades cubanas apuestan, pareciera que esta vez con contundencia, por la apertura al mercado. Sin duda alguna, vale la pena ubicar a esta noticia dentro del arco temporal discurrido en la nación caribeña en los últimos lustros.

Los primeros atisbos liberalizadores se articularon en el país en el decenio de 1990, cuando la crisis provocada por la desaparición del campo socialista y la desintegración de la URSS obligó al gobierno encabezado por Fidel Castro a implementar dinámicas aperturistas que permitieran adaptar el colapsado modelo de inspiración soviética al complejo escenario de la economía-mundo capitalista. La despenalización de la tenencia de divisas, la autorización de la entrada de remesas, el impulso al emprendimiento privado y el fomento de la inversión extranjera fueron algunas de las iniciativas promovidas por la misma estructura poder que, en el cierre de los años ochenta, se había negado a asumir en lo económico líneas de acción similares a las condensadas en la perestroika y en los procesos de remodelación estructural acaecidos en China y Vietnam.

Las limitadas reformas de los noventa, entendidas como recurso de contingencia y no como una reconceptualización del modelo, provocaron la parcial recuperación de la economía, al tiempo que propulsaron un escenario de desigualdad que laceró al pacto social nacido de la Revolución de 1959. El mejoramiento de la situación nacional encontró un catalizador, justo en la frontera del mileno, en la llegada al poder del proyecto nacionalista de Hugo Chávez en Venezuela.

El desmontaje de las denominadas “gratuidades indebidas” trajo consigo molestia y preocupación en los amplios sectores sociales históricamente beneficiados por estas

La alianza entre Caracas y La Habana —pactada en el contexto de auge del progresimo latinoamericano y del alza de las comodities en el mercado internacional— le garantizó a la Isla acceso a combustibles y a un esquema de financiamiento e inversión que se tradujo en la mejoría de los indicadores macroeconómicos. Sin embargo, tal interacción trajo consigo dos problemáticas. De un lado reforzó la tendencia del sistema cubano a depender de la estabilidad de un benefactor foráneo y por otro creó las condiciones para que la dirección insular cerrara el camino aperturista emprendido años antes, desde la lógica de que volvía a crearse un marco que permitía restañar la concepción hiperestatista de control económico.

El impulso reformista durante el mandato de Raúl Castro

La salida de Fidel Castro de la primera línea política en 2006, la asunción de la máxima dirección del país por Raúl Castro —más ajeno al quehacer voluntarista de su hermano— y sobre todo los desequilibrios que gravitaban sobre la economía dieron pie a un nuevo impulso reformista, el cual tuvo sus dos primeras manifestaciones en la eliminación de un conjunto de prohibiciones que pesaban sobre la vida de los cubanos —limitaciones para la compraventa de viviendas y vehículos, restricciones en el acceso a instalaciones turísticas y en el uso de la telefonía celular, permisos para viajar al extranjero— y en el adelgazamiento del sistema de subsidios con el que durante años el sistema había buscado compensar las carencias que experimentaba la población en materia de consumo. Así y como el fin de las proscripciones generó apoyo popular a los cambios en marcha, el desmontaje de las denominadas “gratuidades indebidas” trajo consigo molestia y preocupación en los amplios sectores sociales históricamente beneficiados por estas.

El núcleo de las reformas raulistas llegó en 2011 con la celebración de VI Congreso del Partido Comunista. En ese cónclave se aprobaron los Lineamientos de la Política Económico Social, bajo la idea de que ellos encarnaba la “actualización del modelo”. El discurso de la dirigencia cubana se lanzó a la defensa de la diversificación de las formas de gestión de la propiedad, del otorgamiento de más facultades a la empresa estatal, de la concesión en usufructo de tierras baldías, de la unificación monetaria y cambiaria, de la promoción de la inversión extrajera y de la superación de “viejas mentalidades” que impedían el avance del cambio necesario; todo ello desde el argumento de que las transformaciones implicaban no un ajuste táctico, sino una nueva visión del papel del mercado dentro del proceso de transición socialista.

Entre 2011 y 2019 Cuba cambió significativamente a través de las reformas impulsadas. Empero, estos cambios no supusieron la dinamización necesaria para la economía y sí la profundización de las asimetrías sociales, fenómeno que se articuló con el propio incumplimiento de las metas de transformación propuestas. Dentro de los factores limitantes del éxito reformista destacan las complejidades del escenario económico mundial, la continuidad de la proyección hostil de Washington hacia la Mayor de las Antillas, el deterioro creciente de la situación venezolana y la incapacidad del liderazgo antillano para acometer la ruta reformista con la contundencia necesaria.

Por debajo del aparente consenso oficial, varias corrientes pugnaron por el control de las reformas. Conservadores ideológicos temerosos de que los cambios pudieran desmontar al sistema, segmentos de la burocracia aferrados a la preservación de sus privilegios, impulsores de una apertura limitada tendente a la conformación —corrupción mediante— de un “capitalismo de compadres” y actores comprometidos con la actualización virtuosa del ideal socialista participaron de una batalla soterrada en la que Raúl Castro fungió como árbitro. Este choque de tendencias se saldó con la no plena consumación del programa reformista e incluso con su virtual paralización entre 2015 y 2019, a pesar de que en la constitución aprobada ese último año quedaron recogidos tanto el escenario social nacido de la transformación económica operada, como las líneas de continuidad que esta debía seguir.

Como lapso perdido debe subrayarse el bieno 2015-2016, período en el que se articuló el llamado “proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba”, a partir de los acuerdos suscritos por las administraciones de Barack Obama y Raúl Castro. Los retos que, tanto en lo ideológico como en materia de control social, emanaban del aprovechamiento máximo de las potencialidades económicas que se inauguraban con el deshielo llevaron a no conectar la sinergia reformista interna con el nuevo escenario bilateral, al tiempo que se confiaba en la posibilidad de canalizar los impulsos de la apertura hacia sectores —el turismo en primer lugar—marcados por su anclaje a entramados específicos dentro de la estructura administrativa del Estado, en lo fundamental el conglomerado militar Gaesa.

El triunfo de Donald Trump en 2017 trajo consigo el fin de la normalización y la imposición de cientos de medidas que reforzaron la guerra económica estadounidense contra la Isla. Este escenario poco favorable se profundizó con el arranque de la pandemia de covid-19 en el año 2020. El Estado cubano combatió a la enfermedad con una política de restricción de la movilidad de la población, lo cual ayudó a la preservación de vidas, pero golpeó notablemente a una economía ya tocada por sus problemas estructurales y además impactada por los efectos que la propagación del virus causó a nivel internacional.

La inflación, el déficit fiscal y el descontrol cambiario destacaron entre las problemáticas desatadas dentro un escenario caracterizado por desajustes macroeconómicos visibles hasta el día de hoy

En enero de 2021 y como parte del esfuerzo por reactivar la economía, el gobierno puso en práctica la Tarea Ordenamiento, programa de unificación monetaria y cambiaria que resultó un fracaso rotundo. Los supuestos sobre los que se sustentó la selección del momento de arranque de la iniciativa no se cumplieron. Ni se mantuvo el control de la situación epidemiológica —nuevas cepas de la covid-19 multiplicaron los contagios en la primera mitad del año—, ni el triunfo del demócrata Joseph Biden —quien fuera vicepresidente de Obama— supuso el desmontaje de la hostil proyección trumpista. A una pocas semanas de su implementación, el Ordenamiento había caotizado a la economía y afectado directamente el bolsillo de los ciudadanos. La inflación, el déficit fiscal y el descontrol cambiario destacaron entre las problemáticas desatadas dentro un escenario caracterizado por desajustes macroeconómicos visibles hasta el día de hoy.

En ese 2021 otras cuestiones tensaron la situación nacional. La precaria condición del sistema eléctrico —lastrado por la antigüedad de sus plantas, la falta de mantenimiento y la escasez de combustible— se combinó con la materialización de un pico pandémico y la conformación de un clima de hastío social reforzado por la polarización incentivada desde las redes sociales. La confluencia de estos factores alcanzó la dimensión máxima el 11 de julio, jornada en la que se produjeron protestas a lo largo del país, dentro de las cuales acaecieron choques entre manifestantes y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

La respuesta oficial a este suceso disruptivo —atípico dentro de la lógica imperante en Cuba con posterioridad al año 1959— se desplegó en tres líneas fundamentales. Las severas condenas a parte de los participantes en las acciones de interpelación al poder, el impulso a un programa de atención a barrios marcados por situaciones de pobreza y marginación —precisamente el foco de los suceso— y la aprobación de disposiciones favorables al fomento de micro, pequeñas y medianas empresas sobresalen como parte de la iniciativa gubernamental para contener la tendencia que apuntaba a la estructuración de una crisis política. La articulación de mecanismos que permitieron una mayor flexibilidad de los flujos migratorios se convirtió, asimismo, en eficiente fórmula para aliviar la presión social.

Entre los años 2022 y 2024 la situación económica del país no mejoró. Cuba fue incapaz de remontar la situación creada por la pandemia, en un contexto en el que la presión norteamericana distó de amainar. En simultáneo, el deterioro del realidad venezolana repercutió negativamente, sobre todo en el terreno del abasto de combustibles. A lo interno, disposiciones como la llamada “bancarización”—abocada a aportar equilibrios en materia monetaria— no brindaron soluciones al peliagudo panorama, justo cuando el alza del dólar en el mercado informal contribuía a la continuidad de la presión inflacionaria. Tampoco lograron encaminar la situación, pese a algunos éxitos parciales, los propósitos de estabilización macroeconómica presentes en los planes gubernamentales, todo ello en paralelo al inicio de las progresivamente recurrentes desconexiones totales del sistema electroenergético nacional

En el 2025, mientras desde amplios sectores de la ciudadanía se le exigía al gobierno dar pasos firmes en busca de soluciones a la aguda situación del país, el marco internacional se complejizó para Cuba a raíz del regreso a la Casa Blanca de Donald Trump. La agresividad de magnate republicano se concentró en las ascendentes amenazas sobre Venezuela, mientras que en relación con la Isla se afianzó el cerco energético, comercial y financiero, proyección que se articulaba con la hostilidad hacia las misiones médicas cubanas —importante fuente de financiamiento para La Habana— y con la búsqueda del aislamiento diplomático de la nación antillana.

El arranque del 2026 estuvo marcado por la agresión norteamericana a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, acción cuya principal consecuencia fue la asunción por parte de la dirigencia chavista de un modus vivendi con Washington definido por la supeditación a los dictados imperiales. Como muestra de tal dinámica, Caracas suspendió los envíos de combustible a Cuba. Semanas después, el cerco estadounidense se estrechó con la promulgación de una orden ejecutiva que bloqueaba el suministro a la Isla de carburantes.

Iniciaba de tal modo una complejísima coyuntura que en la práctica ha implicado la semiparalización de la vida nacional, proceso reforzado —a lo largo del primer semestre del año— por las amenazas y disposiciones que la Administración Trump ha lanzado contra aquellos actores externos conectados con la economía cubana. Multinacionales como Sherrit y Meliá han paralizado o reducido sus actividades en Cuba ante el temor a represalias estadounidenses. Asimismo, agentes económicos internos ha sido sancionados como parte de la agresiva política que conduce en la práctica el beligerante secretario de Estado Marco Rubio.

Desde concepciones anticapitalistas se le señala al gobierno su incapacidad para representarse soluciones a los dilemas económicos ajenas al impulso de las dinámicas promercado

En tales circunstancias, el accionar del gobierno cubano se ha concentrado en organizar el funcionamiento del país, a partir de garantizar los servicios vitales y la continuidad de actividades económicas priorizadas, propósitos que se han cumplido de forma precaria ante la escasez de combustible. Este insumo esencial ha entrado a la Isla a cuenta gotas, en lo fundamental gracias a la acción de empresarios privados que no han sido objeto del marco sancionador norteamericano.

A su vez, las autoridades cubanas han expresado su disposición a establecer un diálogo con Estados Unidos, interacción que —desde la información pública disponible— no ha sobrepasado la realización de algunos contactos de alto nivel que han coincidido tanto con filtraciones por parte del gobierno estadounidense, como con la continuidad de la retórica agresiva del binomio Trump-Rubio, el cual ha llegado a amenazar con la posibilidad de lanzar acciones militares contra Cuba.

Nueva política de apertura

Una tercera arista de la repuesta cubana a la tensa situación creada ha sido la promoción de una política aperturista. Esta arrancó, a inicios de año, con el anuncio de mayores facilidades para la inversión de cubanos residentes en el exterior y acaba de alcanzar un impulso destacado a través del paquete de 176 medidas aprobado de forma expedita por los principales órganos de dirección del país. Las reformas retoman ideas ya planteadas en los esfuerzos anteriores de promoción de las dinámicas de mercado, pero cuentan —desde el espíritu que las preside— con la ventaja de proponerse una modificación sustancial e integral del escenario económico.

Empero, su llegada no ha estado ajena a contradicciones y pugnas que muestran los desafíos que tiene el paquete reformista. Resulta de amplio consenso la opinión de que los cambios llegan tarde, en un contexto en el que el deterioro de la realidad nacional ha limitado la capacidad de maniobra del gobierno y reducido el capital político necesario para impulsar transformaciones de importante calado. Asimismo, se manifiesta como obstáculo de peso la arreciada hostilidad norteamericana, factor de tal importancia que da vida a la pregunta de si el impulso renovador podrá convertirse en plataforma para el salto cualitativo que demanda la economía cubana.

En paralelo no han faltado las voces que subrayan los riesgos que la senda de la reforma implica para la preservación de la lógica sistémica, así como los que subrayan —generalmente desde un perfil opositor— que las modificaciones en la economía deben acompañarse de profundos cambios políticos. Desde posiciones ancladas a concepciones anticapitalistas se le señala al gobierno, además, su incapacidad para representarse soluciones a los dilemas económicos ajenas al impulso de las dinámicas promercado.

A partir de tales planteamientos —y también desde la articulación de intereses conectados con la defensa del inmovilismo— se ha generado, al menos en lo discursivo, un conato de contrarreforma que acoge en su seno falencias argumentales, manipulaciones históricas y ausencia de respuestas concretas a los desafíos existentes. Los contrarreformistas construyen un pasado mejor—atado a los fundamentos del “socialismo real”— que no existió en la dimensión por ellos planteada, se resisten a asumir el quiebre práctico en el presente de los fundamentos que dieron vida al proyecto de la Revolución y generan una interpelación al empleo de los mecanismos de mercado sin plantear una alternativa viable en las condiciones actuales de Cuba y el mundo.

Como ha sido regularidad en las últimas cuatro décadas, la crisis cubana —derivada de la conjunción de factores externos e internos— intenta ser conjurada por el poder vigente en la Isla a partir de la aplicación de reformas liberalizadoras que identifican al mercado como elemento esencial dentro de la realidad social. Después de asunciones parciales entendidas como reajuste coyuntural y de propósitos de transformación estructural frustrados en lo fundamental por resistencias internas, el gobierno antillano —asediado por la segunda Administración Trump, el deterioro acelerado del entramado económico del país, la agudización de la crisis social y la creciente fractura del consenso político— se ha lanzado a la aventura de avanzar en el desmontaje del viejo andamiaje de cuño soviético, en función de alcanzar el ansiado repunte económico.

¿Frustrará la presión norteamericana el propósito renovador de las autoridades cubanas? ¿Lograrán encaminarse positivamente las reformas? ¿Qué profundidad alcanzará la dinámica de ajuste inherente a las transformaciones promercarcado? ¿Será capaz la élite política de timonear un proceso que tensionará al ya desgatado consenso social? ¿Se encamina Cuba hacia una remodelación virtuosa del muy mermado proyecto socialista o se abren las puertas a la restauración capitalista? Para estas interrogantes tendrá respuesta la Historia.