Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)
El Ayuntamiento de Madrid posterga el debate sobre un reglamento de vivienda criticado por los movimientos

El reglamento que marca las condiciones para acceder a una vivienda pública de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) no será aprobado en el pleno de hoy, tal y como pretendía el Área de Equidad y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Madrid. El ambiente estaba caldeado tras las respuestas al texto que ayer se produjeron en redes sociales, provocadas en su mayor parte por el suicidio de una mujer que iba a ser desahuciada de su casa de alquiler en el barrio de Chamberí.

La nueva redacción, que no convence ni a colectivos sociales ni a algunos de los concejales de Ahora Madrid, sería el resultado de una negociación con el Partido Socialista y Ciudadanos e incluye dos puntos conflictivos: bloquea el acceso a este tipo de viviendas a personas que, por necesidad, hayan tenido que ocupar un inmueble de la EMVS y también restringe la posibilidad de optar a una vivienda pública a las personas que no tengan reconocido el derecho de residencia.

Además, PP, PSOE, Cs proponen que esta restricción sea aplicable a cualquier edificio municipal, con lo que también penalizaría de manera indirecta la recuperación de edificios para el común como es el caso de centros sociales como La Dragona o la Ingobernable, propiedades del Ayuntamiento.

A la interna, la delegada del área competente y presidenta de la EMVS, Marta Higueras, defiende que el texto ha sido trabajado y consensuado con entidades sociales. Sin embargo, la coordinadora de Vivienda en Madrid expresó ayer su disconformidad a la propuesta a través de una acción en redes que criticaba el texto e interpelaba a los concejales con la etiqueta #QuéVasAVotar.

A través de Twitter, esta plataforma criticaba que “la política de vivienda social no ha sido la prioridad de Ahora Madrid, ni tampoco erradicar la exclusión social y la pobreza”. El artículo 4 del texto que se pretendía aprobar hoy establece que “podrán solicitar inscripción en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda como demandantes de vivienda las personas físicas mayores de edad o menores emancipadas que tengan residencia legal en España” y también que no podrá inscribirse, en el plazo de dos años, “quienes habiendo estado ocupando una vivienda de titularidad o gestión de la EMVS hayan sido lanzados o hayan abandonado tras procedimiento judicial”.

La campaña, no obstante, también se ha llevado a las calles en la última semana, en concreto a los actos de inauguración del iluminado de navidad en la Gran Vía, el 23 de noviembre. En aquella ocasión, una docena de activistas de la PAH, protestó al grito de “Hay niños en la calle y no le importa a nadie” en presencia de Higueras y de la alcaldesa, Manuela Carmena.

Para ti no hay sitio

Sarah Babiker

7

Derecho a la vivienda

Para ti no hay sitio

Sarah Babiker

7

Una mujer de 65 se suicida cuando va a ser desahuciada. El ayuntamiento propone un reglamento sobre vivienda social que excluye a personas que ocuparon e inmigrantes en situación irregular.

División interna y oposición vecinal

En opinión de Tenhunen, “no podemos permitir esta polarización, necesitamos cambios estructurales para soluciones duraderas y dignas para quienes ya están al igual que quienes recién llegan. Un albergue nunca lo es. Vivienda pública podría serlo, pero no con este reglamento”.

Uno de los concejales que ha anunciado que votará en contra de esta propuesta es Pablo Carmona, responsable de los distritos de Salamanca y Moratalaz. Para Carmona, la aprobación de este reglamento “supone el reconocimiento de que es imprescindible barrer de todas las normas legales cualquier frontera o sistema de Racismo institucional y esperamos que este nuevo plazo suponga un cambio real del contenido del Reglamento” y añade que “también se hace necesario no dejar fuera a aquellas familias que se han visto obligadas a ocupar una vivienda”.

El debate público sobre el reglamento se encendió ayer en redes, cuando la Red Solidaria de Acogida, la Coordinadora de Vivienda de Madrid y el Sindicato de Manteros y Lateros promovieron una acción para hacer llegar a concejales y concejalas en el Ayuntamiento de Madrid su postura respecto a esta penalizacion a las personas que solicitan vivienda pública.