Educación infantil
La educación gratuita en la etapa de cero a tres años sigue sin ser universal

Pese al compromiso del gobierno y al dinero de los fondos Next Generation destinado a las comunidades para incrementar el número de plazas y, que estas sean accesibles en el primer nivel de Infantil, sólo cuatro comunidades ofertan plazas gratuitas.

La semana pasada se abría el periodo de admisión de alumnado en varias comunidades autonómicas. Mientras las familias rellenan documentos, una asignatura queda aún pendiente: pese a los planes del gobierno, la gratuidad del ciclo de enseñanza de cero a tres años aún no alcanza a toda la infancia. Así lo confirma el informe Retos en la educación entre 0 y 3 años, elaborado por Educo, que, analizando el estado de este ciclo en todas las autonomías, llega a la conclusión de que, aunque la media española de acceso es elevada (41,8%), y está cerca del 45% que fija el Consejo de la Unión Europea para 2030, seis comunidades y las dos ciudades autónomas no han alcanzado ni el objetivo del 33% fijado para 2010. Además, sólo cuatro comunidades Aragón, Galicia, Madrid, La Rioja y Murcia— ofrecen estas plazas de manera gratuita (sin contar los gastos de comedor).

El 21 de noviembre de 2021 el Consejo de Ministros aprobó la distribución entre las comunidades autónomas de 666,5 millones de euros para crear 65.382 plazas de educación infantil en los próximos tres años, provenientes de fondos europeos. Meta que se plasma en el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030). El avance en la universalización del acceso a este ciclo también se recoge en la LOMLOE. Por tanto, las comunidades autónomas deben de poner a disposición de las familias plazas gratuitas desde los cero a los tres años. Pero la realidad demuestra que la implantación de este nuevo ciclo gratuito está siendo desigual e insuficiente en el conjunto del Estado.

Como ejemplo, la renuncia de Euskadi a los 11 millones que le tocaban para financiar plazas de escuela pública para este ciclo reconocida por Urkullu, bajo el argumento de que en su comunidad existen plazas públicas suficientes. Para la organización de AMPA Ehige, estos fondos finalistas para plazas públicas entrarían en colisión con las ayudas económicas aprobadas para las escuelas de primer ciclo de infantil de titularidad privada. “El aumento de oferta de plazas públicas conllevaría la no justificación de la financiación al sector privado”, aseguran desde Ehige.

“Se está ampliando la disponibilidad de plazas pero debe de ir a la par de la ampliación de la gratuidad que al final es la barrera que encuentran las familias más vulnerables”

“Estos fondos están destinados a la creación de plazas públicas. Incluso con ese número de plazas que se han creado tampoco llegaríamos a la escolarización universal. Y además, aunque sea una plaza pública, no necesariamente es gratuita; en las comunidades en las que aún no hay plazas gratuitas esas plazas suponen una inversión para las familias. Se está ampliando la disponibilidad de plazas pero debe de ir a la par de la ampliación de la gratuidad que al final es la barrera que encuentran las familias más vulnerables”, explica Elena Juanes, técnica de primera infancia en el departamento de incidencia política de Educo.

Criterios de baremación

Esta situación afecta principalmente a las familias en situación de mayor vulnerabilidad. Según el último dato disponible en el INE de 2016, el 74% de las familias con las rentas más bajas no acceden a servicios de cuidados para menores de 3 años. Sin embargo estas son, al mismo tiempo, las que más lo necesitan para romper el “círculo de la pobreza”, tal y como explican desde Educo, quienes valoran que, ya que no hay plazas para todas, es necesario un “cambio de mirada” en su concesión. 

“Venimos de un enfoque asistencialista, que entendía el ciclo de cero a tres como “guarderías”. Este enfoque prioriza la conciliación laboral en un sentido amplio, y toma como criterios tanto la situación de alta laboral, como aspectos que tienen que ver con el tiempo de las familias, esto es la proximidad al domicilio o el número de hermanos en el mismo centro”, explica Juanes, para quien el problema viene cuando se priorizan demasiado estos criterios. "Con los criterios de baremación actuales es muy posible que una familia con una renta alta y otra con una renta baja lleguen a tener la misma puntuación. Es muy importante que en los casos de desempate se prioricen las rentas y también otros aspectos como el ser familia monoparental, que tienen tasas de riesgo de pobreza mayores”, explica esta técnica de Educo, mientras insiste: El ciclo de cero a tres es beneficioso para niños y niñas independientemente de la situación laboral de sus familias. “Hay que resaltar el carácter educativo que tiene esta etapa”.

“Con los criterios de baremación actuales es muy posible que una familia con una renta alta y otra con una renta baja lleguen a tener la misma puntuación”

Según los datos presentes en el informe, un 60% de las madres trabajadoras tienen acceso a este ciclo frente a un 37% de las madres que no trabajan. “Hay criterios porque no hay plazas para todos, entonces se ponen filtros. El hecho de que pesen más aspectos que favorezcan la conciliación y no pesen criterios como que una madre está en situación de inactividad y, por lo tanto, necesita buscar un trabajo, no es justo”, expresa Dori Rodríguez, especialista en educación en el área de incidencia política de Educo.

Por ello, desde el informe se incide en que “todas las comunidades deberían tener en cuenta las situaciones de desempleo en sus baremos, y equiparar la actividad laboral con la condición de personas en situación de incapacitación para favorecer la inclusión de las familias más vulnerables”.

“Todas las comunidades deberían tener en cuenta las situaciones de desempleo en sus baremos”

Desigualdad en el precio

En este escenario, el informe de Educo incide también en la desigualdad territorial en cuanto a precios para acceder a este derecho. Mientras que algunas comunidades autónomas y algunos municipios han realizado importantes avances hacia la gratuidad universal, en otros lugares algunas familias aún tienen que hacer frente a costes superiores a los 200 euros mensuales, como es el caso de Andalucía, Canarias o, Extremadura, tal y como se lee en él. Entre las regiones, destacan los 355, 16 euros que se pagan en Canarias, con acceso a la gratuidad en función de la renta.

Entre las comunidades con acceso gratuito queda aún una barrera por saltar: el precio del comedor que va de los 50 euros en Murcia a los 118 euros en Aragón

Y, entre las comunidades con acceso gratuito, que son Aragón, Galicia, Madrid, La Rioja y Murcia, queda aún una barrera por saltar: el precio del comedor que va de los 50 euros en Murcia a los 118 euros en Aragón. Todo ello en un escenario donde casi siete de cada diez familias de ingresos bajos no tienen beca comedor. “Además acudir al comedor es obligatorio”, valora Rodríguez.

La gratuidad de la beca comedor en familias en situación de vulnerabilidad debiera ser automática. Los trámites de gestión son muy trabajosos para la administración y para las familias y estamos garantizando un derecho. El comedor escolar forma parte del derecho a la educación”, sentencia.

Tal y como se indica en el informe, las barreras económicas afectan en mayor medida al acceso de las familias con rentas más bajas “y, en especial, a aquellas con rentas de entre 9.215,60 € y 13.696,50 € (segundo quintil), que acceden en menor medida a las ayudas y becas destinadas a cubrir los costes de la escolarización y otros servicios, como el comedor o el horario ampliado”. 

Una pluralidad de políticas

Ahora bien, insisten desde Educo, universalidad en el acceso a plazas de cero a tres no es igual a obligatoriedad. “Valoramos que la educación cero a tres es importante, es un derecho. Pero, al mismo tiempo también consideramos que el bienestar de niños y niñas y de sus padres y madres es importante. Por ello, apostamos también por una pluralidad de políticas a favor de la infancia, para que los permisos de paternidad y maternidad se puedan ampliar más”, explica Dori Rodríguez. 

“Los permisos de paternidad y maternidad los tienen las personas que tienen empleos regulares, estables. Pero hay que tener en cuenta la diversidad de situaciones laborales, algunas muy precarias”

Para Elena Juanes, el escenario ideal serían unos permisos de maternidad y paternidad acordes a lo que la sociedad demanda. Pero la realidad es diferente. “Tiene que haber una libertad real por los dos lados. Los permisos de paternidad y maternidad los tienen las personas que tienen empleos regulares, estables. Pero hay que tener en cuenta la diversidad de situaciones laborales, algunas muy precarias”, sentencia. 

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