Eléctricas
Un mes de nueva tarifa de la luz: historia de un fracaso innecesario

“Lo que hubiera sido un éxito de la hostia se ha convertido en una hostia en la cara”. Con estas palabras Mario Sánchez Herrero, investigador de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, describe el resultado del primer mes de la nueva tarifa impulsada por el Gobierno de coalición.

A última hora y por la mínima, el Gobierno ha conseguido evitar que junio de 2021, el primer mes con el nuevo recibo de la luz, figure como el mes más caro de la historia. La reducción del IVA del 21% al 10%, decidida a la desesperada el 24 de junio, después de una gran presión de organizaciones de consumidores, sociedad civil, partidos políticos y una indignación generalizada entre la ciudadanía, ha logrado rebajar una parte del aumento experimentado en el coste de la electricidad para los hogares. 

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Crece la oposición a una nueva factura que pone el foco en las familias —especialmente las más vulnerables— y no en el modelo energético y sus deficiencias. Hoy hay convocadas manifestaciones en decenas de ciudades españolas.

Pero este recorte en el IVA —que ha supuesto para el usuario medio una reducción de ocho euros— apenas ha servido para amortiguar una de las mayores subidas del precio de la luz de los últimos años. Aun con la reducción de 11 puntos en el impuesto, este mes se ha convertido en el junio más caro de la historia y el sexto más caro desde que se tiene registro. El usuario medio deberá pagar por la luz de junio un 34,4% más que hace un año. 

Para el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, la reducción del IVA es un paso “positivo” pero “insuficiente”: reclama que la bajada se mantenga “en cualquier situación y para siempre” y no hasta diciembre de 2021 y mientras el precio medio del megavatio hora esté por encima de los 45 euros, tal como anunció el Gobierno. Sánchez demanda al Ejecutivo, además, “una reforma de calado” en el sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico que ponga freno “a la especulación de las grandes eléctricas” y que “limite el poder de mercado del oligopolio eléctrico a tres que tenemos en España” que provoca que las compañías inflen el precio de la electricidad. 

Se necesita “una reforma de calado” en el sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico que ponga freno “a la especulación de las grandes eléctricas” y que “limite el poder de mercado del oligopolio eléctrico a tres que tenemos en España” que provoca que las compañías inflen el precio de la electricidad, señala Facua

Para el portavoz de esta organización de consumidores, la principal responsabilidad del tarifazo la tienen las eléctricas —“que están especulando con los precios y nos están inflando el recibo”— y no el nuevo sistema por tramos, aunque la reforma “ha agravado la subida”. La razón que aducen el Gobierno y el mercado eléctrico para la subida del precio de la luz, el incremento de los derechos de emisión, no lo explica todo: “Llevamos muchísimos meses asistiendo al discurso de que los derechos de CO2 están provocando incrementos en toda Europa pero luego mirábamos cómo la subida no era tan alta como en España”, dice Sánchez.

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La culpa la tiene, denuncian desde las organizaciones de consumidores Facua y OCU, el sistema de subastas horarias que determina lo que pagan los consumidores por la electricidad, en el que el precio más caro de producción de energía se utiliza para remunerar al resto de productores que se necesitan para cuadrar la demanda con la oferta de electricidad, sin importar cuáles son sus gastos o si ya han amortizado su inversión. 

Para OCU, el peso que se ha dado al nuevo recibo por tramos en el aumento del precio de la electricidad ha sido exagerado: “Los nuevos tramos horarios en las tarifas de acceso han sido criticados, sobre todo, por el fuerte aumento de esos cargos en el llamado horario ‘punta’. Lo cierto es que su efecto para los consumidores con PVPC y que no tenían discriminación horaria es más bien neutro, ni suben ni bajan su factura”.

Para FACUA y OCU resulta indispensable que el Gobierno y la CNMC abran una investigación sobre el “escandaloso incremento del precio de la electricidad de los últimos meses, que tiene un fuerte impacto en los hogares más desfavorecidos”

También desde OCU señalan que echar la culpa del aumento exclusivamente al incremento de los derechos de emisión de CO2 resulta simplista, sobre todo cuando ha sido “la generación hidráulica la que ha fijado el precio de la electricidad en más de la mitad de los días del mes de junio”. Para FACUA y OCU resulta indispensable que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abran una investigación sobre el “escandaloso incremento del precio de la electricidad de los últimos meses, que tiene un fuerte impacto en los hogares más desfavorecidos”. 

Lo cierto es que los precios de la electricidad en España ya estaban subiendo de forma significativa en España desde inicios de año, especialmente durante el temporal Filomena, y marcaron dos récords en 2021, el cuarto y quinto mes más caro de la historia de los recibos de luz: 82,13 euros en mayo y 81,55 euros en febrero.

La nueva factura por tramos ha creado “una incertidumbre adicional” y ha penalizado, según denunciaba la Alianza contra la Pobreza Energética, a las familias con menos recursos: aquellas que no cuentan con acumuladores de electricidad para almacenarla; aquellas que no disponen de electrodomésticos eficientes y programables; aquellos hogares en los que poner a funcionar la lavadora en el horario valle, de 00h a 6am puede generar importantes problemas de convivencia dentro de las viviendas y con los vecinos. La norma, tal como señalaba un artículo de María Ángeles Maestro en Pikara Magazine, sitúa la responsabilidad, una vez más, sobre los hombros de las mujeres, que son quienes hacen uso de aparatos altamente consumidores de luz como la lavadora, el horno, la plancha o la aspiradora, y quienes tienen que redoblar sus esfuerzos muchas veces a costa de su salud y su descanso para que la factura de la luz no se dispare.

El Gobierno falló tanto en la comunicación del nuevo recibo —que vendió como una oportunidad para el ahorro, cuando los precios de gas hacían que esto fuera imposible— como en el momento elegido para implementar las diferentes medidas en las que estaba trabajando de forma paralela

El nuevo recibo tampoco ha solucionado otro de los graves problemas que se arrastran desde tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy: el enorme peso de la parte fija de la factura con respecto al coste real de la energía consumida. La reducción del peso de los peajes e impuestos en el total de la factura aumentó un 103% durante la era de Mariano Rajoy. El nuevo recibo apenas soluciona un porcentaje mínimo de este desequilibrio, señalan desde las organizaciones de consumidores.

¿Y si la historia hubiera sido diferente?

Todos hemos visto el resultado: el Gobierno ha recibido una “hostia tremenda” y ha intentado reaccionar para minimizar el coste político, señala Sánchez Herrero, también integrante de la cooperativa de energía solar Ecooo. Pero los elementos para que hubiera sido de otra manera estaban sobre la mesa. El Gobierno falló tanto en la comunicación del nuevo recibo —que vendió como una oportunidad para el ahorro cuando la coyuntura del mercado eléctrico hacía que esto fuera imposible— como en el timing, el momento elegido para implementar las diferentes medidas en las que estaba trabajando de forma paralela. 

Recapitulemos. El mismo día que entró en vigor el nuevo recibo, el 1 de junio, el Gobierno lanzaba un anteproyecto de ley para recortar en 1.000 millones de euros los “beneficios caídos del cielo” de las nucleares y las hidroeléctricas, un beneficio adicional no justificado por sus gastos ni por sus inversiones, que ya han sido amortizadas hace décadas. Esta medida, por sí sola, hubiera significado una reducción de la factura entre el 3% y el 5%, pero hasta dentro de varios meses esta ley no estará aprobada ni la sentirá nadie en su bolsillo. Al mismo tiempo, el Ejecutivo está trabajando en el llamado Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que sacará de la factura eléctrica entre otros gastos las primas a las renovables, algo que supondría un ahorro de cerca de 5.000 millones en los recibos de la luz de toda la población. Otra medida que tardará meses en aprobarse. No así el cambio en la tarificación del recibo de la luz, que comenzó a aplicarse puntualmente el 1 de junio con los precios de la electricidad en el mercado mayorista más caros desde el temporal Filomena.

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El Gobierno hace coincidir la introducción de la nueva factura eléctrica, que aumentará el precio de la luz si no se cambian los hábitos, con la presentación del anteproyecto de ley que acabará con una sobrerretribución de las nucleares y las hidroeléctricas calculada en 1.000 millones de euros.

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Si hubieran esperado seis meses, argumenta Sánchez Herrero, y hubieran hecho coincidir la aprobación de estas tres medidas, el Gobierno podría haber sacado pecho de haber conseguido bajar el precio de la luz, haber reducido la parte fija de la tarifa —promoviendo el ahorro, la eficiencia y el autoconsumo—, se hubiera posicionado contra el oligopolio que domina el mercado eléctrico y hubiera podido implementar sin tanta oposición un nuevo recibo pensado para avanzar en la descarbonización de la economía. No fue así. Sánchez Herrero señala que el Gobierno, y en especial el Ministerio de Transición Ecológica, va “sacando normativas como pollo sin cabeza, sin acertar en el timing, y la han cagado innecesariamente”. 

“Hay gente que se da cuenta de que tenemos que luchar urgentemente contra el cambio climático y toman medidas sin medir el impacto que van a tener en los grupos sociales más desfavorecidos y lo que se han encontrado es con una hostia tremenda”, resume Mario Sánchez Herrero, de Ecooo

El otro fallo del Gobierno fue de comunicación, explica este investigador, experto en energías renovables. La nueva tarifa, indica, ha sido diseñada para avanzar en los objetivos de lucha contra la crisis climática: si los cambios de hábito consiguen distribuir el consumo y evitar picos de demanda, las centrales de gas, las más caras y contaminantes, se quedarían fuera de la oferta de energía, y se conseguiría reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Como efecto colateral, teóricamente bajaría el precio de toda la electricidad, ya que se paga a todas las centrales el precio de la energía más cara, la última en entrar en la oferta, es decir, el gas. A la vez, con esta distribución de la demanda a lo largo del día y de la semana, se conseguiría reducir las inversiones en redes de distribución y de energía, que se trasladan religiosamente al recibo de la luz.

Para Sánchez Herrero, lo ocurrido en este mes recuerda al nacimiento del movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia impulsado por el aumento del precio de los combustibles y de los impuestos al carbono. En el Ministerio de Transición Ecológica, señala, prima la visión de lucha contra el cambio climático y “tienen menos sensibilidad por los impactos sociales” de las políticas adoptadas para cumplir con las exigencias internacionales de reducción de emisiones. “Hay gente que se da cuenta de que tenemos que luchar urgentemente contra el cambio climático y por lo tanto hay que reducir drásticamente los consumos energéticos y toman medidas sin medir el impacto que van a tener en los grupos sociales más desfavorecidos y lo que se han encontrado es con una hostia tremenda”, resume.