Cuidados
Investigan la muerte de una trabajadora del Servicio de Atención Domiciliaria en Sevilla

La muerte el pasado viernes de una trabajadora del Servicio de Atención Domiciliaria durante su jornada laboral es el reflejo de un sector al que le faltan derechos laborales reconocidos que emplea a más de 25.000 mujeres en Andalucía.
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La precariedad del sector afecta a más de 25.000 mujeres en Andalucía David F. Sabadell

El pasado jueves Miguela iba de un domicilio a otro dentro de su jornada laboral como profesional del Servicio de Atención Domiciliaria en Sevilla, cuando fue arrollada por un coche que posteriormente se dio a la fuga. Tras dos días en el hospital falleció a causa del siniestro. A pesar de que tanto familiares como sus compañeras creen que se trata de un Accidente laboral In itnere por ahora la empresa se ha negado a dar más datos hasta que se confirme por vías legales.

Este lunes las compañeras de Miguela se han concentrado frente a las oficinas de la empresa “en memoria de la compañera” y para mostrar que accidentes como estos “Nos hace darnos cuenta de lo poco que valen nuestras vidas tanto para los que hacen los convenios, como para las empresas y los ayuntamientos”, exponía la convocatoria.

Ana Richarte del SAD CGT Andalucía, se ha reunido con carácter urgente con la empresa en la mañana del lunes, que siguen reiterando que “hasta que no se tenga la seguridad de que es un accidente laboral no están en la obligación de facilitar ningún dato”. Además, Richarte añade que desde el accidente la empresa ha notificado al sindicato que la familia había pedido discreción “Sin embargo, la familia nos ha dicho que eso no es cierto, que ni siquiera se ha puesto en contacto con ellos”. El suceso será llevado a las instancias judiciales por parte de los familiares para demostrar que se trata de un accidente laboral.

El excesivo trabajo además “genera un desconcierto y un estrés a las compañeras que van como zombis por la calle, porque sienten responsabilidad y quieren llegar a todo para no quitarle tiempo al usuario”, sostiene Ana Richarte.

El caso de Miguela es la punta del iceberg del sector del Servicio de Atención Domiciliaria, que genera más de 44.000 empleos directos, según los datos de la Junta de Andalucía y que atiende a más de 147.000 personas en el territorio. Un número que no para de aumentar. Sin embargo, en Andalucía el sector se enfrenta a una falta de un convenio que recoja los derechos laborales básicos de las trabajadoras y la privatización del sector que hace que cada vez en más partes del territorio este servicio se encuentre en manos de grandes empresas multiservicio como Sacyr, Dacurama o Clece. Esta privatización conlleva una merma en las condiciones laborales de las trabajadoras.

La sobrecarga de trabajo es una de las consecuencias de esta falta de derechos laborales, en muchas ocasiones las trabajadoras tienen que asistir en un tiempo limitado a varios domicilios. Estos desplazamientos no son reconocidos como tiempo laboral en la mayoría de las empresas que dominan el sector. El excesivo trabajo además “genera un desconcierto y un estrés a las compañeras que van como zombis por la calle, porque sienten responsabilidad y quieren llegar a todo para no quitarle tiempo al usuario”, sostiene Richarte.

Según el estudio CuidémoNos elaborado por la UAB las profesionales que se dedican a la atención domiciliaria son propicias sufrir “enfermedades musculoesqueléticas, el estrés, la ansiedad y los trastornos alimentarios” como consecuencia de su trabajo.

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Para evitar esta situación de excesiva precariedad laboral de las trabajadoras sindicatos como CGT señalan la necesidad de remunicipalizar el servicio, es decir, volverlo de titularidad pública, ya que creen que “la privatización del SAD en la mayoría de los pueblos y ciudades andaluzas supone poner el servicio en manos de empresas sanguijuelas sin escrúpulos que sin exponer nada se lucran con dinero público y maltratan directamente a las profesionales”.

Desde el sindicato han convocado la Segunda Marcha Blanca del SAD Andalucía, que movilizará a las profesionales del sector por toda Andalucía a través de 12 marchas durante el próximo año, con el objetivo de “visibilizar públicamente a un colectivo maltratado, precarizado y no reconocido profesionalmente como personal sociosanitario que es”.

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