Estados Unidos
Canadá recomienda al profesorado LGTBQ+ o crítico con Trump no viajar a Estados Unidos

Una circular de la Asociación Canadiense de Profesores Universitarios (CAUT) recomienda “encarecidamente” que el personal académico viaje a los EEUU “solo si es esencial y necesario”.
Campamento de solidaridad con Gaza en la Universidad de Columbia. Dos de los participantes en estas protestas han sido detenidos y en proceso de deportación.
Campamento de solidaridad con Gaza en la Universidad de Columbia. Dos de los participantes en estas protestas han sido detenidos y en proceso de deportación. Wikimedia Commons
@MartinCuneo78
@martincuneo.bsky.social
7 may 2025 06:00

Los recortes en la financiación de las universidades de Estados Unidos llevados a cabo por la motosierra de Donald Trump y la extorsión a diversos centros para que modifiquen sus normas, reduzcan programas de diversidad o tomen medidas contra alumnos críticos están comenzando a afectar a la relación académica con su vecino del norte, Canadá. 

Una circular de la Asociación Canadiense de Profesores Universitarios (CAUT por sus siglas en inglés) recomienda “encarecidamente” no viajar a Estados Unidos a menos que sea “esencial y necesario” para sus investigaciones. El profesorado que viaja a EEUU, explican, es “cada vez más vulnerable” en el paso de la frontera o en las zonas de preadmisión en los propios aeropuertos canadienses con registros “que pueden comprometer la confidencialidad de la investigación y la libertad académica”. 

Esta organización pide al personal universitario que tenga “especial cuidado” si son “transgénero”, si tienen documentos de viaje que “indican un sexo distinto al que les fue asignado al nacer” o si hay posibilidad de que su trabajo académico pueda “considerarse contrario a las posturas de la actual administración estadounidense”. También recomienda precaución y limitar viajes a aquellas personas que hayan expresado “opiniones contrarias” a la gestión de Trump.

Esa especial precaución debería aplicarse, continúan, también para el personal académico que provenga o resida en un país “con tensiones diplomáticas” con Estados Unidos o incluso que haya viajado recientemente a aquellos territorios. En el caso de que el viaje sea imprescindible, desde este sindicato piden a los profesores que “consideren cuidadosamente” qué información conservan en sus dispositivos electrónicos y tomen medidas para proteger la información confidencial “cuando sea necesario”. 

La Asociación Canadiense de Profesores Universitarios recomienda no viajar a EEUU a los académicos “transgénero” o que tengan documentos de viaje que “indican un sexo distinto al que les fue asignado al nacer”

La misma advertencia y las precauciones a tomar ante “la impredecible situación internacional” eran compartidas por Amanda Cockshutt, vicepresidenta académica y rectora de la Universidad de St. Francis Xavier University, de Antigonish, Nueva Escocia, en un mail enviado a toda la comunidad universitaria. Según admite en el texto, los profesores y estudiantes podrían ser “objeto de ataques desproporcionados” en los cada vez más habituales incidentes en el paso de la frontera. 

Un catedrático de esta universidad cuenta a El Salto las complicaciones que han surgido en unas relaciones bilaterales académicas que antes eran fluidas: “Sé de colegas que en privado me han dicho que han suspendido todo viaje a Estados Unidos. Yo mismo incluido. En general temen que por el lugar de nacimiento que aparece en el pasaporte —especialmente esos nacidos en el sur global— algunos tengan problemas”. Muchos académicos temen, relata, estar a merced de los funcionarios de fronteras y su libre interpretación sobre qué investigaciones son contrarias a los intereses de Estados Unidos. 

Según un informe de la CAUT, los problemas relacionados con los viajes a EEUU incluyen la inspección y el registro de dispositivos electrónicos, con la aplicación de órdenes ejecutivas presidenciales y la “aparente aplicación de un proceso de selección étnica y religiosa más rigurosa” por parte de los agentes fronterizos.  

Se ha convertido en habitual, cuentan desde la CAUT, que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) soliciten las contraseñas para acceder no solo a los dispositivos electrónicos sino también a sitios externos como redes sociales o páginas web propias. Se trata de auténticos “registros sin orden judicial”, denuncian, una actividad que no solo pone en peligro a la persona que desea entrar en EEUU sino a todos sus contactos, dicen desde esta asociación. El hecho de no revelar las contraseñas, advierten, implica no poder entrar en EEUU, así como la posibilidad de perder el dispositivo y de tener problemas asegurados en el futuro en el caso de querer volver a ingresar en el país. 

Los agentes fronterizos realizan auténticos “registros sin orden judicial” de móviles y ordenadores, denuncian desde la CAUT, una actividad que no solo pone en peligro a la persona que desea entrar en EEUU sino a todos sus contactos

La advertencia de la comunidad universitaria canadiense se produce después de una serie de “informes profundamente preocupantes”, añaden, sobre académicos que enfrentan una mayor investigación y denegación de entrada a EEUU. En su primer día como presidente, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impulsaba a los agentes fronterizos y los que se encuentran en las zonas de preadmisión situados en aeropuertos internacionales a aumentar la vigilancia a los extranjeros en tránsito a EEUU. 

El 9 de marzo de 2025, agentes fronterizos negaron la entrada a un investigador del Centro Nacional de Investigación Científica francés después de que encontraran mensajes críticos con la política de la administración Trump sobre investigación académica. “La libertad de opinión, la libre investigación y la libertad académica son valores que seguiremos defendiendo con orgullo. Defenderé el derecho de todos los investigadores franceses a ser fieles a ellos, respetando la ley”, declaró entonces Philippe Baptiste, ministro de Educación Superior e Investigación de Francia. Las autoridades estadounidenses acusaron al académico de “mensajes de odio y conspiración”. Ese mismo 9 de marzo, Baptiste escribió una carta en la que ofrecía a los investigadores estadounidenses mudarse a Francia ante las persecuciones, los recortes y los despidos de centenares de trabajadores federales dedicados a la investigación sobre salud y crisis climática.

Los obstáculos y las incertidumbres de viajar a Estados Unidos —o permanecer en el país una vez que consiguen ingresar— son iguales o incluso mayores para los estudiantes extranjeros críticos con Trump, con Israel o que presentan identidades de género diversas. Según cuenta Sergio García Pérez en una crónica en primera persona publicada en El Salto, este estudiante trans tuvo que renunciar a una beca soñada en la prestigiosa Universidad de Berkeley (California) por la aplicación de la orden ejecutiva presidencial que discrimina a las personas transgénero. Tras una lucha kafkiana por poder estudiar y desarrollar su carrera profesional en Estados Unidos, renunció a la beca: “Aunque mi abogado me animaba a seguir peleando el caso de discriminación, he desistido. No voy a viajar a ese país”.

LGTBIAQ+
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La guerra contra las universidades

La guerra de Trump contra la libertad académica encuentra en la Universidad de Harvard uno de sus frentes más destacados. El 22 de abril, la universidad más rica del mundo demandó al presidente por la congelación de 2.000 millones de dólares de fondos públicos destinados a esta institución. Una semana atrás, la dirección de este centro había rechazado aceptar las exigencias de la Casa Blanca sobre la limitación de los programas de diversidad y para perseguir el “antisemitismo” en el campus. Los estudios más afectados por estos recortes, según Alan M. Garber, presidente de Harvard, serán las investigaciones sobre cáncer pediátrico, alzheimer y párkinson. Según Garber, las acusaciones de antisemitismo y recorte de fondos se están utilizando como “presión para obtener control sobre las decisiones académicas de Harvard”. Según amenazas del Gobierno republicano, este centro podría perder otros mil millones de dólares y la capacidad para admitir estudiantes internacionales.

Entre las exigencias de Trump a las universidades figura denunciar ante el Gobierno federal a los estudiantes que sean “hostiles” a los valores estadounidenses o la contratación de una entidad externa aprobada por el Gobierno para auditar los programas y departamentos “que más fomentan el acoso antisemita”. 

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También de “antisemitismo” fue acusado Mahmoud Khalil, estudiante de Columbia de origen palestino recién graduado, detenido el 8 de marzo por participar en la organización de las protestas en diversas universidades de élite contra el genocidio en Gaza. Según denuncia Amnistía Internacional, este joven activista fue detenido y recluido en un centro de detención. Su permiso de residencia permanente fue revocado y la justicia daba la razón a la administración Trump el 13 de abril al considerar que las “creencias, declaraciones y asociaciones” de este activista justificaban su deportación. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, llegó a acusar a Khalil de mermar “la política estadounidense para combatir el antisemitismo”.

El caso se ha convertido en mediático, a la espera de que se resuelvan las alegaciones y dos casos separados en los juzgados de EEUU. “Me llamo Mahmoud Khalil y soy un preso político. Les escribo desde un centro de detención en Luisiana, donde por las mañanas siempre hace frío y paso largos días siendo testigo de las injusticias silenciosas que se están cometiendo contra muchas personas excluidas de la protección de la ley”, escribía en una carta desde la cárcel. Seis días después de la detención de Khalil, una segunda estudiante de Columbia de origen palestino, Leqaa Kordia, fue detenida por participar en las protestas contra la masacre de Gaza. El 22 de marzo, esta universidad aceptaba los requisitos de Donald Trump para conservar la financiación de 400 millones de dólares que había sido retirada a principio de mes bajo acusaciones, una vez más, de “antisemitismo”. Entre los compromisos de esta universidad de Nueva York, figuraba la prohibición del uso de mascarillas quirúrgicas en el campus y la obligación a los alumnos que participan en protestas en el recinto a mostrar su carné universitario a las autoridades.

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