Energías renovables
Un millar de personas se manifiestan en Almería en contra de las megaplantas de energías renovables

Unas mil personas se han manifestado este miércoles 2 de marzo en Almería en defensa de un modelo energético realmente sostenible. La reivindicación, a la que han acudido muchas familias con niños, ha sido muy colorida y acompañada por el grupo de teatro y pasacalles Antagón, y ha partido del Parque de las Almadrabillas y recorrido la ciudad hasta El Palmeral, en la capital almeriense. La convocatoria ha sido secundada por representantes de muchas de las organizaciones firmantes del manifiesto y ciudadanía almeriense, y de otras provincias andaluzas afectadas por el mismo problema, por ejemplo la línea de alta tensión de 400 kV entre Caparacena, Baza y La Ribina discurre en las dos provincias: Granada y Almería.

Protestas en Granada contra los megaproyectos de energías renovables

Susana Sarrión

Energías renovables

Granada Protestas en Granada contra los megaproyectos de energías renovables

Susana Sarrión

La plataforma ‘Di no a las torres’ denuncia en Baza la amenaza a la biodiversidad y el territorio de la autopista eléctrica 400 y sus parques energéticos.

Liderados por ALIENTE, organización convocante y que propone una transición energética justa, práctica y respetuosa con los territorios y la biodiversidad, las personas manifestantes han apoyado la necesidad de hacer la transición a energías renovables “debido a la emergencia climática a la que nos enfrentamos”, pero no de la manera que se está llevando a cabo en nuestro país, afirman en su manifiesto. Denuncian que ya hay más de 140 proyectos de mega plantas de energías renovables amenazando su provincia. “Son plantas de gran magnitud que tienen un alto impacto en el territorio. En Lucainena de las Torres, la superficie de placas solares ocupará el 15,7% total de superficie del municipio, unas siete veces el pueblo”, nos comenta preocupada Sara González, vecina y representante de la Plataforma Salvemos el Campo de Tabernas.

ALIENTE señala que entre los municipios almerienses de Lucainena de las Torres, Tabernas, Turrillas, Sorbas, existen un total de 32 proyectos de plantas fotovoltaicas y 3 parques eólicos, que suman un total por de 1.477,15 MW de potencia instalada, y destruirán un total de 6.208 hectáreas de manera directa. También hay otras zonas afectadas, como el caso de la eólica marina de Mar de Ágata, cerca del Parque Natural de Cabo de Gata y Reserva de la Biosfera, que contribuiría a aumentar la pérdida de naturalidad de este espacio, o los proyectos fotovoltaicos del entorno del yacimiento de Los Millares, que está en trámite de ser declarado como Patrimonio de la Humanidad. 

Denuncian que esa energía no se quedará en Almería, o Andalucía, ni siquiera en España. “En la planta fotovoltaica de La Cabrita, en Turrillas, de las primeras que se han terminado de instalar en la zona, ya se sabe que la energía que se extraiga de ahí va dirigida a Europa, no se va a quedar en el territorio, seguramente irá a Francia y Alemania”, afirma Sara, y añade que “los precios de la luz cada vez suben más pero a nosotros estas plantas no nos van a afectar en la factura de la luz que va a ser la misma”. 

Las organizaciones convocantes advierten que las megaplantas generan empleo a corto plazo, en la instalación, y luego solo queda la vigilancia y el mantenimiento

Sin embargo, y lo que sí genera de vuelta, según los colectivos, es una degradación medioambiental y económica grave. Por un lado, las empresas que instalan estas megaplantas implantan esta industria de forma muy agresiva, con compactación de suelos, grandes movimientos de tierra que “dejan el suelo infértil, hormigonado y cableado”, nos informa Sara; por otro, “se están cerrando muchos negocios de turismo sostenible, relacionados con la naturaleza; también perdiendo terreno dedicado a la agricultura. Más que crear empleo estable, como pregonan, están despoblando y destruyendo un empleo que ha costado mucho construir”. Las organizaciones advierten que las megaplantas generan empleo a corto plazo, en la instalación, y luego solo queda la vigilancia y el mantenimiento. “La energía se hace sola” y, a cambio, “esquilman nuestra riqueza natural y biodiversidad, les estamos regalando nuestro territorio”, afirma Sara.

Zonas de sacrificio: extractivismo energético

Las organizaciones que participan en la defensa de otro modelo de transición energética más democrático y justo hablan del territorio amenazado como “zonas de sacrificio”, término que se utiliza normalmente como “una región geográfica que ha estado permanentemente sujeta a daño medioambiental o a falta de inversión económica”, y ellos ahora suman la acepción de “una región donde empresas privadas, como Endesa o Naturgy, van a extraer energía para llevársela fuera”, nos explica Sara. 

Una central eléctrica llamada España vaciada

Pablo Rivas

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Energías renovables

Macroproyectos energéticos Una central eléctrica llamada España vaciada

Pablo Rivas

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Sobre las zonas rurales menos pobladas se cierne una avalancha de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos.

Señalan que para implantar los proyectos no se toman medidas de conservación y “los estudios de impacto medioambiental dejan mucho que desear”. Acusan a las empresas de fragmentar los proyectos para que pasen las posibles trabas burocráticas medioambientales. “Cuando han fragmentado no parece que el impacto sea tan severo, pero cuando empiezas a sumar, son cientos y cientos de hectáreas y una gran pérdida de hábitat medioambiental. Difícilmente se recuperan esos suelos y es difícil cuantificar la pérdida de la fauna y flora”, puntualiza Sara. Se movilizó cuando la amenaza de las plantas llegó a la puerta de su casa en Tabernas, valle donde crecen varias plantas endémicas en peligro de extinción. También se preguntó que “cómo puede ser que grandes empresas quieran construir aquí y no tengan en cuenta la flora y la fauna y el medio tan rico que hay en este valle, que puedan anular las conexiones naturales entre las sierras, creando islas incomunicadas para la vida”. Sara defiende que tenemos que ser conscientes de dónde vivimos y cómo vivimos y conservarlo para las siguientes generaciones, “estoy aquí por el amor que le tengo a esta tierra y para que las siguientes generaciones sigan disfrutando lo que tenemos”.

Placas en invernaderos y olivares

Además de las reivindicaciones, demandas y propuestas de su manifiesto, apoyado por más de 45 organizaciones y una veintena de investigadores de universidades de toda España, destacamos la aportación de dos originales alternativas específicas que ayudarían a paliar los efectos negativos del modelo actual en la provincia.

Entre las alternativas, proponen la instalación de células fotovoltaicas de energía solar totalmente transparentes (TLSC) en los tejados de las más de 32.000 hectáreas de invernaderos existentes en la provincia

Una de ellas es la instalación de paneles de células fotovoltaicas de energía solar totalmente transparentes (transparent luminescent solar concentrator - TLSC) en los tejados de las más de 32.000 hectáreas de invernaderos existentes en la provincia, con lo que defienden que “podría cubrirse casi toda la demanda eléctrica de Andalucía en territorios donde ya existen estas instalaciones. No queremos sufrir por partida doble, y tener un sur de plástico y un norte de placas”, explica Sara. 

La segunda propuesta consiste en el estudio de la posibilidad de sustituir ciertos cultivos superintensivos de olivos en el Campo de Tabernas —de los que no hayan destruido hábitats de especies de fauna y flora protegida y esquilmado el agua de los acuíferos de la zona— por plantas fotovoltaicas, superficies “donde se podrían instalar toda la potencia fotovoltaica proyectada en Almería actualmente”.

Diálogo con la Junta de Andalucía

Este 1 de marzo, representantes de ALIENTE se reunieron con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, María Isabel Sánchez Torregrosa, en un encuentro propiciado por las plataformas locales de defensa del territorio: Plataforma para la Protección del Valle y Vía Verde de Lucainena de las Torres y Plataforma Salvemos el Campo de Tabernas.

Luis Bolonio (ALIENTE): “Deberían haberse sometido a Evaluación Ambiental Estratégica, con un proceso abierto de información y participación ciudadana”

La organización trasladó a la delegada de la Junta su consideración sobre este desarrollo masivo de plantas industriales de renovables, que consideran ilegales por ser este un plan energético encubierto; es decir, que “deberían haberse sometido a Evaluación Ambiental Estratégica, con un proceso abierto de información y participación ciudadana que, al no haberse realizado, está incumpliendo la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental y el Convenio Aarhus sobre participación pública”, advierte Luis Bolonio, portavoz estatal de la organización.

ALIENTE señala que las instalaciones suponen una alteración negativa para la integridad, coherencia y conectividad de los espacios declarados Red Natura 2000, contraviniendo la Directiva Hábitats, también es una amenaza a especies animales y vegetales protegidas, una vulneración de la Ley de Ordenación de Urbana de Andalucía (LOUA) e incumplen la Directiva de la Unión Europea 2019/944 sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad en su artículo 8.

Las vecinas y vecinos de la comarca representados en las plataformas locales de defensa del territorio entregaron a la representante del Gobierno andaluz una propuesta de ordenación de las plantas industriales de renovables en la comarca, en base a criterios científicos, técnicos, sociales y jurídicos. En la propuesta se considera que pueden ser viables bajo determinadas circunstancias 14 de los proyectos renovables que hay proyectados en la comarca, lo que supondría la instalación de 537 MW y el ingreso de 5.300.000 de euros al año en las arcas municipales de los ayuntamientos afectados. Esperan que este sea el principio de un “diálogo fluido con reuniones técnicas” con la Junta de Andalucía. 

En caso de que sus demandas no sean atendidas de manera satisfactoria, las plataformas de defensa del territorio han manifestado “reservar su derecho de acudir a los tribunales para defender sus derechos, su calidad de vida, su patrimonio y sus actividades económicas, pues cuentan con argumentos jurídicos y con los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para afrontar esa indeseable situación”.