Energías renovables
El gran capital especulativo se cierne sobre la fotovoltaica ante la desconfianza de vecinos y ayuntamientos

En provincias costeras como Alicante suele haber dos maneras de extraer rentabilidad del sol. En las playas del litoral la piel de los visitantes recoge los rayos del astro rey que fotosintéticamente acaban transformados en los euros vertidos al sector turístico. En el interior, en cambio, la fotosíntesis se da en los campos, cultivados con cada vez mayores dificultades. No obstante, con un futuro inmediato de obligada conversión energética, en los últimos tiempos el precio del fotón está empezando a subir también en las comarcas del interior alicantino y se ha vuelto un bien cotizado, especulativo, hasta el punto de que en los últimos dos años grandes corporaciones, fondos de inversión, consultoras y empresas  de diferentes procedencias han presentado en tropel decenas de proyectos de instalación de macroplantas fotovoltaicas por un montante conjunto que supera con creces los mil millones de euros.

En principio parecería que a la provincia le ha tocado el gordo, pero algunos vecinos y gobiernos locales no están tan convencidos de que las macroplantas solares vayan a traer solo cosas buenas a los pueblos y al territorio, por lo que ya han empezado a lanzar preguntas y quejas abiertas contra algunos de los proyectos que diferentes entidades nacionales e internacionales están proyectando en sus términos municipales, que ahora mismo están siendo troceados y repartidos en despachos de corporaciones y consultoras como si de un juego de mesa se tratara.

Un juego de mesa que se está dando en casi todas las comunidades autónomas con potencial generador de energías renovables y que, en el caso del País Valencià, tiene sus reglas en el Decreto 14/2020 de la Generalitat Valenciana “de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica”. Con la promulgación de esta ley en agosto de 2020 la administración valenciana agilizaba los procedimientos de autorización para este tipo de proyectos, dándoles prioridad en las tramitaciones necesarias para su implantación con el objetivo de avanzar hacia el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2030, habiéndose marcado la Generalitat valenciana el objetivo en diez años de llegar hasta los 6000MW de energía producida con plantas fotovoltaicas.

La Generalitat valenciana se ha marcado el objetivo en diez años de llegar hasta los 6000MW de energía producida con plantas fotovoltaicas

Así mismo, la ley establece que el órgano sustantivo responsable de autorizar plantas fotovoltaicas de más de 50MW es la Administración General del Estado a través de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; mientras que para los proyectos de menos de 50MW el órgano competente es la Generalitat Valenciana a través de las consellerías de Economía, Transición Ecológica y Territorio. Esta circunstancia, sumada al hecho de que con el Decreto 14/2020 la Generalitat Valenciana ha agilizado los trámites para instalar fotovoltaicas, está generando una serie de planteamientos que ya han despertado las sospechas de los colectivos ecologistas y vecinales, quienes están viendo cómo las empresas promotoras recurren a ciertas estratagemas de fragmentación de macroplantas para evitar el control de la Administración Central, tal como se expondrá más adelante.

La invasión de las macroplantas

Porque primero hay que hablar de las macroplantas de más de 50MW que no se esconden. Entre 2019 y 2021 corporaciones y fondos de inversión españoles y extranjeros ya han planteado cerca de una veintena de proyectos de megainstalaciones fotovoltaicas de más de 50MW en la provincia de Alicante, sobrepasando los 11 proyectados en València y a los dos Castellón, que por el momento solo tiene planteada la central solar Magda, de 150MW, promovida por las multinacionales Akuo Energy (Francia) y Premier Group (China) que afectaría a 13 términos municipales; y la PSF Arada solar, de 166MW promovida por Solarcentury, compañía propiedad de Statkraft, uno de los fondos de inversión en renovables más importantes de Europa, controlado por el Estado noruego.

En el caso de Alicante, los proyectos más mastodónticos los está promoviendo la empresa Green Capital Power, del empresario Jesús Martín Buezas, exyerno de Florentino Pérez y magnate de las renovables con proyectos de eólica y solar repartidos por todo el país. Buezas tiene planteadas las dos macroplantas más grandes de la provincia; la primera es la planta solar Monforte, de 320MW que pretende ocupar 600 hectáreas en los términos municipales de Elda, Monóvar y Petrer, con una inversión de 120 millones de euros; y la segunda en el término de Monóvar de 270MW.

La tercera en la lista de megaplantas proyectadas en tierras alicantinas —por el momento, porque cada pocos días se presenta un nuevo proyecto— sería la planta solar Tendetes, de 165MW en 350 hectáreas en los términos de Villena, Biar y Cañada, promovida por Solarcentury, que de salir adelante el proyecto invertirá 115 millones de euros. De similares dimensiones, un poco más al sur, está proyectada la PSF Elda, impulsada por el fondo de inversión alemán KGAL a través de la empresa Taranta Solar SL. Esta planta tiene un presupuesto de 68 millones y pretende producir 150MW de potencia sobre 302 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Monóvar y Pinoso, en Alicante, y Yecla en Murcia; además compartirá estructura de evacuación con Carlit Solar, otra macroplanta de 120MW y 50 millones de euros impulsada por la multinacional de capital chino Premier Group. En apenas dos comarcas, las del Alto y Medio Vinalopó, cinco macroplantas pretenden generar 1 GW que será comercializado en el mercado energético.

En apenas dos comarcas, las del Alto y Medio Vinalopó, cinco macroplantas pretenden generar 1 GW que será comercializado en el mercado energético

En cuanto a los fondos de inversión, entre los más cercanos está Atitlan, comandado por Roberto Centeno, yerno del dueño de Mercadona Juan Roig. Centeno tiene sobre la mesa varios proyectos de macroplantas en la provincia: la FV Monóver, en los términos municipales de Monóvar y Salinas, que proyecta producir 116MW sobre 192 hectáreas; la planta solar Argos, en el término de Villena, que prevé generar 88,8 MW sobre 191 hectáreas; o las plantas solares Itel y Bibey, estas en el sur de la provincia, en la Vega Baja, de 120 y 58MW respectivamente y más de 300 hectáreas en el término municipal de Orihuela. Otras comarcas del interior también tienen construidas o proyectadas varias macroplantas, como la de Turroneros en Xixona, donde la compañía XElio acaba de terminar la primera fase, de 35MW, de una inversión total de 90 millones. Xelio es una de las compañías más importantes del sector, tiene detrás al fondo de inversión estadounidense de capital riesgo KKR. No obstante, son dos de las tres comarcas que conforman el valle del Vinalopó las que de momento están acaparando la mayoría de las inversiones previstas en energía fotovoltaica en todo el País Valencià.

Es por ello que, a principios de diciembre, la Plataforma Stop Plan Solar Vinalopó, recién constituida por activistas ecologistas y vecinos alarmados ante la potencial invasión de placas solares que les espera, realizó un acto de protesta frente al Ayuntamiento de Elda en el que mostraron su rechazo ante lo que consideran un plan de “especulación energética”, dejando claro que están a favor del desarrollo y fomento de las energías renovables pero mediante un modelo de plantas pequeñas, de no más de 5 o 10 MW, con generación distribuida a través de comunidades energéticas ubicadas cerca de los núcleos urbanos en los que será vertida mediante un modelo basado en el autoconsumo para evitar largas líneas de alta tensión que provoquen daños medioambientales.

Desde la Plataforma Stop Plan Solar Vinalopó dejan claro que están a favor del desarrollo y fomento de las energías renovables, pero mediante un modelo de plantas pequeñas, de no más de 5 o 10 MW, con generación distribuida a través de comunidades energéticas

Uno de los promotores de la plataforma cívica, Antonio Martínez, biólogo e integrante desde hace años de la asociación naturalista Heliaca de Monóvar, explica que decidieron ponerle de nombre a la plataforma Stop Plan Solar porque “están convencidos” de que se trata de un plan para llenar el interior de Alicante de macroplantas solares. “Aquí lo que se plantea es que nosotros seamos la pila de la provincia, o de la comunidad, y a través de las subestaciones transportar la energía a la costa o al interior”, destaca Martínez detallando que, en el caso de Monóvar, con 30 hectáreas de instalación fotovoltaica habría suficiente para el pueblo, pero se está planteando llenar de placas más de 500 hectáreas, asegura el activista, que explica que desde la plataforma tratan de realizar alegaciones a los proyectos, pero la ventana de apenas 30 días que ofrece la administración les dificulta la labor.

Especulación con los derechos de conexión

En ese sentido, el portavoz de la plataforma cívica expresa que creen que existe “especulación con los derechos de conexión a las subestaciones”. La instalación de una central fotovoltaica lleva aparejada una serie de infraestructuras de evacuación de la energía producida que implica el despliegue de líneas de alta tensión kilométricas para conducir la electricidad a las subestaciones colectoras, cuya capacidad es limitada, y que casi siempre pasan por encima de parajes protegidos. Hace apenas un mes, desde la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), que integra a pequeños y medianos productores, hicieron público un comunicado en el que advertían de que recurrirán cualquier disposición que amplíe los plazos de conexión a los proyectos que no van a cumplir con las leyes.

Básicamente desde ANPIER están advirtiendo de “la posibilidad de que se produzca un nuevo agravio entre los grandes operadores del sector energético y las iniciativas sociales”, pues aseguran que actualmente “hay operadores que acaparan desde hace años los puntos de evacuación del sistema eléctrico para especular con este activo”, llegando al extremo de que “en muchos territorios prácticamente no hay evacuación disponible para nuevos proyectos”, según afirman desde la asociación detallando que, estos operadores, “dado que no pueden cumplir con los plazos establecidos para poner en funcionamiento instalaciones de generación, pretenden mantener estos derechos de acceso por más tiempo, de tal forma que les permita traspasarlos y obtener importantes beneficios en una operación que solo suponía depositar unos avales, realizar unos trámites administrativos y transmitir la evacuación que se habían adjudicado”.

Teniendo presente esta advertencia, Martínez explica que los valles del interior de Alicante tienen gran valor para el gran capital porque se trata de una zona que recibe gran cantidad de radiación solar, de manera que se precisa entre una y dos hectáreas para obtener un megavatio, a diferencia de otras zonas en las que se necesita más superficie. Además, en las comarcas del interior, según asegura Martínez, las compañías encuentran “suelo barato, porque no compran, alquilan a una razón de entre 1500 y 1600 euros por hectárea al mes”. Extremo que confirma Carlos Arribas, veterano activista portavoz de Ecologistas en Acción en Alicante, quien explica que en una zona como el interior alicantino, donde predominan los cultivos de secano cuya producción está más sujeta a la incertidumbre, para un agricultor que tiene este tipo de explotación ceder su terreno a las fotovoltaicas “supone una alternativa muy golosa”, remarca Arribas, porque un propietario de una plantación de almendros “no está claro que vaya a tener ese rendimiento económico” de 1500-1600 euros por hectárea en concepto de alquiler que se ofrece a 20 o 30 años “generando ingresos sin hacer nada”, destaca.

Además, según explica Arribas, el Decreto 14/2020 del Consell que agiliza la implantación de estas instalaciones tiene aspectos positivos de cara a avanzar hacia un horizonte de producción de energías renovables, pero otros negativos, como el hecho de que se va a permitir la instalación de plantas solares en ciertas zonas de la Red Natura 2000 tales como las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o Lugares de Interés Comunitario (LIC) que “todavía no tienen normas de gestión aprobadas”, según indica el veterano activista.

Macroplantas troceadas y en espacios protegidos

A estos vacíos regulatorios denunciados por los grupos ecologistas se suman las estrategias que llevan a cabo las empresas promotoras así como otros agentes involucrados en el planteamiento de los proyectos. Aprovechando el impulso burocrático que el Decreto 14/2020 confiere a los proyectos de competencia autonómica -por debajo de 50MW-, muchos promotores están solicitando permisos para instalaciones de menos de 50MW, algunos incluso llegando a plantear potencias de 49,9MW repartidas en dos plantas solares de tal manera que es la administración autonómica la responsable de autorizar dos plantas contiguas que en la práctica son una sola, pues las empresas promotoras o son la misma, o están vinculadas por el capital o por acuerdos para compartir las subestaciones de evacuación.

Un ejemplo de pool de este tipo es el de los proyectos ISF La Encina y FV Alhorines, en el término municipal de Villena. El proyecto de ISF La Encina salió a exposición pública el pasado mes de agosto, lo promueve el fondo alemán de inversión en renovables Enerparc a través de su filial Erbio Fotovoltaico SL, con 49,9MW de potencia pico y 15,7 millones de euros de inversión. A su vez, en el mismo paraje, justo al lado y compartiendo infraestructura de evacuación, Iberenova Promociones SAU, filial de Iberdrola, proyecta construir FV Alhorines, una planta también de 49,9MW de potencia pico y 24 millones de inversión que salía a exposición pública en octubre, dos meses después que la alemana, en parcelas contiguas y con casi idénticas características. Así mismo, ambos proyectos se presentaron a exposición pública especificando que ya cuentan con capacidad de acceso a la red concedida, de 43,54MW la primera y 38,5 la segunda.

Otro caso curioso es el de los proyectos PSF Monforte I y PSF Monforte II, cuyos expedientes se sometieron a información pública en diciembre de 2021 con apenas dos semanas de diferencia. Se trata de dos plantas fotovoltaicas, las dos otra vez en el límite de los 49,9MW y ambas también con capacidad de acceso concedida de 37,226MW. Igual que en el ejemplo anterior, los proyectos son presentados por dos empresas distintas, Monforte I lo presenta la firma Solaer Energías Bahía Blanca y Monforte II Activo Solar SL. En el caso de Monforte I, la matriz de la empresa promotora es Solaer Holding SL, mientras que en Monforte II la matriz de Activo Solar es la compañía murciana Pydesa Renovables.

La sorpresa llega al observar que uno de los adminsitradores de Pydesa Renovables también es administrador solidario de Solaer Energías Bahía Blanca, de manera que dos empresas a priori independientes pero relacionadas por al menos un administrador y apoyadas por un capital cuya procedencia no ha trascendido, pretenden construir dos plantas solares, también a priori independientes, pero con nombres, planteamientos y ubicación prácticamente idénticas, dando como resultado material una megaplanta de poco menos de 100MW que con la partición se ahorra el trámite de la autorización ministerial. Existen más ejemplos, como la compañía valenciana Grupotec, que está impulsando en Villena tres plantas fotovoltaicas, PSF Villasol y PSF Frutasol de 37MW cada una y Atalaya Solar, de 28MW, también contiguas que compartirían infraestructura de evacuación entre sí y con otras dos macroinstalaciones más.

Este baile de empresas peticionarias y proyectos fragmentados, según explica Antonio Martínez, comienza cuando “determinadas consultoras, comisionistas, o lo que fuera” contactan con grandes propietarios, a quienes ofrecen la posibilidad de obtener rentabilidad de sus tierras mediante la instalación de placas solares. Cuando consiguen un compromiso de alquiler, estas consultoras acuden a varias empresas promotoras a ofrecer los lotes de terreno ya tanteados, cuando alguna promotora accede a hacerse cargo del proyecto a menudo entran en juego otras consultoras que lo redactan, encargando los preceptivos informes de impacto ambiental, compatibilidad urbanística, etc, y lo presentan. Al mismo tiempo se negocia con constructoras de obra civil, y a su vez toda esta red empresarial creada suele operar bajo el paraguas financiero de un fondo de inversión.

Con estos mimbres, el portavoz de la Platadorma Stop Plan Solar del Vinalopó asegura que ya están “viendo casos, sobre todo en Andalucía que empezaron un poquito antes” en los que una vez que los proyectos entran en funcionamiento “como cromos se los venden”, pues se trata de inversiones realizadas desde Hong Kong, Londres o Texas, que amparadas en la inercia del discurso de la conversión energética no tienen en cuenta las fricciones locales que puedan generar. Al respecto Martínez menciona el caso de la planta solar Idella en Elda, de 25MW, que proyecta la multinacional china Risen Energy y que despertó la preocupación de algunos vecinos. Según relata Martínez, la empresa constructora de la planta solar Idella es Ampertec, con sede en la misma Elda, hecho que, según asegura el activista, fue aprovechado por algunos agentes proclives a la instalación para intentar “enfrentar” a la plataforma vecinal con la empresa. Al respecto, Antonio Martínez puntualiza que en la plataforma no tienen “nada contra Ampertec” y que “el problema” es con las empresas que “están especulando con esto, porque coparon los derechos de conexión a las subestaciones”, y con “la gente que tiene que ordenar el territorio, porque esto también nace del Decreto de emergencia climática”, sentencia Martínez.

“El problema” es con las empresas que “están especulando con esto, porque coparon los derechos de conexión a las subestaciones”, y con “la gente que tiene que ordenar el territorio, porque esto también nace del Decreto de emergencia climática”, sentencia Martínez.

En cuanto a los lugares elegidos para instalar las macroplantas, el biólogo y activista destaca que muchas de ellas se proyectan “en zonas aledañas a espacios protegidos”, y al respecto pone como ejemplo la sierra de Salinas, que “está prácticamente toda vallada” rodeada de proyectos de macroplantas; o las líneas para conducir la electricidad, muchas de las cuales “pasan por el pantano de Elda, que es un espacio protegido”, indica el activista. Además, el portavoz de la plataforma cívica contra las macroplantas solares asegura que estos grandes proyectos “están en los mismos sitios donde hace 10 años se proyectaban urbanizaciones y campos de golf”, ejemplificando con el proyecto de Carlit Solar, que pretende ocupar 171 hectáreas en el término municipal de Monóvar. Según Martínez, Carlit Solar pretende instalarse en unos terrenos en los que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria se proyectaba el Plan Boticaria Golf, una urbanización de 4000 viviendas y campo de golf que nunca llegó a realizarse.

El temor de los ayuntamientos

Y es que con semejante aluvión, varios ayuntamientos ya han empezado a plantear sus temores ante la posibilidad de que las administraciones central y autonómica comiencen a dar luz verde a macroproyectos de centrales fotovoltaicas en zonas protegidas o agrícolas de sus términos municipales. En el caso de Villena, su Consistorio es el que más proyectos de instalación ha recibido hasta ahora, algunos de los cuales han tenido que ser paralizados por evaluaciones de impacto ambiental desfavorables. Villena es el segundo municipio con mayor extensión de la provincia, y en la actualidad ha recibido una treintena de peticiones para instalar macroplantas solares.

Por el momento, la Generalitat ha paralizado las plantas La Encina I y II, promovidas por un fondo de inversión asociado a Bankinter; también Valfortec Villena I-bis, que suponía la continuación de otra planta que la empresa de Castellón Valfortec ya opera en la localidad; las plantas Alhorines I, II Y III, del fondo NRG Investment; y la planta solar Prados, de Green Capital Power, anteriormente mencionada. En el caso de esta última fue el mismo Ayuntamiento de Villena quien rechazó el proyecto al pretender emplazarse sobre un humedal dentro del paraje de la Sierra de Salinas, zona donde también hay planteados varios proyectos de macroplantas fotovoltaicas.

También hay ejemplos fuera del valle del Vinalopó de conflictos entre consistorios y vecinos con proyectos fotovoltaicos. En la provincia de Valencia, en el municipio de Chiva, la agrupación de Asociaciones Salvemos Brihuela ha recogido 5.000 firmas contra el plan de instalación de dos plantas fotovoltaicas con las que, según la agrupación de asociaciones, “se pretende arrasar más de siete millones y medio de metros cuadrados” en el paraje protegido de la Sierra de Chiva. Otro caso de enfrentamiento abierto es el que mantiene el Ayuntamiento de Castalla, en la comarca de la Foia d'Alcoi del interior alicantino, con el Grupo Cobra, actualmente de capital francés y hasta hace unos meses filial de ACS, el buque insignia de Florentino Pérez, que todavía mantiene participación en una cartera de proyectos fotovoltaicos en el País Valencià a través de su otra filial de renovables Zero-E.

En Castalla el Ayuntamiento acaba de presentar alegaciones contra la macroplanta de 140MW que el Grupo Cobra pretende construir en su término municipal, paralizando la concesión de licencias hasta modificar el PGOU para limitar las zonas en las que estaría permitido construir

En Castalla el Ayuntamiento acaba de presentar alegaciones contra la macroplanta de 140MW que el Grupo Cobra pretende construir en su término municipal, paralizando la concesión de licencias hasta modificar el PGOU para limitar las zonas en las que estaría permitido construir. Por su parte, la empresa acaba de solicitar la Declaración de Interés Comunitario (DIC) a la Conselleria de Política Territorial, lo cual en principio la habilitaria para implantar proyectos de relevancia en suelo rústico no urbanizable.

Respecto a la concesión de licencias, el pasado mes de octubre se celebró en Villena el foro 'Plantas fotovoltaicas. Pérdida de valor del Territorio', organizado por la Unión de Empresarios de la Provincia de Alicante (UEPAL), donde intervinieron el director general de Transición Ecológica, Pedro Fresco, y la directora general de Política Territorial, Rosa Pardo, afirmando ambos responsables autonómicos que un máximo del 2% del territorio de cada término municipal se podrá destinar a la ubicación de plantas fotovoltaicas o eólicas, y en ese sentido Fresco se mostró contrario a la decisión de suspender licencias tomada por algunos ayuntamientos, destacando que la Ley 14/2020 de la Generalitat ya establece “controles suficientes” para garantizar la protección del territorio.

No obstante, estas afirmaciones realizadas por los altos cargos autonómicos no han servido para apaciguar los ánimos de ayuntamientos y de otros agentes sociales como los colectivos de agricultores. El presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante (ASAJA), José Vicente Andreu, que también participó en el foro de UEPAL, defendió la necesidad de que los ayuntamientos modifiquen sus PGOU para blindar la actividad agrícola, mientras que el concejal de Urbanismo de Villena, Javier Martínez, apeló a la búsqueda de un equilibrio entre el fomento de las energías renovables y la defensa del territorio.

Además, el Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana compartía hace unas semanas el manifiesto hecho público por el Colegio de Biólogos de Aragón, en el que demandan una moratoria “en los proyectos de energías renovables eólicas y fotovoltaicas hasta asegurar una acción contra el cambio climático que sea sostenible” ante lo que definen como una “avalancha descontrolada de proyectos eólicos y fotovoltaicos” que ante la “ausencia de una ordenación del territorio” nos va a llevar a un “punto de difícil retorno”, de modo que abogan por “la necesidad de realizar un análisis de las consecuencias que sobre el territorio está teniendo esta ausencia de planificación”.

En esta tesitura, con la autoridad autonómica llamando a la calma y con las autoridades locales viendo venir el alud, que para unos es de billetes y para otros de problemas, vecinos y ecologistas alertan del riesgo real de que, en aras de avanzar hacia la generación de energías limpias, la codicia del capital especulativo del sector energético acabe destrozando paisajes y cultivos, ahondando todavía más en el vaciado de las regiones del interior.