Estados Unidos
El Supremo de EEUU paraliza las deportaciones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros impulsadas por Trump

Las deportaciones masivas ideadas por Donald Trump se han encontrado con un veto dentro del país: el Tribunal Supremo ha ordenado este sábado al Gobierno estadounidense que suspenda las expulsiones de personas migrantes, temporalmente, que se basen en la Ley de Enemigos Extranjeros. Una legislación que tiene como antecedente una ley del siglo XVIII y que Trump está utilizando para mandar a El Salvador a cientos de personas migrantes que se encuentran actualmente en EEUU.

Esta decisión judicial abriría la posibilidad a que los cientos de detenidos actualmente en el centro Bluebonnet, en el norte del estado de Texas, no fueran deportados por ahora.

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Así opera la frontera: deshumaniza a las personas migrantes, abre así las puertas a una deshumanización que acaba despojando de dignidad a cualquiera que se considere problemático o sobrante.

En la orden judicial emitida por el Tribunal Supremo se ordena “al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta nueva orden de este tribunal”. Un freno a Trump que surge tras los recursos de emergencia presentados el pasado viernes por la organización Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) para impedir estas deportaciones. 

Según expone la ACLU en sus alegaciones, el Gobierno de Trump está actuando de forma ilegal al ejecutar las deportaciones sin “notificar a los abogados de las personas detenidas y negándoles la oportunidad de ser escuchados”. La organización en defensa de las libertades civiles expone que “es necesaria una intervención de emergencia para prevenir un daño irreparable y permanente”.

En marzo, el presidente Trump deportó a 250 personas a El Salvador amparado bajo esta Ley de Enemigos Extranjeros, acusando a los salvadoreños de pertenecer a las bandas criminales MS-13 y Tren de Aragua sin que se realizara proceso judicial alguno.  Unas deportaciones que se ejecutaron a pesar de que el juez federal James Boasberg ordenara la detención del proceso. Boasberg acusó a Trump de desacato judicial al “ignorar deliberadamente” la orden de no parar las deportaciones.

La Ley de Enemigos Extranjeros en la que se ampara Trump para realizar estas deportaciones tiene 227 años de antigüedad y da vía libre a los presidentes para la detención y deportación de personas procedentes de los países con los que EEUU considere que tengan conflictos.